Proyecto Actitud

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En 1930, el radical Hipólito Yrigoyen, que había sido elegido presidente de la República en 1928, fue depuesto por un golpe de Estado.
El gobierno surgido del golpe, encabezado por el general Uriburu, enfrentaba las consecuencias de la gran depresión de 1929 y diseñó un plan fiscal ortodoxo encaminado a reducir el gasto público y aumentar los ingresos del erario.
El gobierno preparó el borrador de un nuevo proyecto de impuesto a la renta que, con ciertas modificaciones, se transformaría en la primera legislación sobre el tema en el país en 1932.
El impuesto se aplicaba partiendo de una base fija sobre cuatro categorías de actividades: rentas inmobiliarias; intereses, acciones, bonos, etc; comercio e industria; rentas del trabajo.
La primera se dividía en inmuebles rurales y urbanos. Los propietarios rurales debían pagar el 6% de su ingreso cuando no trabajaban la tierra directamente, fruto de la crítica al absentismo que se extendió durante la década de 1920 en el país.
Los propietarios que cultivaban su propia tierra abonaban una tasa básica del 4%. Finalmente, los propietarios cuyas tierras estaban valuadas en menos de 25.000 pesos quedaban exentos.
El proyecto de 1931, realizado por el gobierno militar, incluía una renta imponible mínima del 1% del valor de la tierra.
Sin embargo, el Congreso, reabierto en 1932, lo eliminó argumentando que la tasa podría convertirse en un impuesto sobre el capital en lugar de sobre la renta.
Las rentas de activos de capital recibían un gravamen del 6%, mientras que los beneficios derivados de actividades comerciales o industriales tenían que abonar un 5%.
Para evitar que los pequeños comerciantes o industriales sufrieran una carga onerosa, la ley indicaba que aquellos negocios con ingresos inferiores a 50.000 pesos anuales serían gravados como ingresos procedentes del trabajo asalariado.
Los ingresos procedentes del trabajo asalariado debían abonar una tasa proporcional fija, pero a diferencia del resto de categorías se establecían ciertas deducciones.
La tasa era de 4%, pero sólo se aplicaba sobre la totalidad de la renta cuando ésta era superior a 24.000 pesos.
Si los ingresos del trabajador eran inferiores a esa cantidad, la tasa sólo se aplicaba al 75 o al 50% de la renta, según la cantidad.
Además, los ingresos inferiores a 300 pesos quedaban exentos.
Para introducir la progresividad en el impuesto, el gobierno creó una tasa adicional progresiva, a partir de 25.000 pesos.
Al igual que en el caso brasileño, la tasa se aplicaba sólo sobre los excesos de renta, hasta alcanzar el 7% en el tramo más alto.
Comparado con los impuestos europeos, y particularmente con el británico, el impuesto a la renta argentino -llamado impuesto a los réditos- era moderado y no afectaba demasiado las rentas altas.
Sin embargo, en comparación con el brasileño, los asalariados recibían un mejor tratamiento y además, a lo largo de la década de 1930, la contribución de los sectores con ingresos más elevado se fue haciendo más importante.
Espero haya sido de vuestro interés.

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