Termina un año ecléctico en todos los sentidos en nuestro continente americano. Lleno de desbarajustes económicos que molestaron nuestros bolsillos; de cambalaches políticos, corrupción y eternas campañas electoralistas que enturbiaron el camino de quienes deben dedicarse a hacer el bien común; de desastres naturales, como los terremotos en Chile y Haití, que sacudieron nuestros cimientos; de enfermedades que todavía no tienen cura o que reaparecieron encolerizadas como el cólera en Haití; de cambios intempestivos de clima que inundaron zonas de sequía, quemaron zonas frías y enfriaron países tropicales; de pocos avances científicos y tecnológicos que nos permitan evolucionar mejor; y, lo peor, de persecución e intolerancia contra quien piensa u opina diferente.
En realidad no fue un año distinto a otros de la primera década de este siglo; aunque sí fue más preocupante porque no hemos evolucionado hacia sociedades mejores con el paso del tiempo. Seguimos cometiendo los mismos errores. La clase dirigente ha seguido con la misma rutina de peleas ideológicas antagónicas en cada país y es difícil ver bolsones de honestidad dentro de los que se ha pensado en objetivos a largo plazo. Casi siempre, nuestros políticos se enfrascaron en luchas intestinales con el único objetivo de complacer logros a corto plazo, electoralistas. Rescato, sin embargo, a los gobiernos de Lula da Silva que termina esta noche, el de Alan García que desembocará en las elecciones de abril próximo y el de Sebastián Piñera que arrancó con un terremoto y tsunami pero que supo campear bien el temporal. Los tres dieron pruebas de que América Latina está para grandes cosas, para pensar en grande, en un desarrollo sostenido a largo plazo.
Mi preocupación especial y pesimismo es observar lo malo que fue este año en materia de libertad de prensa y de expresión. 23 periodistas han sido asesinados, uno más esta semana, abatido en Honduras. 8 permanecen en las cárceles cubanas porque eligieron no ser desterrados a Madrid como los 16 que fueron liberados este año por un régimen que hace gala de la censura y la opresión de todas las libertades humanas. El régimen venezolano acaba de pasar dos reformas de leyes que hacen posible la censura, el bloqueo y la filtración de información del internet y las redes sociales, de la misma forma que puede censurar y cerrar medios de comunicación cuando se le antoje. En muchos países, como Argentina y Bolivia, siguieron sancionándose leyes en contra de la libertad de prensa y en otros como Panamá, Uruguay y Brasil se siguió penalizando a periodistas y medios por informar lo que algunos no quieren que se haga público. En Estados Unidos no se puede dejar de lamentar que a raíz del destape de Wikileaks muchos legisladores quieren controlar el internet. Y en muchos otros países es horroroso que los gobiernos sigan creando y comprando medios destinados al sistema de propaganda oficial y que usen ciber militantes y activistas para denostar a rivales, opositores y gente que piense diferente, a través de concentraciones, en los medios oficiales o a través del internet y las redes sociales.
Rescato, en materia de libertad de expresión, a las nuevas tecnologías que han traído un espacio formidable de expresión ciudadana a través de la interactividad de las redes sociales, así sea Twitter, Facebook o MySpace, entre tantas otras; a todos los periodistas que han sido asesinados por defender el derecho de la población a que se sepan cosas que muchos deshonestos quisieran que permanezcan ocultas y silenciadas; a todos aquellos comunicadores y blogueros que desafían la cárcel, como en Cuba, para informar e iluminar situaciones oscuras; a todos aquellos medios de comunicación que han sido víctima de atentados provenientes del crimen organizado u orquestado por funcionarios públicos o entidades privadas que ven amenazados sus intereses; a la Primera Enmienda de los Estados Unidos que sigue siendo un arma poderosa interpretada por los jueces para limitar a los intolerantes; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a denunciar cada atropello a la libertad de prensa y de expresión más allá de muchos silencios que guardó su casa rectora, la Organización de Estados Americanos; y, como no podría ser de otra manera, resalto también el trabajo irrenunciable, convencido e incansable de la Sociedad Interamericana de Prensa, para poner en la agenda pública internacional todas las violaciones a la libertad de prensa e insistir en que se tomen las medidas correctivas.
Me quedo con este último párrafo, esperanzado y optimista, de que la lucha por la libertad de expresión, el mayor atributo de una sociedad democrática, tolerante, plural y diversa, servirá para seguir mejorando la vida en nuestras comunidades.
Agradezco a todos aquellos que entran a este blog, que leen, discrepan, dejan sus comentarios e ideas, como si estuviéramos reunidos alrededor de una mesa de café. Fue justamente lo de compartir alrededor de una mesa, lo que me llevo a abrir este espacio. Les deseo a todos un excelente 2011 y anhelando que tengamos un año con mayor tolerancia y libertad de expresión.
Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial.
“Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación.
“De nuevo ahora – agregó Marroquín – con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”.
La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que “los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes” que, por ejemplo, “fomenten zozobra en la ciudadanía”, “alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades” o “induzcan al homicidio”.
De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación.
La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”.
“Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.
La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de “servicio o interés público”, lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente.
También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social – sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios – que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado.
La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
Hay dos temas que me llamaron poderosamente la atención del foro que hicimos y acabamos de terminar ayer en la frontera mexicana-estadounidense en El Paso, Texas, sobre estrategias a seguir respecto a la violencia que envuelve a los medios de comunicación y periodistas de México víctimas del narcotráfico. (Al final de este post pueden leer el comunicado que emitimos hoy al respecto).
Primero: Los medios estadounidenses en general y los que estuvieron representados en El Paso creen que cubrir noticias sobre el narcotráfico o compartir espacios con sus pares mexicanos brindándoles espacio para hacer publicaciones en conjunto, es suficiente para proteger al periodismo. Están errados, eso ayuda para combatir la autocensura, pero no genera presión al gobierno para combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad.
Para lograr este último objetivo, los medios estadounidenses no solo deben enviar a sus corresponsales a cubrir noticias a México – lo que de por sí es una buena contribución – sino a cubrir y escribir sobre periodismo y libertad de prensa. Esta es la única forma que el gobierno mexicano se avergüence al ver el tema en la agenda pública internacional y haga algo al respecto, o cumpla con las promesas incumplidas. Así lo expresé en la conferencia.
Segundo, hasta que los medios mexicanos, sin distinción, no se unan y solidaricen entre sí y conformen una voz uniforme no serán escuchados por los políticos, el presidente Felipe Calderón o el Congreso. Las competencias e incompetencias y las diferencias de los medios en este sentido son irreconciliables lamentablemente.
Le pregunté a Alejandro Junco de la Vega al respecto, tras su presentación sobre la cultura del delito en México, y respondió con evasivas. Las mismas evasivas que obtuve de otros directores de medios importantes de México.
Posición lamentable y frustrante.
Texto del comunicado que emitimos hoy de parte de la SIP:
“El Paso, Texas (7 de diciembre de 2010).- Las conclusiones del Foro de Editores de Diarios de la Frontera que terminó ayer en esta ciudad dejó bien en claro que los peores enemigos a los que se enfrentan los medios y periodistas en la frontera norte de México es la impunidad y la violencia generada por el crimen organizado, fenómenos que no pueden dejarse librados solo a la acción gubernamental.
Unos cien editores, periodistas y académicos convocados por la Asociación Americana de Editores de Noticias (ASNE, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el foro realizado por dos días en los predios de la Universidad de Texas de El Paso, no se limitaron a hacer un diagnóstico de la situación que enfrenta la prensa mexicana, que este año perdió a 11 periodistas a manos del crimen organizado y el narcotráfico, sino que buscaron alternativas para que su trabajo profesional sea cada vez más seguro y el gobierno lo garantice y proteja.
En la práctica hubo tres líneas de trabajo: lo que debe hacer el gobierno de México, lo que necesitan hacer los medios mexicanos y estadounidenses, y el papel que deben jugar las asociaciones dedicadas a la libertad de prensa y promoción del periodismo.
Los anfitriones, los presidentes de la SIP, Gonzalo Marroquín, y de la ASNE, Milton Coleman, coincidieron en que la principal misión de periodistas y asociaciones de prensa es perseverar para que la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes sea prioridad en la agenda pública y mantener presión para que las promesas del gobierno mexicano se conviertan en hechos. La referencia de Marroquín y Coleman se basa en el compromiso reciente que el presidente Felipe Calderón hizo a la SIP en materia de federalizar los crímenes contra periodistas, crear un sistema de protección y analizar formas de agravar los delitos contra la libertad de expresión y que éstos no prescriban.
En el diagnóstico de la peligrosa realidad que viven los periodistas mexicanos en los estados fronterizos más afectados por el narcotráfico, hubo coincidencias en la responsabilidad de los medios para crear mejores condiciones laborales y en programas de entrenamiento para neutralizar los efectos y tentaciones del crimen organizado. Asimismo, se buscan fortalecer alianzas con medios estadounidenses para proveer nuevos canales de información, sitios web y blogs, para contrarrestar la autocensura; así como nuevas formas periodísticas y técnicas de colaboración.
En varios paneles de periodistas mexicanos se destacó un espacio de autocrítica y reflexión, en el sentido de que los medios necesitan mayor unidad y solidaridad para crear un frente común que tenga voz fuerte y uniforme ante el Gobierno. Rondas de discusión de editores extranjeros aportaron ideas sobre cómo se combatió la impunidad y la violencia en países como Colombia, y los representantes de asociaciones de prensa valoraron estrategias internacionales comunes para seguir reclamando a México y otros gobiernos, donde la violencia contra la prensa también es común.
Entre varias ponencias individuales, se destacó la del ex presidente de la SIP, Alejandro Junco de la Vega, titular del Grupo Reforma, quien trazó un panorama oscuro de la cultura del delito que sacude a México; y la de la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, quien recordó una serie de reformas legales que hiciera al gobierno de Felipe Calderón para combatir la impunidad. También habló el fiscal Especial sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez.
Además Marroquín y Junco de la Vega, la SIP estuvo representada por Robert Rivard, del San Antonio Express-News; Coleman de The Washington Post y Anders Gyllenhaal de McClatchy Newspapers, en su calidad de autoridades de ASNE y SIP; José Santiago Healy, de El Diario, San Diego; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa; y María Idalia Gómez y Darío Fritz, investigadores de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.
Esta actividad conjunta entre ASNE – SIP contó con el respaldo de la Fundación Ford, la agencia Associated Press y el diario El Paso Times. Ambas organizaciones continuarán su alianza estratégica en 2011 con la realización en conjunto de su reunión semestral en San Diego del 6 al 9 de abril próximo, mientras días previos, celebrarán la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en la sede del Instituto de las Américas.
El foro se enmarca en la agenda de la SIP contra la impunidad y servirá para dar seguimiento a los compromisos del presidente Felipe Calderón, quien también participó hace unas semanas, junto a legisladores de su país, en la Asamblea General de la organización, realizada en Mérida, Yucatán”.
Sería muy simple culpar al crimen organizado de ser el “enemigo común” y el responsable de todos los males en contra de la libertad de prensa, según las opiniones coincidentes de los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, durante la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida.
La afirmación es verdadera, pero parcializada. El crimen organizado y, en particular el narcotráfico, es responsable de decenas de asesinatos de periodistas y atentados en contra de medios. Pero también es cierto que mucha de esa violencia proviene de funcionarios inescrupulosos o por la falta de voluntad política para perseguir a los asesinos, hacer reformas legales o limpiar poderes judiciales y policías corruptas.
Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán y sistemas estatales de protección. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. “No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.
Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. Sin embargo, el problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. Después de todo, lo único que hace es aplicar y hacer cumplir la ley.
En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa arquitectura legal la denominan “control social” como en Brasil, “nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones gubernamentales con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia.
Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como de lugar, como esta semana desde Brasilia prometió el futuro gobierno de Dilma Roussef, augurando que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.
Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o engavetadas.
En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el internet libre de cualquier intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.
Los gobiernos siguen comprando medios, expropiando a los independientes y cerrando a los considerados opositores. De esta forma, el fiscalizado pasa a ser fiscalizador, revirtiéndose el balance de poderes en la democracia.
El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada.
Que haya prensa mala, sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.
Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo arrastraría a la cárcel como en Cuba.
Se puede soportar que los delincuentes sean el “enemigo común”, pero jamás se debería tolerar que fuera el gobierno, más aún si fue elegido.
En respuesta al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra hoy 3 de mayo, compartimos con ustedes las apreciaciones del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre, cuyo mensaje se titula “En respuesta a la violencia y a la impunidad”.
“Que sirva este próximo 3 de mayo para honrar la memoria de todos los periodistas caídos en el ejercicio de su deber y para expresar nuestra más profunda solidaridad a sus familiares, amigos y colegas afectados por su desaparición.
Nuestro pensamiento está con los familiares de los 27 periodistas asesinados y siete desaparecidos en estos últimos 12 meses. En nombre de ellos y de las víctimas, seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en luchar contra la violencia y la impunidad, y defender el derecho de todo ciudadano a estar informado.
Precisamente, como respuesta a ello, este lunes 3 de mayo daremos comienzo a un extensivo diplomado virtual que tiene la misión de generar protección y prevenir ataques contra periodistas. En este curso que durará hasta principios de agosto, junto a la Universidad Autónoma de México, “Los alcances del crimen organizado, el ejercicio del periodismo frente a la violencia”, esperamos que los comunicadores adquieran nuevas herramientas que los ayude a ser mejores profesionales.
También en México, uno de los países en que la prensa está más afectada por el crimen organizado, seguiremos manteniendo encuentros con editores, en la convicción de que la solidaridad y la unidad entre medios y periodistas servirán de incentivo para que el gobierno genere los cambios legales y jurídicos necesarios para blindar la libertad de prensa y de expresión.
En el mismo sentido, acabamos de presentar al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, una serie de recomendaciones para combatir la violencia, desde que siete periodistas han sido asesinados en los últimos 12 meses en ese país. Hemos propuesto que el gobierno solicite un acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, similar al que existe en Guatemala, para crear un mecanismo internacional que permita investigar e iniciar procesos penales en casos de crímenes contra la libertad de expresión. También propusimos la creación de una jurisdicción especial que atienda ese tipo de delitos y abrir espacios de discusión entre los tres poderes del Estado para combatir la violencia, entre otros aspectos, que además hemos solicitado a las autoridades de Brasil, Colombia, México y Perú.
Quiero resaltar como positivo que en este período hubo avances procesales importantes en contra de criminales en Brasil y Colombia con la condena de siete personas, una en Colombia y México, respectivamente, y cinco en Brasil, y que al día de hoy, 100 (cien) responsables de asesinatos de periodistas están pagando las consecuencias de sus actos tras las rejas. Seguiremos insistiendo en la necesidad de que los países sigan creando disuasivos, entendiendo que la mejor forma es contar con una justicia eficiente, que investigue con prontitud y castigue con severidad.
Seguimos confiando en el sistema alternativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener justicia, por lo que esta semana hemos presentado dos nuevos casos de Brasil, de un total de 26 que ya hemos sometido desde 1995, de los cuales ya hemos obtenido resultados concretos.
Más allá de nuestros logros y de reconocer los esfuerzos en varios países, no podemos bajar los brazos. En Colombia, por ejemplo, donde se redujeron notablemente los asesinatos contra periodistas, hemos detectado que hay 16 casos archivados o suspendidos que se encuentran en manos de distintas fiscalías alrededor del país, y con pocas esperanzas de justicia.
De aquí hasta nuestra próxima asamblea general que celebraremos en noviembre en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, seguiremos desarrollando estrategias y tácticas investigativas, legales y educativas contra este flagelo que se cierne contra el periodismo de las Américas. Nuestro reconocimiento en esta lucha es para la Fundación John S. y James L. Knight, que generosamente apoya nuestro trabajo.
Quiero, por último, recordar los nombres de cada uno de los periodistas que fueron asesinados o se mantienen desaparecidos en estos 12 meses, desde el 3 de mayo de 2009 hasta la fecha.
México: Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés, José Alberto Velázquez López, José Emilio González Galindo, Bladimir Antuna García, Fabián Ramírez López, Norberto Miranda Madrid, Juan Daniel Martínez Gil, Ernesto Montañez Valdivia, Martín Javier Miranda Avilés, Eliseo Barrón Hernández y Carlos Ortega Melo Samper. Desaparecidos: Ramón Angeles Zalpa, Marí Esther Aguilar Cansimbe y otros cinco periodistas de Tamaulipas. Honduras: Georgino Orellana, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Nahúm Palacios, David Meza, Joseph A. Hernández Ochoa y Gabriel Fino Noriega. Colombia: Harold Rivas Quevedo, Diego Rojas Velásquez y José Everardo Aguilar. El Salvador: Christian Poveda y Guatemala: Marco Antonio Estrada Orla.
Para ellos y por ellos, continúa firme nuestro compromiso solidario”.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo, fue instaurado en conmemoración de la Declaración de Windhoek, documento que contiene principios sobre la defensa de la libertad de prensa, redactado en 1991 durante una reunión de periodistas africanos impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Las reacciones temperamentales no se hicieron esperar. Provinieron de gobiernos que siempre reaccionan ante la menor crítica. Que claman que sus logros son revolucionarios y sus yerros… ajenos. Aquellos que neutralizan las denuncias en su contra, con ofensivas propagandísticas y campañas de desprestigio.
Son regímenes que están acostumbrados al contraataque. Que para ello no escatiman esfuerzos, tiempo, ni recursos (estatales, claro); siendo, por práctica, más diestros en la lucha de clases y la polarización, que en el arte de gobernar.
La mayoría de estos habituales reaccionarios saltó tras la reunión que la Sociedad Interamericana de Prensa realizó el pasado fin de semana en Aruba, donde denunció atropellos a la libertad de prensa en cada país del continente.
Entre sus instrumentos, lamentablemente, tienen a medios de comunicación y periodistas a sueldo como aliados, a los que Enrique Santos Calderón – acabado de retirarse después de 50 años de periodismo y de haber creado medios junto a su compatriota Gabriel García Márquez – calificó de “vergüenza para el periodismo latinoamericano”.
Santos distinguió como “provocadores a sueldo”, a periodistas de televisoras estatales venezolanas – Canal 8 y Avila TV – que permitidos de participar en el debate de la SIP, solo lo utilizaron para insultar y provocar a los asistentes, como Guillermo Zuloaga de Globovisión, y Marcel Granier de RCTV; y a “burgueses y empresarios”. Bajo consignas revolucionarias y como agitadores de barricada – olvidándose de reportar sobre las sesiones que fueron a cubrir – responsabilizaron a los presentes del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y de todos los males que aquejan a su país.
Pero el discurso y la agitación no quedaron ahí. Como calco de otras estrategias para penalizar la opinión y a la oposición, Zuloaga fue este jueves detenido y acusado de ofender la imagen del presidente Chávez y dar información falsa; por el solo hecho de negar su participación en complot alguno y responsabilizar al gobierno por las víctimas de aquel 11 de abril. Finalmente no quedó preso, sino restringido para salir al exterior, en un proceso que en el Código Penal está tipificado hasta con 15 meses de cárcel, una retrógrada figura de desacato que ya entró en desuso en América Latina, por dar privilegios a los funcionarios, por sobre los ciudadanos.
Así como por el delito de opinión fue encarcelado a principios de semana el político venezolano de oposición Oswaldo Paz, el circo montado en la SIP y contra Zuloaga, no es más que una táctica habitual de Chávez para crear temor y autocensura, dos armas que manipula con lucidez, en especial cuando se trata de años electorales, donde se juega la permanencia de su poder.
Pero Chávez no es el único temperamental. Periodistas acólitos de Cristina Kirchner inundaron horas nocturnas del estatal Canal 7 argentino para denigrar a la SIP, así como varios funcionarios que se dieron por aludidos, tal vez porque la justicia argentina también arremete contra la Ley de Servicios Audiovisuales, tratando de limitar poderes a un gobierno que se cree omnipresente.
En Bolivia, el régimen tildó de “papel mojado” el informe de la SIP y defendió su derecho a crear una ley para “educar a los periodistas a no mentir” y a levantar el puño izquierdo antes de hacerle preguntas al presidente Evo Morales. Mientras en Ecuador, donde arreciaron las críticas y Rafael Correa prometió una Ley de Comunicación dura, en la que los medios, incluso los privados, deberán “rendir cuentas”, como si la información fuera un servicio público, y no un derecho humano. La reacción del régimen cubano es más simple; ignora cualquier denuncia, pero deja que su prensa pagada haga el trabajo sucio, denigrando a diestra y siniestra a “cualquier esbirro del imperialismo”.
Chávez, por otra parte, siempre proclive a crear “escandaletes” y opinión pública, estaba embarcado en encausar a Globovisión y al Noticiario Digital por manipular y mentir en el internet, sirviéndose de la excusa para regular el único bastión de libertad, aún no tan contaminado. Sin embargo, acaba de anunciar que a su parafernalia propagandística, sumará “Mi Trinchera”, un blog para “dar batalla” a la oposición, cuyo contenido, seguramente insultante, terminará siendo una nueva “vergüenza” para la comunicación latinoamericana.
El gobierno mexicano desatiende su responsabilidad en investigar y buscar justicia en casos de periodistas asesinados, una actitud que incentiva a los violentos a continuar su ola delictiva contra la prensa; lo que convierte a México en el país más violento para ejercer el periodismo en las Américas.
Este fin de semana se conoció sobre José Luis Romero, de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, el segundo periodista asesinado en 2010. En el 2009, al menos 11 periodistas fueron ultimados, en casi todos los casos actuales y el año pasado, como víctimas del narcotráfico. Algunos de ellos, no fueron asesinados por represalias sobre lo que dijeron u omitieron, sino por no haber cumplido con lo convenido previamente con los narcotraficantes. Lamentablemente, el narcotráfico ha infiltrado también estructuras de información. El periodismo no es ajeno a las tentaciones y la corrupción que avanza sobre muchísimas disciplinas, en busca de cómplices y mayores territorios.
La SIP ha estado batallando a brazo partido en este terreno desde hace 15 años. Los escasos resultados que aportaron los diferentes gobiernos en este período – Salinas, Zedillo, Fox y Calderón – muchas veces desalientan. Las autoridades no han tomado el tema de la libertad de prensa con la seriedad que se necesita, tal vez porque los medios nacionales no han sabido crear un frente común que ejerza una presión más consistente sobre los líderes políticos. La fiebre por buscar atenuantes a esta desesperante violencia contra los medios y periodistas ha sido esporádica e intermitente.
La SIP promovió conferencias nacionales, regionales y hemisféricas en México y viene luchando por la federalización de los crímenes contra periodistas, los agravantes a este tipo de delitos, la no prescripción de los mismos, así como la creación de fiscalías especiales y sistemas de protección. Todo ello, no en la búsqueda de privilegios para los informadores por sobre otras disciplinas que sufren aún más la violencia del crimen organizado – policía y militares, por ejemplo – sino que creando conciencia de que cuando se asesina a un periodista, se comete el peor crimen contra el derecho del público a recibir información, debilitándose extraordinariamente la democracia.
Muchos otros grupos han apoyado estas iniciativas y propuesto otras. La pasada semana, tres senadores del mayor grupo de oposición, PRI, Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, suscribieron un proyecto de ley de Periodismo de Alto Riesgo.
En su artículo 3, el proyecto federaliza los crímenes al establecer que: “Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal”.
En el artículo 5, pide la creación de una Comisión que existió el año pasado pero que el nuevo Congreso que asumió en diciembre de 2009 la dejó de lado: “El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados”.
El artículo 6, aunque se refiere a la Fiscalía Especial, se queda un poco corto, ya que la SIP viene solicitando desde hace años que ese organismo sea reestructurado por cuanto no tiene funciones de fiscalía, sino que opera como oficina de derechos humanos, sin ninguna atribución de acusación e investigación formal. El artículo establece que: “La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral”.
También por el lado positivo, el viernes pasado se conoció la noticia sobre que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, dijo que “buscará que en México se adopte el modelo colombiano de protección a activistas y comunicadores, dos de los sectores más golpeados por la violencia en el país”, tal como lo relató la agencia EFE.
“Venimos a presentar un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, hemos analizado varios modelos y en particular creemos que el modelo colombiano sería el indicado”, aseguró Brunori en entrevista concedida en Ciudad Juárez.
Brunori – según EFE – adelantó que el 11 y 12 de febrero se llevará a cabo en México un seminario con expertos del Gobierno colombiano y la sociedad civil y periodística para instruir a las autoridades mexicanas para adaptar el modelo colombiano a la realidad mexicana en la protección de comunicadores y activistas.
“Estamos vivos gracias a Dios”, fueron las palabras reconfortantes que nos que nos trasmitió por correo electrónico a la SIP, Max Chauvet, el director del diario Le Nouvelliste, el más importante de Haití, después de que intentamos ubicarlo infructuosamente por varios días tras la catástrofe.
En una respuesta breve, Chauvet, mientras ningún medio pudo operar durante las primeras 24 horas, agregó que por suerte sus familiares, colegas y trabajadores no habían sido tocados por la tragedia, pero obviamente la reconstrucción será un proceso largo tanto para el país, sus instituciones como para que los medios puedan operar normalmente: “El edificio aún está parado, pero tenemos reparaciones importantes que hacer. Dentro de 3 a 4 semanas nos llevará para reiniciar la impresión, pero será difícil empezar de nuevo porque hemos perdido la mitad de nuestros suscriptores y no esperamos tener publicidad por mucho tiempo”, añadió Chauvet.
Un informe de ayer de Reporteros Sin Fronteras (RSF) explicó que el “terremoto del 12 de enero destruyó totalmente los locales y las infraestructuras del canal con sede en Puerto Príncipe Tele Ginen”, y que uno de sus camarógrafos ha aparecido muerto. Lo mismo ocurrió con el Canal 11 y la emisora de radio Magik 9. Otra famosa emisora, Radio Ibo, está seriamente dañada lo que imposibilita la difusión de su programación. En el hundimiento parcial del inmueble de la emisora también resultó afectada la sede de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Haitianos (ANMH).
RSF continuó que las sedes de los diarios Le Nouvelliste y Le Matin resistieron mejor, y el personal pudo evacuar el lugar. Sin embargo, Ticket Magazine, una publicación perteneciente al Nouvelliste, perdió a uno de sus colaboradores, al que se da por muerto.
Las emisoras Signal FM, Caraïbes FM y la delegación local de Radio France Internationale (RFI), todas ellas con sede en Puerto Príncipe, han podido seguir con su programación.
La red del Internet haitiano funciona oficialmente, a pesar de las enormes dificultades que existen para encontrar conexiones. El operador de telefonía móvil Voilà Haïti reuperó en parte el funcionamiento el 14 de enero. Lo mismo que el operador Digicel en la región de Jacmel, una ciudad del sur del país que ha resultado muy severamente afectada.
RSF explicó que “para permitir que algunos periodistas haitianos puedan informar de la situación, y contribuir así al proceso de asistencia a la población damnificada, RSF va a crear, y poner a su disposición, un centro operativo. El centro estará dotado de ordenadores portátiles, teléfonos móviles y generadores eléctricos, facilitados todos ellos por el principal grupo de prensa canadiense, Quebecor, que colabora en la operación.
La estructura estará operativa a principios de la semana que viene. De momento, el presidente de la sección canadiense de RSF, François Bungingo, viaja este viernes a Puerto Príncipe para evaluar las necesidades, a corto y largo plazo. La Embajada de Canadá en Haití se ha ofrecido a alojar dicha estructura de urgencia en su recinto.
La puesta en marcha del centro operativo irá seguida, siempre en colaboración con Quebecor, de un plan de ayuda a la reconstrucción de los medios de comunicación haitianos, prácticamente ninguno de los cuales se encuentra en condiciones de continuar trabajando. La petición de donativos puesta en marcha por RSF debe responder fundamentalmente a este objetivo. La organización pretende movilizar a los medios de los países particularmente implicados en la aportación de ayuda a Haití (Canadá, Brasil, Estados Unidos, Francia…), para conseguir apadrinamientos económicos y logísticos de los medios haitianos que necesitan ser reconstruidos”.
Me sumo a la expresión de solidaridad que emitió esta tarde la Sociedad Interamericana de Prensa que envió un mensaje especial a los medios de comunicación y periodistas haitianos que a pesar de la tragedia del terremoto y sus propios problemas familiares “se han avocado con sacrificio a informar y servir a su pueblo mediante los escasos recursos disponibles y a través de internet”.
El presidente de la institución, Alejandro Aguirre, expresó “nuestra total solidaridad con el pueblo haitiano y, en particular, con los medios de comunicación que, tras resistir a este devastador golpe de la naturaleza, se han avocado con sacrificio a informar y servir a su pueblo mediante los escasos recursos disponibles y a través del internet”.
La SIP pudo advertir que si bien la catástrofe por el terremoto en Haití silenció a prácticamente todos los medios de comunicación, ha provocado una movilización mundial a través de los medios electrónicos y las redes sociales como Facebook y Twitter.
Facebook informó que desde el terremoto ha recibido en sus páginas un promedio de 1.500 actualizaciones por minuto con la palabra Haití. La página Yele Haití, un sitio de ayuda abierto por el cantante de origen haitiano Wyclef Jean fue el miércoles la segunda cuenta con más actividad de Twitter. En Twitter también se registró un tráfico increíble para la página de la Cruz Roja que en tan solo dos días recaudó más de dos millones de dólares a través de mensajes de texto que pueden mandar los usuarios. además
La sección iReport.com de la cadena CNN también ha servido como un vínculo valioso entre la comunidad haitiana en Estados Unidos y sus compatriotas dentro de su país.
Solo una radioemisora quedó en capacidad de operar en Haití después del sismo. Con el colapso de las líneas telefónicas la línea por el internet Skype ha ayudado enormemente a mantener la comunicación, mientras comienza a llegar la ayuda internacional masiva.
Aguirre también envió un mensaje especial a Max Chauvet, director del periódico Le Nouvelliste, uno de los socios más importantes que la institución tiene en la nación caribeña.
La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Buenos Aires reflejó nítidamente el clima de confrontación permanente al que varios gobiernos arrastran a sus ciudadanos, donde los espacios de diálogo y tolerancia son ahora ocupados por la retórica belicista, la polarización y la violencia.
Para la SIP no hubo muchas sorpresas sobre lo que generarían sus críticas contra varios sistemas como el argentino que, disfrazados de legitimización electoral, asumen posturas cada vez más autoritarias; dándoles lo mismo, sancionar leyes para controlar a medios de comunicación, que subvencionar a “piqueteros”, una especie de peones mercenarios cuya misión es azuzar marchas y actos oficiales.
El ambiente enrarecido se incentiva desde lo más alto. El desaire de la presidenta Cristina de Kirchner quien se negó a inaugurar la asamblea de la SIP no fue sorpresa, pero sí, un error innecesario, desaprovechando un contexto natural para discutir su polémica ley de Servicios Audiovisuales. El mismo yerro lo tuvo su esposo en febrero de 2005 al desatender a la SIP, cuando pedía explicaciones sobre la corrupción con la que se utilizaba la publicidad oficial para premiar y castigar a medios, práctica que nunca fue aclarada y que todavía persiste.
El kirchnerismo no es amigo del diálogo, prefiere confrontar e imponer. En estilo, la SIP está acostumbrada a lidiar con presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez, que manipulan espacios obligatorios en los medios propios y de otros, para desprestigiar y calumniar a detractores y periodistas. Y aunque la presidenta Kirchner no es tan sistemática, también usa la tribuna pública y actos oficiales para zarandear al periodismo. No bastó solo con la ley de prensa para desguazar a los medios, sino que además los persigue con medidas económicas, así sea amenazando con estatizar Papel Prensa que bloqueando la distribución de diarios. La prioridad no es solo Clarín, sino disminuir cualquier medio que por su tamaño e independencia pueda hacer de contra poder.
Se trata de medidas desafiantes utilizadas para lograr reacciones de irracionalidad que den letra para discursos demagógicos. Las mismas que Chávez utiliza al “exportar su ideología de confrontación” como señaló la SIP y que puso en práctica en Buenos Aires con una reunión paralela sobre “Medios y Democracia en América Latina”, al que mal llamó primer encuentro, porque se trata del mismo que siempre viene organizando ante cada actividad de la organización hemisférica, tanto para provocar como para contrarrestar sus efectos.
El matrimonio Kirchner no es ajeno a esta práctica. Esta vez, el “estás nervioso Clarín” se transformó en “yanquis go home”, un lema que varios desaforados de la “Juventud Peronista Descamisados” gritaban a miembros de la SIP en el vestíbulo del hotel, donde dejaron caer una enorme banderola y miles de papelitos con la consigna “SIP = CIA”, igualmente reproducida en afiches pegados en el micro centro porteño. Los portadores, claro está, ni idea del mensaje, pero el ruido del bombo, el alquiler de la garganta y el choripan, bastan para cantar en contra de cualquiera o a favor de un sindicalista, aún sin conocer las razones.
Así en Argentina como en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, los gobiernos siguen utilizando los recursos públicos para la propaganda y actividades paraestatales, con la intención de que los piqueteros o camisas rojas agredan a otros, quemen neumáticos o rompan vidrieras. La misión es crear alboroto, provocar, bloquear la razón. Lo inaudito es que el propio Estado es el que apuesta a crear división, grupos antagónicos, aunque no acierta a gobernar para las dos argentinas que incentiva.
Lo que rodeó a la asamblea de la SIP en Buenos Aires dio lástima. Un gobierno arrogante y desafiante, desplegando mucha retórica propagandística y belicosa, haciendo que muchos extranjeros se sintieran incómodos, gratuitamente insultados de “golpistas”. Aunque se fueron entendiendo que mucho no podían esperar de un gobierno que igual actúa restringiendo la libertad de prensa haciendo bloquear la salida de camiones de distribución de Clarín y La Nación; que ordenando un día después, volar al Tango 03, con el único propósito de llevarle a la Presidenta la edición dominical de los periódicos porteños, a su casa en Calafate al sur del país. Confrontación y abuso de poder.
Impresiones sobre cómo los mensajes afectan a la sociedad; periodismo, comunicación e información; derechos, responsabilidades y conducta profesional de periodistas y medios de comunicación; libertad de prensa, de expresión y el derecho del público a la información.
¿Quién soy?
Periodista argentino, director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, donde trabaja desde 1993. Fue asistente del director de El Nuevo Herald, Miami, jefe de Redacción de El Liberal, Santiago del Estero, y reportero y fotógrafo de El Pregonero y The Catholic Standard en Washington, D.C. Es columnista sobre medios y prensa en periódicos latinoamericanos. Es autor de libros sobre periodismo, entre ellos “La Dolorosa Libertad de Prensa: en busca de la ética perdida”, Atlántida, Buenos Aires, 1993.. Fue galardonado con el Gran Premio a la Libertad de Prensa de la SIP, y Libertad de Prensa de ADEPA/Clarín que obtuvo por tres años consecutivos. Es instructor de seminarios en la SIP y fue de ADEPA. Estudió Periodismo en Estados Unidos y en el Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba, de donde es profesor Auditor Internacional. Es artista plástico, siendo la libertad de prensa y el periodismo un tema recurrente en su obra, la que expuso en varias exposiciones individuales en el Sur de la Florida. Nació en 1958 en San Francisco, Córdoba, Argentina.
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