Granuja

Una delegación de compañeros del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut, estuvo esta semana en Buenos Aires. Se entrevistaron con Aníbal Fernández, entre otros funcionarios. Denunciaron y reclamaron medidas concretas contra los responsables de los atropellos cometidos por la policía y el grupo GEOP entre el 8 y el 16 de marzo pasado en Corcovado, provincia de Chubut, cuando tomaron el pueblo y declararon un virtual estado de sitio. Durante su estadía cometieron todo tipo de violaciones a los más elementales derechos humanos. El gobierno nacional prometió investigar y un funcionario del Ministerio de Justicia viajará el miércoles al pueblo.

Por Rodolfo Grinberg:

Buenos Aires, 16 de mayo de 2009.- (Agencia Walsh).-Sucedió en Corcovado a 100 Km. de Esquel, provincia de Chubut. Durante una semana la policía, el grupo GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) fue dueño y señor del pueblo y de la vida de los pobladores. Durante una semana, se secuestró, se torturó, violó y asesinó impunemente. Durante una semana el miedo fue el dueño de la noche.
No es un relato del “Nunca Más”. No ocurrió durante el “Proceso”. Se trata de terrorismo de estado modelo 2009. Eso sí, como antes, los grandes medios y los dirigentes políticos, callan y otorgan.

Sólo la dignidad de los ninguneados por una “democracia” que no los reconoce, la dignidad y valentía de las víctimas de la brutalidad represiva, les hace frente y los denuncia.
Moira Millán, referente mapuche, debió encadenarse el viernes pasado al Ministerio de Justicia en Buenos Aires para que el Ministro Aníbal Fernández la reciba y le prometa tomar cartas en el asunto. El miércoles próximo Leandro Jarsún, del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia, viajará a Chubut

Los hechos.

No será ocioso refrescar los hechos denunciados públicamente por el Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut. No será ocioso hacerlo, porque mientras en Corcovado los encargados de garantizar la seguridad de la población sembraban terror, los multimedios se ocupaban de otras cosas “más importantes”. Y mientras que, por estos días, una delegación de la organización mapuche pasó por Buenos Aires para denunciar todo lo ocurrido, los medios responsables de mantener informada a la población se ocuparon de sembrar el miedo, repitiendo hasta el cansancio la imagen del crimen del día.

Curiosa coincidencia la de policías y comunicadores.

Refresquemos entonces: el 8 de marzo último, un joven prófugo de la justicia, condenado, sin sentencia firme, por asesinato, decide entregarse. Teme por su seguridad. Teme por su vida. Tal vez, para los pragmáticos candidatos, un condenado no tiene derecho a la seguridad, tampoco a la vida. Sin embargo, esos derechos aun no fueron suprimidos de nuestra legislación.

Cristian Bustos, nombre del joven prófugo, decidió entregarse en su casa, en presencia de su familia y de un defensor oficial.

Enterada la policía, armó un gran operativo. Decenas de policías fuertemente armados, al grito de “indios de mierda” y “los vamos a matar a todos”, resolvieron forzar la entrega cuando la familia esperaba todavía al defensor oficial, que aún no había llegado. Resultado: el joven que se iba a entregar huyó junto a algunos de sus hermanos. Tiroteo. Un policía muere, otro recibe heridas leves. Wilson Ruperto Bustos, de 19 años, fue asesinado por la brutal balacera policial; Marcos Abraham Bustos, de 16 años, recibió un balazo en el pecho; mientras que Daniel Ernesto Bustos de 22 se entregó y luego de ser detenido, la policía lo hirió con un disparo en la pierna. Todos hermanos del prófugo. Todos desarmados e indefensos.
Marcos quedó parapléjico. La familia tiene sospechas fundadas de que su estado no se debe al balazo, sino al castigo que recibiera por parte de la policía durante el traslado al hospital de Esquel

Valiente y eficaz la policía que necesitó de 30 hombres, decenas de disparos y varios muertos y heridos, torturas a inocentes, para luego fallar en la captura de alguien que había decidido y anunciado que se iba a entregar en forma voluntaria (y que nada hacía pensar que no ocurriría).

¿No había otra manera de resolver la situación? Para los uniformados parece que no.

¿No estaba enterado el gobernador de lo sucedido?

Sin preguntar, sin mediar investigación, sin dudar de la versión oficial, el gobernador de la Provincia y aspirante a suceder a Cristina en el sillón presidencial, Mario Das Neves salió a respaldar a su policía. Al día siguiente refiriéndose a los hechos, en declaraciones a los medios locales elogió “el arrojo” y “todo lo que ponen de sí” los efectivos policiales del Chubut”. (*)
¿Desconoce el gobernador la historia de brutalidad de la policía de Chubut?

No lo creemos tan inocente.

Todos sabemos, el gobernador incluido, que no es casual lo sucedido.
Moira Millán, referente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut en la entrevista que le realizáramos hace unos días en Buenos Aires explicó que “en el caso de Corcovado a los peores policías, a los que cometían abusos en las grandes ciudades los mandaban castigados a la frontera. Corcovado está a sólo 25 Km. de Chile. Entonces la peor lacra de la policía, aquellos que justamente tenían ciertas patologías represivas, en castigo, los mandaban a estas localidades”.

La pregunta para la dirigencia política sedienta de votos, para la población que clama por seguridad es: ¿Cómo es posible que luego de 25 años de democracia la policía siga fabricando monstruos, no sólo en el sur sino en todo el país? Tal vez haya que mirar el sistema de exclusión social instaurado en este lado del mundo para encontrar responsables y respuestas.

Estado de sitio y toque de queda.

Tratemos de hacer el ejercicio mental de, por un instante, ponernos en el lugar de estos siniestros criminales. ¿Vengar la muerte de su camarada muerto por su propia brutalidad e impericia, habrá animado el espíritu corporativo y omnipotente de la policía? Tal vez.

Lo cierto es que al día siguiente, más de cien hombres del GEOP invadieron el pueblo y lo ocuparon por más de una semana para buscar al prófugo.

Tomaron y retuvieron la local “Radio Del Pueblo” por dos días. Desde la radio decretaron un estado de sitio y toque de queda de hecho. “Dieron aviso por la misma radio de que no se podía salir a la calle después de las 22.00 sin documentos.” relató Omar Bustos, padre de Cristián, en la entrevista que le hiciéramos en su reciente paso por Buenos Aires. “Se llevaron muchas personas. Garrotearon y tirotearon a otras. Estuvimos siete días escuchando balazos por todo el pueblo. Parecía una guerra” agregó Omar con espanto.

La denuncia del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut habla de más 20 allanamientos realizados por personas encapuchadas, durante la semana que permaneció el GEOP en posesión de Corcovado.

Los abusos van desde entradas violentas a los domicilios, roturas de puertas y mobiliario, robos, golpes de todo tipo sin diferenciación de sexo y edad, hasta manoseos y abusos sexuales, torturas y desaparición forzada de personas.

“A una nena de 5 años y a un nene de dos los sacaron de su casa a punta de pistola” nos cuenta Moira Millán en la entrevista. El relato de los hechos de Moira es preciso y conmovedor “A una chiquita de ocho años que se estaba bañando,” dice, “la sacaron desnuda del baño y abusaron de ella delante de la madre a la que apuntaban con un arma en la cabeza”

El drama de la Familia Bustos.

La familia de Marta Belén Pinchulef y su compañero, Omar Bustos, fue sin duda la más castigada por la saña policial. Ellos tuvieron doce hijos. Hoy tienen nueve. Dos fallecieron muy pequeños. Wilson, de 19 años, a punto de ser padre, fue asesinado por la policía el pasado 8 de marzo.

Otro de los hijos, Daniel Bustos, actualmente se encuentra detenido en Gualjaina, un pueblo que se encuentra a 200 Km. de Corcovado. Está acusado de complicidad en la fuga de su hermano. A él le dispararon cuando se había entregado. “Cuando se entregaba”, relata Marta “levanta las manos y arrodillado en el piso le dispararon un tiro en la pierna”.

El ser baleado arrodillado y con las manos en alto fue sólo el comienzo del calvario de Daniel. Durante su traslado y estadía en el hospital de Esquel recibió amenazas de muerte y golpes de puño sobre la pierna herida. Las torturas continuaron en la comisaría 1ª de Esquel donde fue golpeado brutalmente y obligado a beber orina de los policías.
La impunidad con que se manejó el personal policial y la seguridad de no recibir ningún tipo de castigo fue tal, que pretendieron asesinarlo simulando una fuga. El relato de Marta estremece:

“Le dijeron que se suba a un paredón, total ellos iban a dar parte de que se había escapado. Entonces él llorando y gritando: ¡Por favor, no me maten! ¡Yo no hice nada!. Justo pasa una persona por la vereda y él le grita: ¡Ayúdeme la policía me quiere matar!”. Ese hecho hizo desistir a los policías de su propósito y salvó la vida de Daniel.
La intervención del defensor oficial Omar López permitió finalmente el traslado del joven a la comisaría de Gualjaina.

¿Qué hizo Das Naves ante estas denuncias? ¿Ordenó alguna investigación? ¿Removió a algún policía de su cargo?

El gobernador se ocupó de presionar a la justicia para que revoque la decisión de la jueza Anabel Rodríguez de conceder prisión domiciliaria a Daniel Bustos. Recordemos que el muchacho está acusado de complicidad en una fuga, circunstancia aun no probada, no de asesinato. La presión tuvo sus frutos y el joven continúa detenido.

El ensañamiento con la familia Bustos se extendió también al joven de 16 años Marcos Abraham, quién recibió un balazo en el pecho el 8 de marzo último. La familia sospecha que Marcos no quedó parapléjico por la bala, que salió por la espalda aparentemente sin afectar la médula. Marcos logró caminar una cuadra después de recibir el balazo. Allí fue detenido “lo agarraron y lo esposaron lo subieron a la camioneta de la policía, caminando.” narra Omar Bustos, padre del chico “entonces un policía se agarra de los barrotes y le da una patada en la espalda que dejó parapléjico a mi hijo”. Cabe sospechar que quién pateó la espalda a Marcos, sabía lo que hacía. Intencionalmente lo dejó inválido.

La presión, el amedrentamiento a la familia no se detiene ni cuando llevan a Marcos, con su silla de ruedas, al hospital. “Tengo miedo, siempre que llevo a mi hijo inválido al hospital de Esquel. No sé como se enteran, pero siempre tengo dos o tres policías rodeándome. ¡Tengo miedo y mi hijo también!” Palabras que en boca de esta valiente mapuche que es Marta Belén Pinchulef dan cuenta del estado de terror en que aún viven.

Desaparecido.

¿Dónde está Luciano González? se preguntan allegados y pobladores. Su ausencia prueba en forma terrible, despiadada la dureza de la represión desatada en Corcovado. Moira Millán lo cuenta de de esta forma:

“El día 11 de marzo en el marco de este “estado de sitio” en la comunidad mapuche de Cerro Centinela, a 15 Km. de Corcovado, la GEOP detuvo a dos hermanos que estaban charlando, tomando un vaso de vino, desobedeciendo el supuesto estado de sitio. Les dan una tremenda paliza. A uno de ellos, Jaramillo, lo liberaron en Trebini a 70 Km. de allí, pero a Luciano González, de 42 años, lo detienen y lo desaparecen. Ellos dicen que lo llevaron a la comisaría y lo liberaron. Pero la verdad es que los vieron detenerlo pero nunca liberarlo.”

De las más de veinte familias víctimas del abuso policial, once se atrevieron a hacer la denuncia a la fiscalía de Esquel. Los testimonios son contundentes. Tanto que el defensor público de Esquel, Omar Osvaldo López, que se presentará como querellante contra el GEOP, definió como “espeluznantes” a los testimonios brindados por los vecinos.

Más de dos meses pasaron. Mientras medios y poder político se hacen los distraídos el jefe de la policía de Chubut, Juan Luis Ale, sin ningún pudor declaró “no consta que haya habido hechos de violencia” en referencia a lo sucedido en Corcovado. Como si los muertos y los heridos, por sólo nombrar lo más público y conocido, no hayan sido hechos violentos generados por la policía. De la misma manera que los represores de la dictadura niegan sus crímenes.

Luego de dos meses no hay castigos. Ale sigue al frente de la policía provincial con total impunidad, todos los represores en sus puestos. “Me gustaría verlo como gobernante de la nación, porque es un hombre muy serio y luchador.” Dijo Ale de Das Naves en una nota publicada por Diario de El Bolsón BW en febrero de2008. Quizás eso explique algo, no todo.

Si no es terrorismo de estado ¿Qué es?

Algo terrible sucede en Argentina. Pensar que Corcovado es un caso único que no se va a repetir puede inducirnos a error. Los Derechos Humanos más elementales se continúan violando aquí y ahora. Los violan fundamentalmente las instituciones del Estado que debieran garantizar la seguridad de todos y todas. Demos si no una mirada a las cárceles, a los barrios humildes, a las villas. La brutalidad, el desprecio por la vida es allí la constante, no la excepción.

Recordemos también que Luciano González no es el primer desaparecido en democracia. Julio López; Luciano Arruga; Miguel Bru; Osvaldo Raúl Saliwonczyk; Adolfo Argentino Garrido; Raúl Baigorria; Elías Gorosito y tantos otros que no están, como alguna vez macabramente expresó el dictador Videla, “ni vivos, ni muertos”, dan cuenta de ello. Su ausencia es testimonio trágico de la impunidad.

Aunque pueda parecer, no somos pesimistas. Confiamos en la capacidad de lucha del pueblo por la justicia y la dignidad. Como expresara Moira en la entrevista que le hicimos: “Estamos reviviendo el fortalecimiento de un Estado sumamente represor. Tenemos que contar con la movilización de todas las organizaciones para hacer visible esta denuncia. Será un compromiso de todos y de todas para que este `Nunca más` que alguna vez habíamos creído se convierta en hecho contundente” Que así sea.

(*) http://www.lu17.com 9-3-2009