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¡NO! AL INTENTO DE GOLPE DE LOS TERRATENIENTES EN BOLIVIA
Según un estudio, el poder cruceño está en 40 familias
Un libro identifica a una élite regional con más de 130 años de vigencia.
LA RAZON, LA PAZ.- Según un estudio de la Fundación Tierra, son 40 familias las que centralizan el poder económico y social en Santa Cruz y que surgieron al mismo tiempo que los denominados Barones del estaño, a finales del siglo XIX.
Ximena Soruco, coordinadora del libro Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy, explicó que se realizó una investigación de año y medio en la cual se descubrió que las élites cruceñas siguen siendo las mismas que hace 130 años.
En el texto, que se presentará hoy a las 18.30 en el Museo de Etnografía y Folklore (c. Ingavi 916), se registraron alrededor de 300 expedientes de dotación de tierras, entre 1953 y 1994, de tamaño mayor a las 10.000 hectáreas.
“El poder económico y social se concentra en una élite vieja, que ascendió paralelamente a los Barones del estaño, por ello los denominamos los barones del Oriente. Estas familias continúan en el poder”, explicó Soruco.
El libro, que consta de tres capítulos, analiza la actual situación del departamento a partir de dos ejes principales: la estructura económica y social de Santa Cruz y los discursos que se manejan, explicó la Fundación.
En el primer capítulo, escrito por Ximena Soruco, se presenta una revisión histórica de la capital oriental y su desarrollo como potencia económica nacional.
La investigación reveló que a finales del siglo XIX hacendados provenientes del interior del país, del extranjero y del mismo Santa cruz fortalecieron su poder.
El investigador Wilfredo Plata, autor del siguiente capítulo, plantea que el discurso autonómico no es de forja reciente. Plata indica que la propuesta de un gobierno autónomo surge poco después de la fundación de la República de Bolivia en 1825.
Finalmente, Gustavo Medeiros analiza la realidad cruceña desde la economía productiva, enfocándose en la soya y el algodón.
Terratenientes belicosos
Por Alfonso Gumucio D *. Fuente: Bolpress, La Paz, Bolivia
Las noticias de la prensa son preocupantes. Dicen que Alejandro Almaraz, Vice-Ministro de Tierras, ha sido amenazado por poderosos ganaderos de Santa Cruz y luego se ha pedido su salida de Camiri. Almaraz se encontraba en el interior del país, en representación del Estado, realizando un peritaje para el saneamiento de tierras, de acuerdo a las normas del INRA. La emergencia de terratenientes bravucones debe ser cortada de raíz, y el propio pueblo cruceño debería distanciarse de esas actitudes feudales.
Desde cualquier punto de vista es una barbaridad, una monstruosidad, que un funcionario del Estado no pueda ingresar a cualquier lugar del país en cumplimiento de sus funciones.
Es una barbaridad que un diputado de PODEMOS, a su vez ganadero, desconozca las leyes vigentes en el país y se haga portavoz de una agrupación que se resiste a la aplicación de las normas del INRA.
Y es una barbaridad que un gringo latifundista de apellido Larsen que vino a enriquecerse a este país (lo cual nunca hubiera soñado en Estados Unidos) pretenda imponerse como vaquero matón en un tema que concierne a las autoridades bolivianas.
Los terratenientes que pretenden impedir que el saneamiento de tierras proceda de acuerdo a las normas vigentes deben ser inmediatamente arrestados.
No podemos tolerar de nuevo a señores feudales en este país, eso se acabó en 1952 con la Reforma Agraria, hace 55 años, pero por lo visto en décadas recientes, probablemente desde la época de la dictadura de Bánzer, los terratenientes han vuelto a agruparse y a sentirse amos de nuevo.
Nada puede justificar que una persona o una familia se haga propietaria (probablemente por cuatro centavos o peor, por dolo), de miles y miles de hectáreas que eran del Estado, mientras que cientos de miles de campesinos no tienen tierra para sobrevivir.
La agroindustria y la ganadería deben ser reguladas, y la extensión de tierras limitada a una cantidad razonable. La propuesta de referéndum habla de 5,000 o 10,000 hectáreas. A mi me parece que 5,000 ya es mucho. ¿Sólo para que las vacas de los hacendados se paseen a sus anchas?
Desde cualquier punto de vista, esas son tierra ociosas, porque no se dedican a la agricultura sino al pastoreo en extensiones de territorio que -en proporción al número de cabezas de ganado- es desmedido.
Hay aquí un tema político y un tema ético. El tema político nos puede llevar a la situación de Colombia, de Brasil o de Estados Unidos. Todo lo que Colombia ha sufrido durante décadas se originó en un sistema feudal de tenencia de la tierra, grandes extensiones en manos de muy pocos.
Cuando los campesinos pobres y sin tierra protestaron, los hacendados se armaron hasta los dientes, como lo están haciendo ahora en Bolivia y como también sucede en Brasil, donde el propio Lula no ha podido hacer nada para controlar sus desmanes.
En Brasil los “Coroneles” latifundistas –que han sido incluso tema de telenovelas, películas y obras literarias- tienen ejércitos de mercenarios que se ocupan de eliminar a los campesinos que protestan.
El caso de Estados Unidos, es diferente pues no se trata de un tema de tierras (aunque también lo hay), sino religioso. Muchas sectas ocupan ranchos con grandes extensiones de terreno y los controlan con civiles armados hasta los dientes. De tiempo en tiempo el gobierno decide intervenir por la fuerza, a veces con extrema violencia para aniquilarlos, como sucedió en Waco, Texas, donde 82 adventistas fanatizados, incluidos niños y mujeres, fueron eliminados con bombas incendiarias en 1993.
En el plano ético, no pede sino producir asco la idea de que unos cuantos gamonales acaparen la tierra para sus vacas mientras la mayoría de la población padece hambre. El tema que nos interesa destacar aquí es que no se puede permitir, en ningún país, que ningún sector de la empresa privada acapare grandes extensiones del territorio y, peor aún, impida que las autoridades del Estado cumplan con el trabajo regulador.
El poder de los hacendados, por ejemplo en Brasil o en Guatemala, es tan grande y ofensivo, que no han dudado en asesinar a dirigentes campesinos, a personal de ONGs, y a todo el que trate de meter las narices en sus tierras. En muchos casos, estos hacendados que no quieren que se toque sus tierras, esconden pistas clandestinas para el narcotráfico y laboratorios de producción de drogas.
Por eso, también, el Estado necesita hacer verificaciones periódicas. En Colombia, los abusos de los terratenientes contra campesinos pobres despojados de sus tierras fueron el origen de las FARC, del ELN y de otros grupos guerrilleros que luego se desvirtuaron, se dedicaron al narcotráfico y actuaron exactamente como los patrones que inicialmente querían combatir, intimidando con las armas a los campesinos pobres.
Ahora que se cumplen los 55 años de la Reforma Agraria del MNR, donde lo esencial fue “la tierra es para quien la trabaja”, es más importante la tierra para la sobrevivencia de las familias campesinas, que para el engorde de las vacas (y de los señores feudales). Los “vaqueros” deben aprender a usar las técnicas ganaderas que existen en otros países civilizados, donde se alimenta al ganado en extensiones de terreno reducidas, para no violar los derechos básicos y humanos de los hombres y las mujeres que no tienen tierra suficiente para sustentarse.
Los bolivianos no debemos permitir que haya territorios vetados para el Estado. El Estado somos nosotros. El Estado nos representa, no así los terratenientes. El territorio nacional es uno e indivisible. El latifundismo debe ser erradicado, es decir, sacado de raíz. Los hacendados que mantienen grupos armados irregulares, los señores feudales que no quieren que se investigue sobre el origen y el uso de las tierras que poseen, deben ser perseguidos con la fuerza de la ley.
El ejército debe intervenir si es necesario, y de ninguna manera se debe permitir que los señores latifundistas, los “coroneles”, los dueños de tierras y de vidas campesinas, impongan su ley, que es la ley de la selva.
* Alfonso Gumucio D. Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Es autor de una veintena de libros y películas documentales, y ha trabajado en seis continentes en proyectos de comunicación participativa para el cambio social. Es Director Ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.
Fue miembro de la redacción del Semanario “Aquí” hasta el golpe de 1980, y ha publicado en diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia.
Desde 1980 su trabajo en comunicación para el desarrollo lo ha llevado a todas las regiones del planeta. Trabajó con UNICEF en Nigeria (1990-94) y Haití (1995-97); fue director del “Tierramérica” (1998), una plataforma regional de información para el medio ambiente. Ha sido consultor de FAO, UNESCO, PNUD, PNUMA, la Cooperación Australiana, UNAIDS, DTCD y la Fundación Rockefeller en proyectos de comunicación para el cambio social.
Ha escrito veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación: Historia del Cine Boliviano (México, 1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) que obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA); y Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), entre otros.
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Quizá le importe a alguien… EE.UU. CONTRA BOLIVIA Después vendrán por nosotros. Aunque no creo que les importe conociendo como razonan algunos de los que dejan comentarios en mi blog
Ronald Larsen y otros patrones de la provincia Cordillera apedrean y disparan a indígenas y funcionarios del Estado. Es la segunda agresión en un mes.
Hacendado norteamericano arma grupos de choque para defender latifundios en el chaco cruceño
FUENTE: BOLPRES, LA PAZ.-
Atacaron con piedras, petardos y balas a funcionarios del Viceministerio de Tierras y del INRA en inmediaciones de la hacienda Caraparicito, ubicada en la Localidad de Lagunillas, aproximadamente a 80 kilómetros de Camiri.
Los autores intelectuales y materiales de la agresión son ganaderos y hacendados, entre ellos un ciudadano norteamericano vinculado a las elites políticas y empresariales de la capital cruceña.
Aunque el saneamiento en la zona beneficiará a 10 mil pequeños propietarios y consolidará una TCO a favor de comunidades indígenas guaraníes, muchas de ellas explotadas laboralmente, los hacendados y ganaderos conformaron “comités de defensa” con gente armada para impedir el ingreso de funcionarios de gobierno y paralizar los trabajos de saneamiento.
No es la primera vez que los terratenientes de la provincia Cordillera de Santa Cruz impiden con violencia el saneamiento de sus haciendas. El 29 de febrero secuestraron y amenazaron de muerte a las máximas autoridades agrarias nacionales y dispararon a las llantas de su vehículo.
A las 10 de la mañana de este viernes 4 de abril, la comisión oficial integrada por 40 funcionarios del INRA y del Viceministerio, resguardada por un contingente policial de 40 efectivos, reanudó los trabajos de saneamiento en la localidad Alto Parapetí, y otra vez encontró la resistencia violenta de los hacendados.
La caravana fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente a bordo de más de una decena de vehículos que amenazó a los conductores con quemar los vehículos que transportaban a los funcionarios de gobierno. Sin embargo, el contingente rompió el bloqueo y continuó su camino, bajo asedio permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a bordo de seis vehículos.
A las 15:30, los representantes del gobierno llegaron a la hacienda “Caraparicito”. La vía estaba totalmente bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos los hacendados levantaron una barricada y más atrás colocaron una cisterna en medio del camino.
Comenzó una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los ganaderos desconocieron al gobierno de Evo Morales. “Esto les va a durar unos días más porque ya no estarán ustedes”, dijo uno de los propietarios, en alusión al estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende aprobar el 4 de mayo.
Los ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas, aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión oficial les desmentían. Los periodistas que cubrían estos incidentes preguntaron por qué impiden el saneamiento si no existen indígenas cautivos en sus predios, pero los hacendados no respondieron. Luego de un forcejeo se logró retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la policía.
En ese momento salió de su hacienda el norteamericano Ronald Larsen, gritando y amenazando directamente al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. En el secuestro del 29 de febrero, este mismo personaje intimidó a Almaraz con armas de fuego. El grupo de choque de los hacendados comenzó a lanzar petardos, cohetes y piedras a diestra y siniestra, hiriendo en la cara a un policía y a un guaraní, y también a un concejal de Lagunillas. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para frenar la agresión. Luego se negoció una tregua, sin que ninguna de las partes haya abandonado sus posiciones.
Ambos bandos permanecen en sus posiciones: el contingente oficial integrado por 40 funcionarios, 36 policías y alrededor de 50 indígenas guaraníes, frente al “comité de defensa” ganadero integrado por 50 personas, algunas armadas y equipadas con radioreceptores.
¿Quién es Larsen?
Un norteamericano protagonizó dos agresiones a una comisión oficial en menos de 40 días. Este extranjero levantisco que contrata matones para evitar que los guaraníes obtengan una TCO en Alto Parapetí se llama Ronald Larsen.
Larsen, relacionado con el Cuerpo de Paz, llegó al chaco boliviano en 1968 y al año siguiente compró la hacienda de Caraparicito. Con los años, su hacienda se convirtió en un complejo turístico con atractivos naturales, gimnasio, sala de juegos, comedor, sala de reuniones, biblioteca, sauna e hidromasaje.
Las haciendas ganaderas del Chaco son parte de un proyecto turístico impulsado por la Prefectura de Santa Cruz. La inversión de las propiedades privadas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alcanza un millón de dólares, según un reporte del Nuevo Día (5 de junio de 2007).
Larsen está bien relacionado con la jerarquía política del departamento. La Prefectura cruceña eligió a Caraparicito como ejemplo de manejo ambiental. Dentro de la hacienda de 2.800 hectáreas existe una “Reserva Natural de Patrimonio Privado” de 2.335 hectáreas. El 4 de junio de 2007, Larsen recibió en su hacienda al prefecto Rubén Costas, al presidente del comité cívico Branko Marinkovic, y al presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) en ese entonces Gabriel Dabdoub.
Todo por la tierra
Larsen y los hacendados de la provincia Cordillera, en alianza con las elites de Santa Cruz, conformaron un “comité de defensa” en la provincia Cordillera integrado por medianos y grandes propietarios, en ellos Juan Carlos Santistevan, dueño del predio Mandioty de una extensión de 1.885 hectáreas; y la familia de Elvy Abbet de Malpartida, dueña del predio Itacay de 9.783 hectáreas.
Los más activos del clan son los Larsen. Según datos del INRA, el padre, Ronald Larsen, es dueño de Caraparicito de 3.377 hectáreas y de Caraparicito II, de 3.399 hectáreas. Su hijo Duston posee el predio Yaguapoa de 2.696 hectáreas. Todas estas propiedades se ubican en los cantones Choreti, Camiri y Cuevo (Santa Cruz); y Sapirangui y Guembe (Chuquisaca).
De un total de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.512, el 52 por ciento de toda la tierra, se concentran en 14 predios categorizados como empresas. Las 40 pequeñas propiedades identificadas en el lugar suman una superficie de 7.755 hectáreas, es decir el 7,8% de la tierra.
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¿Recuerdan cuando se cantaba “piquete y cacerola la lucha es una sola”? ¿Salieron con las cacerolas a protestar por Dario y Maxi? ¿O solo salen a defender a los terratenientes del campo?
Colman y Quevedo retiran el cuerpo de Darío hasta la vereda.
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Recuerdo cuando Abuchearon y silbaron a Alfonsín
Y aplaudieron al riojano durante 10 años
La realidad muestra que este tiempo de bonanza del campo posibilitó la recuperación de las economías regionales, que habían sido devastadas en la década neoliberal menemista, y también generó un ingreso de divisas enorme para el país.
Es verdad que el Gobierno nacional aplicó duras retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, frente a la necesidad de obtener recursos para atender a los sectores más postergados tras la crisis de 2001. Además, en los últimos días, se anunciaron modificaciones a este sistema impositivo, para favorecer la diversidad de la producción y evitar el monocultivo de soja.
Frente a esta situación, el campo reaccionó en forma corporativa y anunció primero un paro de 48 horas, luego decidió extenderlo por una semana y ahora se habla de continuar con la medida de fuerza por tiempo indefinido.
Sin dudas, es lícito que un sector reclame por sus derechos cuando considera que fueron vulnerados, pero también es indispensable reconocer que la tierra es un bien social, que existe un principio básico y esencial de solidaridad en una sociedad civilizada y, finalmente, que ningún sector puede pretender salvarse solo. Y en todo caso, si tiene ese propósito, habría que preguntarse para qué le serviría…
El campo atraviesa una situación formidable, favorecido por el contexto nacional e internacional, y contribuir al crecimiento equilibrado del país y a una equitativa distribución de la riqueza deberían ser principios aceptados por los productores agropecuarios.
Sin embargo, una vez más, el sector más rico del país muestra una actitud insensible y despiadada y sin tener consideración por el aumento de precios y la falta de productos básicos, como lácteos, carne y cereales, arremete no sólo contra un gobierno democrático, sino contra toda la sociedad.
El corte de rutas, que impide la libre circulación de los ciudadanos y perjudica a quienes trabajan, es un delito federal.
El Gobierno nacional debe liberar las rutas de inmediato con la Policía Federal y Gendarmería.
El Poder Judicial debe actuar de oficio y juzgar a todos los que obstruyen las rutas, condenarlos por el delito y mandarlos a la cárcel.
Y la sociedad en su conjunto, como respuesta si los chacareros no liberan las rutas, debe movilizarse e impedir que las cosechadoras puedan circular para levantar la soja y dejar que se pierda la producción en el campo, para pagar con la misma moneda.
El corte de rutas es delito y quienes cortan las rutas, son delincuentes.
Una vez más, el campo que se benefició con la pesificación de sus deudas y logró ganancias fabulosas, muestra su actitud golpista.
Como tantas veces a lo largo de la historia argentina.
Los campesinos laburan dos meses al año, ruegan un mes que llueva y descansan otros nueve y después quieren que toda la sociedad los apoye para tener privilegios.
Vayan a laburar, atorrantes.
Hermanos agropecuarios, vamos a ir al campo a frecuperar la tierra y los bienes que son de todos yh que ustedes se apropiaron y usufructúan injustamente, para hacer un país equitativo.
Hermanos del campo, si no les gusta cómo es el país donde viven, péguense un tiro y hagan patria muriéndose de una vez por todas
Nadie tiene el derecho, sin importar sus motivos, de impedirle a ninguna persona el libre transito por el pais, ni tampoco a entrar o salir de el.
Es un delito federal tanto para los productores agropecuarios que hoy cortan las rutas, para los piqueteros que cortan los accesos a la capital federal y para los asambleistas de Gualeguaychu que cortan los accesos al Uruguay.
Deberian ir todos presos, todos.
Disiento en un punto, la tierra no es un bien social, le pertenece al productor agropecuario que la compro y la pago. Lo que si es un bien social es el dinero de los impuestos que ese productor debe pagar a la provincia que le corresponda y a la nacion.
Si el productor agropecuario gana mucho dinero pagara mucho impuesto a las ganancias (en la Argentina la alicuota es del 35%), es decir por cada tres pesos de ganancia le quedan dos, ya que uno le corresponde al estado.
Con respecto a actitudes golpistas en la pelicula “la republica perdida” se muestran imagenes de la plaza de mayo llena de gente con banderas festejando la caida de Isabel Peron, dudo mucho que esas miles de personas fueran todos productores agropecuarios. Seguramente habia alli argentinos de todos los sectores, no solo del campo.
Con todo respeto
El Viejo