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Octubre 2, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: méxico, periodistas | # Enlace permanente
Rabia, frustración, escepticismo y moderado optimismo conforman un coctel de sentimientos encontrados que tiene hoy la prensa en México, frente a la violencia del crimen organizado y la nueva reacción gubernamental para frenarla.
Rabia. Porque la prensa, particularmente la de las provincias, sigue siendo víctima del narcotráfico y de políticos o corruptos que contratan sicarios para matar y secuestrar periodistas, mientras los gobiernos federal y estatal juegan a enrostrarse responsabilidad, pero no actúan.
Frustración. Porque siente que la protección de las autoridades es inexistente y que el crimen sobrepasa la capacidad de las instituciones públicas y de seguridad. Publicar denuncias sobre el crimen organizado es, muchas veces, una acción suicida que ya se cobró la vida de 10 periodistas este 2010; o ser acusado por las autoridades de incentivar la violencia. Así, el periodismo opta por la autocensura y el silencio como mecanismos de autodefensa.
Escepticismo. Porque desconfía de las promesas que el presidente Felipe Calderón hizo esta semana para defender la libertad de prensa y proteger a los periodistas, ya que, pasados varios años de su mandato, no ha mostrado resultados y continúa la impunidad en más de 60 crímenes contra reporteros en el último lustro. Y porque no cree que el gobierno tendrá tiempo suficiente para impulsar reformas para que los delitos contra los informadores sean de orden federal, agravados y no prescriban.
Moderado optimismo. Porque la nueva fiscalía creada en julio para atender delitos contra la libertad de expresión y el sistema de evaluación de riesgos y seguridad para periodistas anunciado para octubre, a semejanza del modelo colombiano, son buenas iniciativas que demuestran mayor voluntad política, aunque se duda si darán buenos resultados sin recursos ni presupuesto adecuados.
El Diario, de Ciudad Juárez, la más violenta del país, puso en evidencia la rabia y la frustración esta semana con una editorial bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?”, reclamándole al narcotráfico una tregua por el asesinato de otro de sus periodistas y reconociéndole como los únicos amos y señores de ese territorio. El reconocimiento al narco como autoridad de facto, fue un tiro de elevación y provocación al gobierno federal por la falta de justicia que garantiza y a su guerra contra el narcotráfico, que el diario considera ineficiente y perdida.
Muchos son los medios en el interior que piden más protección, que se aplique la ley, pero se sienten frustrados porque el crimen gana terreno. Ya no solo infiltra a las instituciones gubernamentales, sino al periodismo, como denunció Patricia Mercado, directora del periódico Imagen de Zacatecas, durante un foro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) organizaron en Ciudad de México.
Mercado denunció frustración ante el aumento de las amenazas contra periodistas y medios, y que buscan alternativas al silencio. Ramón Cantú, director de El Mañana de Nuevo Laredo, ha optado por omitir noticias sobre balaceras y escaramuzas a preferencia de análisis sobre temas de narcotráfico que aporten al debate social. Javier Garza, director de El Siglo de Torreón, dice que publica en el extranjero lo que calla a nivel local, con lo que consigue protección, y a la vez mayor resonancia.
Muchos consideran exagerado ser optimista con los anuncios que Felipe Calderón le hizo a la SIP y al CPJ. Otros, en cambio, creen que llegan en el momento apropiado. Justo cuando la prensa nacional acaba de sufrir secuestros en carne propia, prestándole ahora más atención al fenómeno de la violencia contra los periodistas, más dispuesta a trabajar unida y así presionar editorialmente al gobierno para que cumpla con lo prometido.
Pero sería un error que la prensa ejerciera presión solo en la creación de fiscalías especiales y órganos de seguridad para su propio beneficio, ya que el mejor resguardo para la libertad de expresión deviene del funcionamiento pleno de las instituciones y de la seguridad democrática.
Si lo que se busca es imitar el caso de Colombia, debe recordarse que el sistema de protección para la prensa colombiana fue más eficaz, una vez que el ex presidente Alvaro Uribe logró mayor gobernabilidad en general, al haber combatido exitosamente a las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.
Septiembre 3, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: libertad de prensa, méxico | # Enlace permanente
La violencia sigue siendo una de las mayores violaciones a la libertad de prensa en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública y la corrupción. En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre periodistas asesinados y desaparecidos.
Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.
Agosto 8, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: Conciencia pública, méxico, periodistas, solidaridad | # Enlace permanente
Comparto una entrevista que me hicieron y publica hoy Conciencia Pública desde Guadalajara México, sobre la violencia contra los periodistas en México: http://bit.ly/b0BzRx
Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?
Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.
CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió – a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV…el único que lo hizo fue el Grupo Milenio… Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?
RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.
Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.
CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas…pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?
RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.
CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?
RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.
¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?
RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.
CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico…asesinatos, secuestros, extorsiones… Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean…
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?
RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.
CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?
RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…
Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.
Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.
Agosto 6, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: Guillermo Cano, José Luis Cabezas, méxico, periodistas secuestrados, Tim Lopes | # Enlace permanente
En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.
Julio 30, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: méxico | # Enlace permanente
México está mal. Muy mal. Tal como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia atroz del narcotráfico, en México también no solo que el narcotráfico sigue matando, desapareciendo y secuestrando periodistas, sino que ahora sumó la modalidad de secuestrar medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa.
La manipulación hasta ahora era indirecta. Los medios, especialmente los de la zona norte fronteriza, más afectados por la violencia, habían tomado la decisión consciente de autocensurarse – no publicar ni investigar las fechorías del narcotráfico – como un modo de proteger a su personal de las represalias que suelen tomar los maleantes. El solo elemento de la autoprotección da a los medios de comunicación razones justificadas para dejar de lado su misión de informar e investigar.
Pero la reciente masacre perpetrada por delincuentes que salían de la cárcel con la anuencia de sus guardias y con sus armas y vehículos para tomar represalias con delincuentes libres de grupos antagónicos, desencadenó otros episodios que están empujando a la prensa mexicana al borde de la ética periodística. Los narcotraficantes, en una lucha intestina entre carteles, han secuestrado esta semana a cuatro periodistas para impedir que sigan informando sobre esas masacres, y advirtieron que matarían a los reporteros si no publicaban sus exigencias – un video en el que matan a otro maleante después de interrogarlo – o si seguían informando sobre el episodio distendido de la cárcel.
Ayer en México, muchos medios a pedido de periodistas y ejecutivos de Milenio, grupo editorial afectado por los raptos de periodistas de su personal, decidieron no publicar sobre los secuestros para proteger la vida de los secuestrados. Y mientras mantenían ese silencio y se procuraba en reuniones entre periodistas qué hacer o qué era lo más correcto, un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo al gobierno que investigue el asunto – sin saber las políticas de auto silencio auspiciado por varios medios – acarreó mayores problemas, especialmente por políticas editoriales diferentes que pueden tomar los medios nacionales que están más naturalmente resguardados en la capital del país conde la violencia no llega a extremos, como en zonas donde conviven medios más pequeños con contextos de violencia disparados.
Es que no es para menos. Es que ahora los secuestradores demandaron a los medios por silencio amenazándolos con matar a los periodistas, convirtiendo a las víctimas en victimarios. Y aquí es donde existe un intríngulis de variantes y actitudes editoriales y éticas que los medios deben asumir. Se tienen que preguntar si pueden dejarse chantajear por secuestradores o narcotraficantes que no tienen escrúpulos ni principios o publicar sabiendo que ponen en riesgo a sus periodistas o a colegas de otros medios.
La situación no es fácil, más allá de que se le deba echar la culpa al gobierno de que todo se ha salido de proporciones. Lo que está claro es que los medios si negocian el silencio, pronto se verán obligados a negociar cualquier demanda de los narcos.
Abril 14, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: Fernando Gómez Mont, Joaquín Sabina, méxico | # Enlace permanente
Vale la pena rescatar el don de gente y decencia de un funcionario mexicano que respondió hoy al cantante español Joaquín Sabina, en momentos en que estamos muy confundidos sobre lo que significa la libertad de expresión, con el ruido que genera toda la diplomacia de micrófono y la cantidad de insultos que se tiran funcionarios y presidentes de un país contra otro – cito solo como ejemplo a Hugo Chávez quien es el campeón de meterse en líos ajenos pero no quiere que nadie critique sus acciones en su país – o los improperios que se dedican periodistas a periodistas, ciudadanos a ciudadanos o las toneladas de comentarios insultantes que se dejan colgados en sitios de internet, blogs y redes sociales.
Las declaraciones inflamatorias contra Felipe Calderón, de parte de Sabina, que dijo que el Presidente era ingenuo por haber creído que el narcotráfico no tendría infiltrada a la policía y a otros organismos mexicanos, hubieran podido despertar una serie de reacciones indescriptibles de parte de los líderes de Venezuela, Ecuador o Bolivia, por ejemplo, con insinuaciones directas a que tendría que irse del país. Sin embargo, el gobierno mexicano actuó de forma totalmente opuesta, racional, tolerante y sin dar a esas declaraciones del cantor, más importancia de las que tiene.
El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Fernando Gómez Mont, ante la insistencia de los periodistas de que se pudiera poner en práctica una disposición de la Constitución que establece que pudiera ser expulsado aquel extranjero que se inmiscuya en asuntos políticos internos, dijo que las críticas eran “bien recibidas”, y que – según reportó la agencia EFE – “toda crítica respetuosa que haga cualquier persona sobre un dilema universal como la seguridad, el narcotráfico, debe ser aquilatada y bien recibida”.
Vaya expresión de tolerancia ante un Sabina que hasta llegó a decir cínicamente que menos mal que no estaba en México Joan Manuel Serrat, porque de lo contrario tendría que almorzar con Felipe Calderón, recordando otra oportunidad en la que ambos músicos dieron conciertos en el país.
En momentos de tanto ruido y hasta de “guerrilla comunicacional” como se propone en Venezuela para que se luche en contra de quienes critican al jefe de Estado, lo de Gómez Mont es un recordatorio de que la libertad de expresión no se construye sobre la base de quien grita más fuerte, sino en la debida tolerancia que se debe practicar ante toda clase de opiniones.
Marzo 25, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: impunidad, méxico, periodistas asesinados | # Enlace permanente
En el adagio popular el ladrón da a escoger a su víctima entre “la bolsa o la vida”, pero en México la disyuntiva a la que se expone el periodista es más cruel: el silencio o la vida.
La consecuencia de esta macabra alternativa es que en varias zonas de México los medios de comunicación han optado por la autocensura para evadir la violencia del crimen organizado, que en los últimos cinco años, según la Sociedad Interamericana de Prensa, cobró la vida de 49 periodistas y es responsable de la desaparición de otros 15, ocho de estos ocurridos hace semanas en el peligroso estado de Tamaulipas, encendiendo los reflectores de la prensa internacional.
El periodismo mexicano vive hoy lo que el colombiano sufrió con el sanguinario Pablo Escobar, aunque con el agravante de que en vez de los cárteles de Medellín y Cali, son nueve los grupos de narcotraficantes que se disputan la mafia en 22 de los 31 estados del país. Este tipo de terrorismo doméstico ha aniquilado a 17 mil personas en tres años.
Tanta violencia tiene gran impacto en los medios, especialmente en zonas limítrofes con Estados Unidos donde el narcotráfico está decidido a comprar silencio, ya sea con plata o con plomo. Periodistas, fiscales y policías son comprados y sobornados o asesinados y desaparecidos, cualquier método es eficiente para evitar la publicidad sobre el trasiego de drogas y sus crímenes conexos.
El silencio es inducido en forma directa o infundiendo terror mediante métodos funestos. A principios de año, junto al cadáver del periodista Valentín Espinosa, asesinado por represalia a su labor o para usarlo como pizarra para publicitar su violencia, los narcos dejaron un recado para los medios de la ciudad de Saltillo: “esto les va a pasar a los que no entienden que el mensaje es para todos”.
El caso de Rodolfo Rincón del periódico Tabasco Hoy es más patético. Su cuerpo, según la fiscalía, fue disuelto en ácido por el brutal grupo Los Zetas, imitando a la Cosa Nostra o a filmes de horror. Según informes de prensa, a un sicario al que se le atribuye numerosos asesinatos en piscinas de ácido le llaman “El preparador de caldos”. Otros periodistas son usados como mensajeros, como a dos secuestrados del diario Milenio en la fronteriza Ciudad Reynosa, a quienes liberaron con la advertencia para todos: “no vengan a calentarnos la plaza”.
Ante la ineficiencia del gobierno por responder a esta violencia y la pérdida de confianza general en las instituciones, la autocensura se ha convertido en el refugio más seguro para los periodistas. Pero si bien este silencio inducido es una forma muy justificable de autoprotección en el corto plazo, se corre el riesgo que la desinformación cree un efecto boomerang a futuro.
En un clima de mutismo mediático, la omisión de información generará siempre mayor incertidumbre, indefensión y espacio propicio para rumores. El ejemplo más palpable ocurrió semanas atrás, cuando muchos pobladores – incluidos sicarios del narcotráfico – usaron mensajes en teléfonos móviles, Twitter y Facebook, para diseminar rumores y noticias falsas sobre hechos violentos, provocando más pánico e incertidumbre.
La autocensura y la desinformación si bien “protegen” al crimen organizado, también disfrazan la ineptitud del Estado, potenciando así un círculo vicioso en el que prosperan tanto el delito como la corrupción y la impunidad. Y lo único que puede destrabarlo es que el gobierno, más allá de la represión, le dé mejores garras a la Justicia para crear sistemas de castigo capaces de disuadir a los violentos, mejorando los estándares de prevención del crimen. Es que solo un puñado de criminales de los 98 asesinatos registrados desde 1987 a la fecha, está preso.
Pero el periodismo no puede esperar que el conflicto lo resuelva solamente el gobierno ni su autocensura. Los medios mexicanos tienen también responsabilidades. Capacitación, mejores condiciones laborales y mejores salarios, ayudarán a la profesionalización del gremio, hoy por hoy su mayor debilidad.
Todo esto, sin perder de vista que sin asociaciones fuertes de prensa ni solidaridad y unión de parte de los medios nacionales para con los más vulnerables en el interior del país, la única receta seguirá siendo el silencio. Y el silencio también mata.
Febrero 27, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: méxico, narcotráfico | # Enlace permanente
Pasar por México es siempre una experiencia fascinante y tremenda. Es que se visitan dos países en uno, profundamente contrastados. El primero es imponente, multicultural, hospitalario y de arquitectura colosal. El otro es impotente, desigual, corrupto y de violencia descomunal. Donde muchos tienen poco y pocos dominan mucho.
El país está en un pozo y corre el peligro de hundirse aún más. Es que el gobierno no acierta en estrategias para combatir el crimen, la única actividad que pareciera estar realmente organizada, bien remunerada y en expansión. El narcotráfico no solo traspasa drogas hacia Estados Unidos o la riega para el consumo interno, sino hasta narcotizó la economía. El Tribunal Superior Agrario estima que los narcotraficantes han suplido al Estado como financistas, apoderándose de un 30 por ciento del campesinado al que suplen créditos, seguridad y semillas de mariguana y amapolas, mucho más redituables que las de maíz.
La táctica de los narcos es tan cruel y sanguinaria como eficiente: paga a sus sicarios en especies para que la droga se vuelque al consumo interno; atemoriza con su terror a base de ejecuciones, masacres y cuerpos decapitados arrojados por doquier; y corrompe a todos – policías, jueces, políticos o comerciantes – mediante sobornos y extorsiones, sin dar opciones. O se elige ser cómplice y deshonesto, o se es víctima.
La masacre de 15 jovencitos inocentes el 31 de enero en Ciudad Juárez enardeció a la gente que todavía reclama con ira una mayor acción del gobierno. Tal vez este episodio sea el detonador o el punto de inflexión – lo que antes no lograron los cientos de “feminicidios” ni los miles de asesinatos a sangre fría – entre la ineficiencia y la efectividad en la guerra contra el crimen organizado.
Pero el reto del gobierno no es solo detener la violencia, sino restaurar la confianza pública y la credibilidad en las instituciones. La corrupción y la impotencia de los poderes judiciales y los cuerpos policiales han depreciado el valor de la denuncia. El Tercer Informe del Gobierno Federal indica que por cada delito que se comete hay ocho que no se denuncian, mientras solo 9 de cada 100 investigaciones judiciales terminan en condena.
A diferencia de Colombia, donde la policía monopoliza la seguridad nacional, el otro desafío de México es que siendo un país federal, se suelen producir fuertes choques de jurisdicción entre la nación centralista y el caciquismo de los gobernadores estatales. Esa ambigüedad de competencias, que permite acusaciones de evasión de responsabilidades entre policías y jueces estatales y nacionales, es una debilidad de la que saca muy buen provecho la delincuencia organizada.
El presidente Felipe Calderón, sabiendo estos retos, emprendió con retraso la batalla en dos frentes. Por un lado exige una Ley de Seguridad Nacional, en la que legitima a los militares como protagonistas de la lucha contra las drogas, y por el otro, trata de detener la erosión de las instituciones. Por ello visitó dos veces Ciudad Juárez en 15 días y creó las mesas de trabajo “Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad”, una convocatoria general para reducir los índices de violencia mediante el desarrollo de actividades sociales en las que se inculquen valores y se potencien la educación, los empleos y las inversiones, como una forma de rescatar a los jóvenes que ahora solo piensan en escapar para sobrevivir.
Si la fórmula resulta exitosa, la experiencia de Ciudad Juárez podrá replicarse en todo el territorio nacional o en otras ciudades latinoamericanas que ya están soportando niveles considerables de drogadicción y de todos los delitos conexos generados por los cárteles.
Si algo tiene de enseñanza la tragedia de los 15 jovencitos, es que en ninguna comunidad se deberían repetir los dos mayores errores que admitió el alcalde municipal: se subestimó al narcotráfico en su capacidad de incentivar el consumo de drogas y no se depuró a tiempo la corrupción en la fuerza policial.
La desconfianza en las instituciones y la inseguridad, si bien es déficit en toda América Latina, cobra especial relevancia en México, ante un gobierno que no actuó con rapidez ni eficacia. Ciudad Juárez abre ahora la oportunidad para revertir el proceso, así como para borrar la diferencia entre lo fascinante y lo tremendo.
Febrero 17, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: crimen organizado, Durango, méxico | # Enlace permanente
México es un país de contrastes. Hermoso, multicultural, hospitalario. Pero al mismo tiempo escabroso, temible y violento.
El país está en un pozo y parece que se hunde cada vez más. El gobierno nacional hace lo que más puede, pero resulta poco frente al crimen organizado que cada día gana más geografía y en métodos de violencia que publicita mediante secuestros, cuerpos decapitados arrojados por doquier, asesinatos de policías, periodistas o jovencitos en fiestas de 15. Su objetivo es implacable: mantener una sociedad aterrorizada, agazapada y manipulable en la que la impunidad es el mejor escudo para delinquir con tranquilidad.
Es difícil ser honesto en México. El crimen organizado tiene tentáculos enormes y cada vez más largos. Muchos policías y jueces encargados de la seguridad que todo el mundo quiere, han sido tentados por el crimen organizado, siendo más fácil y seguro ser corrupto que víctima.
Algo parecido le sucede a los periodistas. Hoy, en una visita al estado de Durango, en un foro que organizamos con la SIP con 25 editores de periódicos del interior del país, discutimos los problemas de la violencia. En una rica discusión relataron los problemas habituales del periodismo que ha perdido su capacidad de jerarquizar las noticias sobre sucesos, porque estas ahora se ponen – si es que se ponen – en lugares que puedan pasar más desapercibidas o que no causen represalias inmediatas y violentas del crimen organizado o de grupos de delincuentes antagónicos, que atacan a los periódicos porque se despliega mejor la información de sus contrincantes.
La inacción de las autoridades para combatir la violencia y la impunidad en general, ha creado un clima general de autocensura, donde los periodistas optan callar sus denuncias por temor a sufrir levantones, torturas o ser víctimas de asesinatos.
Los periodistas también hablaron de la autorregulación y la responsabilidad de publicar sin autocensura, pero muchos advirtieron que criticar o satanizar a un grupo de narcotraficantes es un acto suicida.
Enero 18, 2010 | Por Ricardo Trotti | Claves: Asesinatos de periodistas, calderón, Fox, impunidad, méxico, PRI, Salinas, sip, Zedillo | # Enlace permanente
El gobierno mexicano desatiende su responsabilidad en investigar y buscar justicia en casos de periodistas asesinados, una actitud que incentiva a los violentos a continuar su ola delictiva contra la prensa; lo que convierte a México en el país más violento para ejercer el periodismo en las Américas.
Este fin de semana se conoció sobre José Luis Romero, de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, el segundo periodista asesinado en 2010. En el 2009, al menos 11 periodistas fueron ultimados, en casi todos los casos actuales y el año pasado, como víctimas del narcotráfico. Algunos de ellos, no fueron asesinados por represalias sobre lo que dijeron u omitieron, sino por no haber cumplido con lo convenido previamente con los narcotraficantes. Lamentablemente, el narcotráfico ha infiltrado también estructuras de información. El periodismo no es ajeno a las tentaciones y la corrupción que avanza sobre muchísimas disciplinas, en busca de cómplices y mayores territorios.
La SIP ha estado batallando a brazo partido en este terreno desde hace 15 años. Los escasos resultados que aportaron los diferentes gobiernos en este período – Salinas, Zedillo, Fox y Calderón – muchas veces desalientan. Las autoridades no han tomado el tema de la libertad de prensa con la seriedad que se necesita, tal vez porque los medios nacionales no han sabido crear un frente común que ejerza una presión más consistente sobre los líderes políticos. La fiebre por buscar atenuantes a esta desesperante violencia contra los medios y periodistas ha sido esporádica e intermitente.
La SIP promovió conferencias nacionales, regionales y hemisféricas en México y viene luchando por la federalización de los crímenes contra periodistas, los agravantes a este tipo de delitos, la no prescripción de los mismos, así como la creación de fiscalías especiales y sistemas de protección. Todo ello, no en la búsqueda de privilegios para los informadores por sobre otras disciplinas que sufren aún más la violencia del crimen organizado – policía y militares, por ejemplo – sino que creando conciencia de que cuando se asesina a un periodista, se comete el peor crimen contra el derecho del público a recibir información, debilitándose extraordinariamente la democracia.
Muchos otros grupos han apoyado estas iniciativas y propuesto otras. La pasada semana, tres senadores del mayor grupo de oposición, PRI, Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, suscribieron un proyecto de ley de Periodismo de Alto Riesgo.
En su artículo 3, el proyecto federaliza los crímenes al establecer que: “Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal”.
En el artículo 5, pide la creación de una Comisión que existió el año pasado pero que el nuevo Congreso que asumió en diciembre de 2009 la dejó de lado: “El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados”.
El artículo 6, aunque se refiere a la Fiscalía Especial, se queda un poco corto, ya que la SIP viene solicitando desde hace años que ese organismo sea reestructurado por cuanto no tiene funciones de fiscalía, sino que opera como oficina de derechos humanos, sin ninguna atribución de acusación e investigación formal. El artículo establece que: “La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral”.
También por el lado positivo, el viernes pasado se conoció la noticia sobre que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, dijo que “buscará que en México se adopte el modelo colombiano de protección a activistas y comunicadores, dos de los sectores más golpeados por la violencia en el país”, tal como lo relató la agencia EFE.
“Venimos a presentar un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, hemos analizado varios modelos y en particular creemos que el modelo colombiano sería el indicado”, aseguró Brunori en entrevista concedida en Ciudad Juárez.
Brunori – según EFE – adelantó que el 11 y 12 de febrero se llevará a cabo en México un seminario con expertos del Gobierno colombiano y la sociedad civil y periodística para instruir a las autoridades mexicanas para adaptar el modelo colombiano a la realidad mexicana en la protección de comunicadores y activistas.
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