RUBEN EL RENEGAO

Boudou y Tomada minimizaron el riesgo de juicios al Estado. “Los controles son ex-post”. Así el director ejecutivo de la ANSeS, Amado Boudou, confirmó uno de los principales reclamos opositores durante el debate por la estatización completa del sistema previsional: que las inversiones las definirá el Poder Ejecutivo y que no habrá monitoreo previo …….

sobre esas decisiones. Aun el “Consejo Social” –definición que el funcionario utilizó para referirse al Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema– que los diputados introdujeron en el texto para mejorar la vigilancia sobre el dinero funcionará “a posteriori” del gasto.

Las precisiones llegaron ayer, durante la exposición de Boudou y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ante las comisiones de Previsión y Presupuesto del Senado. Allí, el jefe de la ANSeS ratificó que el destino del millonario fondo del organismo las decidirá él junto con los secretarios de Hacienda y Finanzas y, si bien expresó sus intenciones de que el “Consejo Social” participe del diseño del plan de inversiones, confirmó que el control que ese cuerpo ejercerá será después de la decisión financiera.

Además, indicó que la conformación de ese cuerpo (que integrarán la ANSeS; la Jefatura de Gabinete; representantes de jubilados y pensionados; CGT; CTA; organizaciones empresariales; entidades bancarias; un senador y un diputado) debería plasmarse “en el mes siguiente a que la ley entre en vigencia”.

El control sobre los fondos fue uno de los puntos que el presidente del radicalismo y titular de la comisión de Trabajo y Previsión, Gerardo Morales, esgrimió para advertir que su bancada no acompañará el proyecto, aun cuando comparte “el criterio” de que el sistema previsional sea estatal. “Esta ley deja abierta la posibilidad de discrecionalidad (en el gasto), no establece límites para los préstamos al Tesoro, no confiamos en los mecanismos de control y no creemos que el fondo deba ser administrado por la ANSeS”, resumió el senador. Fue luego de que Tomada exhortara en repetidas oportunidades a la UCR a “dejar de lado la coyuntura, poner por delante los valores compartidos” y votar el texto en el recinto. “Podrán decir que faltan algunos detalles, precisiones, puede ser, ¿pero no tenemos consenso en lo esencial? Votemos juntos, este es un cambio histórico”, invitó sin éxito.

A su turno, Boudou rechazó la posibilidad de que sean las calificadoras de riesgo quienes definan las inversiones porque, estimó, “sería poner la discrecionalidad en otro lugar”. Y, según aclaró Tomada, el dinero irá a “inversiones con capacidad de repago” como obras de infraestructura, viviendas sociales y créditos a la producción.

En lo que sí coincidieron oficialistas y opositores fue en que con la jubilación estatal los trabajadores tendrán más beneficios que en el sistema de reparto. “Siempre el Estado va a dar a los trabajadores mejores jubilaciones”, concedió Morales. Sin embargo, observó que el artículo 82 de la ley que creó a las AFJP da a los aportantes a ese sistema “un derecho de propiedad en expectativa” que será planteado ante la Justicia. Le respondió Boudou, quien estimó que los jueces no encontrarán “agravio” en el proceder del Gobierno porque “el monto reconocido (a los futuros jubilados) es mayor” al que podrían ofrecer las AFJP, de seguir existiendo.-