El sector agropecuario se volvió a transformar en el motor que impulsa el crecimiento de la economía argentina, como consecuencia de los óptimos precios internacionales que tienen los granos, los altos rindes de la cosecha y la fuerte rentabilidad lograda tras la devaluación del peso frente al dólar.
La realidad muestra que este tiempo de bonanza del campo posibilitó la recuperación de las economías regionales, que habían sido devastadas en la década neoliberal menemista, y también generó un ingreso de divisas enorme para el país.
Es verdad que el Gobierno nacional aplicó duras retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, frente a la necesidad de obtener recursos para atender a los sectores más postergados tras la crisis de 2001. Además, en los últimos días, se anunciaron modificaciones a este sistema impositivo, para favorecer la diversidad de la producción y evitar el monocultivo de soja.
Frente a esta situación, el campo reaccionó en forma corporativa y anunció primero un paro de 48 horas, luego decidió extenderlo por una semana y ahora se habla de continuar con la medida de fuerza por tiempo indefinido.
Sin dudas, es lícito que un sector reclame por sus derechos cuando considera que fueron vulnerados, pero también es indispensable reconocer que la tierra es un bien social, que existe un principio básico y esencial de solidaridad en una sociedad civilizada y, finalmente, que ningún sector puede pretender salvarse solo. Y en todo caso, si tiene ese propósito, habría que preguntarse para qué le serviría…
El campo atraviesa una situación formidable, favorecido por el contexto nacional e internacional, y contribuir al crecimiento equilibrado del país y a una equitativa distribución de la riqueza deberían ser principios aceptados por los productores agropecuarios.
Sin embargo, una vez más, el sector más rico del país muestra una actitud insensible y despiadada y sin tener consideración por el aumento de precios y la falta de productos básicos, como lácteos, carne y cereales, arremete no sólo contra un gobierno democrático, sino contra toda la sociedad.
El corte de rutas, que impide la libre circulación de los ciudadanos y perjudica a quienes trabajan, es un delito federal.
El Gobierno nacional debe liberar las rutas de inmediato con la Policía Federal y Gendarmería.
El Poder Judicial debe actuar de oficio y juzgar a todos los que obstruyen las rutas, condenarlos por el delito y mandarlos a la cárcel.
Y la sociedad en su conjunto, como respuesta si los chacareros no liberan las rutas, debe movilizarse e impedir que las cosechadoras puedan circular para levantar la soja y dejar que se pierda la producción en el campo, para pagar con la misma moneda.
El corte de rutas es delito y quienes cortan las rutas, son delincuentes.
Una vez más, el campo que se benefició con la pesificación de sus deudas y logró ganancias fabulosas, muestra su actitud golpista.
Como tantas veces a lo largo de la historia argentina.
Los chicos de los colegios privados en el cacerolazo.
Recuerdo cuando Abuchearon y silbaron a Alfonsín
Y aplaudieron al riojano durante 10 años