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Chile-Argentina y los derechos humanos

La polémica entre los gobiernos de Chile y Argentina por el ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, muestra cuán diametralmente opuesta puede ser la perspectiva sobre los derechos humanos dependiendo si la óptica corresponde a Sebastián Piñera o a Cristina de Kirchner.

El gobierno chileno pidió la extradición del ex guerrillero de ese país, máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por el asesinato del senador Jaime Guzmán y, entre otros crímenes, por el secuestro de Cristián Edwards. Tras el de extradición, el gobierno argentino prefirió concederles asilo político, basado en un manido argumento de que no tendría argumentos de debido proceso en su país.

Era obvio que Piñera se disgustaría, así como todos los líderes chilenos, quienes ven que en Argentina se discrimina en materia de derechos humanos, ya que se utiliza para juzgar o no olvidar las atrocidades de los militares, mientras se hace la vista gorda sobre los ex guerrilleros que también desgarraron el país con las armas y sus violaciones.

El gobierno argentino no actúa en forma muy objetiva, si se considera que hace unos cuantos días atrás, el discurso de la presidenta Kirchner ante la asamblea de la Naciones Unidas tuvo como objetivo reclamar al gobierno de Irán que extradite a los iraníes responsables del atentado contra la AMIA, asegurando que se garantizará un proceso justo y transparente.

Justamente lo que el gobierno chileno le ha asegurado al argentino sobre el caso Apablaza, además de que se trata de un ciudadano chileno que es buscado por cometer crímenes en su país.

Se trata de un grave error de cálculo del kirchnerismo. Debiera construir no destruir relaciones con quien debiera ser su mejor aliado.

Corrupción: publicidad oficial

No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.

Cuba y la embajada Argentina

Cuba y la embajada Argentina 31-07-10
Todos saben lo que sucede en Cuba, la desastrosa forma de vivir de los cubanos, sin el mínimo de comodidades y libertades, y ni hablar del tratamiento que reciben los presos políticos que ahora en el destierro están contando las atrocidades que sufrían. Todos saben que es un país secuestrado por los hermanos Castro y todos lo reconocen. Pero el problema es que no lo dicen por temor a que sea usado a favor del discurso estadounidense de las últimas cinco décadas. Lamentablemente sobre Cuba – también como el caso de Venezuela – no se actúa en consecuencia, ni hay congruencia, se piensa y se habla en privado de un forma pero no se actúa en forma pública de otra
Esto sucede incluso con gente a un alto nivel de la política, como el de Héctor Timerman, el nuevo canciller argentino, que hace seis años como lo demostró el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) que funciona en Buenos Aires, le pidió que cumpla con lo que escribió como periodista y condenaba las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en otros cuatro países.
Cadal le pidió a Timerman que haga lo que pedía como periodista, que rebaje el rango de las embajadas en Cuba – además de China, Siria, Libia y Arabia Saudita – por la situación interna de los derechos humanos.
“El pasado argentino nos coloca en la obligación de ejercer un rol de liderazgo que muy pocos países pueden intentar ocupar. Por ejemplo, en la lucha contra la violación de los derechos humanos y en la solidaridad activa con quienes se ven privados de ellos. Porque fuimos víctimas no debemos olvidar a las actuales víctimas”, escribió el 23 de enero de 2004, según recupera de los archivos Cadal.
Cadal explica que por ello, como en otras naciones con dicatduras, Argentina no tiene embajadas, que tampoco la debiera tener Cuba.
Cadal trae de los archivos la forma en que Timerman se refería a Cuba en la publicación Debate: “Yo denuncio la falta de libertad de prensa en Cuba. La denuncio porque creo que Cuba es una dictadura, una dictadura de izquierda. Una dictadura que por ejemplo se vanagloria de haber logrado que no existan analfabetos en su sociedad”, escribió en Debate.
¿Hará y dirá Timerman ahora lo que predicaba como periodista?

Bicentenario, libertad e independencia

Cristina Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez declamaron discursos ideológicos trillados durante los actos del Bicentenario argentino esta semana, empleando como sinónimos los significados de independencia y libertad.
En realidad se trata de dos valores muy diferentes. Un país puede ser independiente, pero no necesariamente libre. El caso de Cuba así lo demuestra. La independencia es una acción circunstancial, en cambio la libertad es un derecho natural; cuando el Estado lo subvierte, se desnaturaliza a sí mismo.
Esta confusión dialéctica es una vieja coartada de la izquierda latinoamericana. Usa de chivo expiatorio la dependencia externa o la opresión del imperio, al tiempo que internamente aprovecha para coartar las libertades públicas y los derechos civiles. Chávez es el caso típico. Mientras en Argentina reclamaba “independencia plena” frente a la nueva Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada – donde insolentemente equiparaba a San Martín con el Che Guevara – en su Caracas se proscribía mediante ley a varios opositores para las elecciones de setiembre y se expropiaban más empresas.
El cansino llorisqueo contra el colonialismo, como el de Correa, quien reclamó al llegar a Buenos Aires que “nos falta alcanzar la independencia económica, social, cultural, liberarnos de todo el imperialismo”, no es más que una cortina de humo para esconder la ineficiencia frente a la inseguridad, la pobreza, la falta de educación y el desempleo, carencias que no están tan atadas a la dependencia de potencias foráneas, como sí ligadas a la incapacidad doméstica.
El ex presidente costarricense, Oscar Arias, ya venía desnudando estos pretextos en cumbres presidenciales. En su recordado discurso de Cancún en febrero, pedía que “ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina”, se deben utilizar para justificar los gastos en armamentismo en detrimento del presupuesto para educación; el talón de Aquiles de una región que 30 años atrás era más rica que el ahora potentado sudeste asiático.
La falta de educación y libertad no solo afecta los resultados económicos, sino también es responsable de la pobreza cívica, como es evidente en el socialismo chavista. De ahí que muchos gobiernos latinoamericanos hayan tenido éxito con reformas constitucionales y electorales, que les permiten gobernar solo para las mayorías mientras aniquilan cada vez más a la oposición.
El retroceso de las libertades internas y no la dependencia foránea es el verdadero factor de atraso en América Latina. Una medición reciente de la organización no gubernamental, Freedom House, muestra este preocupante declive y describe con alarma como los estados autoritarios en el mundo, incluida Venezuela junto a Rusia e Irán, no solo son más represivos, sino también, más influyentes en la arena internacional.
En nuestro continente, el informe ve un retroceso en los últimos cuatro años, remarcando menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio, le atribuye además, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.
La disminución de la libertad carcome el sistema político y degrada la confianza de los ciudadanos. Y aunque en Argentina la presidenta Kirchner haya capitalizado las celebraciones populares y los 27 años de proceso democrático ininterrumpido, debería prestar más atención a las encuestas más recientes, donde los argentinos creen en la democracia, pero desconfían de las instituciones y de la dirigencia política, así como a lo interno aborrecen la escasa independencia entre los poderes republicanos.
La desconfianza democrática – salvo notables excepciones como Chile y Brasil – es moneda común en varios países latinoamericanos, alimentada por declaraciones irresponsables como las del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien dijo preferir gobernar con Congreso cerrado.
Esta falta de independencia de poderes y de contrapesos y balance, son las características más relevantes del autoritarismo actual, y las que amenazan nuestro derecho sagrado a la libertad. La dependencia foránea es solo la excusa en este juego dialéctico.

Corrupción oficializada

Si la versión del diario Clarín es cierta (y no tiene porque no serlo) referente a que un funcionario público argentino habría dicho que el gobierno discrimina con publicidad oficial a algunos medios para “no ayudar a la concentración de medios”, estaríamos ante la oficialización de la corrupción.
Que el gobierno argentino es corrupto es lo que las denuncias periodísticas demuestran, pero como todavía no hay sentencia judicial, los hechos todavía permanecen en el terreno de las sospechas. Sin embargo, que se haya dicho que se usa la publicidad oficial de una forma discriminatoria, castigando a los medios más grandes, es ya hacer oficial la corrupción.
Me explico: La publicidad oficial se paga con dinero público (de todos) que debe ser administrado de la forma más eficiente. Si ese dinero se usa para beneficio del gobierno, con la intención de castigar a los medios, sin tener en cuenta criterios técnicos (distribución y penetración, entre otros conceptos) para que el mensaje se distribuya en forma eficiente, estamos frente a un acto de mal uso del dinero. Y, aun peor, si esto se hace con el propósito de castigar a los medios como argumentó el funcionario – el gobierno no tiene porque actuar sobre lo que considera que está bien o mal (concentración), debe respetar la ley – estamos frente a un caso de flagrante corrupción.
Esto no es nuevo en Argentina y tampoco sucedió solo en el gobierno de los Kirchner. Pero últimamente se agravó al no haber leyes que limiten al gobierno.
En el 2009 el gobierno pagó más dinero en publicidad a los medios oficialistas que a los que tienen mayor circulación. Por ejemplo entregó 41.6 millones al diario Página 12, con 12 veces menos circulación que La Nación, diario que recibió menos del doble de esa cantidad.
BAE, que también se alista hacia el lado del gobierno, recibió 6.1 millones de publicidad gubernamental más del doble que El Cronista. Perfil, uno de los más críticos del gobierno sólo obtuvo medio millón, mientras Crítica, 2 millones.
Mientras en el país la oposición no logre consenso entre todas las fuerzas políticas para obligar al oficialismo a sancionar una ley de publicidad oficial, que realmente busque la eficiencia en el uso de los dineros públicos, teniendo en cuenta criterios técnicos, además de la equidad, pluralidad y diversidad del mensaje, será cómplice y tan responsable como el gobierno en el manejo corrupto de la cosa pública.

Incredulidad en el sistema

Temo que las denuncias del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre sobornos que habrían pagado argentinos para hacer negocios con los venezolanos no llegarán a puerto alguno. Asimismo descreo que se sabrá algo más sobre las denuncias respecto a la famosa valija venezolana de Antonini cuyo destinatario fue el proceso electoral de Cristina de Kirchner ni sobre el enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial.

Tampoco tengo fe por las denuncias sobre corrupción que involucra a los familiares y funcionarios más cercanos de Hugo Chávez o las que hizo un juez español sobre las conexiones Eta-Farc en suelo bolivariano.

No es que no funcionen las denuncias ni haya que rasgarse las vestiduras por la falta de periodismo investigativo. Lo que falla es que funcione el sistema judicial, para mí, la institución más débil y comprometida en toda América Latina.

Prefiero un sistema “imperialista” como le llaman los neo dictadores latinoamericanos, pero donde la justicia funciona en forma independiente y en el que los ciudadanos tenemos mayores garantías de equidad ante los corruptos o cualquier desviación.

En estos días, tres compañías estadounidenses perforadoras de campos petrolíferos están en el taburete de los acusados por pagar sobornos “para obtener o prolongar contratos con entidades públicas venezolanas”, como informaron agencias internacionales de noticias.
Pride International Inc., de Houston, Texas; Helmerich & Payne, de Tulsa, Oklahoma y Team Industrial Services, de Alvin, Texas, podrían tener que pagar multas millonarias si prosperan demandas en su contra por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al haber pagado comisiones o sobornos a funcionarios de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.
Como siempre se prueba, no es que no haya corrupción en Estados Unidos, sino que esta tiene patas mucho más cortas debido a la mayor equidad de la justicia.

¿Libertad de prensa en Argentina?

Creo que el 2009 quedará registrado en la historia argentina como el peor año de la década en materia de libertad de prensa, no por la sanción de una ley que en apariencias podría afectar intereses periodísticos, sino por una marcada actitud revanchista que el gobierno central ha venido demostrando en forma persistente en contra de una garantía constitucional esencial: el derecho de todos a recibir y difundir información sin cortapisas.

A veces obnubilado por ideologías o por la propaganda gubernamental, el ciudadano común tal vez no comprenda a plenitud la importancia del ambiente irrestricto y libertario que es necesario para que la prensa ejerza la labor fiscalizadora sobre los poderes públicos y privados, una tarea de contrapoder e investigación que saca a la luz aspectos que muchos quisieran que permanezcan oscuros.

El belicista lema gubernamental de “la madre de todas las batallas”, como se calificó desde la Casa Rosada a la negociación para sancionar la ley de Servicios Audiovisuales, es evidencia contundente sobre la actitud hostil que el gobierno nacional tiene contra quienes disienten, opinan o critican, similar a la que existe en países de sesgo antidemocrático, como Venezuela.

Por supuesto que los periodistas cometen abusos, pero deben ser sancionados con las leyes y códigos comunes, sin crear estándares especiales y discriminatorios al amparo de los que señalan los artículos 14 y 32 de la Constitución. En realidad, lo que un gobierno está obligado en materia de medios, es generar un clima de libertad, pluralidad y diversidad, tres aspectos que, aunque declamados, están ausentes en la operatividad de la legislación aprobada.

Pero el reproche al gobierno nacional no debe quedar solo por la sanción de una ley polémica, sino en la conducta antagonista generalizada que mantiene contra la libertad de prensa. Utiliza los dineros de todos los argentinos para premiar o castigar con publicidad gubernamental a medios “amigos” y “enemigos” o para comprar medios destinados a engrosar las filas de los aliados del oficialismo; manipula los servicios de inteligencia del Estado para espiar a medios y periodistas; organiza campañas públicas de desprestigio y utiliza turbas pagadas para restringir la distribución de los periódicos; mantiene una diatriba constante contra los periodistas en actos públicos, pero se niega a promover una ley de acceso a la información para hacer del Estado, del gobierno y sus cuentas un ejercicio más transparente y, entre otras cosas, miente sobre la equidad de repartir licencias por igual entre medios públicos, privados y comunitarios, cuando se sabe que ante la falta de cultura pública, lo que hace es crear un mega conglomerado de medios gubernamentales en detrimento de la propiedad privada.

El populista gobierno nacional, que utiliza estratégicamente el “pan y circo” (o el fútbol televisado) para contentar a las masas, reprueba cualquier examen en materia de libertad de prensa y otras virtudes democráticas, debido a su vocación intolerante con el que incentiva un clima de polarización viciosa, donde lo único que crece es la pobreza de las ideas.

Día negro para Argentina

No lo digo porque Argentina tenga un panorama muy nublado para el fútbol de cara al partido de mañana ante Perú y el miércoles ante Uruguay, sino porque hoy puede ser el día en que comience una etapa muy negra para la libertad de prensa, la que está siendo acosada por el gobierno de Cristina de Kirchner.

En el Senado, entre hoy y mañana, será posible la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales que el gobierno y su estratégico aparato político ha vendido y está vendiendo como la panacea para destruir la malicia de los monopolios de medios en el país, bajo la consigna de que la información debe ser plural y diversa.

Nada más ajeno a la realidad, ya que quien visita Buenos Aires o Argentina, se podrá dar cuenta que no existe tal monopolio como Cristina quiere hacer ver a Clarín – en realidad su talón de Aquiles – ya que Clarín de be competir en los kioskos con 12 otros diarios, algunos también que llegan al interior del país, pero que no tienen nada de penetración, porque en Argentina existe una prensa diversa, plural y estimulante, además de altamente competitiva.

Lo mismo se puede decir de Clarín respecto a las radios, las televisoras de aire y de cable y todos los demás servicios informativos por lo que a diario debe competir contra otros grupos que tienen hasta mucho más y mejores audiencias. Lo que sí es Clarín, un grupo con fuerza impresionante que puede hacer temblar a los gobiernos cuando sintoniza todos sus medios. ¿Pero no es acaso el papel importante que deben jugar los medios en una democracia?

Analizaré la ley en otros post, como ya lo he hecho, pero creo que hoy tenía la necesidad de remarcar que estamos frente a un día negro y del que nos tendremos que arrepentir en el futuro, porque es preferible un páis con Clarín que sin él. Seguramente la ley que saldrá ahora tendrá visos de nulidad y de anticonstitucionalidad, el único camino que quedará para que la Corte Suprema de Justicia, la termine deshaciendo.

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países? En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.

Leyes de Radio-TV y la libertad

La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países? En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.


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