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Corrupción: publicidad oficial

No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.

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Correa, imágenes y su credibilidad

En momentos que reina la incertidumbre sobre la intermediación de Oscar Arias en el conflicto hondureño, el video de las FARC que difundió la agencia AP, en el que el “Mono” Jojoy relata que esa narcoguerrilla dio dinero a la campaña presidencial de Rafael Correa en el 2006, conmovió a la opinión pública internacional y asestó un duro golpe a la credibilidad del gobierno ecuatoriano.

Por supuesto que era de esperar que Correa saliera en su alocución sabatina de hoy a despotricar contra los colombianos, contra la prensa internacional, con el gobierno de Estados Unidos y hasta contra los golpistas hondureños, ya que para él, este video que describe la corrupción en el inicio de su gobierno, es una payasada y una cantinflada.

La gente suele desconfiar de las palabras, pero no mucho de las imágenes, porque éstas dan la certeza y corroboran como ocurren los hechos. Aquel dicho de que “una imagen vale más que mil palabras” recobra fuerza en esta circunstancia. Las imágenes, fotos y videos, nos acercan a la verdad y dejan en evidencia a quien desmienten los hechos.

Eso sucedió con la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori que siempre fue tapada y solapada hasta que aparecieron los videos grabados por su asesor, Vladimiro Montesinos, para mostrar la forma en que la administración peruana extorsionaba, corrompía y compraba influencias. Las fotos del padre Alberto Cutié también fueron reveladoras del affair que mantenía con una mujer, y a pesar de que se desmintieron y de que se decía que eran parte de un arreglo o de un montaje, finalmente las fotografías pudieron más, e hicieron que Cutié se casara y cambiara de denominación religiosa.

Las imágenes sobre las guerras en Irak y Afganistán siempre generaron discusiones, desde las menos complicadas como las de ataúdes con cuerpos de soldados estadounidenses que fueron prohibidas a los periodistas, hasta las más conflictivas, como las que se filtraron en el 2004 desde la cárcel de Abu Ghraib exponiendo casos aberrantes de tortura, en la que estaban involucrados los carceleros militares estadounidenses.

Veremos cómo hará para salir de este embrollo Correa. Obviamente lo hará de la misma forma que siempre ha tratado de desprenderse de todos sus males, acusando a la oposición, a la prensa, a Colombia y a Estados Unidos de ser los causantes de todo. Aunque Correa no haga nada o nada pase al respecto, lo bueno de este video de las FARC es que lo hará callar un poquito y tal vez reconsidere no mostrarse tan arrogante, desafiante y burlón, ya que tendrá miedo que pudiera haber más imágenes reveladoras que estarían esperando que se desboque para dejarlo en el mayor de los ridículos como ahora.

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Enriquecimiento ilícito

La historia se repite, muy a menudo y, para peor, con bastante impunidad. El enriquecimiento ilícito es un delito penado en todos los códigos penales, pero rara vez es aplicado a quienes ostentan los máximos cargos en un país, ya que todo se disfraza con un tamiz político que suele trabar todo intento por hacer justicia.

Distinta es la situación cuando estos funcionarios dejan sus puestos y entonces los jueces, los fiscales y los demás políticos o ciudadanos se sienten más libres, independientes y sin presiones para denunciar hechos de enriquecimiento ilícito, habiendo mayores probabilidades de que se les “pase factura”. Los casos contra los presidentes Carlos Menem, Alberto Fujimori y Augusto Pinochet, son solo un par de ejemplos de la impunidad que gozaron mientras fueron presidentes, hasta que dejado el cargo, terminaron siendo juzgados, procesados y castigados por enriquecimiento ilícito, entre tantos otros delitos.

El caso del matrimonio Kirchner parece que tiene estos ingredientes. Se mantiene y seguramente se mantendrá a flote durante la presidencia de Cristina de Kirchner o mientras el matrimonio dure en el poder, pero cuando dejen la Presidencia, habrá más independencia y menos presiones en la Justicia para que se pueda hacer justicia.

La prensa argentina viene denunciando en estas semanas que la fortuna de la presidenta y el ex presidente creció en el 2008 el 158% y 600% en los últimos seis, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003.

Su fortuna se incrementó en el 2008 gracias a la venta un terreno fiscal por de 20.095 metros cuadrados en la zona patagónica de El Calafate que la pareja había comprado por unos 34.750 dólares. Lo vendieron en 1.65 millones de dólares. Sobre esta compraventa pesaba una denuncia penal, pero fue desestimada por un juez.

Durante estos años presidenciales, los Kirchner también siguieron expandiendo sus negocios de hotelería, lo que de inmediato genera dudas teniendo en cuenta que un presidente de un país siempre tendrá ciertos privilegios o, al menos, otros involucrados en negocios siempre tratarán de beneficiarlos con la idea de recibir algo a cambio.

A pesar de que todas las acciones y los dineros obtenidos hayan sido legítima y legalmente conseguidos, es importante que un presidente no actúe solo como tal sino que además de la apariencia de hacerlo. Pero como eso no sucede, salvo excepciones en Latinoamérica – repasemos en cada uno de nuestros países los casos de enriquecimiento ilícito (y nepotismo) que involucran a presidentes de los poderes públicos como Rafael Correa con su hermano, Hugo Chávez con su familia, Alvaro Uribe con su primo, José Sarney en Brasil, entre otros – sería importante que todos quienes asumen cargos públicos de cierto nivel jerárquico para arriba, tuvieran vedado por ley la oportunidad de seguir haciendo negocios como particulares.

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Zelaya y una gran oportunidad

El presidente Manuel Zelaya tiene la gran oportunidad de combatir la corrupción ordenando una exhaustiva investigación de la compañía estatal de telecomunicaciones, Hondutel, cuyos funcionarios fueron acusados indirectamente de haber recibido más de un millón de dólares en sobornos de parte de una empresa estadounidense.

Zelaya – tras la noticia sobre que un tribunal federal de Miami declaró culpable a la empresa Latin Node la que deberá pagar dos millones de dólares en multas al Departamento de Justicia – prefirió enviar una delegación de funcionarios a Miami para contratar a abogados y demandar a Otto Reich, ex subsecretario de Estado durante la presidencia de George Bush.

Reich, que solo fue citado por el diario El Nuevo Herald y que no tuvo participación alguna en los hechos que involucraron a Hindotel, dio a entender que el presidente Zelaya “ha permitido o alentado este tipo de prácticas”, diciendo conocer el esquema de corrupción al haber sido asesor de otra compañía a la que funcionarios hondureños le exigieron sobornos a cambio de beneficios contractuales.

Más allá de que Zelaya esté en todo su derecho de considerarse agraviado, su mayor responsabilidad como gobernante no debería ser echar una cortina de humo sobre el caso tratando de culpar al mensajero, sino ordenar una investigación que determine quienes son los funcionarios de Hondutel que embolsaron 1.09 millones de dólares en sobornos para beneficiar a Latin Node, deslindar responsabilidades y alcanzar el máximo grado de transparencia.

Mejor sería seguir la posición que se adoptó en Estados Unidos contra la compañía privada, cuyo casos de soborno fueron investigados por los abogados de la propia empresa luego de que cambió de manos propietarias, la información fue dada a conocer al Departamento de Justicia, y tras probarse la irregularidad, la justicia, la semana pasada, la declaró culpable. Los administradores corruptos de la compañía fueron despedidos hace tiempo y se desconoce todavía qué tipo de sanciones recibirán.

Falta por verse que pasará en Hondutel. Esperemos que se evite caer en la tentación de acusar que la denuncia se debe a una campaña política desestabilizadora o de descrédito y que todo quede en la nada.

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Corrupción al más alto nivel

Los últimos días han sido prolíficos en casos de corrupción que se produjeron en países desarrollados, pero que afectaron también a países en vías de desarrollo.

Con el mismo patrón que viene sucediendo con las multinacionales que están sobornando a funcionarios de países en desarrollo, esta semana se conoció en un tribunal de la capital estadounidense que la empresa de origen alemana, Siemens, es responsable de corrupción en países como Argentina, México y Venezuela, al violar la Ley Internacional Anticorrupción.

Este tipo de corrupción es normal en países donde los gobiernos son más vulnerables y en lo que no existen controles o los poderes judiciales están maniatados al poder político.
Dos filiales de Siemens pagaron alrededor de $16.7 millones en coimas a funcionarios venezolanos entre el 2001 y 2007 a cambio de la adjudicación de sistemas de transporte público de Maracaibo y Valencia, en una operación que generó $642 millones para la empresa alemana.

Entre 1998 y 1999 Siemens desembolsó $40 millones en coimas a funcionarios argentinos – 2,6 millones para el presidente de entonces, Carlos Menem – a cambio de adjudicarse la fabricación de documentos de identidad por un valor de $1.200 millones. En México, Siemens pagó $2.6 millones en coimas a funcionarios de le empresa Petróleos Mexicanos para destrabar disputas sobre la modernización de una refinería.

Asimismo, Siemens también obtuvo contratos para instalar redes de telefonía móvil en Bangladesh y equipos médicos en Vietnam, China y Rusia. Asimismo, pagó sobornos a ministros iraquíes para tener acceso al programa de Naciones Unidas de petróleo por alimentos.
Madoff

La crisis financiera desatada en Wall Street no podía estar mejor sazonada que con un mega fraude millonario, valorado en $50.000 millones, producido por uno de los gurú financieros del momento, considerado por sus grandes logros y respetado por millonarios, bancos de renombre mundial, fondos de inversiones, empresas multinacionales y hasta por el propio gobierno estadounidense.

Bernard Madoff, de 70 años, ex presidente de la bolsa de valores Nasdaq, fue detenido el jueves y luego liberado bajo una fianza de 10 millones. Las pérdidas que originó a bancos europeos despertó la ira – nuevamente – sobre la falta de regulaciones en Estados Unidos para detectar fraudes con anticipación, un aspecto que le dará el presidente electo, Barack Obama, una excusa para manejar a Wall Street con mano de hierro.

Sector público
No todo está vinculado al sector privado, la corrupción también fue noticia en el sector público de Estados Unidos, y no podía ser en otro lugar que en Chicago, una ciudad que hasta Hollywood la ha inmortalizado como de las más mafiosas del país.

La Cámara de Representantes de Illinois finalmente decidió iniciar un juicio político contra el gobernador Rod Blagojevich, acusado de corrupción y detenido la semana pasada por supuestamente haber intentado “vender” el escaño en el Senado de Illinois que dejó vacante el presidente electo Barack Obama. También fue acusado por investigadores federales de haber extorsionado a donantes de su campaña a cambio de puestos en el gobierno estatal, contratos y designaciones en juntas administrativas y comisiones estatales.

El gobernador también había presionado al diario Chicago Tribune para que despidiera a todo su consejo editorial a cambio de hacer arreglos correspondientes para la venta del equipo de béisbol “Los cachorros”, propiedad del periódico.

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Corrupción y elecciones

El “valijagate”, como se conoce al caso del maletín con 800 mil dólares que el presidente Hugo Chávez envió a la campaña de Cristina de Kirchner, desnudó una vez más esa rancia práctica latinoamericana de malversar fondos públicos para apoyar procesos electorales.

¡Peor aún! El “valijagate” demuestra que quienes ostentan las máximas investiduras y cuyo deber es administrar y resguardar los dineros de todos los ciudadanos, terminan siendo los máximos sospechosos de fraude, inmunizándose detrás de blindajes legales y jurídicos.

No es la primera vez que los gobernantes elegidos están teñidos de corrupción antes de jurar sobre la Biblia. Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari en México, Abel Pacheco en Costa Rica o Arnoldo Alemán en Nicaragua son ejemplos claros de estafa electoral, aunque los dos últimos también fueron procesados por delitos aún más graves.

En el caso venezolano-argentino es irrelevante si se trató de un solo maletín o de varios. Lo importante es que corporizó una forma delincuencial que se habría utilizado también en las campañas electorales de México, Perú, Guatemala, apoyando a candidatos perdedores como López Obrador, Ollanta Humalá y Pablo Monsanto; y patrocinando a triunfadores como Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.

Pero el peligro actual, no es sólo que las campañas estén embardunadas con dineros espurios del erario público, sino que estén infiltradas por fondos del narcotráfico. Así se sospechó en las elecciones de los ex presidentes colombianos Belisario Betancourt y Alfonso López Michelsen; y luego se acusó al ex mandatario, Ernesto Samper, quien habría recibido fondos millonarios de parte del Cartel de Cali.

En México, si bien el Instituto Federal Electoral pudo detectar dineros mal usados en las campañas de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, su sistema de fiscalización y la ley son ineficientes para delatar los dineros del narcotráfico, que ya fueron utilizados para ganar numerosas alcaldías e infiltrar legislaturas en toda la nación, lo que representa el gran desafío actual y a futuro.

A pesar de que el juicio que culminó en Miami arrojó luz sobre la corrupción en Argentina y Venezuela, existe la sensación de que ni Chávez ni los Kirchner harán nada y que la inacción de jueces comprometidos con el poder político permitirá que el caso se disuelva en el tiempo o, con suerte, se proyecte hasta después de sus gestiones.

La prensa es el único elemento que ha podido combatir esa inacción judicial, investigando y hasta supliendo al ministerio público. Su persistencia en la denuncia de los actos ilícitos fomenta opinión pública y presión social, tejiéndose así un mecanismo de intolerancia social que obliga a la justicia a actuar de oficio o, por lo menos, a reaccionar por vergüenza.

Así quedó demostrado en un reciente escándalo en Perú. Tras la difusión por la prensa de los “petroaudios” a principios de octubre – conversaciones telefónicas sobre negociaciones ilícitas que favorecían a la petrolera noruega Discovery Petroleum – el presidente Alan García se vio obligado a cambiar gran parte de su gabinete y la fiscalía anticorrupción se apresuró a enjuiciar funcionarios.

En Perú, la intolerancia a la corrupción es producto del hastío producido por los aquelarres de la época del ex presidente Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, quienes usando dinero público y del narcotráfico para ganar elecciones y conciencias, desbordaron la capacidad de asombro del pueblo.

Esa repulsión a la corrupción no se ha logrado en otros países en los que por enriquecimiento ilícito, y otros graves delitos, se ha procesado a decenas de presidentes de todas las ideologías y latitudes, como los casos de Carlos Menem; Carlos Andrés Pérez; Augusto Pinochet; Fernando Collor de Melo; Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis González Macchi (Paraguay); Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Novoa (Ecuador); y Jorge Serrano Elías y Alfonso Portillo (Guatemala).

Estos casos de corrupción al más alto nivel, y los procesos electorales irregulares, son síntomas de la permisividad que permite una justicia débil. Pero perseguir a los corruptos no es suficiente, como demuestran los ejemplos mencionados. Se necesita erradicar la cultura de la ilicitud, mediante la alianza de la sociedad civil y los medios de comunicación, con el objetivo de educar, prevenir y crear tolerancia cero.

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Corrupción multinacional

Mucha de la corrupción en Latinoamérica es producto de la acción de las grandes empresas multinacionales que, aprovechándose de la debilidad legal y de la vulnerabilidad de los gobiernos, terminan corrompiendo a los sistemas públicos.

Prueba de ello es los que sucedió en estas semanas con la constructora sueca Skanska en Argentina y con la petrolera noruega Discovery Petroleum en Perú.

Skanska, según un peritaje contable de 34 hojas ordenado por un juez federal argentino cuyo objetivo es investigar el soborno a funcionarios públicos, habría cobrado unos $19.2 millones de más por la instalación de tres plantas compresoras de gas en el interior del país. Skanska ya tenía abierto en su contra un proceso por evasión impositiva y otro por sobreprecio y sobornos.

Las irregularidades fueron puestas a desnudo por unas grabaciones entre funcionarios de la multinacional que difundió la prensa.

Un escándalo parecido sucedió en Perú cuando a principios de octubre – también a través de unas grabaciones clandestinas difundidas por la prensa – se descubrió que funcionarios del gobierno de Alan García y ejecutivos de la petrolera estaban acordando sobornos y favores a cambio de tierras de explotación.

Lo más significativo de todo esto es que rara vez las multinacionales comenten actos corruptos en sus países sede o en los desarrollados, quizás, por los mayores controles legales y los menores índices de impunidad. Los países menos pudientes deberían revisar sus estándares y adecuarlos a los niveles internacionales y a las convenciones multinacionales sobre corrupción, de tal forma que un corrupto o una empresa privada en el extranjero reciba castigos similares que signifiquen verdaderos elementos disuasivos.

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La percepción de la corrupción

La medición de la corrupción se hace sobre la base de las percepciones. Transparencia Internacional establece un índice de percepción anual en el que cataloga – de acuerdo a numerosas variantes como por ejemplo si se han adoptado normas de transparencia – cuán corrupto es un país comparándolo a otros 180.

A Guatemala (donde estamos dictando con la SIP un curso sobre investigación y lavado de dinero) como al resto de los países latinoamericanos no le va nada bien, formando así parte de un denominador común, en que las naciones más subdesarrolladas o más pobres o con menos niveles de libertad de expresión, suelen ser los más corruptos.

De acuerdo al sociólogo, Alejandro Urizar, de Acción Ciudadana en Guatemala, su país obtuvo en 1998 un índice de 3.1 en la escala de 0 a 10, siendo 0 el extremo más corrupto, aunque en años posteriores decayó y luego del 2004 volvió a una puntuación del 3.2, debido a que se adoptaron normas estructurales, tales como: la creación de Guatecompras en 2003; la designación de un Comisionado Presidencial por la Transparencia en 2004; la reforma de la ley electoral y de partidos políticos en 2004; ratificación de la Convención sobre la Corrupción de la ONU en 2006; la creación del Vice ministerio de Transparencia en 2008 y también este año la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Pero todo esto es sobre la base de las percepciones institucionales. Urizar presentó otro cuadro de percepciones pero basadas en las de los ciudadanos de a pie, de los propios guatemaltecos sobre qué piensan de la corrupción en su país.

El 60% de los guatemaltecos piensa que es imposible acabar con la corrupción, y que es más imposible todavía a nivel nacional, ya que consideran que los hechos ilícitos son cometidos y permanecen más impunes en la élite del país.

El 68% percibió que la corrupción de este año es mayor a la del año pasado y menor al del próximo. Dato este que demuestra un pesimismo apabullante de la ciudadanía.

Para combatir la corrupción, el 96% estima que se debe aumentar y mejorar la educación en el hogar, que los medios deben denunciarla continuamente y que se debe premiar a los funcionarios no corruptos para incentivar a los demás.

El 87% piensa que los políticos forman parte del grupo más corrupto y el 44.5% estima que el sistema judicial débil es el responsable de que no se pueda avanzar en contra de la corrupción.

Los guatemaltecos piensan que las siguientes instituciones ayudan a combatir la corrupción, en el siguiente orden: la familia, la iglesia, los grupos de mujeres, medios de comunicación en el cuarto, el gobierno, el ejército, las empresas, los sindicatos, la policía y, último, los partidos políticos.

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Petrocassettes: Escándalo e información

Las decisiones éticas son siempre las más difíciles de adoptar cuando se trata de tener que discernir si se debe o no publicar una información cuando es obtenida en forma subrepticia. Tenía un discurso sobre acceso a la información pública preparado para la conferencia de este 5 de noviembre en el Congreso de Lima (parte de nuestra agenda de la SIP), pero tuve enseguida que cambiar el contenido ya que el público estaba más entusiasta de escuchar mi opinión sobre el escándalo de los “petro-cassettes”. Se trata de información que fue grabada en forma subrepticia entre funcionarios y dirigentes de compañías petroleras y que tras ser publicada, arrasó con un gran número de funcionarios del gobierno de Alan García.

El hecho involucró al director de la empresa estatal Perú-Petro, Alberto Quimper, al ex ministro de Agricultura, Rómulo León Alegría y al abogado Ernesto Arias Schreiber por los delitos de corrupción de funcionarios, patrocinio indebido, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. El escándalo estalló cuando el programa de televisión “Cuarto Poder” transmitió unas cintas grabadas subrepticiamente entre enero y septiembre, en las que Quimper negocia “una ayudita” con el ex ministro Rómulo León, representante oculto de Discover Petroleum, para que a esa empresa se le entregaran cinco pozos de exploración petrolera, como en efecto ocurrió.

“Cuarto Poder” decidió publicar los audios, pero otros medios – como el diario El Comercio que también recibió la información, decidió no hacerlo – dado que habían llegado en forma anónima a la sala de Redacción.

En este escenario, estas fueron mis palabras:

Tenemos que aclarar y distinguir algo, para hacer un análisis:
Primero a los hechos hay que verlos desde el punto de vista que la misión del periodismo es publicar, publicar y publicar. Desde esta perspectiva se analiza luego si la información es de interés público, que consecuencia traerá a los afectados y los beneficios sociales de su publicación; todo ello en un clima de autorregulación, en el que prima siempre la decisión de publicar. Esto es distinto a tener que pensar, como primera instancia, que no se debe publicar debido a alguna decisión judicial posterior, el temor a una demanda o a los intereses particulares en juego, o a otros aspectos penalizados por las leyes, como por ejemplo, la vida privada de una persona o la seguridad nacional.
Segundo al tratarse información tomada en forma subrepticia hay que analizar otros aspectos, como por ejemplo si los periodistas la han conseguido mediante métodos ilegales o anti éticos (como pueden ser cámaras ocultas o traspasar la propiedad privada) o si se les ha hecho llegar por otras fuentes las cuales han cometido los delitos o las faltas de ética, como fue en este caso de los “petro-cassettes”.
Tras el análisis y teniendo en cuenta el interés público y tras intentar obtener la información sin éxito por medios, y teniendo la mayor presunción de que la información es fidedigna, la prensa “no puede renunciar a la difusión de asuntos que hacen al interés público y al bien común”, como explican las Aspiraciones de la SIP.
Es cierto que si bien se reclama que no debe haber censura previa, como lo destacan varias constituciones y la Convención Americana, también es verdad que existen ciertos límites, que la libertad de prensa no es absoluta y que debe responder a responsabilidades ulteriores, las que deben estar establecidas por ley. Entre estas, se cuentan el derecho a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
Sin embargo, para la aplicación de estos límites, para sopesar si la protección del honor o la moral pública o la seguridad nacional tienen mayor jerarquía que la libertad de informar y saber, es necesario que haya jueces probos, independientes y sabios que sean capaces de interpretar y conocer los valores de la libertad de prensa más allá de lo estrictamente estipulado por leyes que suelen ser demasiado restrictivas. La debilidad de los poderes judiciales o su dependencia al poder político ha conspirado muchas veces contra la libertad de prensa y de expresión.
Ha sido, en muchos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dictó jurisprudencia sobre libertad de prensa después de que tribunales nacionales escatimaron su relevancia. La película La Ultima Tentación de Cristo en Chile por cuestiones de moral pública; el caso del periodista Mauricio Ulloa en Costa Rica condenado por dañarle la reputación a un político corrupto que engañó a toda una sociedad o el del periodista-político Jorge Carpio Nicolle asesinado en Guatemala, son algunos ejemplos.
En Estados Unidos donde todavía existen debates ríspidos sobre el Acta Patriótica y los límites impuestos al trabajo periodístico, el caso de los Documentos del Pentágono es uno de los mejores exponentes de la lucha entre la libertad de informar y la seguridad nacional. En la década del 70, el New York Times decidió publicar los documentos que el gobierno había calificado de clasificados, incluso a pesar de que el ministro de Justicia afirmara que su publicación estaba penada por ley.
Tras una prohibición judicial, el diario apeló y la Corte Suprema terminó fallando a su favor, determinando que el gobierno no había demostrado que la publicación causaría “daño directo, inmediato e irreparable al interés nacional”.
Volviendo al caso que nos ocupa sobre los “petrocassettes”, conforme al principio de que el debate de asuntos públicos debe estar libre de inhibiciones, ser vigoroso y abierto, se debe entender que puede haber ataques cáusticos contra el gobierno y los funcionarios públicos.
Los periodistas, cuando sopesan esto y consideran que hay informaciones que son de interés público, como en el caso de los “petrocassettes” y considerando que no todo lo que establecen las leyes es bueno y lícito, están llamados a desafiar las reglas con el fin de que prevalezca la libertad de prensa.
En este caso, el interés público prevaleció y ello llevó a que el gobierno reconozca conductas corruptas y procedió a corregirlas. No siempre ocurre de esta forma cuando se denuncian escándalos, pero es obligación del periodismo no pensar en los resultados sino en la obligación moral de publicar.

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Chávez es Chávez

Hugo Chávez inventó – por enésima vez al cuadrado – otra conspiración, un supuesto atentado contra su vida, para excusarse de no asistir a la Cumbre Iberoamericana en El Salvador, aunque todos saben que la verdadera razón es que no quiere salir de Venezuela para seguir influenciando sobre el proceso electoral del 23 de noviembre próximo donde se juega parte de su revolución.

Chávez sigue comportándose y haciendo propaganda como si se trataran de elecciones presidenciales, con un protagonismo desmedido en el que acusa a los adversarios de los chavistas de golpistas, narcolavadores, narcotraficantes, terroristas y corruptos, epítetos con los que un aparato judicial adicto proscribió a unos 300 políticos opositores.

Chávez sigue utilizando los recursos del Estado como si pertenecieran al gobierno, no como si fuera un administrador, por lo que el más corrupto de todos es él mismo. Además, aunque siempre acusa de golpista y conspiradores a los demás, Chávez es realmente el golpista, por ejemplo el domingo durante una de sus interminables cadenas, amenazó al líder opositor Manuel Rosales – quien se postula a una alcaldía de Maracaibo – de que lo sacará con los militares si es necesario, acusándolo de ser uno de los financistas de un grupo de ex militares terroristas venezolanos.

Chávez es un tipo peligroso, porque a pesar de que pueda perder sus chances en estas próximas elecciones (seguramente la oposición que tiene 2 de 24 gobernaciones logrará arrebatarle otras importantes) siempre se las ingeniará para sacar provechoso de la situación inventando conspiraciones a diestra y siniestra para justificar sus acciones. Ya perdió duro una vez, el 2 de diciembre pasado con el referendo sobre la nueva Constitución, sin embargo meses después, con una ley habilitante, decretó 26 leyes con las que dio vida a sus proyecto socialista derrotado en diciembre. Chávez es Chávez.

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