En los últimos años Argentina ha hecho grandes avances para reparar el daño causado por el aparato estatal durante el último régimen militar (1976-1983).

Además de reiniciar el juicio a los represores y llevar a cabo cientos de procesos por crímenes de lesa humanidad, el país también ha invertido cifras millonarias para indemnizar a las víctimas del abuso militar.

Los organismos de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad, mientras que otros miles fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos.

Hoy, la mayoría de las víctimas y sus familiares tienen acceso a una compensación estatal: entre 1991 y 2004 se aprobaron tres leyes nacionales que indemnizan, respectivamente, a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio.

En 2010 la provincia de Buenos Aires también sancionó su propia ley de reparación: la primera norma del país que otorga una pensión graciable a ex detenidos.

Pero si bien hay mucho de positivo para decir sobre los esfuerzos para compensar a quienes padecieron a manos del Estado, también hay quienes afirman que en pos de hacer justicia con las víctimas de violaciones a los derechos humanos se están creando situaciones injustas.

Las críticas están centradas en los criterios que utilizan las autoridades para otorgar los millonarios beneficios.

Los cuestionamientos a los que tuvo acceso BBC Mundo se refieren particularmente a la aplicación de la más reciente ley de reparación (la de la provincia de Buenos Aires), pero muchos creen que este caso es apenas un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional.

Reclamos ilegítimos

El principal abuso al sistema de compensaciones se da por parte de personas que reclaman el beneficio por motivos poco legítimos.

Graciela Lois, de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo a BBC Mundo que siempre hubo personas que buscaron aprovecharse del sufrimiento ajeno.

Así, por ejemplo, hay casos de familiares lejanos de víctimas que fueron favorecidos con una indemnización a pesar de no haber tenido relación con la persona en cuestión.

Fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires también dieron cuenta de algunos reclamos insólitos de gente que aspiraba a cobrar la pensión que se empezó a otorgar a ex detenidos en 2010.

Un caso fue el de un ex legislador provincial que fue apresado entre 1976 y 1983 por enriquecimiento ilícito y pretendía recibir una compensación.

Miguel López Montaner, el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires responsable de autorizar el pago de las pensiones, aseguró a BBC Mundo que pedidos como estos fueron rechazados.

Sin embargo, López Montaner confirmó otro caso que también suscitó mucha controversia: el de una familia de unas 25 personas a quienes se les otorgó (a cada uno) la compensación, a pesar de que sólo algunos de ellos habían sido detenidos (y luego liberados).

Presenciar

Según López Montaner, la compensación es justificada porque todos los integrantes de la familia afirman haber estado presentes cuando los militares irrumpieron en su casa y se llevaron a algunos detenidos.

“Presenciar algo así deja secuelas. Además, los grupos de tareas de las fuerzas armadas podían quedarse 5 o 6 horas en los hogares, por lo que toda la familia quedaba privada de su libertad”, afirmó.

El funcionario dijo a este medio que, siguiendo este criterio, la Secretaría de Derechos Humanos otorgaba pensiones a todos los familiares que habían “presenciado” un secuestro, más allá de si los detenidos luego fueron liberados, y sin importar la edad que tenía el beneficiado al momento del hecho.

Organismos de derechos humanos como los Familiares de Desaparecidos apoyaron este criterio.

Sin embargo, otros aseguran que se trata de un abuso del Estado y del sistema de compensaciones por crímenes de lesa humanidad.

Los detractores critican el hecho de que personas que presenciaron un delito reciban la misma compensación que los detenidos y torturados: una pensión mensual vitalicia de US$887, que se cobra desde el momento en que es aprobado el reclamo, sin distinción de edad.

“Injusto”

Según la Secretaría de Derechos Humanos, unas 3.500 personas recibirán el beneficio cuando se terminen de tramitar las solicitudes aprobadas, pero la cifra podría aumentar ya que no hay un límite de tiempo para reclamar.

Eso significa que la provincia de Buenos Aires erogará más de US$37 millones anuales en compensaciones (si los casos no aumentan).

Una funcionaria del gobierno provincial que prefirió no revelar su nombre dijo a BBC Mundo que debido al fuerte déficit que tiene Buenos Aires, el criterio que se utiliza para pagar esta pensión perjudica a otros ciudadanos.

“Es injusto que estemos cortando los subsidios de los servicios y aumentando los impuestos para la mayoría de las personas, por falta de fondos, y mientras tanto algunos cobran más de US$10.000 al año por haber presenciado una detención cuando eran bebés”, criticó.

La funcionaria recalcó que todos los beneficiados por la pensión provincial ya antes habían tenido acceso a una indemnización nacional.

Otros “perjudicados”

Quienes también consideran que es injusto el sistema de compensaciones son los familiares de las personas que murieron a manos de los grupos subversivos durante el último gobierno de facto.

A diferencia de las víctimas del Estado, ellos no tienen derecho a ninguna reparación económica.

Grupos como la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), denunciaron que en este país se hace “un negocio sucio y millonario con los derechos humanos”.

“Las familias de los soldados muertos (a manos de guerrilleros) reciben US$186 de pensión, no tienen ni para comer”, aseguraron.

Estos grupos también resaltan el escándalo de corrupción que se desató en 2011 en el seno de la principal organización de derechos humanos relacionado con el último período militar, las Madres de Plaza de Mayo.

La  Justicia argentina investiga las irregularidades cometidas en el marco del plan de viviendas de las Madres, llamado Sueños Compartidos, y el presunto desvío ilegal de parte de los cerca de U$300 millones que el organismo recibió del Estado.

Al enterarse de estos hechos, y otros tales como la sospechosa poarticipación de Hebe de Bonafini en estafasa con la construcicón de viviendas, uno se queda pensando, y enormes dudas rondan en la mente de los ciudadanos que creimos sanamente en la verdad de desaparecidos, y torturados por la dictadura.

Afirmo y sostengo que está todo tergiversado en la moral de muchos argentinos.

Esto no tiene retorno. Estamos en caida libre. Este pais se va a la mierda.