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Censura indirecta

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa, como la presidenta Cristina de Kirchner, quien esta semana en un mitin político, sostuvo que todos pueden decir lo que piensan y quieren en Argentina.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios de comunicación y los periodistas críticos e independientes, aunque la excusa es “controlar sus excesos”.
Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar a ejecutivos de Clarín y La Nación de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio. Se trata de censura indirecta, asumida por el gobierno con una actitud “robinhoodense” aparentando defender a un público vulnerable ante las atrocidades de los medios privados; cuando en realidad el objetivo es asfixiar la crítica y la fiscalización de la opinión pública.

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias; prácticamente el muestrario de obstáculos gubernamentales impuestos a la prensa argentina.

No se trata de procedimientos nuevos ni originales. El papel periódico siempre fue un insumo manejado para coartar la libertad de prensa. Juan Domingo Perón lo restringía a los diarios “opositores”; el partido mexicano PRI, cuando era gobierno, lo discriminaba a quienes no se plegaban a sus políticas y Hugo Chávez restringe las divisas y eleva aranceles para dificultar su importación.

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Con el kirchnerismo se demuestra este principio. Desde hace años está empeñado en acabar con la prensa a la que califica de “opositora”, sin importarle caer en torpezas e incongruencias. Ataca el monopolio de la fabricación de papel periódico y la concentración de medios en manos privadas, con el mismo ímpetu que defiende la concentración de prensa estatal y oficialista, mientras recrea el monopolio de la distribución de periódicos, práctica mafiosa que había sido extirpada por inconstitucional en 1999.
Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.

Los amigos del kirchnerismo esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, por lo que la obligada mala venta de unos será el beneficio de otros. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino; Hugo Chávez expropió RCTV y a su equipamiento, de inversión privada millonaria en todo el país, la robó para operar su propia televisora; mientras Rafael Correa confiscó canales y un diario, a los que prefiere seguir usando como medios de propaganda en lugar de ofrecerlos en licitación.

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que pronto se espera aprobar en Ecuador, la que se proyecta en Brasil y la que anunció esta semana el oficialismo en Bolivia.

Sarcásticamente, todas esas leyes tienen como fin “controlar los excesos de los medios”; o “tutelar” la libertad de prensa, como repite en discursos, leyes y decretos la presidenta Kirchner.

El regreso al Siglo Catorce

El regreso al siglo catorce 26-08-10

Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.

Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.

La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.

La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.

Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia – así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.

Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo – tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?

Correa y la anti libertad

El presidente Rafael Correa está siempre inquieto en contra de la SIP organización a la que califica de estar en contra de los periodistas por tratarse de una agrupación de dueños de periódicos que explota a sus periodistas. Es siempre la misma cantaleta que tienen en contra de la libertad de prensa y de empresa los nuevos magnates de la prensa latinoamericana, esos gobernantes como los Kirchner en Argentina, el propio Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua, que en los últimos dos años se han adueñado de medios de comunicación en sus países, ya sea expropiándolos, creando nuevos o comprando viejos.
De esto lo saben muy bien un grupo de más de 15 periodistas del diario oficial ecuatoriano El Telégrafo que se alejó de ese diario oficial, expropiado tiempo atrás, porque el gobierno de Correa les estaba imponiendo una línea editorial propagandista en lugar de permitir, que como medio público tuviera una línea plural y diversa para todos los ecuatorianos, como manda la Constitución, y no solo para quienes idolatran al gobierno.
Correa tiene esa verborragia arrogante y dañina propia de los autoritarios, habiéndose disgustado con la SIP porque le envió una carta a la jefa de la cancillería estadounidense, Hillary Clinton, para que pida a Correa frenar el ímpetu gubernamental frente a la nueva Ley de Comunicación, una legislación que directamente pone al Gobierno por sobre todas las cosas, con el peligro de convertirlo en el gran censor del derecho del ecuatoriano a buscar y difundir información. Correa usa los mismos artilugios que usó Chávez cuando justificó la ley de Responsabilidad Social, al decir que lo que realmente no quieren muchos es que se regule la pornografía a través de los medios, cuando en realidad las leyes ya disponibles establecen condicionamientos para este tipo de información.
“Estamos proponiendo una Ley de Comunicación en la que haya mayoría ciudadana en el Consejo. Pero creemos necesario un Consejo que diga: ‘Señores, ustedes no pueden presentar pornografía en horas que los niños están viendo televisión’, dijo Correa. Bueno justamente esta fue la forma en que empezó a defender Chávez aquella ley que luego con los años le permitió cerrar RCTV, emisoras de radios, perseguir a los periodistas y un puñado de atrocidades más en contra de la libertad de empresa y de prensa.

Chávez oficializa la censura

Hugo Chávez oficializó la censura en Venezuela, con un reciente decreto presidencial por el cual creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), un organismo que estará encargado de “recopilar, procesar, analizar e integrar” informaciones de interés nacional provenientes del Estado y la sociedad.

Es decir, continuará, pero ahora oficialmente, centralizando la información, posición contraria a la tendencia generalizada en Latinoamérica de países que están promulgando leyes sobre acceso a la información pública, lo que obliga a los estados a ser más transparentes y compartir la información que administran pero que no les pertenece.

De esta forma, este nuevo instrumento será el que tendrá el poder de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia”. Lo que obviamente, por la experiencia de lo que viene demostrando el chavismo, de no dar información pero sí hacer propaganda, no es difícil imaginar que este será un órgano dedicado a establecer la censura de lo que el régimen no quiere compartir.

Una ley de acceso a la información pública no solo obliga al Estado a ofrecer lo que no es suyo, sino que además permite que los funcionarios que niegan la información sean castigados, asegurando de esa forma que sea un instrumento de servicio al pueblo y no de protección de los funcionario.

Esta es otra vuelta de tuerca de un régimen que se sigue consolidando como autoritario.

Chávez y sus costumbres

No hay nada que Hugo Chávez deje librado al azar. No quiere que nada se mueva o se diga sin su consentimiento. Nuevamente asestó un duro golpe al derecho a la libre expresión, aunque como siempre, justificando que todos deben cumplir con la ley.

El lunes por la noche fue detenido el líder opositor Oswaldo Alvarez Paz por el “delito de opinión”, lo que demuestra y es una evidencia más de que el régimen chavista SI persigue a sus opositores. El ex candidato presidencial y ex gobernador del estado de Zulia fue acusado de conspirar, instigar a delinquir y difundir información falsa.

De ser juzgado, estas acusaciones pueden costarle al ex candidato entre dos y 16 años de cárcel, según el Código Penal, a lo que naturalmente se le irán sumando otros delitos conexos que ampliarán la cantidad de años para amedrentamiento de los demás opositores al gobierno.

Las declaraciones que le costaron a Alvarez Paz su detención las hizo en el programa Aló Ciudadano de Globovisión, al opinar que el gobierno de Hugo Chávez facilita el narcotráfico y sobre las relaciones entre las FARC y la ETA, un tema de amplia difusión en el país después de que fueran reveladas acusaciones por parte de la justicia española.

Venezuela es uno de los pocos países del mundo que lejos de seguir la tendencia internacional de eliminar el delito de desacato de su Código Penal, lo ha fortalecido, creando un escudo protector y de privilegio para el Presidente y otras altas autoridades, quienes así se autoproclaman con privilegios y protecciones especiales por arriba de cualquier ciudadano venezolano.

Esta discriminación en contra de las opiniones, también la viene sufriendo Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, después de sus opiniones vertidas en la reciente reunión de la SIP en Aruba. Los legisladores ya han expresado, mediante acordada, estudiar qué delito habría cometido Zuloaga para buscar las sanciones más apropiadas.

Es evidente que esta nueva medida configura el manto de silencio que Chávez quiere en su país para poder reinar a su antojo.

Censura en Argentina

Como ocurre en forma ciclotímica en Argentina, el gobierno se las ingenia para censurar a los periodistas – en realidad al público en general – cortando de raíz a todo periodista que en forma independiente intente criticarlo y fiscalizarlo.

El método que emplea el gobierno argentino es bien sutil pero burdo a la vez. No hace las cosas en forma directa como Hugo Chávez, por ejemplo, que públicamente desafía o amenaza a periodistas y medios. Lo hace en una forma más solapada: trata de quedarse con el medio, comprarlo literalmente, y a partir de allí convierte a ese medio en una simple caja de resonancia de noticias insípidas e inofensivas.

La última muestra de intolerancia fue la compra de parte de la Radio del Plata por parte de la compañía Electroingeniería, muy allegada al gobierno, y a través de nuevas directivas canceló el contrato que tenía hasta fines de año uno de los periodistas más creíbles y críticos del gobierno argentino, Nelson Castro.

Muerto el perro, acabada la rabia dice el viejo adagio, y así el gobierno se deshace de los críticos más acérrimos. También utiliza la publicidad oficial para callar a los medios que no pueden controlar, como a varios periódicos, entre ellos La Nación y Perfil.

Castro corrió la misma suerte que Víctor Hugo Morales otro periodista a quien súbitamente le cancelaron un contrato y a Pepe Eliaschev, aunque este último caso fue aún peor, porque trabajaba para radio Nacional, emisora del Estado, que se supone que debe ser utilizada como un órgano de todos los argentinos y para lo cual su contenido debe estar basado en la pluralidad y diversidad de los puntos de vista de sus comentaristas y periodistas.

Pablo Milanés despertó

Siempre uno debe tener la esperanza de que los milagros ocurran. Como esta vez, en que el cantante Pablo Milanés, tan elogiado por la nova trova como conocido por su defensa de unos de los regímenes más opresores de todos los tiempos con 50 años de autoritarismo unipersonal, haya despertado y criticado a su bien amado comunismo cubano.

“Este socialismo ya se estancó” dijo Milanés sorprendiendo a muchos que lo creían ferviente admirador de cualquier cosa que ocurriera, organizara o dictara algún jerarca cubano. “La situación en la Isla está bastante mal”, debido a que los dirigentes cubanos “no hacen nada por sacar adelante el país”.

“No confío ya en ningún dirigente cubano que tenga más de 75 años, porque todos pasaron sus momentos de gloria, que fueron muchos, pero ya están listos para ser retirados. Hay que pasar el testigo a las nuevas generaciones para que hagan otro socialismo, porque este socialismo ya se estancó”, dijo Milanés al diario español Público.

En una fuerte autocrítica de Estado, como siendo parte integral de él, Milanés expresó: “Estamos paralizados en todos los sentidos, hacemos planes para un futuro que nunca acaba de llegar”. Sobre las nuevas generaciones, comentó que “se forman de un modo muy hermoso, pero luego tienen que emigrar para proyectar lo que estudian (…) es muy triste porque ni siquiera es un exilio político, sino un exilio económico por las pocas condiciones que hay en nuestro país”.

Faltaría ahora para tener cartón lleno que a este autor de “Yolanda”, se le una un compañero de época con su “Unicornio azul”, Silvio Rodríguez, que todavía no ha despertado.

Juntos podrían ahora refrendar lo que han ocultado por mucho tiempo y que Milanés dijo sin tapujos: “Mucha gente tiene miedo a hablar porque hay un sistema detrás de censura, de represión callada y oculta que no te permite hablar libremente y que hay que echar abajo ya, cuestionarlo de un modo radical”.

Desafío de blogueros

La bloguera Yoani Sánchez y cuatro otros blogueros cubanos están desafiando a las autoridades de su país, intercambiando información, a pesar de que habían sido citados y amenazados de que no podrían realizar un taller de entrenamiento conjunto.

De esta forma, los blogueros están corriendo las chances de aumentar el número de encarcelados. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), informó que hasta este pasado 1 de diciembre 125 periodistas en el mundo permanecen encarcelados, siendo China y Cuba los países que tienen más comunicadores detrás de las rejas, junto con Burma, Eritrea y Uzbekistán, entre 29 naciones censadas.

Asimismo, lo revelador de este año del informe es que el 45 por ciento de todos los comunicadores encarcelados a nivel mundial, 56 de ellos, son blogueros y periodistas o editores que trabajan en secciones digitales de los medios o en forma independiente en el internet, sobrepasando por primera vez en la historia la cifra de periodistas de la prensa escrita encarcelados.

Los delitos más comunes utilizados contra estos periodistas, en este caso del 59%, son subversión, divulgación de secretos de Estado y actuar contra la seguridad nacional. Estos delitos en Cuba le han permitido al gobierno encarcelar decenas de periodistas, 26 de los cuales permanecen todavía en las cárceles.

Insistencia con observatorio de medios

El gobierno hondureño insistió esta semana con una idea que promovió el gobierno argentino a principios de año, de crear un observatorio para vigilar o denunciar a los medios y periodistas que no comulgan con la línea oficial o los fiscalizan demasiado.

El anuncio lo hizo placenteramente esta semana el ministro de la Presidencia del presidente Manuel Zelaya, quien asiduamente critica a los medios de comunicación. Enrique Flores Lanza dijo que el gobierno promueve un observatorio con el fin de que diferentes sectores de la sociedad puedan analizar el comportamiento de los medios, de tal forma que se determine cuáles de ellos “se convierten en enemigos de los intereses generales de la población, al manipular tendenciosamente la información y perjudicar de manera sistemática la imagen, no del gobierno sino del país”.

La idea del gobierno de Zelaya no es muy novedosa. Siempre emerge de aquellos que no toleran la crítica, justificándose que los periodistas son “golpistas”, “desestabilizadores de la democracia” o “oligarcas”, calificativo éste último que se usa con asiduidad en Honduras.

No creo que haya periodista, medio o asociación de prensa que piense que no debe existir la crítica contra la profesión. Como cualquier otra disciplina no puede estar exenta al escrutinio. La discusión es otra: ¿Puede el gobierno intervenir en asuntos de libertad de prensa o de expresión? NO, no puede – incluso por apariencia – porque se minimiza a sí mismo, al tratar de controlar la expresión de sus ciudadanos que se ejerce en forma particular o a través de los medios.

El sólo hecho de pensar en un control, equivale a sembrar la semilla de la autocensura.

Si el Gobierno interviene en este tema, por más que sea una vigilancia sobre la ética y sin sanción legal, pensemos en la puerta que estaremos abriendo: entonces también se podrá atribuir la creación de Observatorios Sindicalistas para controlar nuestras discusiones dentro de los sindicatos; Observatorios Ecuménicos para vigilar los sermones de los curas, rabinos y pastores en los templos; Observatorios Políticos para limitar los debates en los congresos y concejos deliberantes; Observatorios Estudiantiles para minimizar las opiniones en los recintos universitarios; y, ¿por qué no? Observatorios de Bloggeros para coartar esta nueva forma de comunicación.

La intervención que le cabe al Estado es el orden jurídico y legal. Si alguien se siente dañado debe poder acudir al imperio de la ley y a la administración de la justicia.

Ahora bien, si es una cuestión de conducta profesional, de ética, esa labor le corresponde a los propios grupos involucrados, junto con la participación ciudadana en el caso de los medios. No por nada, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA de 2000, establece en su Art. 6: “… La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

Por su parte, la Declaración de Chapultepec, en su Art. 9 establece: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad… El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.


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