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Impunidad ambiental

Impunidad ambiental

Acabo de terminar un seminario sobre delitos al medio ambiente en Guatemala, y quedé con un sabor amargo ante la evidencia de la catástrofe que se nos avecina por el cambio climático o, lo que es lo mismo, el aumento de la temperatura ambiental.

Para este seminario convocamos al ministro guatemalteco de medio ambiente Luis Alberto fFerraté Felice, a gente de Greenpeace, de Interpol, y ambientalistas, académicos y periodistas de varios países latinoamericanos. El ministro sorprendió por su visión crítica y si bien ejemplificó en varios problemas mundiales que afectan los ecosistemas del país, como el lago de Atitalán y otras cuencas acuíferas, lo más sorprendente es que denunció que de 528 denuncias ante el ministerio público, solo el 2 por ciento de ellas procedieron.

Calificó que la “impunidad ambiental” o la impunidad de los países industrializados para seguir emitiendo gases de carbono, la tala indiscriminada y también clandestina de bosques, la explotación de petróleo y metales preciosos, son responsables de esta catástrofe que se avecina.

Lo peor, consideró, es que las futuras generaciones a los que le dejaremos un legado complejo se adaptarán al nuevo ambiente, convirtiéndose este problema en un círculo vicioso difícil de cerrar si es que no se logran resultados positivos en la próxima cumbre que sobre el medio ambiente se realizará a mediados de diciembre en Copenaghe.

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Hambre

La retórica ruidosa que generan las riñas entre líderes latinoamericanos por mayor espacio ideológico, dificultan prestar atención a las verdaderas amenazas contra la paz y la seguridad en la región: el hambre y la inseguridad alimentaria.
Denominada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como la “crisis silenciosa”, el hambre está repuntando en Latinoamérica después de años en receso, con el potencial de generar peligrosos conflictos sociales como se teme en Guatemala, donde se anunció esta semana que 4.059 poblados fueron afectados por una sequía que destruyó entre un 60 y un 90 por ciento los sembradíos de maíz y frijol.
La falta de alimentos y la inseguridad alimentaria como consecuencia de malas políticas agropecuarias, agravadas por la recesión internacional, el alto valor de los combustibles, las plagas y los bruscos cambios climáticos, están creando nuevos bolsones de pobreza. Hoy existen en Latinoamérica 53 millones de personas hambrientas, 13 por ciento más que en el 2008, de un total de 1.100 millones de desnutridos en todo el mundo, cifra que aumentará un 11 por ciento para diciembre, según la FAO.
Más allá de la disfuncionalidad física e intelectual que provoca el hambre, se trata también de un foco de desestabilización silenciosa capaz de originar sus propios golpes de Estado. Solo basta recordar el proceso que vivió Haití en abril de 2008 cuando por falta de comida hubo avalanchas humanas que produjeron muerte, destrucción y la destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis. Por aquella época, el presidente de México, Felipe Calderón debió crear subsidios especiales para confrontar la “crisis de la tortilla”, un sobreprecio de un 60 por ciento del maíz, que alimentó aires desestabilizadores para el PAN, su partido político.
El hambre y la crisis están creando bombas que de no ser desactivadas a tiempo pueden detonar hasta en los lugares más insospechados. No por nada, el Papa Benedicto XVI acaba de desafiar al gobierno de Cristina de Kirchner para “reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social”.
En ese país, otrora el “granero del mundo”, existen bolsas de hambruna por doquier. Aunque el gobierno argentino manipule los índices oficiales, un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina certifica que 14 millones de personas, 39 por ciento de la población, son pobres, mientras que cuatro son indigentes. Solo en la provincia del Chaco, unos 2.000 indígenas siguen hoy protestando contra el hambre y la pobreza extrema frente a la sede del gobierno provincial, tras no haberse cumplido un fallo judicial supremo del 2007 que ordenaba paliar la desnutrición que cobró la vida de 22 indígenas de la zona.
Casi toda la población desnutrida del planeta vive en países en desarrollo debido, en parte, a la desigualdad en la distribución de la riqueza, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Las poblaciones indígenas, como muestran los ejemplos de Guatemala y Argentina, son las más vulnerables, alcanzando cifras escalofriantes. Un 48 por ciento de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y raquitismo. Cifras preocupantes se dan en otros países como Honduras y El Salvador.
La falta de alimentos no reconoce fronteras. Las naciones más desarrolladas, siempre más previsoras, están agresivamente adoptando políticas “ventajistas” que aumentarán la crisis a largo plazo. Arabia Saudita, Japón, así como otros países asiáticos, están alquilando tierras en países subdesarrollados para suplir sus faltantes de alimentos.
Culpables o no, los países ricos y los pobres deberán sentarse a la misma mesa en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de noviembre en Roma. Obligados a comer juntos, tendrán que digerir jornadas de negociaciones para impulsar mayores inversiones públicas y privadas en la agricultura, generar políticas de combustibles y fertilizantes alternativos para no agravar el cambio climático y crear programas de incentivos para devolver los campesinos al campo, ofreciéndoles tecnología barata y financiamiento.
Latinoamérica y el Caribe tienen un futuro brillante en la lucha mundial contra el hambre. Los recursos humanos y naturales son extraordinarios. Solo le basta a los políticos bajar los decibeles, dejar de pelearse y congeniar estrategias de producción. El trabajo y el empleo se encargarán de fortalecer la seguridad alimentaria y la democrática.

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Marchas y contramarchas

Movilizaciones El video póstumo del abogado Rodrigo Rosemberg que acusó a la Presidencia de Guatemala de ser responsable de su asesinato, arrastró al presidente Álvaro Colom a incurrir en un grave abuso de autoridad: organizó una marcha masiva con sus partidarios políticos y empleados de la administración pública, para contrarrestar una protesta legítima de la sociedad civil que grita por más justicia y menos impunidad.
Este recurso utilizado por Colom es habitual entre otros gobiernos latinoamericanos. Las contramarchas o movilizaciones de auto apoyo gubernamental, como también las organizan Hugo Chávez, Daniel Ortega y Cristina de Kirchner, entre otros presidentes, buscan neutralizar protestas públicas de oponentes; intimidar a disidentes, creando inseguridad para desmotivar futuros reclamos; mostrar o medir fuerza política; y polarizar, lo que atomiza a la población que se ve obligada a escoger entre estar a favor o en contra, todo o nada, sí o no.
Las contramarchas son antidemocráticas desde su concepción. El derecho de reunión, explícito en todas las constituciones del continente – junto a los de la vida, expresión, justicia y libre asociación – es un derecho de la persona como individuo, y el Estado, como entidad jurídica, no lo puede asumir como suyo, sino garantizarlo, defenderlo y protegerlo.
Sobre este deber de protección del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo de febrero contra Venezuela en materia de libertad de expresión – lo que puede ser extrapolado al derecho de reunión – manifestó que si bien los gobernantes pueden expresarse libremente (o promover una manifestación) tienen más restricciones y responsabilidades que los individuos, ya que no pueden menoscabar las garantías individuales, mucho menos en situaciones de conflictividad y sensibilidad social, debido a los riesgos que se pueden generar contra las personas y grupos involucrados.
Las contramarchas suelen tener además tres características que las desacreditan institucionalmente. Dilapidan recursos públicos, utilizan fuerzas de choque para atemorizar y promueven métodos propagandísticos anti minorías.
Valen estos ejemplos. Se calcula que el presidente Colom gastó casi un millón de dólares para convocar a miles de funcionarios partidarios electos de todo el país a su movilización y así debilitar los efectos del video de Rosemberg. Es conocido que el chavismo venezolano, el sandinismo nicaragüense y el kirchnerismo argentino reclutan fuerzas de choque – camisas rojas, consejos del poder ciudadano y piqueteros – para contrarrestar manifestaciones estudiantiles, marchas por elecciones fraudulentas o en apoyo al sector agropecuario. Y más grave aún, es que los gobiernos, al mantener aceitados sus aparatos de propaganda ideológica para arengar a sus mayorías, olvidan que la democracia implica atender y respetar las necesidades de las minorías.
Entre esas minorías se ubican las fuerzas de oposición, las que sí pueden adjudicarse el derecho de reunión. Por eso no es malo que Manuel López Obrador reúna a miles todos los días en las calles de México para acusar a Felipe Calderón de haberle robado la Presidencia; y es bueno que Calderón no salga a contestar con una contramarcha para justificar su legitimidad.
A un gobierno democrático no se le ocurriría perder el tiempo en organizar marchas políticas de auto apoyo. Michele Bachelet ni Nicolás Sarkozy ni Barack Obama convocarían a sus masas de partidarios para contrapesar las quejas de la oposición sobre carencia de justicia o transparencia.
Los gobiernos deberían hasta abstenerse de convocar reuniones masivas para promover fines altruistas, como el de José Luis Rodríguez Zapatero en contra de la violencia de la ETA o el de Alvaro Uribe por los secuestrados de las FARC. Es que al final, como el hábito hace al monje, pueden terminar cayendo en la tentación de utilizar los métodos de las contramarchas para incentivar otros fines de corte político o comprar mayores lealtades.
Aunque las contramarchas no son ilegales, porque no hay leyes que las reglamenten, prohíban o condenen, demuestran la debilidad del gobierno, siendo ética y democráticamente reprobables. Los Congresos deberían ser los encargados de fiscalizar a los gobiernos que las organizan, porque derrochan recursos que pertenecen a todos los ciudadanos; porque masifican a las mayorías violentando a las minorías; y porque polarizan y atomizan, motivando a que seamos cada vez más apáticos y descreídos de las instituciones democráticas.

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Libre acceso informativo en Guatemala

El 21 de abril próximo será un día muy especial para Guatemala. Entrará en vigencia la Ley de Acceso a la información Pública. Sobre el tema, el diario Prensa Libre de ese país me hizo la entrevista a continuación:

¿Qué piensa de la entrada en vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información en Guatemala?

Es trascendental esta ley para el pueblo guatemalteco, ya que marca el preciso momento donde el Estado y su gobierno reconocen que son solo administradores de la información la cual siempre le perteneció al pueblo, pero que muchas veces se negó a compartir. Hay de ahora en más un compromiso de transparencia y de apertura que ayuda a terminar con siglos de oscurantismo, en los que el Estado se situaba por arriba – casi como un vigilante o un “gran hermano” – de los ciudadanos. Esta ley demanda igualdad.

¿Qué importancia tiene a nivel internacional?

Guatemala se suma a un grupo de naciones del continente americano rompiendo con la cultura del secretismo, reconociendo que un eje fundamental de la democracia es la obligación del gobierno de permitir que cualquier ciudadano, con solo desearlo y en plena libertad, puede acceder a información que le parezca pertinente para su vida, así sea para beneficio propio o para fiscalizar al gobierno.

¿Qué expectativas tienen como Sociedad Interamericana de Prensa?

Las autoridades de la SIP han manifestado su satisfacción de que a un año de haber realizado un foro sobre este tema en Guatemala, con la presencia del presidente Alvaro Colom y un grupo de legisladores nacionales, se haya sancionado y puesto pronto en vigencia esta ley, cumpliéndose con los preceptos de la Declaración de Chapultepec, la cual indica que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

¿Qué observaciones hace del proceso de implementación de la Ley?

El gran desafío sobre su implementación es el proceso educativo que debe seguirse en los primeros meses y en forma permanente luego, para que se enseñe sobre sus alcances y mecanismos. Sancionar una ley no es tarea tan difícil como sí implementarla y cumplirla. Debe existir un compromiso social que involucre tanto a las organizaciones no gubernamentales y del sector civil, a los poderes públicos, a los centros educativos, así como a los medios de comunicación, para que en una forma comprensible, clara y sencilla, se eduque a los ciudadanos sobre su importancia y los instrumentos para cómo, dónde y para qué utilizarla, así como establecer para los funcionarios las penalidades que pueden caber en caso de no cumplir con ella.

¿Qué recomendaciones hace para el ciudadano y para el sector público?

Los ciudadanos y los funcionarios comparten una misma obligación (a pesar de que algunos por el momento no comprendan para qué servirá esta ley) respecto a que deben exigir que las escuelas, primarias y secundarias, tomen un papel muy activo en la educación sobre esta ley, para que los niños y menores de ahora puedan crecer en una cultura de apertura y transparencia, ayudándoles a crear el hábito de pedir información. En la repetición del hábito se crea costumbre y luego cultura. Esta ley, bien utilizada, es un instrumento excepcional para enseñar educación cívica, valores ciudadanos y crear así una sociedad futura mucho más democrática.

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Violencia en Honduras y Guatemala

Lamentablemente los altos índices de inseguridad, incontrolables en muchos países latinoamericanos, se cobró la vida de otros dos periodistas, por causas que todavía deben establecerse y sobre las que no hay evidencia concreta de que hayan sucedido debido a su trabajo profesional.

No por ello, estas muertes no dejan de ser una afrenta a la seguridad ciudadana y posiblemente hayan sido tiros directos a la libertad de información. Se requiere que las autoridades de Honduras y Guatemala se aboquen a esclarecer estos hechos y lleven a los responsables ante la justicia.

En San Pedro Sula, Honduras, fue asesinado el martes por la tarde el periodista Rafael Munguía, quien trabajaba para Radio Cadena Voces (RCV). Fue atacado a balazos por hombres armados que se conducían en un carro particular, color verde, según informes de emisoras de radio en aquella ciudad. Tras atacarlo a tiros, los delincuentes le arrastraron algunos metros con el carro en que se conducía, según publicó La Prensa de esa ciudad hondureña.

Por otra parte, en ciudad de Guatemala, en plena vía pública fue asesinado a tiros esta tarde el periodista Rolando Santis, en un ataque en el que también resultó herido su camarógrafo Antonio de León, ambos pertenecientes a Canal 13. Santis falleció en el lugar de los hechos y el camarógrafo fue trasladado a un hospital. El periodista iba manejando un automóvil y cuando fue alcanzado por los disparos, atropelló varios puestos de ventas callejeras.

Durante la reunión semestral de la SIP que sostuvimos en Asunción a mediados de marzo, se dio a conocer que en los últimos 20 años, en Latinoamérica han sido asesinados 332 periodistas en el ejercicio de su profesión.

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Rescatando a Irma

El gobierno del presidente de Guatemala, Alvaro Colom, se comportó a la altura de las circunstancias y compromisos adquiridos por el Estado, al entregar una carta de perdón a los familiares de la periodista Irma Flaquer Azurdia, desparecida en 1980.

Desde que en 1995 me puse al frente del proyecto Crímenes Sin Castigo contra Periodista de la SIP, el caso de Irma Flaquer fue uno de los primeros que investigamos y que presentamos dos años después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este caso empezamos un largo camino para combatir la violencia contra los periodistas y crear, dentro del sistema interamericano de justicia, los antecedentes necesarios para fortalecer la lucha por la libertad de prensa y en contra de la impunidad. Decidimos que la vida, la obra y la muerte de Irma no debían ser en vano y por ello rescatamos del olvido general un caso que en forma negligente el Estado y la sociedad habían pisoteado.

De esa forma y con un largo peregrinar en el sistema interamericano y lidiando con decenas de reuniones con gestores de los gobiernos guatemaltecos pasados y presionando y presionando, logramos que el Estado guatemalteco, en agosto de 2000, reconociera su “responsabilidad internacional” gracias a una vocación de restauración de la memoria del pueblo guatemalteco – que un Estado reconociera su “responsabilidad internacional”.

Aquella medida desencadenó en la negociación de una “solución amistosa”, de la que, entre el Estado, la SIP y la CIDH, emergió el 2 de marzo de 2001, un compromiso de 12 puntos que incluye el nombre de una beca de estudio, de una calle, de una sala de biblioteca, de un curso de capacitación, así como la publicación de un libro y un documental sobre la prolífica y valiente vida de Irma Flaquer, además de la justa indemnización económica y moral para sus familiares.

Cuando Irma fue desaparecida en plan calle de la ciudad de Guatemala en una emboscada realizada por hombres encapuchados y en la que su hijo perdió la vida, todos supieron de inmediato que Irma no regresaría viva. Todavía hoy nuestras investigaciones están pendientes ya que no se sabe donde enterraron su cuerpo ni siquiera si fueron los guerrilleros o los militares quienes dispusieron de ella.

Por aquella época, se calcula que la guerra civil guatemalteca arrebató la vida de 300 mil personas.

Si bien es necesario estar agradecido que el gobierno haya cumplido con su compromiso, es necesario que también se siga dedicando a buscar, investigar y descubrir a los verdaderos asesinos. Esa es la única o la más valiosa restauración que Irma nos pide. Su caso nos recuerda cuán frágil es la libertad de expresión y lo importante de este principio para la solidez de la democracia. Administrar justicia llevará a los guatemaltecos a tener un mayor compromiso con esos principios.

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Desestabilizadores de la democracia

El presidente Alvaro Colom de Guatemala no pudo celebrar mejor su primer año de gobierno que sumándose a otros mandatarios latinoamericanos para acusar a periodistas, columnistas, medios, líderes de la oposición o de sindicatos y asociaciones civiles de “desestabilizar la democracia”.

Colom se sumó así a otros que denuncian frecuentemente conjuras y conspiraciones como especialmente lo hace Hugo Chávez, además de Evo Morales, Manuel Zelaya, Alvaro Uribe, Cristina de Kirchner, Rafael Correa, etc.

Colom aludió esta vez a críticas que el diario más importante de Guatemala, Prensa Libre, hizo sobre la labor de su gobierno y la de su esposa, tal vez para tapar problemas graves de su Presidencia que no está pudiendo conciliar, como es la creciente inseguridad pública y la pobreza. Ya en diciembre había denunciado planes para asesinarlo. En ambos casos, como ocurre con la mayoría de los presidentes, no aportó pruebas ni sobre la conspiración ni sobre la desestabilización.

Es una vieja treta que usa continuamente Hugo Chávez – ha detectado casi una docena de planes para asesinarlo, muy al estilo a los que detectaba Fidel Castro en su contra cuando todavía reinaba sobre la isla – quien ahora criticó de desestabilizador a un ex diputado que lo denunció por entregar más de 53.000 millones de dólares a otros países, a costa de su propio pueblo.

Seguramente en estos días, Chávez se despachará con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió una sentencia a favor de jueces venezolanos que fueron expulsados del Poder Judicial por haber declarado inconstitucional el trabajo de médicos cubanos en territorio venezolano sin la reválida necesaria. Como ya hizo en otras oportunidades el Estado venezolano, imitando al gobierno de Fujimori-Montesinos, desconocerá por completo la sentencia del tribunal interamericano, un desacato que sigue rasgando los valores democráticos.

Volviendo a Guatemala, tal vez Colom está descontento con lo que piensa la gente y por eso ataca a los diarios que han estado publicando encuestas de opinión sobre su mandato y alínea s sus periodistas con los intereses del crimen organizado. El diario El Periódico canalizó un sondeo reciente en que el 78.8 por ciento señaló que en la actualidad el país ha empeorado en relación con el gobierno anterior, el 16 por ciento opinó que sigue ”igual” y sólo el 5.2 por ciento consideró que ha “mejorado”. Esa percepción negativa se repite en el 74.1 por ciento de guatemaltecos que cree que el país ”va por el rumbo equivocado”, frente al 20.3 por ciento que piensa que “va por el camino correcto”.

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Inseguridad en autobuses

Como tantos otros países en América Latina, los guatemaltecos se sienten desamparados frente a la violencia de las maras o pandillas. En un seminario que terminamos este viernes en Guatemala sobre riesgos a los que se exponen los periodistas, descubrí que uno de los temores más grandes no es a las coberturas difíciles o a las represalias por lo que se dice u opina.

En Guatemala hay un crimen muy particular y afecta particularmente a los choferes o pilotos (como se les dice aquí) de autobuses. Ayer se reportaron dos asesinatos más de choferes a manos de adolescentes pandilleros que les exigen “impuestos”. En lo que va del año, 108 conductores fueron asesinados por negarse a pagar la extorsión.

Más allá de estos crímenes, la indefensión es general. Un artículo de este viernes de Prensa Libre explica: El temor causado por la violencia impacta en las diferentes clases sociales, ya que hay atracos y homicidios en las calles, en los autobuses, en las rutas y sectores de alta plusvalía, como la carretera a El Salvador.

Como en el resto de América Latina la inseguridad pública no deviene solamente de la violencia sino más bien, de la impunidad. Solo una persona ha sido capturada de los 108 casos de conductores asesinados.

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La percepción de la corrupción

La medición de la corrupción se hace sobre la base de las percepciones. Transparencia Internacional establece un índice de percepción anual en el que cataloga – de acuerdo a numerosas variantes como por ejemplo si se han adoptado normas de transparencia – cuán corrupto es un país comparándolo a otros 180.

A Guatemala (donde estamos dictando con la SIP un curso sobre investigación y lavado de dinero) como al resto de los países latinoamericanos no le va nada bien, formando así parte de un denominador común, en que las naciones más subdesarrolladas o más pobres o con menos niveles de libertad de expresión, suelen ser los más corruptos.

De acuerdo al sociólogo, Alejandro Urizar, de Acción Ciudadana en Guatemala, su país obtuvo en 1998 un índice de 3.1 en la escala de 0 a 10, siendo 0 el extremo más corrupto, aunque en años posteriores decayó y luego del 2004 volvió a una puntuación del 3.2, debido a que se adoptaron normas estructurales, tales como: la creación de Guatecompras en 2003; la designación de un Comisionado Presidencial por la Transparencia en 2004; la reforma de la ley electoral y de partidos políticos en 2004; ratificación de la Convención sobre la Corrupción de la ONU en 2006; la creación del Vice ministerio de Transparencia en 2008 y también este año la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Pero todo esto es sobre la base de las percepciones institucionales. Urizar presentó otro cuadro de percepciones pero basadas en las de los ciudadanos de a pie, de los propios guatemaltecos sobre qué piensan de la corrupción en su país.

El 60% de los guatemaltecos piensa que es imposible acabar con la corrupción, y que es más imposible todavía a nivel nacional, ya que consideran que los hechos ilícitos son cometidos y permanecen más impunes en la élite del país.

El 68% percibió que la corrupción de este año es mayor a la del año pasado y menor al del próximo. Dato este que demuestra un pesimismo apabullante de la ciudadanía.

Para combatir la corrupción, el 96% estima que se debe aumentar y mejorar la educación en el hogar, que los medios deben denunciarla continuamente y que se debe premiar a los funcionarios no corruptos para incentivar a los demás.

El 87% piensa que los políticos forman parte del grupo más corrupto y el 44.5% estima que el sistema judicial débil es el responsable de que no se pueda avanzar en contra de la corrupción.

Los guatemaltecos piensan que las siguientes instituciones ayudan a combatir la corrupción, en el siguiente orden: la familia, la iglesia, los grupos de mujeres, medios de comunicación en el cuarto, el gobierno, el ejército, las empresas, los sindicatos, la policía y, último, los partidos políticos.

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