La Teoría de la Imprevisión en el Contrato de Obra Pública

La Teoría de la Imprevisión en el Contrato de Obra Pública

Por Juan Carlos O´Brien

 

Sumario­: I.- Introducción,  II.- La Teoría de la Imprevisión, III.- La Teoría de la Imprevisión en el Derecho Administrativo, IV.- Comentario de un fallo, V. Conclusión.

 

I.- INTRODUCCION

      

Este informe pretende dar analizar algunos aspectos relacionados a la aplicación de la Teoría de la Imprevisión en el Contrato de Obra Publica.

 

El artículo 1198[1] del Código Civil impide que el contrato se convierta en una fuente de lucro desproporcionado para uno de los contratantes en perjuicio del otro, cuando por obra de acontecimiento extraordinarios, imprevisibles y ajenos a ellos se hubieran distorsionado notablemente los efectos naturales del contrato celebrado, volviendo excesivamente oneroso el cumplimiento de la obligación. La Teoría de la Imprevisión postula para estos supuestos la resolución del contrato, o bien el reajuste equitativo de sus efectos.

Este instituto es de aplicación a los contratos de obra pública regulados por el Derecho Administrativo.

 

II.- LA TEORIA DE LA IMPREVISION

 

En los términos del artículo 1198, será necesario que se den los siguientes requisitos: 1) que ocurra un acontecimiento extraordinario e imprevisible que incida sobre la prestación a cargo de una de las partes volviéndose excesivamente onerosa; 2) que esto ocasione lesión patrimonial al deudor y la consiguiente dificultad para cumplir con la prestación ( onerosidad sobreviniente) y 3) que el perjudicado no haya obrado con culpa o estuviera en mora.

a)      Acontecimiento extraordinario e imprevisible, dos caracteres que deben hallarse en concurso según lo prescribe la ley. Esto significa que toda vez que la excesiva onerosidad se produzca a consecuencia de la ocurrencia de acontecimientos ordinarios y previsibles, o bien anormales y previsibles, resultarán irrelevante e ineficaces para invocar la teoría de la imprevisión.

 

Un hecho es extraordinario cuando sucede rara vez, cuando sale de la regla común, de lo que habitual y normalmente ocurre. Es importante señalar que las situaciones personales o particulares del deudor no permiten caracterizar a u acontecimiento como extraordinario. Deben tratarse de cuestiones de índole general o social[2].

 

La exigencia que el acontecimiento haya sido imprevisible apunta a que se trata de un hecho que exceda la prudencia que las partes razonablemente debieron haber tenido y lo que racionalmente hubiera podido preverse.

 

Si la imprevisión diviene de un obrar imprudente no puede ser alegada, no solo por no encuadrar dentro de la Teoría de la Imprevisión sino porque ¨nadie puede invocar su propia torpeza¨ en su propio beneficio.

 

Las circunstancias o hechos imprevisibles son cuestiones de hecho que deben ser valoradas por el juez.

 

b)     Se exigen además dos elementos más que son los siguientes: 1.- que el hecho o acontecimiento incida en la prestación volviéndola  excesivamente onerosa y 2.- que el hecho o acontecimiento haya ocurrido  con anterioridad a la época  en que se manifieste la voluntad de no cumplir lo pactado, pero siempre posteriormente a la contratación.

 

c)      Una circunstancia se vuelve excesivamente onerosa cuando pierde relación con respecto al valor de la contraprestación,  lo que hace que el sacrificio supere en mucho a la ventaja y por consiguiente se establezca una diferencia que beneficie notablemente a una de las partes en detrimento de la otra.

 

3.-  La Lesión patrimonial del deudor es el segundo requisito de la Teoría de la Imprevisión. Esta lesión debe dificultar gravemente el cumplimiento de la prestación.

 

4.-    El tercer requisito es que el obligado no se encuentre en mora o negligencia.

 

Los contratos a los cuales se aplica la teoría de la imprevisión son aquellos que, siendo de ejecución diferida o continuada, fueran bilaterales conmutativos o aleatorios o unilaterales onerosos. Es decir que debe mediar un lapso entre la celebración del convenio y su cumplimiento, que es lo que permite que ocurra el hecho o acontecimiento imprevisto.

 

Debido a la incorporación de la teoría de la imprevisión en nuestra legislación, el perjudicado tiene derecho a solicitar la resolución del contrato celebrado, sea por vía de acción o de excepción. Si resulta procedente, las partes deberán devolverse lo que en virtud del contrato se hubieran entregado, es decir, que opera retroactivamente. Sin embargo, en el caso de los contratos de ejecución continuada, la ley contempla una importante excepción respecto de los efectos ya cumplidos, los cuales quedan firmes no pudiendo ser alcanzados por la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. La doctrina mayoritaria coincide que quien invoca la aplicación de la teoría puede hacer uso de ambas opciones[3].

 

Es el prudente arbitrio judicial que juzgará si se encuentran reunidos los elementos que hacen a la cuestión de hecho que hacen a quien invoca la imprevisión, tomando en consideración la prestación a cargo de ambas.

 

 

 

 

III.- LA TEORIA DE LA IMPREVISION EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

 

En el campo del derecho administrativo – que como es sabido ha incorporado la teoría de la imprevisión¨ como elemento auxiliar para juzgar las consecuencias de una mayor onerosidad en los contratos, a diferencia de lo que ocurre en derecho privado en que, en principio, el afectado debe pedir la rescisión, siendo facultad del contratante evitarla ofreciendo una mejora equitativa (art. 1198 Código Civil), la quiebra de la ecuación económico financiera contractual no es causal de rescisión; ello impide al perjudicado dejar de cumplir las obligaciones contraidas, debiendo limitase a gestionar una compensación que le permita continuar haciéndolo. Esta diferencia de tratamiento se justifica porque el interés público exige que la administración pueda disponer sin demora de los bienes y servicios que hubiera contratado, objetivo que resultaría frustrado si se atribuyera a la contratista la facultad de rescindir. Sobre la base de estos principios, resulta incuestionable que la sociedad accionante procedió correctamente al cumplimentar la prestación y solicitar el resarcimiento cuya procedencia es, desde luego, materia de decisión. La SCBA ha declarado en más de una oportunidad que la procedencia de reajustes destinados a paliar la onerosidad sobreviniente de un contrato, depende inexcusablemente de que se alegue y pruebe en forma concluyente que el quebranto o trastorno causado por un alza de precios, razonablemente imprevisible, haya superado el ¨alea normal¨ de los negocios. Es decir que la contratista que alega la Teoría de la Imprevisión debe probar el modo y magnitud de los acontecimiento denunciados en auxilio de la pretensión denunciada[4].

Es decir que cuando se invoca la Teoría de la Imprevisión en un contrato administrativo, el cocontratante afectado por la situación extraordinaria sólo tiene derecho a una ayuda estatal, o sea a un resarcimiento parcial que le permita seguir cumpliendo la prestación. En el Derecho Administrativo la Teoría de la Imprevisión, a diferencia de lo que ocurre en  el derecho privado, no es causal de rescisión, lo que impide al perjudicado dejar de cumplir con sus obligaciones contraídas, debiendo limitarse a gestionar directamente una compensación que le permita continuar haciéndolo, pues el interés público exige que la administración pueda disponer sin demora de los bienes y servicios que hubiere contratado, objetivo que se vería frustrado si se atribuyera a la contratista la facultad de rescindir[5].

 

La aplicación de la Teoría de la Imprevisión requiere la alegación y prueba  de que el quebranto o trastorno ocasionado por el alza de precios haya superado el ¨alea normal¨ del negocio[6], en tanto la lesión sobreviniente, producto del hecho extraordinario e imprevisible, que hace aplicable la cláusula rebus sic stantibus implícita en todo contrato por aplicación del art. 1198 del Código Civil aún en los administrativos exige un grave desequilibrio de las contraprestaciones pues está claro que no puede aceptarse que el Estado se convierta en garante de un determinado nivel de renta del contratista que es en definitiva lo que intenta[7].

La procedencia de reajustes destinados a paliar la onerosidad sobreviniente de un contrato depende, inexcusablemente, de que se alegue y pruebe en forma concluyente que el quebranto o trastorno causado por un alza de precios, razonablemente imprevisible, haya superado el ¨alea normal¨ de los negocios[8].

La Teoría de la Imprevisión se aplica en contratos administrativos de prestación única mientras se encuentre en curso de ejecución al momento de producirse el hecho o acontecimiento imprevisible[9].

En síntesis el contratista tiene derecho a que se mantenga el equilibrio o ecuación económico financiera. Tal derecho al mantenimiento del equilibrio financiero existe con relación a cualquier contrato[10].

 

IV.- COMENTARIO DE UNA SENTENCIA

 

 

 

V.- CONCLUSION.

El contratista tiene derecho  a una indemnización por los perjuicios derivados hechos o acontecimiento imprevistos o imprevisible para los contratantes, es decir, que tanto en el área administrativa como en el área económica en los contratos de obra pública, deben ser soportada en parte por la Administración.

La Teoría de la Imprevisión tiene aplicación en supuestos excepcionales y por ello ofrece también soluciones excepcionales. Se aplica, además, en todos los contratos administrativos sin excepción.



[1] El artículo 1198 del Código Civil (texto según ley 17711) dice: ¨Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causa extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La otra parte podrá  impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente a los efectos del contrato.

[2] Conf. Carlos Alberto Ghersi, ¨Contratos civiles y comerciales¨ Parte general y especial, figuras contractuales modernas, Editorial Astrea, 1990,  pag. 224.

[3] Ghersi, Carlos Alberto, ob. cit.,  pág. 228.

[4] SCBA, B 49042 S 14-12-1984, Juez VIVANCO (SD) CARATULADA ¨ Maquinarias Ensenada S.A. C/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires S/Demanda contencioso Administrativa¨ Publicaciones: AyS 1984-II,589, Mag. Votantes: Vivanco – Negri – Cavagna Martinez – Rodriguez Villar -Mercader.

[5] CNCI K, CAPITAL FEDERAL, 14-7-2000, CARATULA: ¨Seeking S.A. C/ Municipalidad de Buenos Aires. Publicaciones: LL 2001 C, 171-101959

[6] Escola, ¨Tratado Integral de los Contratos Administrativos¨, T.I, pág. 463 nro. 3;  Marienhoff ¨Tratado de Derecho Administrativo¨, 2 ed., Tomo III, No. 789; Diez, ¨Derecho Administrativo¨, 1ra. Edic., Tomo II, págs. 564/5)

[7] Voto del doctor Fayt en la causa ¨Dulcamara C/ E.N.T.E.L. S/Cobro de Pesos¨, C.J.N., sent. Del 23-03-90; publicada en ED del 23/04/1991.

[8] Conf. Causas B. 47.383,D.J.B.A., T.117, página 171; B.47481, D.J.B.A., T. 118, pág. 101; B 49.042, ¨Maquinarias Ensenada¨, 14/12/84, asimismo Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T. III-A, nro. 789/790,  Diez, ¨ Derecho Administrativo¨ Tomo II, págs. 564/565; Escola ¨Tratado Integral de los Contratos Administrativos¨,  Tomo I, pág. 463).

 

[9] Marienhoff, ob.cit. t.III-A, 791, pág. 528.

[10] Garrido Falla, ¨Tratado de Derecho Administrativo¨,  T. II-53, 9 edición, Madrid 1994, Marienhoff, ob. cit. III-a- 57 y 113; Cassagne, E.D., 57-793 y diario del 23-IX-1998.