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Dura condena de la SIP a Venezuela

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial.

“Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”.

Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación.

“De nuevo ahora – agregó Marroquín – con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”.

La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que “los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes” que, por ejemplo, “fomenten zozobra en la ciudadanía”, “alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades” o “induzcan al homicidio”.

De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación.

La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”.

“Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.

La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de “servicio o interés público”, lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente.

También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social – sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios – que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado.

La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

Chávez, milicias y locura desafiante

Era de esperar. Hugo Chávez perdió las elecciones y en vez de morigerar el alcance de gobierno como pidieron las urnas, reapareció desafiante el domingo con dos medidas que radicalizan la revolución bolivariana que la mayoría ya no quiere.
Pero así es Chávez. Se comporta con una locura desafiante. Ahora dijo que quiere que todas las milicias civiles del país que creó en 2005 deben estar armadas. Es obvio que lo que pretende es armar a la gente no para evitar una invasión del “imperio” como quiere aparentar, sino para intimidar a cualquier disidente o grupo de oposición interna.
El grave peligro es que en un país polarizado como lo ha convertido, la gente armada, sin entrenamiento policial o militar, podrá en cualquier momento alzarse en armas y comenzar una guerra civil sin mucha justificación. Basta recordar las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) creadas en Guatemala para combatir a los insurgentes, las que luego de la guerra civil, fueron las que cometieron los mayores abusos a los derechos humanos y el sector más difícil de aceptar el desarme o ser desarmadas.
Como militar, Chávez debería saber mejor a lo que está exponiendo a los ciudadanos venezolanos.

El regreso al Siglo Catorce

El regreso al siglo catorce 26-08-10

Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.

Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.

La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.

La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.

Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia – así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.

Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo – tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?

La persecución de Chávez

Cuando Hugo Chávez se decide a perseguir a alguien es implacable. Desde hace años viene amenazando a Guillermo Zuloaga de Globovisión como antes lo hizo con Marcel Granier de RCTV hasta que logró cerrar la televisora de este último, aduciendo el término de la licencia de operación.
RCTV era la televisora crítica por excelencia y la de mayor audiencia del país. Si bien a Globovisión ya la estaba acosando desde el 2001 con medidas administrativas, empezó a perseguirla con animadversión desde el cierre de RCTV, cuando la televisora de Zuloaga se transformó en la más crítica del régimen.
Tanto Zuloaga como Granier fueron acusados junto a Cisneros de ser artífices del golpe de Estado del 2002, pero Cisneros luego dejó de ser acosado debido al cambio de postura de Venevisión y la reunión tripartita entre Cisneros, Hugo Chávez y Jimmy Carter. Ese fue un punto de quiebre.
Chávez juró públicamente varias veces que no descansaría hasta cerrar Globovisión y a Zuluoaga, a los que declaró “objetivos militares”. No pudiendo ahora entrometerse directamente contra la televisora por cuestiones de imagen internacional, Chávez desde hace tiempo viene persiguiendo a Zuloaga con otros delitos por su otra compañía, una automotriz de Toyota. Se le acusa a Zuloaga de usurero y acaparador, crímenes que de ser probados podrían resultar con una pena de hasta cinco años de cárcel.
Entre medio de esta acusación y el delito formal que a partir de hoy se le imputa, a Zuloaga se le inculpó el delito de vilipendio o insulto al Presidente, por declaraciones públicas que dio en nuestra reunión de la SIP en la reunión de marzo pasado en Aruba. Nada de eso fue consistente, de la misma forma este delito que se le está armando ahora.
Es obvio que se trata solo de una excusa y una justificación para generar las medidas necesarias para seguir debilitando a Globovisión hasta su cierre. Estamos frente a uno de los regímenes más autoritarios de América Latina después de Cuba. Sin dudas.

Incredulidad en el sistema

Temo que las denuncias del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre sobornos que habrían pagado argentinos para hacer negocios con los venezolanos no llegarán a puerto alguno. Asimismo descreo que se sabrá algo más sobre las denuncias respecto a la famosa valija venezolana de Antonini cuyo destinatario fue el proceso electoral de Cristina de Kirchner ni sobre el enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial.

Tampoco tengo fe por las denuncias sobre corrupción que involucra a los familiares y funcionarios más cercanos de Hugo Chávez o las que hizo un juez español sobre las conexiones Eta-Farc en suelo bolivariano.

No es que no funcionen las denuncias ni haya que rasgarse las vestiduras por la falta de periodismo investigativo. Lo que falla es que funcione el sistema judicial, para mí, la institución más débil y comprometida en toda América Latina.

Prefiero un sistema “imperialista” como le llaman los neo dictadores latinoamericanos, pero donde la justicia funciona en forma independiente y en el que los ciudadanos tenemos mayores garantías de equidad ante los corruptos o cualquier desviación.

En estos días, tres compañías estadounidenses perforadoras de campos petrolíferos están en el taburete de los acusados por pagar sobornos “para obtener o prolongar contratos con entidades públicas venezolanas”, como informaron agencias internacionales de noticias.
Pride International Inc., de Houston, Texas; Helmerich & Payne, de Tulsa, Oklahoma y Team Industrial Services, de Alvin, Texas, podrían tener que pagar multas millonarias si prosperan demandas en su contra por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al haber pagado comisiones o sobornos a funcionarios de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.
Como siempre se prueba, no es que no haya corrupción en Estados Unidos, sino que esta tiene patas mucho más cortas debido a la mayor equidad de la justicia.

Chávez acogota a los medios

No contento con tener el sistema de medios gubernamentales más grande de todas las Américas, con cientos de radios, televisoras y periódicos, a los que el gobierno les atribuye “propiedad pública” – cuando en realidad son gubernamentales dedicados para irradiar propaganda chavista – el presidente Hugo Chávez dio otra vuelta más de tuerca en contra de la libertad de prensa, acogotando a los canales de cable.

Como en Venezuela a quien discrepe de las políticas gubernamentales se le van acabando los espacios de libertad, ahora le tocó el turno a los canales de cable, los que deberán pasar en forma obligatoria la propaganda gubernamental, es decir que de ahora en más los canales que tienen una producción nacional aproximada del 70%, están obligados a pasar, en los horarios que se le cante al gobierno, los interminables e insufribles discursos de Chávez. De lo contrario, como le está sucediendo a RCTV, la Conatel le aplicará la ley de Responsabilidad Social, una legislación de censura que ya fue aplicada el 27 de mayo de 2007 para cerrar la versión de aire de esta televisora.

Muchos en este blog me critican porque tengo una posición muy crítica de Chávez, pero la verdad es que es difícil estar a favor de quien mes a mes viene ajustando las pinzas contra una sociedad que es cada vez menos libre. Lo hace, además, en una forma tan desfachatada y desvergonzada, siempre con la intención de consolidar su propaganda de cara a las elecciones parlamentarias de setiembre.

RCTV está incluido en una lista de 24 canales de cable regionales, aunque fueron excluidas 164 otras emisoras de televisión. Como RCTV ha recurrido a la justicia, el gobierno dijo que los canales que trasmitan algún programa de RCTV serán sancionados.

El año pasado, el gobierno cerró 32 radios, abrió otras y apoyó con publicidad del Estado a los diarios, radios, televisoras, agencias y páginas de internet que considera amigas, así como sigue gastando millones para apuntalar marchas propagandísticas como la que celebró hoy en caracas para neutralizar a la que estaba realizando la oposición.

Las libertades en Venezuela siguen cuesta abajo…. Muy abajo.

Venezuela: sin tanto optimismo

Acabamos de terminar en Venezuela con la SIP un foro de emergencia sobre libertad de expresión que tenía como motivo principal respaldar a los medios, especialmente a Globovisión y a un sinnúmero de radioemisoras que tienen la soga al cuello y que serán cerradas pronto según decisión oficial anunciada.

Al final del día, en todas las mesas y paneles se coincidió en que los medios deben seguir resistiendo los atropellos del poder, ya que es lo único que puede ser rescatado de lo que queda de democracia en el país, al tiempo que se alzó la voz sobre un común denominador en el resto de los países: los gobiernos totalitarios populistas están utilizando todas las herramientas – judiciales, legales y amenazas – para acosar a los medios y controlar la información.

En Venezuela los medios y periodistas son bravos y desafían al gobierno y sus medidas totalitarias. Sin embargo es de tal magnitud el atropello y el andamiaje legal que se ha creado que cada día más, como dijo Federico Ravell, director de Globovisión, se está lamentablemente recurriendo a la autocensura y al silencio cómplice. Aspectos que señaló como los peligros mayores que tiene la libertad de prensa en el país.

El día fue fructífero en contenido, especialmente con intervenciones de los ex presidentes de Perú, Alejandro Toledo y de Bolivia, Carlos Mesa, pero fue desastroso cuando uno recopila todos los mensajes vertidos y siente que no hay mucho optimismo sobre un giro del gobierno de Chávez más favorable a la libertad de expresión. Todo lo contrario. Cada día las restricciones y el ahogo son mayores y el futuro se ve más sombrío.

El único resquicio de optimismo que queda es que la prensa pueda seguir haciendo su trabajo a pesar de las restricciones. La tarea es descomunal.

El ex presidente Toledo, en una actitud valiente que seguramente será criticada de intromisión, felicitó a la SIP por hablar de libertad “en la misma boca del lobo”, agregando que “esta patria no puede disfrutar de democracia sin libertad de expresión y menos puede haber una nueva democracia atentando contra los medios de comunicación”.

Mientras él decía eso y dentro de la sala había un buen debate – incluso con periodistas oficialistas – ministros y funcionarios acusaban a través de los medios a la SIP de ser de todo, desde oligarcas hasta brazo de la CIA y golpistas, la Asamblea Nacional calificaba a la SIP y el foro de non grato.

En fin, una de esas visitas parecidas a las más de una docena que realizamos a Venezuela durante los diez años del gobierno de Chávez, donde se observa la intolerancia del Presidente al disenso y cómo su grupo de idólatras se presta a ser el brazo armado de esa intolerancia.

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países? En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países? En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.

Libertad: el mayor desprecio de Chávez

No queda mucho de democracia en Venezuela. Todos los poderes públicos viven sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo, así como están debilitados la oposición, los sindicatos, las iglesias, el movimiento estudiantil, las ongs y la propiedad privada.
La libertad, con sus derechos individuales y privados, de asociación y reunión, de prensa y expresión, es el valor que más desprecia el gobierno de Hugo Chávez. Su erosión es producida por decretos ejecutivos a voluntad, por leyes a medida que fabrica un congreso sin oposición y por la legitimización de procesos electorales y persecución de opositores que justifica una justicia politizada.
Dado el debilitamiento de la sociedad civil, y la escasa presión de gobiernos y organizaciones para revertir los golpes que a diario reciben las instituciones, la prensa libre se ha convertido en el último bastión para defender la democracia. Es una resistencia de todos los días. Desgastante y frustrante. Cuando ni las “leyes mordaza” ni las ejecuciones judiciales, o las trabas impositivas y comerciales pueden doblegar a la prensa, reaparecen los violentos cuerpos de choque y las amenazas públicas para intimidar a los periodistas.
La televisora RCTV vivió este proceso por años hasta que fue clausurada en mayo de 2007. La misma táctica se utiliza ahora contra Globovisión por su periodismo “contrarrevolucionario”, cuya cabeza tal vez termine como las cuatro decenas de radios y televisoras guillotinadas en los últimos días. No es novedad que la prensa sea imperfecta, pero es desmedido atacarla por “enemiga”, “golpista” y “terrorista”, cuando busca cumplir con su obligación de ser independiente, fiscal y mordaz.
Estos valores periodísticos son los que Chávez ha detestado desde que asumió el poder hace 10 años. Reniega de la prensa chúcara porque sabe que donde las instituciones fallan, ésta sirve de balance y chequeo, y para fiscalizar la corrupción. Sin embargo, no es reacio a la comunicación, siendo consciente de la importancia de mantener una prensa sumisa, obediente y utilitaria que le permita concentrar poder con impunidad, mercadear su ideología y expandir su influencia.
Esta lucha por asfixiar la información y estimular la propaganda, queda bien ejemplificada en la nueva ofensiva para desaparecer a más de 240 emisoras de radio y TV privadas (así como para no conceder licencias radiofónicas a la oposición), a contrapelo de la constante creación de medios oficiales. En unos pocos años, Chávez ha logrado un récord mundial, instaurando uno de los más grandes e influyentes imperios mediáticos gubernamentales, compuesto por cuatro televisoras nacionales, una internacional y 35 de UHF comunitarias; dos cadenas de radio y 231 radios comunitarias FM; 23 periódicos comunitarios, una agencia de noticias y 110 sitios web.
Este proceso de alta creatividad deviene de otro tremendamente destructivo basado en una manipuladora estrategia legal. El proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” presentado ante el Congreso días pasados forma parte de ella, aunque es, en realidad, un reordenamiento de los “delitos de prensa” que ya fueron incluidos en la Constitución, en leyes especiales y en el Código Penal. Su única novedad, quizás, es que terminarían presos los periodistas que no publiquen hechos que el gobierno considere interesantes.
El sabotaje legal contra la prensa empezó durante la reforma constitucional de 1999 con la inofensiva cláusula de “información veraz”, la que moldeó la aberrante Ley de Responsabilidad Social del 2004 que permite controlar la producción y contenido de los medios, y la reforma del Código Penal de 2005, que agravó las penas para escudar al presidente y a otros funcionarios cuando se sintieren ofendidos.
A pesar de que por ahora el congreso desistió de tratar una nueva ley sobre delitos de prensa, la experiencia indica que la estrategia legal y violenta no se detendrá. Chávez tiene la certeza y el tiempo para buscar el control de los medios en su ideal por un régimen propagandístico y hegemónico al estilo cubano; a la vez que seguirá exportando sus métodos mordaza que ya se aplican con éxito en Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
La única forma de frenar el atropello contra la prensa libre, el último bastión de la democracia venezolana, es la presión que puedan ejercer otros gobiernos y organizaciones intergubernamentales, los que hasta ahora han mirado irresponsablemente hacia otro lado.


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