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2010: año ecléctico. 2011: más libertad

Termina un año ecléctico en todos los sentidos en nuestro continente americano. Lleno de desbarajustes económicos que molestaron nuestros bolsillos; de cambalaches políticos, corrupción y eternas campañas electoralistas que enturbiaron el camino de quienes deben dedicarse a hacer el bien común; de desastres naturales, como los terremotos en Chile y Haití, que sacudieron nuestros cimientos; de enfermedades que todavía no tienen cura o que reaparecieron encolerizadas como el cólera en Haití; de cambios intempestivos de clima que inundaron zonas de sequía, quemaron zonas frías y enfriaron países tropicales; de pocos avances científicos y tecnológicos que nos permitan evolucionar mejor; y, lo peor, de persecución e intolerancia contra quien piensa u opina diferente.

En realidad no fue un año distinto a otros de la primera década de este siglo; aunque sí fue más preocupante porque no hemos evolucionado hacia sociedades mejores con el paso del tiempo. Seguimos cometiendo los mismos errores. La clase dirigente ha seguido con la misma rutina de peleas ideológicas antagónicas en cada país y es difícil ver bolsones de honestidad dentro de los que se ha pensado en objetivos a largo plazo. Casi siempre, nuestros políticos se enfrascaron en luchas intestinales con el único objetivo de complacer logros a corto plazo, electoralistas. Rescato, sin embargo, a los gobiernos de Lula da Silva que termina esta noche, el de Alan García que desembocará en las elecciones de abril próximo y el de Sebastián Piñera que arrancó con un terremoto y tsunami pero que supo campear bien el temporal. Los tres dieron pruebas de que América Latina está para grandes cosas, para pensar en grande, en un desarrollo sostenido a largo plazo.

Mi preocupación especial y pesimismo es observar lo malo que fue este año en materia de libertad de prensa y de expresión. 23 periodistas han sido asesinados, uno más esta semana, abatido en Honduras. 8 permanecen en las cárceles cubanas porque eligieron no ser desterrados a Madrid como los 16 que fueron liberados este año por un régimen que hace gala de la censura y la opresión de todas las libertades humanas. El régimen venezolano acaba de pasar dos reformas de leyes que hacen posible la censura, el bloqueo y la filtración de información del internet y las redes sociales, de la misma forma que puede censurar y cerrar medios de comunicación cuando se le antoje. En muchos países, como Argentina y Bolivia, siguieron sancionándose leyes en contra de la libertad de prensa y en otros como Panamá, Uruguay y Brasil se siguió penalizando a periodistas y medios por informar lo que algunos no quieren que se haga público. En Estados Unidos no se puede dejar de lamentar que a raíz del destape de Wikileaks muchos legisladores quieren controlar el internet. Y en muchos otros países es horroroso que los gobiernos sigan creando y comprando medios destinados al sistema de propaganda oficial y que usen ciber militantes y activistas para denostar a rivales, opositores y gente que piense diferente, a través de concentraciones, en los medios oficiales o a través del internet y las redes sociales.

Rescato, en materia de libertad de expresión, a las nuevas tecnologías que han traído un espacio formidable de expresión ciudadana a través de la interactividad de las redes sociales, así sea Twitter, Facebook o MySpace, entre tantas otras; a todos los periodistas que han sido asesinados por defender el derecho de la población a que se sepan cosas que muchos deshonestos quisieran que permanezcan ocultas y silenciadas; a todos aquellos comunicadores y blogueros que desafían la cárcel, como en Cuba, para informar e iluminar situaciones oscuras; a todos aquellos medios de comunicación que han sido víctima de atentados provenientes del crimen organizado u orquestado por funcionarios públicos o entidades privadas que ven amenazados sus intereses; a la Primera Enmienda de los Estados Unidos que sigue siendo un arma poderosa interpretada por los jueces para limitar a los intolerantes; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a denunciar cada atropello a la libertad de prensa y de expresión más allá de muchos silencios que guardó su casa rectora, la Organización de Estados Americanos; y, como no podría ser de otra manera, resalto también el trabajo irrenunciable, convencido e incansable de la Sociedad Interamericana de Prensa, para poner en la agenda pública internacional todas las violaciones a la libertad de prensa e insistir en que se tomen las medidas correctivas.

Me quedo con este último párrafo, esperanzado y optimista, de que la lucha por la libertad de expresión, el mayor atributo de una sociedad democrática, tolerante, plural y diversa, servirá para seguir mejorando la vida en nuestras comunidades.

Agradezco a todos aquellos que entran a este blog, que leen, discrepan, dejan sus comentarios e ideas, como si estuviéramos reunidos alrededor de una mesa de café. Fue justamente lo de compartir alrededor de una mesa, lo que me llevo a abrir este espacio. Les deseo a todos un excelente 2011 y anhelando que tengamos un año con mayor tolerancia y libertad de expresión.

Dura condena de la SIP a Venezuela

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial.

“Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”.

Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación.

“De nuevo ahora – agregó Marroquín – con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”.

La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que “los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes” que, por ejemplo, “fomenten zozobra en la ciudadanía”, “alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades” o “induzcan al homicidio”.

De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación.

La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”.

“Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.

La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de “servicio o interés público”, lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente.

También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social – sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios – que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado.

La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

Pesimismo por promesas de Calderón

Los periodistas mexicanos no tomaron con el mismo optimismo que nosotros, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité de Protección de Periodistas, las promesas y anuncios que nos hizo el presidente Felipe Calderón este miércoles pasado en una audiencia que nos concedió en la residencia oficial de Los Pinos.

El presidente se comprometió entonces a reimpulsar la federalización de los crímenes contra periodistas, la no prescripción y el agravamiento, además de crear un sistema de protección para reporteros, entre otras medidas, que dijo, serían prioritarias en la agenda del gobierno.

Nuestro optimismo no se vio reflejado entre los periodistas, editores y directores que convergieron en el foro que organizamos el jueves en Casa Lamm.

En los paneles, entre los que se contaron periodistas del interior del país como de la capital, casi todos coincidieron en su escepticismo sobre las promesas de Calderón, algunas de las cuelas hizo años anteriores y otras parecen ser únicamente de origen político, porque en la práctica serán inoperables por la falta de presupuesto adecuado.

Creo sin lugar a dudas, que el hecho de que el gobierno no haya cumplido con sus promesas, se debe también a la falta de seguimiento y de presión que han ejercido los medios, especialmente los más importantes del país, desde Reforma a El Universal, o de Televisa a Milenio o Azteca, para fiscalizar y hacer responsable al gobierno sobre estos temas de violencia contra el periodismo.

En México el dicho añejo ya lo dice, los políticos a lo único que le temen es a los periodicazos, de ahí que sea evidente que muchos políticos solo actúan cuando están presionados por temas que los medios mantienen en la agenda pública.

Más pesimismo

Jorge Zepeda, director editorial de El Universal, se mostró pesimista ante un gobierno que hace poco y nada sobre la materia, y dijo que hay cinco factores que agravan la situación actual de medios y periodistas:

1) que la violencia no proviene solo del crimen organizado, sino también de caciques políticos y corruptos que contratan a los sicarios de los carteles para que asesinen periodistas.
2) Que hay una ola creciente de descalificación contra medios y periodistas.
3) Que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad, favorecen al crimen organizado, que tratan de ganar terreno en el revoltijo de acusaciones y denuncias.
4) Que se incentiva a los medios a cuestionar a otros medios, con lo que se difumina la necesidad de que haya unidad en el gremio para pelear por los mismos intereses.
5) Que el crimen organizado ya ha infiltrado a los medios de comunicación.
Continuaré en el próximo post sobre la posición de periodistas y legisladores en torno a este pesimismo, escepticismo o moderado optimismo sobre las promesas de Calderón.

Censura indirecta

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa, como la presidenta Cristina de Kirchner, quien esta semana en un mitin político, sostuvo que todos pueden decir lo que piensan y quieren en Argentina.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios de comunicación y los periodistas críticos e independientes, aunque la excusa es “controlar sus excesos”.
Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar a ejecutivos de Clarín y La Nación de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio. Se trata de censura indirecta, asumida por el gobierno con una actitud “robinhoodense” aparentando defender a un público vulnerable ante las atrocidades de los medios privados; cuando en realidad el objetivo es asfixiar la crítica y la fiscalización de la opinión pública.

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias; prácticamente el muestrario de obstáculos gubernamentales impuestos a la prensa argentina.

No se trata de procedimientos nuevos ni originales. El papel periódico siempre fue un insumo manejado para coartar la libertad de prensa. Juan Domingo Perón lo restringía a los diarios “opositores”; el partido mexicano PRI, cuando era gobierno, lo discriminaba a quienes no se plegaban a sus políticas y Hugo Chávez restringe las divisas y eleva aranceles para dificultar su importación.

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Con el kirchnerismo se demuestra este principio. Desde hace años está empeñado en acabar con la prensa a la que califica de “opositora”, sin importarle caer en torpezas e incongruencias. Ataca el monopolio de la fabricación de papel periódico y la concentración de medios en manos privadas, con el mismo ímpetu que defiende la concentración de prensa estatal y oficialista, mientras recrea el monopolio de la distribución de periódicos, práctica mafiosa que había sido extirpada por inconstitucional en 1999.
Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.

Los amigos del kirchnerismo esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, por lo que la obligada mala venta de unos será el beneficio de otros. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino; Hugo Chávez expropió RCTV y a su equipamiento, de inversión privada millonaria en todo el país, la robó para operar su propia televisora; mientras Rafael Correa confiscó canales y un diario, a los que prefiere seguir usando como medios de propaganda en lugar de ofrecerlos en licitación.

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que pronto se espera aprobar en Ecuador, la que se proyecta en Brasil y la que anunció esta semana el oficialismo en Bolivia.

Sarcásticamente, todas esas leyes tienen como fin “controlar los excesos de los medios”; o “tutelar” la libertad de prensa, como repite en discursos, leyes y decretos la presidenta Kirchner.

Libertad de prensa Parte I 12 -09-10

Publico en cinco posts una nota que me pidió La Voz del Interior, diario de la ciudad de Córdoba, Argentina, la que fue publicada en su edición del domingo 12 de setiembre.

A pesar de que hace 30 años que América latina recuperó la democracia, persisten problemas básicos que generan desconfianza en las instituciones y evitan el pleno desarrollo de la región: corrupción e impunidad; inseguridad y pobreza, y límites a las libertades, entre ellas, las de prensa y expresión.
El sometimiento de los poderes judiciales a los ejecutivos, congresos que negocian leyes partidarias sin el norte del bien común y una libertad de prensa que es vista como obstáculo y no como contrapeso de la gestión pública, evidencian la debilidad democrática y el autoritarismo, tal como lo revelan las encuestas sobre percepción.
También es evidente que un grupo de gobiernos populistas que emergió en la última década –desde que Hugo Chávez asumió en 1999– ha contribuido al deterioro de la libertad de prensa. Una medición reciente de la organización no gubernamental Freedom House describe cómo los estados autoritarios como Venezuela, Rusia e Irán, no sólo son más represivos, sino más influyentes en la arena internacional.
Y aunque en los últimos meses el péndulo político latinoamericano se inclina más hacia el centro y la derecha, con presidentes como Laura Chinchilla en Costa Rica, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Ricardo Martinelli en Panamá y Juan Manuel Santos en Colombia, todavía persiste una imagen deteriorada de la libertad de prensa, como si se tratara de un derecho que no es humano y que sólo refleja intereses económicos, monopólicos y desestabilizadores.
Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fidel y Raúl Castro, y Daniel Ortega son algunos de los mandatarios cuyos discursos reflejan esta posición. Protestan en contra del poder de la prensa, insultando y atacando a medios y periodistas, sancionando leyes restrictivas; pero, al mismo tiempo, creando un sistema gubernamental en el que la comunicación oficial se hace cada vez más hegemónica y monopólica.
El informe de Freedom House ve un retroceso en los últimos cuatro años y remarca menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio, le atribuye, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.

Libertad de Prensa; Parte II

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) refleja en sus informes semestrales las violaciones a la libertad de prensa, revelando que en países donde más se registran, menor es el grado de desarrollo democrático.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.

Libertad de prensa; Parte III

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que la prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia y critica sufre serias represalias.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.

Libertad de prensa; Parte IV

La censura más grosera y triste en las Américas se sigue dando en Cuba, después de más de medio siglo de opresión a las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación. Lo que tampoco es menor es que aún haya presidentes latinoamericanos que, mientras en sus países y en el mundo abogan por los derechos humanos, peregrinan a La Habana para rendir pleitesía al régimen que sigue violando en forma sistemática los derechos humanos.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.

Violencia contra la prensa

La violencia sigue siendo una de las mayores violaciones a la libertad de prensa en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública y la corrupción. En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre periodistas asesinados y desaparecidos.

Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.

La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.

Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.

Congreso argentino y equilibrio

Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.

Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.

El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.

El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.

También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.

Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.


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