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UNA VERDADERA JOYA YPEFIANA, YPF UN DELITO DE LESA HUMANIDAD.

SR. DIPUTADO FELETTI
Cámara de Diputados de la Nación

Me dirijo a usted nuevamente, mientras me pregunto si realmente sirve de algo hacerlo.
De igual modo, y aunque convencido, por los antecedentes que tengo en mi poder, de que a usted muy poco le importa lo que podamos argumentar al respecto los interesados, quienes, para su conocimiento, somos DAMNIFICADOS, le informo que, la gran masa de EX AGENTES DE YPF EXPROPIADOS por el Estado Nacional, no solo NO ACEPTAMOS, sino que también, REPUDIAMOS eso que usted se atreve a denominar “Proyecto de Compensación Económica a favor de quienes no adhirieron al Programa de Propiedad Participada”.
Usted no tiene la menor idea de todo lo que tuvimos que pasar quienes, en zonas marginales, muy alejadas de donde usted vive, con el Subte y las paradas de colectivo a la vuelta, la universidad a unas cuadras, y toda la concentración económica, debimos afrontar, con nuestras familias a cuestas, cuando a un POLÍTICO como usted, un día cualquiera, se le antojó malvender todo lo que había, y no se le movió un pelo cuando nos dejó en la calle, en pueblos y ciudades que se morían, y en un pais donde todos los días desaparecían miles de fuentes de trabajo.
Usted, que tuvo la suerte de que le costearan una carrera universitaria, que lo insturuyeran y capacitaran, no tiene noción de lo que tuvieron que afrontar los EX AGENTES DE YPF EXPROPIADOS, para lograr llegar a viejos, y alimentar a sus familias. Muchos no lo lograron, muchos no lo soportaron. Muchos se murieron soñando con que, alguna vez, algún Político como usted, reconozca eso que se nos cercenó, junto con nuestra dignidad y nuestro orgullo de seres útiles, argentinos dignos, incluidos y productivos.
Eso que usted está impulsando, no es una COMPENSACIÓN. No llega ni a DÁDIVA. No llega ni al Plan Social mas flaco. Hubieramos preferido que nos diga que de arriba le dieron órden de no impulsar nada. Lo hubieramos tildado de Obsecuente. En cambio, con esto que impulsa, nos vemos obligados de etiquetarlo de IGNORANTE. Informese un poco. Enterese de lo que nos tocó pasar. Al menos tenga ese gesto de DIGNIDAD.

ANDRÉS KORSCHENEWSKY
DNI 13.810.782
ORGULLOSO YPFIANO EXPROPIADO

YPF S.A. EL MUNDO LO SABE, FUE, ES Y SERA UNA ESTAFA….QUIEN INVIERTE EN UNA EMPRESA QUE ESTAFO A SUS ACCIONISTAS?

YPF….YPF S.E…..YPF S.A….
QUIEN PUEDE CONFIAR EN UNA SOCIEDAD ANONIMA QUE NI SIQUIERA DE SUS INICIOS COMO TAL, FUE HONESTA CON SUS ACCIONISTA, LOS PRIMEROS ESTAFADOS FUERON LOS PROPIETARIOS DEL 10% DEL CAPITAL COMPUESTO POR LAS ACCIONES CLASE C.
A ESTOS ACCIONISTAS JAMAS SE LES ENTREGARON SUS ACCIONES EN MANO PROPIA, JAMAS SE LES PAGARON LOS DIVIDENDOS QUE PRODUJERON LAS MISMAS Y ADEMAS LAS SE VENDIERON DE FORMA ILEGAL, EN LOS MERCADOS DE VALORES DE BUENOS AIRES Y NUEVA YORK SIN SU CONSENTIMIENTO, A PESAR DE SER NOMINATIVAS.

CON ESTE HISTORIAL QUIEN INVIERTE EN YPF S.A., SI DESDE SU INICIO VIENE ESTAFANDO A SUS ACCIONISTAS.

FORMACION GEOLOGICA VACA MUERTA DESCUBIERTA POR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 40 AÑOS ATRAS

UN POCO DE HISTORIA DE El SUPUESTO DESCUBRIMIENTO DE YPF del MEGAYACIMIENTO VACA MUERTA, en esta decada, es SOLO un buen argumento politico, para alimentar la sed de logros de la gilada y de los que se hacen los giles pero no lo son.

En el año 1990 el Ingeniero Crespo en Catriel, Rio Negro,( AMBOS TRABAJAMOS EN YPF), me regalo el libro EVALUACION DE FORMACIONES ARGENTINAS 1987.
Evaluación de Formaciones en la Argentina
Mayo 1987
La preparación de este documento fue coordinada por BENJAMIN AMERICO FELDER
Con la colaboración de: J. LARREA, F. LASA, C. MEINERS, J. PELISSER-COMBESCURE, A. PECQUET, J. TORRE,
J. VASQUEZ (Schlumberger)
M. TURIC, F. ARAMAYO FLORES, R.GOMEZ OMIL, R. POMBO, G. PERONI, J. SCIUTTO, D. ROBLES, A.
CACERES (Yacimientos Petrolíferos Fiscales)
Se agradece el aporte de: J. Arregui, R. Caligari, J. Clivio, E. Corti, R. Digregorio, F. Fantin, M. Fernández, T.
Gerlero, G. Hinterwimmer, J. Keenan, G. Leger, F. Leiró, L. Luoni, M. Pedrazzini, E. Pellegrini, R. Puliti, H.
Ronzoni, A. Rosetti, R. Sosa, J. Svavhegalo

En este libro ya en 1987 se destacaban en la pagina 30 en el Cuadro Estratigrafico de la Cuenca Neuquina (jurasico-cretacico), las formaciones Quintuco-Vaca Muerta; y hace un desarrollo muy detallado de los hidrocarburos existentes en dichas formaciones desde la pagina 30 a la 35.

Geología del Petróleo
La columna estratigráfica de la cuenca cuenta fundamentalmente con tres secciones con marcadas
condiciones oleogenéticas: Formaciones Los Molles, Vaca Muerta y Agrio, que en algunas zonas exceden en
conjunto los 2.800 m de espesor.
Los hidrocarburos generados en ellas se alojan en los más diversos tipos de trampas en la mayoría de las
unidades litoestratigráficas descriptas.
En la actualidad, la gran mayoría de las trampas estructurales ya han sido prospectadas. Resta aún desarrollar
más intensamente la exploración de trampas estratigráficas o combinadas. Desde este punto de vista la
cuenca ofrece muy interesantes perspectivas dada la ciclicidad que caracteriza a su relleno, posibilitando la
existencia de importantes cambios de facies, capaces de generar entrampamientos dentro de prácticamente
todas las unidades citadas.
Cabe destacar que el sector Andino se encuentra escasamente explorado y otro tanto ocurre con los niveles
profundos. FORMACIONES GEOLÓGICAS EN ARGENTINA
Secretaría de Energía – República Argentina Página 35
La Fm. Quintuco – Vaca Muerta, es la unidad que ha brindado el mayor volumen de hidrocarburos líquidos
extraídos hasta la fecha, de facies carbonáticas depositadas en ambientes sabkha, lagunar y plataforma
proximal. De menor magnitud resultan los volúmenes de hidrocarburos líquidos recuperados en secciones
clásticas fluvio – deltaicas y fluviales de las Formaciones Lajas, Challaco y Tordillo, infrayacentes todas ellas a
la Formación Vaca Muerta que actúa como roca madre y sello.
Ejemplos clásicos de entrampamiento estratigráfico lo constituyen los yacimientos de Puesto Hernández
(petróleo) y Loma de la Lata (gas y condensado). El ejemplo más representativo de trampa estructural lo
constituye el campo petrolero de Sierra Barrosa.
Yacimiento Puesto Hernandez – Plano estructural al techo de la arenisca de Avilé
Yacimiento Loma La Lata. Plano estructural al techo de la Fm. Tordillo
Yacimiento Sierra Barrosa. Plano estructural a la base de la Fm. Vaca MuertaFORMACIONES GEOLÓGICAS EN ARGENTINA
Secretaría de Energía – República Argentina Página 36
Los yacimientos ubicados en el sur de la provincia de Mendoza (Puesto Rojas, Sierra Palauco, Valle del Río
Grande, etc) responden a un esquema estructural, con porosidad y permeabilidad secundarias en la zona
plegada central. En este sentido, han ido adquiriendo progresiva importancia exploratoria, debido a su
excelente productividad, los filones de andesitas terciarias intruidos dentro de las secciones de roca madre de
las Formaciones Agrio y Vaca Muerta. Hacia la zona de plataforma hay escasos yacimientos, de importancia
relativa menor, de carácter estratigráfico.

Fuente: facebook

CAPITANICH UN SABIO!!! ES UNA VERGUENZA QUE EN LA ARGENTINA NO SE PUEDA APLICAR UNA LEY VOTADA POR EL CONGRESO. COMO LA LEY 23696 DE REFORMA DEL ESTADO.

CAPITANICH, SABE QUE YO PIENSO IGUAL QUE USTED?……..Con una diferencia hace 20 años que espero que se cumpla como corresponden  LOS PROGRAMAS DE PROPIEDAD PARTICIPADA (P.P.P.)
Alicia Ballart
La Ing. Alicia Ballart es Administradora Gubernamental. Actualmente se desempeña como
responsable del “Área Programas de Propiedad Participada” de la Secretaría de Coordinación
Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la
Nación.
1. ASPECTOS GENERALES
El Programa de Propiedad Participada (P.P.P.) es un mecanismo previsto por la Ley N° 23.696 de Reforma
del Estado para permitir a los trabajadores de una empresa sujeta a privatización, o privatizada, participar
de su propiedad junto con otros inversores privados.
Por este sistema, los trabajadores pasan a ser propietarios mediante la adquisición de acciones que emite
la propia empresa

ES CIERTO LO QUE USTED DICE: ES UNA VERGUENZA!
UsTed tambien fue parte de los que aprobaron se nos estafe con las acciones de propiedad participada de YPF….USTED no Exigio que se cumpla la Ley como corresponde y nos entreguen en mano nuestras acciones como dice la ley….USTED no exige actualmente que se cumpla ley y nos paguen las ganancias que produjeron en estos 20 años nuestras acciones….USTED EXIGE QUE SE CUMPLA LEY EN TODOS LOS CASOS O SOLO CUANDO LE CONVIENE A SUS INTERESES?

Jorge Capitanich: “Es una vergüenza que en la Argentina no se pueda aplicar una ley votada por el Congreso. En esa cuestión la Corte no ha sido independiente”

EXYPFIANOS DE NEUQUEN SE REUNEN EL LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 18 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB YPF DE AVENIDA OLASCOAGA 1471 DE LA CIUDAD DE NEUQUEN, PARA INFORMAR Y DEJAR DOCUMENTACION.

LETTO Y ASOCIADOS, INFORMACION ACTUALIZADA A LOS EX-AGENTES DE YPF.

 INFORMACION ENVIADA POR UN AMIGO Y EX-COMPAÑERO DE YPF, DE LAS HERAS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. MUCHISIMAS GRACIAS.

COMUNICADO SOBRE NUEVA RESOLUCION JUDICIAL- 02-08-2011

A: LAS DISTINTAS AGRUPACIONES DE TODO EL PAIS QUE COMPONEN LA FEDERACION EX AGENTES DE YPF DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

A: TODOS LOS EX AGENTES DE YPF S.A. A: QUIENES QUIERAN TENER INFORMACION ACTUALIZADA

Este Estudio Jurídico (LETO & ASOCIADOS), con la colaboración de quienes trabajan en conjunto con el (DRA. GRACIELA VAZQUEZ Y ADRIAN FENOGLIO) y Dr. RICARDO PAZ (colaborador de los estudios) tienen el agrado de comunicar las últimas novedades sobre las gestiones de FEDERACION que se están desarrollando en varios frentes (como ser: lograr que se paguen a quienes no cobraron la ley, lograr que se paguen las sentencias no resueltas aún, pagos a las viudas con menos requisitos) proseguir la causa penal, informar de cuanto estime sea de interés) y en este caso, para tratar caso por caso, decimos lo siguiente: Tal como lo señalan medios informativos nacionales (ver por caso: sección Economía del diario Clarin de fecha 29 de julio de 2011) y medios regionales (que por su multiplicidad no reproducimos) se produjo una sentencia favorable a los intereses de los ex ypefianos ya que la Cámara de Apelaciones de Córdoba al confirmar la recusación del juez Mario Favero realizada por esta FEDERACION deja firme la anterior resolución del Juez Armando Valentinuzzi en el sentido de suspender la venta de las ventas de las acciones realizadas últimamente sin que existiera el consentimiento de los ex ypefianos. Por lo tanto ( a diferencia de lo que opina YPF) la confirmación del apartamiento del juez Favero quedó firme la medida cautelar anterior que prohibió el traspaso de las acciones. Por consiguiente, todas las operaciones de venta que cerró Repsol a fondos norteamericanos y al propio grupo Eskenazi se tornaron nulas e inexistentes. Estamos hablando -tomando la fecha de marzo en adelanto- de un total del 32 por ciento de las acciones de YPF. Esto se agrega a la resolución ya comunicada oportunamente en el sentido de que otro Juez, el Dr. Esteban Furnari, fijó una limitación a la venta en el sentido de que se respete el 10 por ciento que les pertenece a los ex trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Queremos señalar que siguiendo los lineamientos de este Estudio (que comparte tanto el de la Dra. Vazquez como el Dr. Paz, pero no otro sin perjuicio del mérito que eventualmente tengan) es comunicar aquellos hechos que se inscriban totalmente en la verdad de los hechos y que se pueda demostrar fehacientemente la veracidad de los mismos. Como esto continúa (y el trabajo del Estudio también) nos comunicaremos cada vez que haya una novedad al respecto y en especial lo hacemos con la satisfacción del deber cumplido. Con un saludo cordial y un abrazo para todos nos despedimos.

ESTUDIO LETO & ASOCIADOS.

EXYPEFIANOS-JUBILACION-PRESIDENTA CRISTINA

SEÑORA CRISTINA, PRESidenta CRISTINA, PRESIDENTA NUESTRA, AQUI LE MOSTRAMOS UNA PROPUESTA DE UN YPEFIANO QUE PIENSA EN COMO SOLUCIONAR UN TEMA QUE NO DEJA DE SER UNA DEUDA CON EL PUEBLO. MUCHOS DE NOSOTROS ESTAMOS CON EDADES QUE TAN SOLO NOS INTERESARIA GOZAR DE UNA JUBILACIO DIGNA Y ACORDE A LA CATEGORIA QUE TENIAMOS EN ACTIVIDAD CUANDO YPF ERA UNA EMPRESA PETROLERA DE VERDAD.

Buenos Días, soy Guillermo Lladós de Córdoba soy ex ypfiano y estoy aquí para dejar una idea o propuesta con respecto al pago de las indemnizaciones que se deben a los ex-ypfianos. Mi propuesta es la siguiente soy una persona de mas de 55 años y la verdad que antes de cobrar un monto de golpe me gustaría que me jubilen con una jubilación acorde y razonable al cargo que ocupaba en aquel momento en YPF. Esto que propongo quisiera que fuera opcional es decir aquellos ex ypfianos que quieran o necesiten cobrar ese dinero de golpe lo puedan hacer sin ningún problema y aquellos que deseen ser jubilados puedan hacerlo también. Quisiera se planteara al gobierno esta propuesta y de este modo el gobierno no tendría que desembolsar montos tan astronómicos. Y muchos ex-ypfianos que necesiten cobrar su monto de una vez, me parece que esta propuesta agilizaría muchísimo ese pago. Para cualquier consulta quedo a disposición.

FUENTE: Blogs Clarin – EL CLARO OSCURO POLITICO – La Patria Contratista -

Comentarios .

LA NUEVA YPF, ESTA QUE NO PAGA A SUS EX TRABAJADORES…ESTATUTO SOCIETARIO…

ESTATUTO 
DE 
YPF SOCIEDAD ANONIMA

Actualizado al 1 de Mayo de 2011.

TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1° – Denominación

La Sociedad se denomina YPF SOCIEDAD ANÓNIMA. En el cumplimiento de las actividades propias de su objeto social y en todos los actos jurídicos que formalice, podrá usar, indistintamente, su nombre completo o el abreviado YPF S.A.

Artículo 2° – Domicilio

El domicilio legal de la Sociedad se fija en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, sin perjuicio de lo cual podrá establecer administraciones regionales, delegaciones, sucursales, agencias o cualquier especie de representación dentro o fuera del país.

Artículo 3° – Duración

El término de duración de la Sociedad se establece en cien (100) años contados desde la inscripción de este Estatuto en el Registro Público de Comercio.

TITULO II 
OBJETO
 

Artículo 4° – Objeto 

La Sociedad tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, incluyendo también productos petroquímicos, químicos derivados o no de hidrocarburos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes, así como la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, utilizarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos, así como también tendrá por objeto prestar, por sí, a través de una sociedad controlada, o asociada a terceros, servicios de telecomunicaciones en todas las formas y modalidades autorizadas por la legislación vigente y previa solicitud de las licencias respectivas en los casos que así lo disponga el marco regulatorio aplicable, así como también la producción, industrialización, procesamiento, comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados, así como también realizar cualquier otra actuación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá fundar, asociarse con o participar en personas jurídicas de carácter público o privado domiciliadas en el país o en el exterior, dentro de los límites establecidos en este Estatuto. 

Artículo 5° – Medios para el cumplimiento del objeto social

a) Para cumplir su objeto la sociedad podrá realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualesquiera sea su carácter legal,  incluso  financieros, excluida la intermediación, que hagan al objeto de la Sociedad, o estén relacionados con el mismo, dado que, a los fines del cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.

b) En particular, la Sociedad podrá:
(i) Adquirir por compra o cualquier título, bienes inmuebles, muebles, semovientes, instalaciones y toda clase de derechos, títulos, acciones o valores, venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos bajo cualquier título, darlos en garantía y gravarlos, incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real y constituir sobre ellos servidumbres, asociarse con personas de existencia visible o jurídica, concertar contratos de unión transitoria de empresas y de agrupación de colaboración empresaria.

(ii) Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones, incluso préstamos y otras obligaciones, con bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, organismos internacionales de crédito y/o de cualquier otra naturaleza, aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder créditos comerciales vinculados con su giro.

(iii) Emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no.

TITULO III 
CAPITAL.  ACCIONES
Artículo 6° – Capital
 

a) Monto del capital social: El capital social se fija en la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 3.933.127.930) totalmente suscripto e integrado, representado por TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (393.312.793) de acciones ordinarias escriturales, de DIEZ PESOS ($10,00) valor nominal cada una y un voto por acción.

b) (4) Clases de acciones ordinarias: El capital social se divide en cuatro clases de acciones ordinarias de acuerdo al siguiente detalle:

(i) Acciones clase A, sólo el Estado Nacional podrá ser titular de acciones clase A.

(ii) Acciones clase B, destinadas originariamente a ser adquiridas por tenedores de Bonos de Consolidación de Regalías de Gas y Petróleo o titulares de acreencias contra la Nación por regalías de gas y petróleo. La acción clase B adquirida por un tenedor de los citados Bonos que no fuera una Provincia o el Estado Nacional se convertirá en acción clase D.

(iii) Acciones clase C, destinadas originariamente por el Estado Nacional  a los empleados de la Sociedad bajo el régimen del Programa de Propiedad Participada de la Ley 23.696. Las acciones clase C no  adquiridas por los empleados de la Sociedad bajo el Programa de Propiedad Participada se convertirán en acciones clase A; y 

(iv) Acciones clase D, convertidas en tales por transferencia a cualquier persona de acciones clase A, B o C de acuerdo a las siguientes reglas:

- Las acciones clase A que el Estado Nacional transfiera a cualquier persona se convertirán en acciones clase D, salvo transferencias a Provincias si una ley previamente lo autoriza en cuyo caso no cambiarán de clase.

- Las acciones clase B que las Provincias transfieran a cualquier persona que no sea una Provincia se convertirán en acciones clase D.

- Las acciones clase C que se transfieran a terceros fuera del Programa de Propiedad Participada se convertirán en acciones clase D.

- Las acciones clase D no cambiarán de clase por ser eventualmente suscriptas o adquiridas por el Estado Nacional, las Provincias, otra persona jurídica de carácter público o por personal que participa en el Programa de Propiedad Participada.

c) Derechos especiales de la clase A: Se requerirá el voto favorable de las acciones clase A, cualquiera sea el porcentaje del capital social que dichas acciones clase A representen para que la Sociedad válidamente resuelva:

(i)  Decidir la fusión con otra u otras sociedades;

(ii) Aceptar que la Sociedad, a través de la adquisición por terceros de sus acciones, sufra una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión de más del cincuenta por ciento (50 %) del capital social de la Sociedad; 

(iii) Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley 17.319, sus normas complementarias y reglamentarias, y la Ley 24.145, de modo tal que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de la Sociedad;

(iv) La disolución voluntaria de la Sociedad.

(v) (4) El cambio de domicilio social y/o fiscal de la Compañía fuera de la República Argentina. 

Se requerirá, además, previa aprobación de una ley nacional para resolver favorablemente sobre los subincisos (iii) y (iv) anteriores.

d) Acciones preferidas: La Sociedad puede emitir acciones preferidas con o sin derecho de voto divididas también en clases A, B, C y D. Se aplicarán a cada clase de acciones preferidas las mismas reglas sobre titularidad y conversión que las previstas para la misma clase de acciones ordinarias en el inciso b) precedente. Cuando las acciones preferidas ejerzan el derecho de voto (ya sea transitoria o permanentemente) lo harán, en su caso, como integrantes, a ese efecto, de la clase a la cual pertenezcan.

e) Aumentos de Capital: El capital puede ser aumentado hasta su quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria, conforme lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 19.550, no rigiendo tal límite si la Sociedad es autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. Corresponde a la Asamblea establecer las características de las acciones a emitir en razón del aumento, dentro de las condiciones dispuestas en el presente Estatuto, pudiendo delegar en el directorio la facultad de fijar la época de las emisiones, como también la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones, pudiendo efectuar, asimismo, toda otra delegación admitida por la ley. Toda emisión de acciones ordinarias o preferidas se hará por clases respetando la proporción existente entre las distintas clases a la fecha de esa emisión, sin perjuicio de las modificaciones que ulteriormente resulten del ejercicio del derecho de preferencia y del derecho de acrecer según se prevé en el artículo 8° de este Estatuto.

Artículo 7° – Transferencia de acciones 

a) Acciones escriturales: Las acciones no se representarán en títulos sino que serán escriturales y se inscribirán en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en la Sociedad, bancos comerciales, de inversión o cajas de valores autorizados, según lo disponga el directorio. Las acciones son indivisibles. Si existiese copropiedad, la representación para el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse.

b) Transferencia de acciones clase A o C: Toda transferencia de acciones clase A efectuada en violación de lo dispuesto por el último párrafo de artículo 8° de la Ley 24.145, o de acciones clase C efectuada en violación de las normas del Programa de Propiedad Participada o del respectivo Acuerdo General de Transferencia comunicado fehacientemente a la Sociedad, será nula, carecerá de todo efecto y no será reconocida por la Sociedad.

c) Deber de información: Toda persona que, directa o indirectamente, adquiera por cualquier medio o título, acciones clase D, o que al transferirse se conviertan en clase D, o títulos de la Sociedad de cualquier tipo que sean convertibles en acciones clase D (incluyendo, dentro del significado del término “título”, pero sin limitarse, a los debentures, obligaciones negociables y cupones de acciones) que otorguen control sobre más del tres por ciento (3%) de las acciones de la clase D, deberá dentro de los cinco (5) días de efectuada la adquisición que causó la superación de dicho límite, informar esa circunstancia a la Sociedad, sin perjuicio de cumplir con los recaudos adicionales que las normas aplicables en los mercados de capitales impongan para tal evento. La información referida deberá detallar, además, la fecha de la operación, el precio, el número de acciones adquiridas y si es propósito del adquirente de esa participación adquirir una participación mayor o alcanzar el control de la voluntad social de la Sociedad.  Si el adquirente está conformado por un grupo de personas, deberá identificar los miembros del grupo.  La información aquí prevista deberá proporcionarse con relación a adquisiciones posteriores a la informada originariamente brindada, cuando se vuelva a exceder, según lo aquí previsto, los montos de acciones clase D indicados en la última información.

d) Toma de control: Sin cumplirse con lo indicado en los incisos e) y f) de este artículo no podrán adquirirse, directa o indirectamente, por cualquier medio o título, acciones de la Sociedad o títulos de la Sociedad (incluyendo dentro del significado del término “título”, pero sin limitarse, a los debentures, obligaciones negociables y cupones de acciones) convertibles en acciones cuando, como consecuencia de dicha adquisición, el adquirente resulte titular de, o ejerza el control sobre acciones Clase D de la Sociedad que, sumadas a sus tenencias anteriores de dicha clase (si las hubiere) representen, en total, el QUINCE POR CIENTO (15%) o más del capital social, o el VEINTE POR CIENTO (20%) o más de las acciones clase D en circulación, si las acciones representativas de dicho VEINTE POR CIENTO (20%) constituyeran, al mismo tiempo, menos del QUINCE POR CIENTO (15%) del capital social. 

 No obstante lo indicado: (i) estarán excluidas de las previsiones de los incisos e) y f) de este artículo, las adquisiciones que realice quien ya sea titular o ejerza el control de acciones que representen más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social; y (ii) estarán excluidas de las previsiones del inciso e) punto (ii) y del inciso f) de este artículo, las adquisiciones posteriores que realice quien ya sea titular o ejerza el control de acciones que representen el QUINCE POR CIENTO (15%) o más del capital social, o el VEINTE POR CIENTO (20%) o más de las acciones clase D en circulación, si las acciones representativas de dicho VEINTE POR CIENTO (20%) constituyeran, al mismo tiempo, menos del QUINCE POR CIENTO (15%) del capital social, siempre que las acciones de las que fuera y/o pase a ser titular el adquirente (incluyendo las acciones de las que fuera titular al momento de la adquisición y de las que pase a ser titular en virtud de la misma) no superen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social.

Las adquisiciones a las que se refiere este inciso d) se denominan “Adquisiciones de control”.

e) Requisitos: La persona que desee llevar a cabo una Adquisición de Control (en adelante, en este inciso “el oferente”) deberá:

(i) Obtener el consentimiento previo de la asamblea especial de los accionistas de la clase A y

(ii) Realizar una oferta pública de adquisición de todas las acciones de todas las clases de la Sociedad y de todos los títulos convertibles en acciones.

Toda decisión que la asamblea especial de la clase A adopte en relación con las materias previstas en este inciso e) será definitiva y no generará derecho a indemnización alguna para ninguna parte.

f) Oferta Pública de Adquisición: Cada oferta pública de adquisición será realizada de acuerdo con el procedimiento indicado en este inciso y, en la medida que las normas aplicables en las jurisdicciones en que la oferta pública de adquisición sea hecha y las disposiciones de las bolsas y mercados de valores en donde coticen las acciones y títulos de la Sociedad impongan requisitos adicionales o más estrictos a los aquí indicados, se cumplirá con dichos requisitos adicionales o más estrictos en las bolsas y mercados en que ellos sean exigibles.

(i)  El Oferente deberá notificar por escrito a la Sociedad de la oferta pública de adquisición con por lo menos quince días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la misma. En la notificación se informará a la Sociedad todos los términos y condiciones de cualquier acuerdo o preacuerdo que el oferente hubiera realizado  o proyectara realizar con un tenedor de acciones de la Sociedad en  virtud del cual, si dicho acuerdo o preacuerdo se consumara, el Oferente se encontraría en la situación descripta por el primer párrafo del inciso d) de este Artículo (en adelante, el Acuerdo Previo), y, además, toda la siguiente información mínima adicional:
 
(A)  La identidad, nacionalidad, domicilio y número de teléfono del Oferente;
 
(B)  Si el oferente está conformado por un grupo de personas, la identidad y domicilio de cada Oferente en el grupo y de la persona directiva de cada persona o entidad que conforme el grupo;

(C)  La contraprestación ofrecida por las acciones y/o títulos. Si la oferta está condicionada a que un número determinado de acciones resulte adquirido, se deberá indicar dicho mínimo;

(D) La fecha programada de vencimiento del plazo de validez de la oferta pública de adquisición, si la misma puede ser prorrogada, y en su caso el procedimiento para su prórroga;

(E) Una declaración por parte del Oferente sobre las fechas exactas con anterioridad y posterioridad a las cuales los accionistas y tenedores de títulos que los sujetaron para su venta al régimen de la oferta pública de adquisición tendrán el derecho de retirarlos, la forma en la cual las acciones y títulos así sujetos a la venta serán aceptados y sujeta a la cual se realizará el retiro de las acciones y títulos de su sujeción al régimen de la oferta pública de adquisición;

(F) Una declaración indicando que la oferta pública de adquisición estará abierta a todos los tenedores de acciones y de títulos convertibles en acciones;

(G) La información adicional, incluyendo los estados contables del Oferente, que la Sociedad pueda razonablemente requerir o que pueda ser necesaria para que la notificación arriba indicada no conduzca a conclusiones erróneas o cuando la información suministrada sea incompleta o deficiente.

(ii) El Directorio de la Sociedad convocará por cualquier medio fehaciente a una Asamblea especial de la clase A a celebrarse a los diez días hábiles contados a partir de la recepción por la Sociedad del aviso indicado en el subinciso (i), a fin de considerar la aprobación de la oferta pública de adquisición y someterá a dicha Asamblea su recomendación al respecto. Si tal asamblea no se celebra pese a la convocatoria, o si se celebrara y en ella se rechazara la oferta pública de adquisición, ésta no podrá cumplirse y tampoco se llevará a cabo el Acuerdo Previo, si existiera.

(iii) La Sociedad enviará por correo, a cada accionista o tenedor de títulos convertibles en acciones, a costa del Oferente, con la diligencia razonable, copia de la notificación entregada a la Sociedad de acuerdo con lo indicado en el subinciso (i). El Oferente deberá adelantar a la Sociedad los fondos requeridos para este fin.

(iv) El Oferente enviará por correo o de otra forma suministrará, con una diligencia razonable, a cada accionista o tenedor de títulos convertibles en acciones que se lo requiera, copia de la notificación suministrada a la Sociedad y publicará un aviso conteniendo sustancialmente la información indicada en el subinciso (i), al menos una vez por semana, comenzando en la fecha en que dicha notificación es entregada a la Sociedad de acuerdo con el subinciso (i) y terminando al expirar la fecha para la oferta pública de adquisición. Sujeto a las disposiciones legales aplicables, esta publicación se hará en la sección de negocios de diarios de circulación general en la República Argentina, en la ciudad de Nueva York, EE.UU. y en cualquier otra ciudad en cuya bolsa o mercado coticen las acciones.

(v) La contraprestación por cada acción o título convertible en acción pagadera a cada accionista o tenedor del título será la misma, en dinero, y no será inferior al precio por acción clase D o en su caso título convertible en acción clase D, más alto de los precios siguientes:

(A) el mayor precio por acción o título pagado por el Oferente, o por cuenta del Oferente, en relación con cualquier adquisición de acciones clase D o títulos convertibles en acciones clase D dentro del período de dos años inmediatamente anterior al aviso de la adquisición de Control, ajustado a raíz de cualquier división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o se relacione a la clase D de acciones; o

(B) El precio más alto cierre vendedor durante el período de treinta días inmediatamente precedente a dicho aviso, de una acción clase D según su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en cada caso ajustado a raíz de cualquier división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o se relacione a la clase D de acciones; o

(C) Un precio por acción igual al precio de mercado por acción de la clase D determinado según lo indicado en el subinciso (B) de esta cláusula multiplicado por la relación entre: (a) el precio por acción más alto pagado por el Oferente o por cuenta del mismo, por cualquier acción de la clase D, en cualquier adquisición de acciones de la clase dentro de los dos años inmediatamente precedentes a la fecha del aviso indicado en el subinciso (i), y (b) dicho precio de mercado por acción de la clase D en el día inmediatamente precedente al primer día del período de dos años en el cual el Oferente adquirió cualquier tipo de interés o derecho en una acción de la clase D. En cada caso el precio será ajustado teniendo en cuenta cualquier subsiguiente división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o esté relacionada a la clase D; o

(D) El ingreso neto de la Sociedad por acción de la clase D durante los cuatro últimos trimestres fiscales completos inmediatamente precedentes a la fecha del aviso indicado en el subinciso (i), multiplicado por la más alta de las siguientes relaciones: la relación precio/ingreso para ese período para las acciones de la clase D (si lo hubiere) o la relación precio/ingreso más alta para la Sociedad en el período de dos años inmediatamente precedente a la fecha del aviso indicado en el subinciso (i).  Dichos múltiplos serán determinados en la forma común en la cual se los computa e informa en la comunidad financiera.

(vi) Los accionistas o tenedores de títulos que los hayan sujetado a la oferta pública de adquisición podrán retirarlos de la misma antes de la fecha fijada para el vencimiento de dicha oferta.

(vii) La oferta pública de adquisición no podrá ser inferior a VEINTE (20) días, ni exceder de TREINTA (30) días contados desde la fecha de autorización de la solicitud de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores de Argentina.

(viii) El Oferente adquirirá todas las acciones y/o títulos convertibles en acciones que antes de la fecha de la expiración de la oferta, sean puestos a venta de acuerdo al régimen de la oferta pública de adquisición. Si el número de dichas acciones  o títulos es menor al mínimo al cual condicionó el Oferente la oferta pública de adquisición, el Oferente podrá retirarla.

(ix) Si el Oferente no ha fijado un mínimo al cual condiciona su oferta pública de adquisición según lo indicado en el subinciso (i) (C) de este inciso, finalizado dicho procedimiento podrá concretar el Acuerdo Previo, si lo hubiera, cualquiera sea el número de acciones y/o títulos que haya adquirido bajo el régimen de la oferta pública de adquisición. Si hubiere fijado tal mínimo, podrá concretar el Acuerdo Previo sólo si bajo el régimen de la oferta pública de adquisición ha superado dicho mínimo. El acuerdo previo deberá concretarse dentro de los treinta días de finalizada la oferta pública de adquisición, caso contrario, para poder concretarlo será necesario repetir el procedimiento previsto en este Artículo.

Si no hubiese Acuerdo Previo, el Oferente, en los supuestos y oportunidades indicados previamente en que se podría concretar un Acuerdo Previo, podrá adquirir libremente el número de acciones y/o títulos que informó a la Sociedad en la comunicación indicada en el subinciso (i) de este inciso, en tanto no haya adquirido dicho número de acciones y/o títulos bajo el régimen de la oferta pública de adquisición.

g) Transacciones relacionadas: Toda fusión, consolidación u otra forma de combinación que tenga substancialmente los mismos efectos (en adelante, en este artículo “la Transacción Relacionada”) que comprenda a la Sociedad y cualquier otra persona (en adelante en este artículo “el Accionista Interesado”), que haya realizado previamente una Adquisición de control o que tenga para el Accionista Interesado los efectos, en cuanto a la tenencia de acciones clase D, de una Adquisición de control, sólo será realizada si la contraprestación que recibirá cada accionista de la Sociedad en dicha Transacción Relacionada fuera igual para todos los accionistas y no menor a:

(i) El precio por acción más alto pagado por o por cuenta de dicho Accionista Interesado con relación a la adquisición de:

(A) Acciones de la clase del tipo a ser transferidas por los accionistas en dicha Transacción Relacionada (en adelante, “La clase”), dentro del período de dos años inmediatamente anterior al primer anuncio público de la Transacción Relacionada (en adelante, “la Fecha del Anuncio”), o

(B) Acciones de la Clase adquiridas por dicho Accionista Interesado en cualquier Adquisición de control.

En ambos casos según dicho precio sea ajustado con motivo de cualquier división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o esté relacionada a la clase.

(ii) El precio, cierre vendedor, más alto durante el período de treinta días inmediatamente precedente a la fecha del anuncio o la fecha en que el Accionista Interesado adquiera acciones de la Clase en cualquier Adquisición de control, de una acción de la clase según su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ajustado por cualquier división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o esté relacionada a la Clase.

(iii) Un precio por acción igual al precio de mercado por acción de la Clase determinado según lo indicado en el inciso (ii) de esta cláusula multiplicado por la relación entre: (a) el precio por acción más alto pagado por el Accionista Interesado o por cuenta del mismo, por cualquier acción de la Clase, en cualquier adquisición de acciones de la Clase dentro de los dos años inmediatamente precedentes a la Fecha del Anuncio, y (b) dicho precio de mercado por acción de la Clase en el día inmediatamente precedente al primer día del período de dos años en el cual el Accionista Interesado adquirió cualquier tipo de interés o derecho en una acción de la Clase. En cada caso el precio será ajustado teniendo en cuenta cualquier subsiguiente división accionaria, dividendo en acciones, subdivisión o reclasificación que afecte o esté relacionada a la Clase.

(iv) El ingreso neto de la Sociedad por acción de la Clase durante los cuatro últimos trimestres fiscales completos inmediatamente precedentes a la Fecha del Anuncio, multiplicado por la más alta de las siguientes relaciones: la relación precio/ ingreso para ese período para las acciones de la Clase (si lo hubiere) o la relación precio/ingreso más alta para la Sociedad en el período de dos años inmediatamente precedente a la Fecha del Anuncio. Dichos múltiplos serán determinados en la forma común en la cual se los computa e informa en la comunidad financiera.

h)  Violación de requisitos: Las acciones y títulos adquiridos en violación a lo establecido en los incisos 7 c) a 7 g), ambos inclusive, de este artículo, no darán derecho a voto o a cobrar dividendos u otras distribuciones que realice la Sociedad y no serán computadas a los fines de determinar el quórum en cualquiera de las asambleas de accionistas de la Sociedad, hasta tanto las acciones no sean enajenadas, en el caso de que el adquirente haya obtenido el control directo sobre YPF, o hasta tanto el adquirente pierda el control sobre la sociedad controlante de YPF, si la toma de control ha sido indirecta.

i)  Interpretación: A los efectos de este artículo 7, el término “indirectamente” incluirá a las sociedades controlantes del adquirente, las sociedades por él controladas o que resultarían controladas como consecuencia de la Adquisición de control, Oferta Pública de Adquisición, Acuerdo Previo, o Transacción Relacionada, según sea el caso, que otorgarían a su vez el control de la Sociedad, las sociedades sometidas a control común con el adquirente y a las demás personas que actúen concertadamente con el adquirente; asimismo quedarán incluidas las tenencias accionarias que una persona posea a través de fideicomisos, certificados de depósito de acciones (”ADR”) u otros mecanismos análogos.

La Sociedad no se encuentra adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto por el artículo 24 del Decreto 677/01.

Artículo 8° – Derecho de preferencia

a) Reglas generales: Los tenedores  de acciones ordinarias o preferidas de cada clase gozarán del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones de la misma clase que se emitan, en proporción a las que posean. Este derecho deberá ejercerse en las condiciones y dentro del plazo fijados por la Ley y reglamentaciones aplicables. Las condiciones de emisión, suscripción e integración de las acciones clase C podrán ser más ventajosas para sus adquirentes que las previstas para el resto de las acciones pero en ningún caso podrán ser más gravosas. Todo titular de un derecho de preferencia, cualquiera sea la clase de acción que lo origina, podrá cederlo a cualquier tercero, en cuyo caso la acción objeto de dicho derecho de preferencia se convertirá o consistirá en una acción clase D.

b) Derecho de acrecer: El derecho de acrecer se ejercerá dentro del mismo plazo fijado para el derecho de preferencia, y respecto de todas las clases de acciones que no hayan sido inicialmente suscriptas.  A estos efectos:

(i) Las acciones clase A que no hayan  sido suscriptas en ejercicio del derecho de preferencia por el Estado Nacional se convertirán en acciones clase D y serán ofrecidas a los accionistas de  dicha Clase que hubieran manifestado la intención de acrecer con relación a las acciones clase A no suscriptas;

(ii) Las acciones clase B que no hayan sido suscriptas por  Provincias en ejercicio de sus derechos de preferencia originales, por omisión de ejercicio o por cesión del mismo, se asignarán seguidamente a las Provincias que hayan suscripto acciones clase B y manifestado la intención de acrecer, y el excedente se convertirá en acciones clase D para ser ofrecidas a los accionistas de dicha clase D que hubieran manifestado la intención de acrecer con relación a las acciones clase B no suscriptas;

(iii) Las acciones clase C que no hayan sido suscriptas por personas comprendidas en el Programa de Propiedad Participada en ejercicio de sus derechos de preferencia originales, por omisión de ejercicio o por cesión del mismo, se asignarán a aquellas de las personas comprendidas en dicho régimen que hayan suscripto acciones clase C y manifestado la intención de acrecer, y el excedente se convertirá en acciones clase D para ser ofrecidas a los accionistas de dicha clase que hubieran manifestado la intención de acrecer con relación a las acciones clase C no suscriptas;

(iv) Las acciones clase D que no hubieren sido suscriptas en ejercicio de derechos de preferencia emanados de acciones de esa clase serán asignadas a aquellos de los suscriptores de esa clase que hayan manifestado la intención de acrecer;

(v) Las acciones clase D remanentes se asignarán a los accionistas de las demás clases que hubieren manifestado intención de acrecer, en paridad de rango.

c) Límites: Los derechos de preferencia y de acrecer previstos en los párrafos precedentes existirán sólo en la medida en que sean exigidos por la legislación societaria vigente en cada momento o sean necesarios para cumplir las disposiciones aplicables de las Leyes 23.696 y 24.145.

Artículo 9° – Oferta pública y privada. Derogado 

TITULO IV
OBLIGACIONES NEGOCIABLES, BONOS DE 
PARTICIPACION Y OTROS TITULOS

Artículo 10° – Títulos emitibles

a) Obligaciones negociables: La Sociedad podrá emitir obligaciones negociables, convertibles o no. Cuando fuere legalmente necesario que la emisión de obligaciones negociables sea decidida por la asamblea, ésta podrá delegar en el Directorio todas o algunas de las condiciones de emisión.

b) Otros títulos: La Sociedad podrá emitir bonos de preferencia y otros títulos admitidos por la legislación aplicable. Los bonos de preferencia otorgarán a sus titulares el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital que se decidan en el futuro y hasta el monto que dichos bonos prevean. En la suscripción de dichos bonos y otros títulos convertibles, los accionistas tendrán derecho de preferencia en los términos y en los casos previstos en el artículo 8º de este Estatuto.

c) Conversión a clase D: Todo título convertible emitido por la Sociedad dará derecho a conversión sólo en acciones clase D. Su emisión deberá ser autorizada por asamblea especial de la clase D.

TITULO V
DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 11° – Directorio 

a)  Integración: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio integrado por un número de once (11) a veintiún (21) directores titulares, según lo determine la Asamblea, los que serán designados con mandato entre 1 y 3 ejercicios según lo determine la Asamblea en cada caso, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, sin perjuicio de lo establecido por el inciso e) de este artículo.

b)      Directores suplentes: Cada clase de acciones designará un número de directores suplentes igual o menor al de titulares que le corresponda designar. Los directores suplentes llenarán las vacantes que se produzcan dentro de su respectiva clase en el orden de su designación cuando tal vacante se produzca, sea por ausencia, renuncia, licencia, incapacidad, inhabilidad o fallecimiento, previa aceptación por el directorio de la causal de sustitución cuando ésta sea temporaria.

c)  Designación: Los directores serán designados por voto mayoritario dentro de cada una de las clases de acciones ordinarias, de la siguiente manera:

(i) la clase A elegirá un director titular y un suplente mientras exista al menos una acción clase A;

(ii) la designación del resto de los directores titulares y suplentes (que en ningún caso será menor de seis titulares y un número igual o menor de suplentes) corresponderá a la clase D. Las clases B y C votarán conjuntamente con las acciones clase D en la asamblea especial de ésta última convocada para la elección de Directores; 

(iii) en las asambleas especiales de clase D convocadas para  la  elección de directores se podrá votar por voto acumulativo con arreglo a las previsiones del artículo 263 de la Ley 19.550, incluso cuando a ella concurran accionistas tenedores de acciones A, B ó C conforme a lo previsto anteriormente.

d) Ausencia de una clase: Si no hubiere ninguna acción de una determinada clase con derecho a elegir directores de clase, presente en una asamblea celebrada en segunda convocatoria y convocada para elegir directores, los directores de dicha clase serán elegidos por los accionistas de las restantes clases votando conjuntamente como si constituyeran una sola clase salvo en caso en que la ausencia de accionistas ocurriera en las asambleas de las clases A, B o C en cuyo caso el síndico designado por las acciones clase A o por las acciones clase A, B y C en conjunto, según corresponda con arreglo a lo previsto en el Artículo 21 inciso b) procederá a efectuar la designación de directores titulares y suplentes de aquella de dichas clases que hubieren estado ausentes.

e)  Elección escalonada: La elección será por el plazo que establezca la Asamblea según lo previsto en el art. 11 inc. a), salvo cuando se elijan directores para completar el mandato de los reemplazados.

f) Nominación de candidatos: En cada asamblea que deba elegir directores para la clase D, todo accionista, o grupo de accionistas de la clase D que posea más del tres por ciento (3%) del capital representado por acciones clase D, podrá requerir que se envíe a todos los accionistas de esa clase la lista de candidatos que ese accionista o grupo de accionistas propondrá a la asamblea de dicha clase para su elección. En el caso de bancos depositarios que tengan acciones registradas a su nombre, esta regla se aplicará con respecto a los beneficiarios. Igualmente, el directorio podrá proponer candidatos a directores a ser electos por las asambleas de las clases respectivas, cuyos nombres se comunicarán a todos los accionistas junto con las listas propuestas por los accionistas mencionados en primer término. Las reglas anteriores no impedirán a ningún accionista presente en la asamblea proponer candidatos no incluidos en las propuestas circularizadas por el directorio. No podrá efectuarse ninguna propuesta de elección de directores para ninguna de las clases, antes del acto de la asamblea o en el curso de la misma, sin presentar a la Sociedad prueba escrita de la aceptación del cargo por los candidatos propuestos.

g) Forma de la elección: Sin perjuicio de lo establecido sobre voto acumulativo por el subinciso (vi) del inciso (c) de este Artículo la elección de directores de la clase D se efectuará por lista siempre que ningún accionista lo objete; en caso contrario, se efectuará individualmente. Se declarará electa a la lista o persona, según el caso, que obtenga la mayoría absoluta de las acciones clase D presentes en la asamblea; si ninguna lista obtuviera tal mayoría, se realizará una nueva votación en la que participarán las dos listas o personas más votadas, considerándose electa la lista o persona que en tal votación obtenga la mayor cantidad de votos.

h) Remoción: Sujeto a los requisitos de quórum aplicables, cada clase, por mayoría de las acciones de la clase presente en la asamblea, podrá remover a los directores por ella elegidos siempre que la remoción haya sido incluida en el orden del día.

Artículo 12° – Garantía

Los directores titulares deben constituir, cada uno de ellos, una garantía de diez mil pesos ($ 10.000) o su equivalente, como mínimo, la que podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. Cuando la garantía consista en depósito de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Los directores suplentes solamente deberán constituir la garantía aludida en caso de asumir como titulares en reemplazo de un director titular saliente para completar el período o períodos que correspondan.

Artículo 13° – Vacantes

Los síndicos podrán designar directores, en caso de vacancia, cuyo mandato se extenderá hasta la elección de nuevos directores por la asamblea. Corresponderá al síndico designado por las acciones clase A nombrar a un director por la clase A, después de consultar con el accionista clase A, y a los síndicos designados por las acciones clase D nombrar a los directores por esa clase.

Artículo 14° – Remuneración

a) Miembros no ejecutivos: Las funciones de los miembros no ejecutivos del directorio serán remuneradas según lo resuelva anualmente la asamblea ordinaria en forma global y se repartirá entre ellos en forma igualitaria, y entre sus suplentes en proporción al tiempo que reemplazaron a esos titulares. La asamblea autorizará los montos que podrán pagarse a cuenta de dichos honorarios durante el ejercicio en curso, sujeto a ratificación por la asamblea que considerara dicho ejercicio.

b)  Miembros ejecutivos: Los directores de la Sociedad que cumplan funciones ejecutivas, técnico-administrativas o comisiones especiales recibirán una remuneración por dichas funciones o comisiones de nivel acorde con el vigente en el mercado, que será fijada por el Directorio, con la abstención de los nombrados. Estas remuneraciones, juntamente con las de la totalidad del Directorio, estarán sujetas a ratificación por la asamblea según el régimen del artículo 261 de la Ley 19.550.

c) Regla general: Las remuneraciones de los directores establecidas por los incisos a) y b) anteriores deberán respetar los límites fijados por el Artículo 261 de la Ley 19.550, salvo el caso previsto en el último párrafo de dicho artículo.

Artículo 15º – Reuniones

El Directorio se reunirá, como mínimo, una vez por trimestre, sin perjuicio de que el Presidente del Directorio, o quien lo reemplace, lo convoque cuando lo considere conveniente. Asimismo, el Presidente del Directorio o quien lo reemplace, debe citar al Directorio cuando lo solicite cualquiera de los directores. La convocatoria se hará, en este último caso, por el Presidente del Directorio, para llevar a cabo la reunión dentro del quinto día de recibido el pedido; en su defecto, la convocatoria podrá ser efectuada por cualquiera de los directores. Las reuniones de Directorio deberán ser convocadas por escrito con indicación del orden del día, pero podrán tratarse temas no incluidos en el orden del día, si se hubieran originado con posterioridad y tuvieran carácter urgente.

Artículo 16° – Quórum y mayorías

El Directorio podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras. El Directorio funcionará con la presidencia del Presidente del Directorio o quien lo reemplace, pudiendo delegarse la firma del acta por parte de aquellos que se encuentren a distancia a los miembros presentes. El quórum se constituirá con la mayoría absoluta de los miembros que lo integren, computándose la asistencia de los miembros participantes, presentes o comunicados entre sí a distancia. Se dejará constancia en el Acta de la asistencia y la participación de los miembros presentes y de los miembros a distancia. En caso de que en una reunión convocada regularmente, una hora después de la fijada en la convocatoria no se hubiese alcanzado quórum, el Presidente del Directorio o quien lo reemplace podrá invitar al o los suplentes de las clases correspondientes a los ausentes a incorporarse a la reunión hasta alcanzar el quórum mínimo o convocar la reunión para otra fecha. No obstante, en caso de que las ausencias no afecten el quórum, el Directorio podrá invitar a los suplentes de las clases correspondientes a incorporarse a la reunión. El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de la mayoría de los miembros presentes y a distancia. La Comisión Fiscalizadora dejará constancia en el Acta del Directorio de la regularidad de las decisiones adoptadas. El Presidente del Directorio, o quien lo reemplace tendrá, en todos los casos, derecho a voto y doble voto en caso de empate. Los directores ausentes podrán autorizar a otro director a votar en su nombre, siempre que existiera quórum, en cuyo caso no se incorporarán suplentes en reemplazo de quienes así hubieren autorizado. Las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los CINCO (5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes del Directorio y por el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Artículo 17° – Facultades del Directorio

El directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad, incluso los que requieren poderes especiales a tenor del Artículo 1881 del Código Civil y del Artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las leyes que le fueren aplicables, del presente Estatuto y de los acuerdos de asambleas, correspondiéndole:

(i) Otorgar poderes generales y especiales -inclusive aquellos cuyo objeto sea lo previsto en el artículo 1881 del Código Civil- así como aquellos que faculten para querellar criminalmente, y revocarlos.  A los efectos de absolver posiciones, reconocer documentos en juicios, prestar indagatoria o declarar en procedimientos administrativos, el directorio podrá otorgar poderes para que la Sociedad sea representada por cualquier director, gerente o apoderado, debidamente instituido.

(ii) Comprar, vender, ceder, donar, permutar y dar o tomar en comodato toda clase de bienes muebles e inmuebles, establecimientos comerciales e industriales, buques, artefactos navales y aeronaves, derechos, inclusive marcas, patentes de invención y derechos de propiedad industrial e intelectual; constituir servidumbres, como sujeto activo o pasivo, hipotecas, hipotecas navales, prendas o cualquier otro derecho real y, en general, realizar todos los demás actos y celebrar, dentro o fuera del país, los contratos que sean atinentes al objeto de la Sociedad, inclusive arrendamientos por el plazo máximo que establezca la ley.

(iii) Asociarse con otras personas de existencia visible o jurídica, conforme a la legislación vigente y a estos Estatutos y celebrar con ellas contratos de unión transitoria de empresas, o de agrupaciones de colaboración empresaria.

(iv) Tramitar ante las autoridades nacionales o extranjeras todo cuanto sea necesario para el cumplimiento del objeto de la Sociedad.

(v) Aprobar la dotación del personal, efectuar nombramientos de los gerentes generales o especiales, fijar sus niveles de retribuciones, condiciones de trabajo y cualquier otra medida de política de personal y disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones que pudieren corresponder.

(vi) Emitir, dentro o fuera del país, en moneda nacional o extranjera, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deuda con garantía real, especial o flotante o sin garantía, convertibles o no, conforme las disposiciones legales que fueren aplicables y previa resolución de la asamblea competente cuando ello fuere legalmente requerido.

(vii) Transar judicial o extrajudicialmente toda clase de cuestiones, comprometer en árbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones judiciales y administrativas y asumir el papel de querellante en jurisdicción penal o correccional competente, otorgar toda clase de fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro o fuera del país, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, absolver o poner posiciones en juicio, hacer novaciones, otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los actos que según la ley requieren poder especial.

(viii) Efectuar toda clase de operaciones con bancos y entidades financieras inclusive el Banco de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y demás instituciones bancarias y financieras oficiales, privadas o mixtas del país o del exterior.  Celebrar operaciones y contratar préstamos, empréstitos y otras obligaciones con bancos oficiales o particulares, incluidos los enumerados en la frase anterior, instituciones y organismos internacionales de crédito o de cualquier otra naturaleza, personas de existencia visible o jurídica, del país o del extranjero.

(ix) Crear, mantener, suprimir, reestructurar o trasladar las dependencias y sectores de la Sociedad y crear nuevas administraciones regionales, agencias o sucursales dentro o fuera del país; constituir y aceptar representaciones.

(x) Aprobar y someter a la consideración de la asamblea la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados de la Sociedad proponiendo, anualmente, el destino de las utilidades del Ejercicio.

(xi) Aprobar el régimen de contrataciones de la Sociedad, el que asegurará la concurrencia de oferentes, transparencia y publicidad de procedimientos.

(xii) Disponer, si lo considera conveniente y necesario, la creación e integración del Comité Ejecutivo y de otros comités de Directorio, fijar las funciones y límites de su actuación dentro de las facultades que le otorga este Estatuto y dictar su reglamento interno.
 
(xiii)  Aprobar, en su caso, la designación del Gerente General y del Subgerente General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 (c).

(xiv)  Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitarse en la aplicación del presente Estatuto, a cuyo efecto el Directorio queda investido de amplios poderes sin perjuicio de dar cuenta, oportunamente, a la asamblea.

(xv)  Dictar su propio reglamento interno.

(xvi)  Solicitar y mantener la cotización, en bolsas y mercados de valores nacionales e internacionales, de sus acciones, y demás títulos cuando fuere pertinente.

(xvii) Aprobar el presupuesto anual, las estimaciones de gastos e inversiones, los niveles de endeudamiento necesario y los planes anuales de acción de la Sociedad.

(xviii) Ejercer las demás facultades que le confiere este Estatuto.

La enumeración que antecede es enunciativa y no taxativa y, en consecuencia, el directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la Sociedad y celebrar todos los actos que hagan al objeto social, salvo las excepciones previstas en el presente Estatuto, incluso por apoderados especialmente designados al efecto, a los fines y con la amplitud de facultades que, en cada caso particular, se determine.

Artículo 18º – Presidente y Vicepresidentes del Directorio – Gerente General y Subgerente General.

a) Designación: El Directorio designará de entre los miembros elegidos por las acciones Clase D a un Presidente del Directorio y podrá designar, en su caso, Vicepresidentes del Directorio. En caso de empate se resolverá por votación de los directores elegidos por la clase D. El Presidente y los Vicepresidentes del Directorio durarán en sus cargos dos (2) ejercicios, pero no más allá de su permanencia en el Directorio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en esas condiciones si fueran electos o reelectos como directores por la clase D. El Presidente del Directorio ejercerá además el cargo de Gerente General, quien será el principal ejecutivo de la Sociedad y tendrá a su cargo la conducción de las funciones ejecutivas de la administración. Si el Presidente del Directorio manifestara al ser electo, o posteriormente, que no desea ejercer el cargo de Gerente General, propondrá a la persona (que podrá o no ser director, pero en el primer caso deberá haber sido electo por la clase D) que ejercerá dicho cargo, sujeto a la aprobación del Directorio. El Presidente del Directorio podrá retomar en cualquier momento el cargo de Gerente General. El Presidente o Gerente General podrá proponer al Directorio las dos personas (que podrán o no ser directores, pero en el primer caso deberán haber sido electos por la clase D) que, sujeto a la aprobación del Directorio, ejercerán los cargos de Subgerentes Generales. Los Subgerentes Generales reportarán directamente al Gerente General y lo asistirán en el gerenciamiento de las operaciones de la Sociedad y en las demás funciones ejecutivas que le atribuya o delegue el Gerente General, a quien reemplazará en caso de ausencia u otro impedimento transitorio.

Un Subgerente General será el Director General de Operaciones y el restante será Director Adjunto al Vicepresidente Ejecutivo, de existir este.

b) Vicepresidentes del Directorio: El Vicepresidente Ejecutivo del Directorio reemplazará al Presidente del Directorio en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o definitiva de este último. En todos estos casos, salvo en el de ausencia temporaria, el Directorio deberá elegir nuevo Presidente del Directorio dentro de los sesenta días de producida la vacancia y según lo previsto en el inciso a) de este artículo. En caso de que exista más de un Vicepresidente el reemplazo del Presidente corresponderá al que viniese ejercitando funciones de Vicepresidente Ejecutivo, y en segundo lugar al Vicepresidente del Directorio de mayor edad.

c) Cuando uno de los Vicepresidentes del Directorio sea nombrado Gerente General o Subgerente General, será denominado “Vicepresidente Ejecutivo”. Cuando el Presidente del Directorio ejerza el cargo de Gerente General, si el Vicepresidente del Directorio no reviste el carácter de Vicepresidente Ejecutivo lo reemplazará solamente en el cargo de Presidente del Directorio.

d) En caso de empate en la aprobación de la designación del Gerente General o de los Subgerentes Generales, se resolverá por votación de los directores elegidos por la clase D. 

e) A los efectos de su actuación en el extranjero y ante los mercados internacionales de capitales, el Gerente General será designado como “Chief Executive Officer” y el Director General de Operaciones, será designado como “Chief Operating Officer”. El Gerente General y los Subgerentes Generales, estarán facultados para firmar todos los contratos, papeles de comercio, escrituras públicas y demás actos públicos o privados que obliguen y/u otorguen derechos a la Sociedad dentro de los límites de los poderes que les otorgue el Directorio, sin perjuicio de la representación legal que le corresponde al Presidente del Directorio y en su caso al Vicepresidente Ejecutivo del Directorio, y de los demás poderes y delegaciones de firma que el Directorio disponga.
Artículo 19º – Facultades del Presidente del Directorio

Son facultades y deberes del Presidente del Directorio o, a falta de éste, del Vicepresidente Ejecutivo del Directorio, además de las que pudieren corresponderles según se prevé en el artículo 18º de este Estatuto:

(i) Ejercer la representación legal de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley 19.550 y cumplir y hacer cumplir las leyes, los decretos, el presente Estatuto y las resoluciones que tomen la asamblea, el Directorio y el Comité Ejecutivo.

(ii) Convocar y presidir las reuniones del Directorio con voto en todos los casos y doble voto en caso de empate.

(iii) Ejercer, en su caso, el cargo de Gerente General.

(iv) Firmar actos públicos y privados en representación de la Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio haya conferido y de las facultades que, en su caso, competen al Gerente General y al Subgerente General.

(v) Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones del Directorio, sin perjuicio de las facultades que competen, en su caso, al Gerente General y al Subgerente General o de que el Directorio resuelva asumir por sí la ejecución de una resolución o de un tipo de funciones o atribuciones determinadas.

(vi) Presidir las asambleas de la Sociedad.

TITULO VI
FISCALIZACION

Artículo 20° – Comisión Fiscalizadora

a) Integración: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por una comisión fiscalizadora compuesta por un número de tres (3) a cinco (5) síndicos titulares y  tres (3) a cinco (5) suplentes, según lo determine la Asamblea.

b)  Designación: Un síndico y un suplente serán designados por las acciones clase A mientras exista al menos una acción clase A, y los restantes titulares y suplentes serán designados por las acciones clase D. Los síndicos serán elegidos por el período de un (1) ejercicio y tendrán las facultades establecidas en la Ley 19.550 y en las disposiciones legales vigentes. La Comisión Fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera de  los síndicos, sesionará con la totalidad de sus miembros y adoptará las resoluciones por mayoría. El síndico disidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes establecidos en la Ley 19.550.

c) Retribución: Las retribuciones de los síndicos serán fijadas por la asamblea ordinaria dentro de los límites establecidos por la ley vigente.

TITULO VII
ASAMBLEAS GENERALES

Artículo 21° – Convocatoria

Se convocará a asamblea ordinaria o extraordinaria, en su caso, para considerar los asuntos establecidos en los artículos 234 y 235 de la Ley 19.550. Las convocatorias se harán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 22° – Publicación

a) Edictos: Las convocatorias para las asambleas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias se efectuarán por medio de avisos publicados en el Boletín Oficial, en uno de los diarios de mayor circulación general en la República y en los boletines de las bolsas y mercados de valores del país en los que coticen las acciones de la Sociedad, por el término y con la anticipación establecidos en las disposiciones legales vigentes. El directorio ordenará las publicaciones a efectuar en el exterior para cumplir con las normas y prácticas vigentes de las jurisdicciones correspondientes a los mercados y Bolsas donde se coticen esas acciones.

b) Otros medios de difusión: El directorio podrá emplear los servicios de empresas especializadas en la comunicación con accionistas, y recurrir a otros medios de difusión a fin de hacerles llegar sus puntos de vista sobre los temas a someterse a las asambleas que se convoquen.  El costo de tales servicios y difusión estará a cargo de la Sociedad.

Artículo 23º – Representación

Los accionistas pueden hacerse representar en el acto de la asamblea de la que se trate, mediante el otorgamiento de un mandato en instrumento privado con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Presidirá las asambleas de accionistas el Presidente del Directorio o, en su defecto, la persona que designe la asamblea.

Artículo 24° – Celebración

a) Quórum y mayorías: Rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550 según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto:

(i) en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto;

(ii) para resolver sobre las cuestiones enumeradas en el inciso (c) del Artículo 6 en que se requerirá el voto afirmativo de las acciones clase A otorgado en Asamblea Especial;

(iii) para resolver sobre las cuestiones enumeradas en el inciso (b) siguiente en los que se requerirá tanto en primera como en segunda convocatoria, una mayoría equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto;

(iv) para resolver sobre las cuestiones enumeradas en el inciso (c) siguiente en los que se requerirá tanto en primera como en segunda convocatoria, una mayoría equivalente al 66% (sesenta y seis por ciento) de las acciones con derecho a voto.

(v) para afectar los derechos de una clase de acciones en que se requerirá la conformidad de dicha clase otorgada en asamblea especial;

(vi) para modificar cualquier regla de este Estatuto que exija una mayoría especial, en que se requerirá también a ese efecto la mayoría especial; y

(vii)  en los demás casos de que el presente requiera la votación por clase o la conformidad de cada una de las clases.
b) Las decisiones que requerirán la mayoría especial prevista en el subinciso (iii) del inciso precedente, sin perjuicio de la conformidad de la Asamblea Especial de la clase cuyos derechos afecten son: (i) la transferencia al extranjero del domicilio social; (ii) el cambio fundamental del objeto social de modo que la actividad definida por el artículo 4° de este Estatuto deje de ser la actividad principal o prioritaria de la sociedad, (iii) el retiro de la cotización de las acciones de la Sociedad de las Bolsas de Buenos Aires o Nueva York y (iv)  la escisión de la Sociedad en varias sociedades, cuando como resultado de la escisión se transfieran a las sociedades resultantes el 25% o más de los activos de la sociedad incluso cuando ese resultado se alcanzara por sucesivas escisiones operadas en el plazo de un año.

c) Las decisiones que requerirán la mayoría especial prevista en el subinciso (iv) del inciso precedente, sin perjuicio de la conformidad de la Asamblea Especial de la clase cuyos derechos afecten, son: (i) la modificación del Estatuto en cuanto signifique (A) modificar los porcentajes establecidos en los subincisos 7 (c) o 7 (d) o (B) eliminar los requisitos previstos en los subincisos 7(e)  (ii) 7 (f) (i) (F) y 7 (f) (v) del artículo 7° en el sentido de que la oferta pública de adquisición alcance el 100% de las acciones y títulos convertibles, sea pagadera en dinero efectivo y no sea inferior al precio resultante de los mecanismos allí previstos; (ii) el otorgamiento de garantías a favor de accionistas de la Sociedad salvo cuando la garantía y la obligación garantizada se hubieran asumido en consecución del objeto social; (iii) la cesación total de las actividades de refinación, comercialización y distribución; y (iv) las normas sobre número, nominación, elección y composición del Directorio.

d) Asambleas especiales: Para las asambleas especiales de clases se seguirán las normas sobre quórum de la asamblea ordinaria aplicadas al total de acciones de esa clase en circulación.  Existiendo quórum general de todas las clases presentes, cualquier número de acciones de las clases A, B y C constituirán quórum en primera y ulteriores convocatorias para las asambleas especiales de dichas clases. Mientras el titular de las acciones de la clase A sea únicamente el Estado Nacional, la asamblea especial de esa clase podrá reemplazarse con una comunicación firmada por el funcionario público competente para votar dichas acciones.

TITULO VIII
BALANCES Y CUENTAS

Artículo 25° – Ejercicio Social

a) Fecha: El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año, a cuya fecha debe confeccionarse el Inventario, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas conforme las disposiciones legales en vigencia y normas técnicas en la materia.

b) Modificación: La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a las autoridades del control.

c) Destino de las utilidades: Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán conforme al siguiente detalle:

(i) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, para el Fondo de Reserva Legal;

(ii) Remuneración al directorio y síndicos, en su caso;

(iii) Dividendos fijos de las acciones preferidas, si las hubiere con esa preferencia, y en su caso, los acumulativos impagos;

(iv) El saldo, en todo o en parte, como dividendo en efectivo a los accionistas ordinarios o a Fondos de Reserva facultativos o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea.

d) Pago de dividendos: Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro de los noventa (90) días de su sanción y el derecho a su percepción prescribe en favor de la Sociedad a los tres (3) años contados desde que fueran puestos a disposición de los accionistas.  La asamblea o en su caso el directorio, podrá autorizar el pago de dividendos trimestrales, en la medida que no se infrinjan disposiciones aplicables.

TITULO IX
LIQUIDACION

Artículo 26° – Reglas que la rigen

La liquidación de la Sociedad, originada en cualquier causa que fuere se regirá por lo dispuesto en el capítulo I, sección XIII de la Ley 19.550.

TITULO X
OTRAS DISPOSICIONES
 

Artículo 27°

Todas las menciones efectuadas en el presente a “la fecha de este Estatuto” deben entenderse referidas a la fecha en que se inscriba en el Registro Público de Comercio, la modificación estatutaria aprobada por el Decreto Nº 1106/93.

Artículo 28° – Normas especiales para adquisiciones del Estado Nacional

(A ) Las previsiones de los incisos e) y f) del Artículo 7 (con la única excepción de lo establecido en el apartado (B) de este Artículo) se aplicarán a las adquisiciones que directa o indirectamente efectúe el Estado Nacional, por cualquier medio o título, de acciones o títulos de la Sociedad, 1) cuando como consecuencia de dicha adquisición el Estado Nacional resulte titular de, o ejerza el control sobre, acciones de la Sociedad que, sumadas a sus tenencias anteriores de cualquier clase, representen, en total, el 49% o más del capital social; o 2) cuando el Estado Nacional adquiera un 8 % o más de las acciones clase D en circulación, mientras retenga acciones de la clase A que alcancen o superen el 5% del capital social establecido en el inciso (a) del artículo 6 de estos Estatutos al tiempo del registro de los mismos en el Registro Público de Comercio. En caso que las acciones clase A en poder del Estado Nacional representen un porcentaje inferior al anteriormente mencionado, no regirá lo previsto en el punto 2) de este Artículo, aplicándose en tal caso los criterios generales previstos en el inciso d) del Artículo 7.

(B) La oferta de compra prevista para los supuestos contemplados en los puntos (1) y (2) del apartado (A) anterior, se limitará a la totalidad de las acciones de la clase D.

(C) Las sanciones previstas en el inciso (h) del Artículo 7 se limitarán, en el caso del Estado Nacional, a la pérdida del derecho de voto, cuando la adquisición violatoria de lo previsto en el Artículo 7 y en el presente artículo se haya producido a título gratuito o por efecto de una situación de hecho o de derecho en la que el Estado Nacional no haya actuado con el fin y la voluntad de adquirir acciones por encima del límite establecido, salvo que como consecuencia de dicha adquisición, el Estado Nacional resulte titular de, o ejerza el control sobre, 49% o más del capital social, o 50% o más de las acciones clase D. En todos los demás casos se aplicarán las sanciones contempladas en el inciso h) del Artículo 7 sin limitación.

(D) A los efectos previstos en este artículo y en los incisos e) y f) del artículo 7º, el término “sociedades” contemplado en el inciso (i) del artículo 7º, en lo que resulte pertinente, incluye cualquier tipo de ente u organismo respecto del cual el Estado Nacional tenga una vinculación de las características descriptas en el mencionado inciso. El término “títulos” empleado en este artículo tendrá el alcance previsto en el inciso d) del artículo 7º. El término “adquisición de control” empleado por el artículo 7º se aplica a las adquisiciones previstas por el apartado (A) de este artículo con las salvedades, excepciones y régimen establecido en este artículo 28º.

Artículo 29° – Derogado

Actualizado al 1 de Mayo de 2011.

 

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De tu interés…


Pie de página

observando YPF desde…

PROGRAMA DE VIGILANCIA SOCIAL DE LAS EMPRESAS

TRANSNACIONALES PETROLERAS

REPORTE Nº 3

INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE REPSOL

YPF S.A. EN ARGENTINA

Ficha técnica de la empresa en Argentina

País de Origen: España

Presencia en el País: Buenos Aires, Capital Federal, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Santa

Cruz.

Composición de Capital: Empresa Transnacional.

Empleos Creados: En el año 2005 REPSOL YPF tenía 10574 empleados en la Argentina

Violaciones: del derecho de propiedad de pueblos originarios, ambientales (derrames, escasos controles,

etc)

1. Perfil de la empresa

Repsol YPF es la principal empresa del rubro petróleo y gas de la República Argentina

aunque también opera en otros sectores como la química donde controla las empresas

Petroken Petroquímica Ensenada SA (50%), PBB Polisur SA (28%) y Profértil (50%)

para la fabricación y comercialización de productos petroquímicos.

Otro sector en el que se desempeña es en el eléctrico, al ser propietario del 39.53% del

capital social de la Central Termoeléctrica Dock Sud SA;

Otras actividades en donde se desenvuelve ésta transnacional es el fraccionamiento y

comercialización de GLP, al operar a través de las empresas COMSERGAS SA (62%)

y Poligas Luján SA (50%); el fraccionamiento y comercialización de gas gracias a las

empresas Natural Energy SA (72%) y a la Compañía Mega SA (38%). Finalmente

también opera en el rubro de la ingeniería, construcción y explotación de oleoductos y

logística de productos derivados, con Oleoductos del Valle SA (37%, más 11.9% de

Pluspetrol Energy y 7% de Astra Evangelista), Oleoducto Transandino Argentina SA

(100%), Terminales Marítimas Patagónicas: Termap (33%) y Astra Evangelista (100%).

La casa matriz de la empresa tiene residencia en España, más precisamente en Paseo de

la Castellana 278, Código Postal 28046 Madrid.

En la Argentina la empresa funciona a través de dos denominaciones:

- Repsol YPF Gas S.A., que se encuentra inscripta en la Administración Federal de

Ingresos Públicos bajo la CUIT Nº 30-51548847-9. Su fecha de inscripción

contractual es 8 de agosto de 1961.

- YPF S.A., inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la

CUIT Nº 30-54668997-9, cuya fecha de inscripción contractual es el 2 de junio de 1977.

El hecho que posean fecha de contrato social anterior a la privatización, significa que

hubo oportunamente un cambio de propiedad accionaria y no creación de una nueva

sociedad. Ambas son sociedades locales de capital extranjero, controladas por Repsol

YPF S.A. de España.

2

Es la empresa más grande de la economía argentina, aunque ya lo era desde antes de la

privatización. La estructura de su capital social está compuesta de la esta forma: 35.3%

son inversionistas estadounidenses, el 23 % inversionistas españoles y el 13%

inversionistas del resto del mundo (en su mayoría de América y España), con la especial

participación de algunos accionistas minoritarios: 12.5% para La Caixa, 5.3% Grupo

BBVA, (1) 5.6% Repinves (controlada por La Caixa en un 41.4%) y finalmente 4.8% la

petrolera estatal mexicana PEMEX (Repsol YPF, 2004d: 8, 71-72).

1.1 Etapa privatizadora

El inicio de la privatización de YPF puede remontarse al momento que el general

Suárez Mason se hace cargo de la gerencia de la empresa. Su influencia en el directorio

fue capital en los oscuros años de la dictadura., dando curso libre a grandes negociados

a través de sobreprecios en las licitaciones de la empresa estatal.

YPF fue obligada a endeudarse en el exterior si bien disponía de amplios recursos para

sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar de 24 de marzo de 1976,

la deuda externa de YPF ascendía a 372 millones de dólares pero en 1983 llegaba a los

6.000 millones. Por si fuera poco, en la entrada a la democracia se fue creando un

proceso de “consenso para la privatización”. La empresa es hundida intencionalmente

para obligar su venta y reflotarla “milagrosamente” en pocos meses. “En este caso los

directores que tuvo la empresa no sólo fueron corruptos militares, muchos provenían de

otras petroleras o contratistas… que trabajaban temporalmente en YPF y volvían a su

empresa inicial”. (Gavaldá, 2001)

En 1989 asume la presidencia Carlos Saúl Menem. En su gobierno se intensifican las

políticas neoliberales cuyo programa incluye privatizaciones generalizadas. Por parte de

YPF ésta sufrió la venta de áreas centrales y secundarias, la venta de refinerías, etc. a un

precio inferior al real, tal como lo hiciera la consultora Merryl Linch , (encargada de la

tasación de YPF), con la estimación las reservas petroleras explotables por YPF,

reduciéndolas en un 30 %.

McKinsey, otra consultora de Estados Unidos aconsejó como paso previo a la

privatización, la venta de áreas y activos de YPF entre los que se encontraba la

Refinería de San Lorenzo, valuada en 8 millones de dólares, que finalmente es obtenida

por los grupos Pérez Companc y Soldati. A los meses consiguen un crédito de la

Corporación Financiera Internacional para una serie de mejoras en las instalaciones. A

partir de aquí surge Repsol que se queda con el grupo Astra que participaba en EG3,

empresa que surgió en los tiempos en que Suárez Mason era gerente de la empresa. Su

subsidiaria de ingeniería y montajes era Astra Evangelista .

Repsol, una vez en la Argentina intenta hacerse lugar en el mercado de combustibles.

En primer lugar intenta adquirir el resto de las acciones de EG3 pero Soldati le exige

que si quiere eso, Repsol deberá comprar también su participación en las otras

refinerías. Finalmente Repsol compra el 49 % de la participación (que era la parte de

Soldati) en la Refinería San Lorenzo por 70 millones sin pagar impuestos aprovechando

que en Argentina la compra y venta de acciones no pagan impuestos a las ganancias.

En 1995 muere José Estensoro. A partir de aquí se acelera la privatización. Repsol en un

principio se queda con el 15 % de las acciones hasta que en 1999 obtiene la totalidad de

YPF.

En el momento en que los españoles la adquieren, Repsol (España) prácticamente era

una petrolera sin pozos ni reservas propias (solamente disponía en Argentina de los

mencionados activos petroleros de Astra, conseguidos en 1996). Sólo se dedicaba al

comercio de combustibles y derivados del petróleo en el territorio español y en el norte

3

de África. Tras la compra de YPF, se convirtió en una de las diez petroleras más

importantes del mundo, gracias a las reservas incluidas en los activos de YPF tanto en la

Argentina como en otros países de América Latina, y su presencia en mercados que van

desde EEUU hasta la India. En el año 2005 tenía más de 35.000 empleados en todo el

mundo, su facturación superó los 51.000 millones de euros y sus ganancias netas fueron

de más de 3.200 millones de euros.

Actualmente Repsol-YPF está presente en la región sudamericana en: Argentina, Chile,

Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Surinam, y Guyana. En Chile

comercializa derivados del petróleo y maneja el 40% del mercado de gas licuado de

petróleo (GLP); en Bolivia y Ecuador explota yacimientos de gas y petróleo y también

opera en el mercado del GLP; en Perú, suma a estas actividades la refinación del

petróleo; en Colombia y Venezuela, explora y produce petróleo y gas natural; en

Guyana hace exploración, y en Surinam agrega la producción petrolera; y en Brasil hace

exploración, producción petrolera, refinación y comercialización de derivados y

distribuye gas natural.

1. 2 Sectores en los que se desarrolla Repsol YPF en el área petrolera

1.2.1 Explotación

Hacia el 31 de diciembre de 2006, Repsol YPF poseía en Argentina derechos mineros

sobre 106 bloques, con una superficie neta de 68.356 km2. De los 106 bloques, 17 son

de exploración, con una superficie neta de 43.260 km2, y 89 son de explotación con un

área total neta de 25.096 km2. Se encuentran situados en las cuencas Neuquina

(provincias de Neuquén y sur de Mendoza, con una suave prolongación hacia el este

dentro del territorio de Río Negro y el sector occidental de La Pampa), Cañadón Asfalto

(centro sur de Río Negro y se extiende hasta Chubut), Bolsones Intermontanos (La

Rioja y San Juan), San Jorge (Chubut, Santa Cruz y Mar Argentino), Austral (Tierra del

Fuego y Mar Argentino), Colorado Marina (ubicada en el Mar Argentino), Cuyana

(atraviesa, en dirección submeridional, el subsuelo de la provincia de Mendoza desde

las inmediaciones de la ciudad capital, al norte, hasta General Alvear al sur.), Noroeste

(Jujuy, Salta, Tucumán y Formosa), y Malvinas.

Se incorporaron en el año 2006 tres bloques exploratorios por adjudicación en

licitaciones provinciales, Tamberías (Provincia de San Juan), Bolsón del Oeste

(Provincia de La Rioja) en la Cuenca Cuyana y Bolsones y Río Barrancas localizado en

la Faja Plegada Neuquina. Río Barrancas es el último bloque disponible en la Cuenca

que conjuga baja madurez exploratoria con alta probabilidad de existencia de

yacimientos convencionales de alta productividad en caso de éxito. Cabe mencionar que

Repsol YPF ofertó por 8 bloques en el transcurso del año 2006.

4

Cuencas petroleras controladas por Repsol YPF

Instalación en la cuenca petrolera de San Jorge

1.2.2. Refinerías

En Argentina tiene tres refinerías sobre un total de nueve que posee la empresa

contando España. Se encuentran en Plaza Huincul (Provincia de Neuquén), Luján de

Cuyo (Provincia de Mendoza) y La Plata (Provincia de Buenos Aires). Además tiene

participación en una refinería más.

5

Refinerías en la Argentina (incluye las de Repsol YPF)

Refinería Repsol YPF en Ushuaia, Tierra del Fuego

6

Refinería Repsol YPF en La Plata, Buenos Aires

Refinería Repsol YPF en Plaza Huincul, Neuquén

1.2.3. Logística

Las refinerías reciben el crudo por tubería, la de Luján de Cuyo desde Puesto Hernández

(provincia de Neuquén) por un oleoducto de 528 km, y la de La Plata desde Puerto

Rosales (provincia de Buenos Aires) por otro de 585 km.

Repsol YPF participa además con un 37% en Oldelval, compañía que gestiona el

oleoducto desde la cuenca neuquina hacia Puerto Rosales, y con un 18% en el oleoducto

trasandino que con 428 km une Puesto Hernández con la ciudad de Concepción en

Chile.

Participa con un 33,15% en Termap, operador que cuenta con dos instalaciones de

almacenamiento y puerto. Una se encuentra en Caleta Córdova (provincia de Chubut),

con una capacidad de 264.000 m3, mientras que la otra se ubica en Caleta Olivia, en la

provincia de Santa Cruz. Su capacidad es de 246.000 m3.

Por último, Repsol YPF participa en un del 30% en Oiltanking Ebytem (operador de la

terminal marítima en Puerto Rosales) con una capacidad de 480.000 m3, y la

7

ampliación del oleoducto Puerto Rosales- La Plata desde Brandsen (provincia de

Buenos Aires) hasta la refinería de ESSO en Campana.

Repsol YPF también posee una planta de almacenamiento y distribución de crudo en la

provincia de Formosa. Su capacidad operativa es de 19.000 m3.

Logística de Repsol YPF en la Argentina

2. Infracciones de Repsol YPF a las Normas de Naciones Unidas

sobre Responsabilidad Social Empresaria

2.1 ¿Qué son las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas

Transnacionales y Otras Empresas en la Esfera de los Derechos Humanos?

También conocidas como Normas de la ONU, fueron adoptadas por la Subcomisión

para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en agosto de 2003. Fueron

redactadas en consulta con sindicatos, empresas y ONG. Aunque reconocen el rol

fundamental de los Estados en la tarea de garantizar los derechos humanos, las Normas

de la ONU identifican las principales responsabilidades de las empresas en ese aspecto,

tal como lo marca el Artículo 1. De esta manera, se crea una importante herramienta

8

para las ONG, ayuda a los gobiernos a establecer regímenes regulatorios compatibles y

socialmente beneficiosos más allá de las fronteras nacionales, y permiten ser utilizadas

como parámetro de la conducta de las empresas, ayudándolas a mejorar su desempeño

en el ámbito de los derechos humanos. Las normas permitirán crear condiciones

equitativas para todas las empresas, dejando al mismo tiempo amplio espacio para que

las empresas más visionarias y progresistas adopten estándares más altos.

Las Normas de la ONU se refieren a las responsabilidades de las empresas en materia

de derechos humanos dentro de su ‘esfera de actividad e influencia.’ Las

responsabilidades incluyen:

- garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades;

- no violar ni sacar provecho con la violación de la seguridad de las personas;

- proteger los derechos de los trabajadores, que incluyen el derecho a no ser sometidos a

trabajos forzados y la no explotación de los niños, el derecho a un entorno de trabajo

seguro y saludable, remuneración adecuada, y libertad de asociación;

- evitar la corrupción manteniendo la transparencia;

- respetar los derechos económicos, sociales y culturales; y

- garantizar la protección del consumidor, la seguridad pública, y la protección

ambiental en sus actividades empresariales y prácticas de comercialización, incluyendo

el respeto al principio de precaución.

Las Normas de la ONU también realizan una descripción de los posibles mecanismos

de aplicación y garantía.

2.2. Problemas generados por Repsol YPF

Sobre las problemáticas que genera esta empresa se trabajarán tres dimensiones: una la

vinculada a lo ambiental, otra sobre la cuestión laboral y la tercera relacionada con la

problemática de la soberanía y los derechos humanos.

Sin embargo, los límites entre estas dimensiones se tornan difusos. De esta manera,

podemos ver, por ejemplo, como un derecho fundamental de los pueblos originarios (la

posesión de la tierra) es literalmente violado por Repsol YPF, lo que podría ser

catalogado como una infracción a la soberanía de las poblaciones locales. Sin embargo,

esto no acaba aquí pues Repsol YPF se torna doble victimario, ya que también provoca

desastres ambientales, tal lo demuestra el caso de Loma de la Lata. También se ve este

trasvasamiento de dimensiones en el caso de las protestas laborales en General

Mosconi, Las Heras o Plaza Huincul.

Siendo el trabajo un derecho fundamental, la ausencia de éste también puede ser

considerado violatorio y a esto se suma la conducta extorsiva por parte de la empresa

que derivó en pedido de represión, despidos masivos, etc. Son numerosos los

testimonios de atropellos a las libertades individuales o de reunión cuando en los casos

citados arriba ocurrieron protestas en pos de mejoras salariales o intentar evitar despidos

masivos. Por lo tanto Repsol YPF vuelve al papel de doble victimario, en este caso de

los derechos humanos en general (al impedir la libertad de opinión y de expresión) y de

los trabajadores más específicamente (por ejemplo, el derecho de asociación y la

negociación colectiva).

Respecto a la aparente unidimensionalidad de los conflictos (categoría relativa pues

nunca hay que descartar una apertura de las problemáticas) podemos ver ejemplos de

ello en las variables ambientales y laborales estrictamente hablando.

En el primer caso, vemos los casos de la Cuenca San Jorge y el Alto Río Senguerr en la

provincia de Chubut o las emanaciones producidas en la planta Mosconi en La Plata9

Berisso, que casualmente es protagonista de un terrible caso de inseguridad laboral al

ser descriptas las terribles (por no decir inexistentes) condiciones de seguridad

otorgadas a los obreros.

Por otro lado en el trabajo, se han detallado algunos de los conflictos generados por la

empresa y las respuestas sociales que acarrearon.

En ese sentido podemos hablar de acciones legales, como las que se dieron en el caso

Llancaneló, en Mendoza que derivaron en el trabajo de diversas ONGs. Sin embargo, no

es el único caso de respuesta posible. A menudo han sido necesarios otros métodos,

concretizados en protestas y piquetes (veáse los casos Las Heras en Santa Cruz y

General Mosconi en Salta derivados en problemáticas de trabajo – búsqueda de

aumento de salarios en el primero y bloqueo de despidos masivos en el segundo – o el

ejemplo de Loma de la Lata, ligado a la lucha por la posesión de la tierra y freno a la

contaminación).

2.2.1. Problemas ambientales generados por la empresa

Hay numerosos ejemplos de daños del equilibrio medioambiental en zonas donde opera

REPSOL YPF.

2.2.1.1 El caso de la Región de la Cuenca San Jorge

Otro foco de conflictos ocurre en Chubut. Por un lado está el problema de la

contaminación. Por ejemplo Comodoro Rivadavia está en una parte baja. A espaldas de

la ciudad está la meseta de 800 metros de altura donde se perfora el suelo a través de

pozos petrolíferos. A partir de esto todos los cañadones que desembocan en la costa y

cruzan los distintos barrios están en proceso de salinización debido a los productos

químicos cancerígenos que se inyectan en los pozos. Hay arroyos cuyas aguas están

matando todos los vegetales que encuentran a su paso, en ciertas zonas todo está

muriendo. Por ejemplo, en la laguna de Rada Tilly (a unos 20 kilómetros de

Comodoro), se encontró contaminación a través de sustancias cancerígenas. En el valle

del río Deseado, norte de Santa Cruz, hay otro yacimiento que también está sobre

meseta, por ende, toda el agua que escurre acaba en el río Deseado. Los campesinos de

la zona se quejaron ya que a los animales les salían gusanos; se estaban pudriendo en

vida por el agua que tomaban. Hace un tiempo se comprobó que la napa de agua

corriente que surte al pueblo de Koluel Kaike ya no es potable sino que es similar a

agua de cloaca, y también gracias a la contaminación del petróleo. También allí tiene las

tomas de agua la ciudad de Pico Truncado, que tiene 30.000 habitantes. Por otro lado

uno de los mayores niveles de cáncer del mundo se encuentra aquí en la Patagonia

central. No cuesta mucho relacionar esto con el tema del agua. La principal causa de

muerte en Chubut es el cáncer, sobre todo en Comodoro Rivadavia.

Un aspecto de gran importancia es el vinculado a la utilización del agua que

habitualmente era destinada al regadío de campos. En el caso del río Senguerr

(provincia de Chubut) y en Santa Cruz, Repsol aprovecha esta agua a través de un

acueducto inmenso en lo que se denomina el codo del río Senguerr para utilizarla en la

recuperación secundaria del petróleo, algo que no está permitido ya que se debería usar

agua reciclada o no potable. Este río es de Chubut; nace en la cordillera y desagua en el

valle de Colonia Sarmiento, pero en una parte hace una curva y entra en Santa Cruz.

Allí parece radicar uno de los mayores y menos debatidos conflictos. “La falta de agua

suficiente para poder abastecer a toda la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se

debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en alguna parte de la cuenca del río

10

Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria para el consumo

humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la

industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto

de colapso. Los últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por

el acueducto no es la suficiente y las propias autoridades han admitido que más allá de

tener en funcionamiento el nuevo y el viejo acueducto los niveles de suministro son

inferiores a la demanda existente”, informa el periodista Marcelo García en una nota

publicada en octubre de 2005.

En el año 2005 hubo un problema porque el río y los lagos casi se estaban secando.

Surgió una comisión con personas de todas las ciudades de la cuenca del Senguer, y se

cortó todo el regadío en los campos, sin embargo jamás se habló de la toma de agua de

YPF, del terrible acueducto que tiene ahí. El lago Colhué Huapi ahora ya está seco; de

tener 700 kilómetros cuadrados pasó a conservar nada más que 100. El lecho seco

levanta inmensas columnas de polvo que provocan alergias y problemas respiratorios y

oculares. Desde Repsol-YPF nunca se comunicó nada, si bien está prohibido en todo el

mundo sacar agua potable para perforar. El otro problema es que, como están captando

el agua subterránea que conforma la mayor parte del río, se corre el riesgo de hacerlo

totalmente subterráneo. Si se observa en el pueblo de Facundo (a unos 100 kilómetros

de Colonia Sarmiento, y a unos 50 de Los Monos, donde está la toma de YPF), el

caudal de agua es el doble; parece un río gigantesco como los de Río Negro. Tampoco

se ha comentado que el río Mayo a su vez se une allí con los ríos Guenguel, Chalía,

Chalía chico, Chalía medio y Los Hermanos. Parece que el caudal que confluye en Los

Monos no existiera pues ese caudal no llega a Sarmiento. Se dice que esa zona está toda

contaminada. Además, existen perforaciones dentro del río Chico, que nace del Colhué

Huapi. Antes el agua de la meseta desaguaba en el río pero ahora las estancias que antes

tenían manantiales hoy tienen agua podrida. Al tomar esa agua, los animales mueren.

Mapa Cuenca San Jorge, en Chubut.

Fuente: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=813

2.2.1.2. El caso de los pozos sin sellar en Comodoro Rivadavia

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En el año 2002 se denunció la existencia de 3000 pozos abandonados (sellándose

apenas 300 por año) y sin sellar que producen pérdidas de gas e intoxicaciones en

Comodoro Rivadavia. A raíz de esto una escuela debió ser desalojada y otra pidió

informes a Repsol, ocurrió una explosión en una entidad educativa y se alertó sobre el

abandono de una perforación por día.

El permanente olor a gas en las aulas y galerías de la Escuela 169, del barrio Stella

Maris, de esta ciudad, provocó una honda preocupación respecto a los pozos petrolíferos

abandonados y que nunca fueron sellados en esta ciudad, lo que incurre en una

violación a la ley de hidrocarburos.

La ley de hidrocarburos declara que para dejar una locación se debe informar con

antelación a la Secretaría de Energía de la Nación que es la que exige los controles y la

señalización de los pozos que ya no están en producción.

Según técnicos, un pozo sellado lleva tres tapones de cemento y arriba un dado de un

metro cúbico de hormigón. Un cartel debe señalizar, además, el lugar en donde se

realizó el trabajo.

Las autoridades de la Escuela 169 se percataron del problema antes del estallido: los

400 alumnos de los tres ciclos de la EGB tuvieron que trasladarse a otro edificio situado

a casi cuatro kilómetros de su emplazamiento original. Sentían olores extraños que

fueron reportados a la empresa Camuzzi Gas del Sur (prestadora del servicio de gas en

la ciudad) para que revisara las cañerías. Sin embargo, no encontraban nada anormal.

Los trabajos de reparación en la escuela obligaron a desmontar el techo del

establecimiento educativo provocando desarraigo en los chicos.

Otro ejemplo lo da el jardín Nº 438 ubicado en el mismo predio. Allí comenzó a

construirse el cerco perimetral y los constructores notaron que los electrodos saltaban a

40 centímetros.

Según fuentes municipales, estos pozos suman más de 3000 en el área central de

Comodoro Rivadavia con un promedio de abandono de pozos de casi uno por día en la

zona urbana, constituyéndose en un “peligro latente”. Algunos de ellos se encuentran

debajo de las siguientes instalaciones:

- Una estación de servicios del barrio Kilómetro 5.

- El edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia.

- El estadio municipal en el que juega el equipo de la CAI (Comisión de

Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia.

- La alcaidía policial.

-

Estos pozos abandonados provocan emanaciones de gas natural que salen a la superficie

originando intoxicaciones en el organismo o explosiones en el caso de acumulación en

un espacio semiabierto

Las redes de gas también fueron fuente de sospechas en el 2001 cuando explotó la

Escuela N° 731 provocando quemaduras en un grupo de alumnos que se encontraban en

el establecimiento educativo. Tras nuevos estudios de Repsol YPF se detectó un pozo

que nunca había sido sellado debajo de la cocina de la escuela.

La directora de la Escuela 197 del barrio Divina Providencia, elevó una nota a la

petrolera Repsol pidiendo información sobre el estado en que se encuentra el pozo

abandonado que se encuentra en el predio del colegio. La respuesta de la empresa fue

que no había problemas ya que allí crecían árboles y no existía olor a gas como en el

barrio Stella Maris.

En el lugar se realizó un estudio de gas en suelo, con 15 perforaciones de un metro para

realizar el análisis.

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2.2.1.3. El caso Llancaneló

Otro caso que enuncia la falta de responsabilidad ambiental de la empresa es el caso de

Llancanelo. El humedal de Llancanelo se encuentra ubicado al sur de la provincia de

Mendoza. Fue declarado reserva natural y está protegido por las Naciones Unidas a

través de la Convención RAMSAR debido a que es una zona por donde pasan y

descansan aves migratorias y residentes. Debajo del humedal se encuentran grandes

reservas petrolíferas.

Laguna de Llancanelo, en Mendoza

En el año 1965 se instaló YPF en la zona con 14 pozos. En 1980, la compañía

californiana Unión Oil comenzó a operar en la zona. Finalmente, en 1993 Alianza

Petrolera, la empresa que más tarde realizaría contrato con Repsol YPF, inició sus

actividades.

Merced las nuevas tecnologías se aumentó la producción, lo que reportó que en el 2000

se produjeran 508.500 barriles por día. Los beneficios aumentarían en función de un

proyecto de Repsol a desarrollar en el área: “El proyecto consta de tres etapas. La

primera etapa se concretó en 1999, con la autorización de un pozo exploratorio, en un

trámite abreviado conocido como Aviso de Proyecto, que constituye a nivel técnico una

excepción al procedimiento de EIA (Estudio de Impacto Ambiental), no contemplado

para este tipo de emprendimiento por las leyes vigentes. La segunda fase pretendía

instalar ocho pozos en la zona, mientras que la tercera, originalmente prevista para el

período 2003-2007, tenía como objetivo instalar 80 pozos en el bloque de concesión.”

(Eduardo Sosa, 2005)

Los proyectos de este tipo deben ser posteriores a un Estudio de Impacto Ambiental, sin

embargo, Repsol estableció muy buenas relaciones con el gobierno de la provincia de

Mendoza (algo que ocurrió también en Neuquén), por lo tanto no resulta para nada

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extraño que el “procedimiento” o simulacro de Estudio de Impacto Ambiental fuera

realizado por los mismos técnicos que trabajan para Repsol.

En una oportunidad otra de las maniobras de la empresa provocó que, en la zona de

Rincón de los Sauces, una lluvia rompiera los oleoductos. Esto provocó que se

derramara crudo sin parar durante días, debido a que para ahorrar dinero la empresa

utilizó caños que se habían construido con fibra de vidrio, de frágil contextura.

En la provincia de Mendoza existe una ley, la 6045, que prohíbe la concesión de

tierras de dominio del Estado. Al respecto, la Organización No Gubernamental OIKOS

Red Ambiental acompañada de abogados, pretende mostrar el comportamiento

delictivo mostrado por Repsol en esta reserva provincial. (Marc Gavaldá, 2004)

Las acciones de la OIKOS tendieron y tienden a difundir al público el comportamiento

de los principales actores involucrados, las violaciones a la normativa nacional y local y

los posteriores perjuicios ambientales. Uno de los mayores obstáculos que se le presentó

a OIKOS, fue el acceso a la información sobre este proyecto petrolero.

Un ejemplo de esto es que la audiencia pública destinada para analizar el caso se realizó

al mediodía de un día laborable y sin previa difusión de la información necesaria con el

fin de desalentar la participación ciudadana. Más tarde, el 18 de septiembre de 2000, el

gobierno de la provincia hizo público el inicio de las perforaciones cuando aún no se

había realizado la Declaración de Impacto Ambiental.

En los dos meses siguientes, OIKOS junto a otras organizaciones, consiguieron

interpelar a la Subsecretaría de Ambiente. En marzo de 2001, el Departamento General

de Irrigación (DGI) descubrió y anunció la contaminación con hidrocarburos de pozos

de agua.

El caso de Laguna Llancanelo, es el único caso (hasta el momento en Argentina)

en el que una ONG logra victorias judiciales frente a la alianza gobierno – empresa

petrolera. (Eduardo A. Sosa, 2005)

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Mapa de la Región de Llancanelo en la Provincia de Mendoza

2.2.1.4. El caso Berisso

Desde finales de la década del ´90 y toda la primera década del siglo se sienten malos

olores en la ciudad de Berisso, El Dique (en Ensenada) y el barrio General Mosconi.

Según testimonian los vecinos, se percibe un nauseabundo aroma en el ambiente, que

nadie puede precisar su procedencia.

La mayoría de los ven como responsable a la compañía Repsol- YPF, al entender que

los problemas surgen en su planta principal.

Roberto Vescina, por entonces, Gerente de Medio Ambiente de Repsol YPF negó los

rumores, al afirmar que “nosotros no registramos ningún proceso que no fuera el

habitual” (El Día, 2000).

Uno de los casos más notorios ocurrió el 25 de enero de 2000 cuando una nota sobre

esto apareció en el diario platense El Día. Uno de los vecinos, Miguel Iribarne, que vive

en la entrada principal a Berisso, se quejó por un olor desagradable en el ambiente, lo

mismo que Jorge Berneche, domiciliado en 16 y 163 de la vecina localidad. Además

habló de una nube tóxica. “El olor es muy fuerte y se siente a toda hora, sobre todo de

noche” (El Día, 2000)

Sin embargo, en la dependencia de Defensa Civil Berisso no se registró ninguna

denuncia de este tipo.

Además, en la noche del domingo 23 de domingo la llama de una de las tantas

antorchas de la Petroquímica tenía un tamaño fuera de lo común, según testimonios de

los vecinos. Pero para Vescina era algo normal ya que según él era por el cambio de

operación de alguna de las tantas máquinas. Y agregó: “Es algo de rutina que no tiene

por qué ocasionar olores, ya que el sistema está en condiciones óptimas” (El Día, 2000)

Pese a ello, la preocupación de los vecinos de una importante zona de la región sigue

girando alrededor de la contaminación ambiental, tal como lo demuestran las sucesivas

denuncias por nubes tóxicas y olores nauseabundos. Sin embargo, las soluciones

parecen remotas. Estas nubes tóxicas son un problema repetido en la región, que nunca

pudo ser solucionado; quizás porque presenta diversas aristas. El polo petroquímico está

compuesto por muchas empresas que queman sustancias que producen nubes negras o

blancas, según la ocasión. Pero en la mayor parte de los casos es muy difícil de detectar

en qué industria se produjo el desperfecto. Por ello, los vecinos que sufren las

consecuencias de la contaminación ambiental generalmente no saben qué hacer o a

dónde recurrir para obtener una respuesta.

2.2.1.5 Derrames tóxicos

a) El caso Cañuelas

El lunes 8 de julio de 2002 a las 5 de la mañana un camión cargado con metanol

procedente de Plaza Huincul volcó en la ruta 215, a la altura de Loma Verde, partido de

Cañuelas, cerca de la ciudad de Brandsen. Parte del líquido quedó derramado en el

asfalto y la banquina. El tránsito sobre esa ruta provincial fue cerrado por las

autoridades policiales. Aunque el camión lleva el logotipo YPF, la empresa dijo que es

un vehículo contratado a la empresa Transima. El metanol o alcohol metílico se

transportaba desde la planta de Plaza Huincul hasta el polo petroquímico La Plata

(puerto de Ensenada)

Según trascendió, una de las hipótesis más firme sobre lo que pudo haber ocurrido

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indica que el chofer del transporte se habría quedado dormido y al despertar habría

pegado el volantazo que hizo que el cisterna se volcara.

b) El caso Plottier

A la una de la madrugada del 13 de mayo de 2003 un camión Scania de la empresa

Repsol-YPF que transportaba 9.000 litros de metanol desde la destilería de Plaza

Huincul hasta la localidad de Ensenada, volcó en la localidad de Plottier. Parte del

líquido -muy contaminante y tóxico-, se derramó en el lugar.

El camión, que transportaba en su acoplado el metanol, volcó al bajar desde la ruta 22

hacia la estación de servicio “Oil Plus” ubicada en el ingreso oeste de Plottier, cerca de

la intersección con calle Batilana. Quedó desbarrancado sobre la banquina, inclinado

sobre sus ruedas derechas y sin movimiento, destacó personal policial. El chofer habría

decidido hacer una parada para descansar.

Según informaron voceros de la empresa, cerca de 50 litros del producto se derramaron

de forma progresiva en las cercanías del lugar debido a que el líquido hizo presión y las

salidas del acoplado cedieron.

Según las primeras pericias realizadas el accidente se produjo por el movimiento de

suelo que se está haciendo en este sector de la ruta para construir la multitrocha. Esto,

junto a la lluvia que parece haber caído y el peso del transporte, provocaron que el

terreno haya cedido. Las ruedas derechas del camión, dominio ROU 807, quedaron

enterradas en la tierra.

Una dotación de bomberos de la capital neuquina, efectivos policiales y una patrulla de

seis personas de la empresa Repsol-YPF, participaron en el control del derrame. Los

trabajos se realizaron desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, lo que

derivó en la interrupción del tránsito en este sector de la ruta.

Los operarios de la petrolera llegaron al lugar del accidente desde la planta de Plaza

Huincul. Una de las medidas que se tomó fue colocar la mayor parte de los 9.000 litros

de metanol en otro camión cisterna. El metanol derramado, conocido también como

alcohol de quemar, fue absorbido por la tierra y no fue necesario usar material

espumante para su extinción.

Este producto es líquido a temperatura ambiente, incoloro y se utiliza, entre otras cosas,

para mejorar el octanaje de los combustibles. Es altamente tóxico y su ingesta puede

causa ceguera y muerte (ver aparte).

Aproximadamente 35 camiones por día salen de la destilería de Plaza Huincul cargados

de metanol. La mayoría lo hace con destino a Ensenada, donde la petrolera embarca el

producto para exportarlo. Una parte menor es trasladado hasta Luján de Cuyo, en

Mendoza.

El camión que protagonizó el accidente pertenece a la firma Chenyi SA, contratista de

Repsol-YPF. Una vez que se contuvo el derrame, el líquido del acoplado fue cargado en

otro cisterna y llevado nuevamente a su lugar de origen. Lo mismo se hizo con el

transporte para realizarle la verificación.

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2.2.2. Problemas laborales generados por la empresa

2.2.2.1. El caso Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia es la mayor ciudad del litoral Atlántico al sur de Bahía Blanca, y

la principal ciudad de la provincia de Chubut. En el año 1991, representaba el 34,8%

del total de los habitantes de esta provincia con una población de 124.104 personas.

Desde su fundación se caracterizó por ser un centro de atracción poblacional,

relacionado con la existencia de oportunidades en el mercado laboral local, generadas

especialmente por la actividad petrolera, primordial para la región desde principios del

siglo XX. En este sentido Comodoro Rivadavia tiene un largo historial petrolero.

Debido a esto YPF ocupaba un lugar central y decisivo en la dinámica econde la ciudad.

Debido a esto, no es una exageración señalar que lo que ocurriera en el sector petrolero

repercutiría sobre la ciudad ya que la empresa, cumplía una serie de funciones

económicas y sociales, que permitían construir una identidad social particular, desde

donde se desarrollaban lazos afectivos entre los trabajadores y la empresa.

Tras la privatización de YPF, Comodoro Rivadavia sigue siendo el principal centro

urbano de la Cuenca del Golfo San Jorge, pues es el centro de emplazamiento

administrativo, de servicios y comercial con ella relacionado. En definitiva, Comodoro

Rivadavia es la ciudad más importante dentro de la provincia de Chubut. Luego del

censo de 2001, la localidad contabilizaba una población de 143.689 personas. Sin

embargo desde instancias provinciales y municipales se sostiene que hay un 12% de la

población de Chubut que no fue censada, por lo tanto la ciudad tendría más habitantes.

Las privatizaciones tuvieron serias consecuencias sobre la ciudad, que dependía en gran

medida de la presencia deYPF. El impacto más evidente fue la contracción del mercado

laboral local –especialmente por la disminución en la participación de la empresa sobre

la población ocupada–, el incremento de la desocupación, la subocupación y el

cuentapropismo. En el marco de un fuerte repliegue político de los sectores populares y

de disciplinamiento social, los retiros voluntarios y la organización de cooperativas y

microemprendimientos funcionaron como estrategias de contención política de los

trabajadores y como atenuantes ante la creciente desocupación.

Desde las esferas provinciales y municipales (que apoyaron la privatización) se

ensayaron tímidamente medidas asistencialistas y de corto plazo, que dejaron traslucir la

falta de compromiso en la búsqueda de respuestas tendientes al desarrollo a largo plazo.

Se puede decir que la devaluación de principios de 2002 trajo efectos beneficiosos para

el sector de hidrocarburos en Argentina lo que repercutió sobre la estructura

socioeconómica de la ciudad. A la favorable coyuntura cambiaria, los últimos años

mostraron el incremento del precio internacional del crudo, llegando a alcanzar récords

históricos. Al ritmo que aumenta la extracción de petróleo y gas en la Cuenca del Golfo

San Jorge (con riesgos de sobreexplotación, por la ausencia de controles) se evidencia la

reactivación de la ciudad y la región. Esto también beneficia al gobierno provincial y

municipal ya que aumentan los recursos recibidos en concepto de regalías.

En el ámbito local se reafirma el carácter monodependiente de su estructura económica

de Comodoro Rivadavia y su casi nula diversificación productiva. Los niveles de

desempleo bajaron pero, teniendo en cuenta las particularidades de la actividad y las

características de los puestos de trabajo que se generaron en la década del noventa, no se

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puede pensar que se trata de una situación estable y segura para los trabajadores del

sector petrolero.

Si bien el sector servicios continúa siendo el principal generador de empleo (69,3%)

(aunque también es su principal expulsor), la actividad petrolera fue la que más creció

en este último tiempo, absorbiendo el 12,5% de los empleos actuales, según El Diario

Patagónico en 2004.

El aumento de la extracción petrolífera en la Cuenca San Jorge tuvo un efecto

dinamizador sobre la actividad económica y social de la región. Han crecido las ventas,

se habilitaron nuevos negocios, aumentaron las operaciones inmobiliarias y el parque

automotor.

Aunque Repsol YPF planea invertir en la región el largo plazo se plantea incierto para

la zona, sin posibilidades de generación de empleos estables.

Desde fines de los noventa, se registra un progresivo incremento de las protestas,

piquetes, cortes de ruta, toma de instalaciones, llegando a contabilizarse una docena de

manifestaciones en 2004, en reclamo de trabajo a las empresas petroleras.

Según datos oficiales, desde el año 2000, las petroleras privadas (especialmente Repsol

YPF) dieron 2.050 puestos de trabajo, como consecuencia de estas protestas. En julio de

2004, en Caleta Olivia (ciudad ubicada a 70 km. de Comodoro Rivadavia, en Santa

Cruz), un grupo de piqueteros tomó la planta de tanques de TERMAP (una terminal

marítima petrolera de la cual es co-propietaria Repsol-YPF) con gran repercusión sobre

los medios de comunicación nacionales. Luego de 12 días de ocupación, más de cien

desocupados (en su mayor parte jóvenes y con un gran porcentaje de mujeres)

acordaron con las empresas petroleras un sustento económico mensual de $700 y la

realización de cursos de capacitación con posibilidades de entrar dentro del mercado

laboral.

En el segundo lustro de la década del noventa, el área Santa Cruz norte tomó una mayor

importancia relativa en cuanto a producción pero también crecieron las protestas que se

suscitan debido al incremento de la extracción hidrocarburífera.

Pero además, REPSOL YPF tuvo que atender huelgas y manifestaciones de petroleros

activos que llegaron a paralizar yacimientos. Por ejemplo, en noviembre de 2004,

agentes petroleros cortaron las rutas que dirigían a los yacimientos, en demanda de una

reivindicación salarial del 45% (luego de rechazar una propuesta del 20% a pagar en

cuatro años ofrecido por la empresa).

Además, ex trabajadores de YPF “autoconvocados” (alrededor de 1.500 en Comodoro

Rivadavia) sostienen causas judiciales en reclamo por la incorrecta liquidación de

acciones del Programa de Propiedad Participada, que generó un grave perjuicio a miles

de ex empleados de YPF Sociedad del Estado y, consecuentemente al Estado Nacional,

que ahora debe reparar el perjuicio generado por las resoluciones que entre los años

1993 y 1995 adoptó el por entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. En estas

resoluciones:

1) Se restringió significativamente la cantidad de trabajadores que podían ser adherentes

al programa, ya que miles de empleados habían sido desvinculados de la empresa antes

de julio de 1993, a través de procesos compulsivos.

2) Se posibilitó que los empleados de YPF S.A. que si hubieran ingresado con

anterioridad a enero de 1991, en la ex YPF Sociedad del Estado, participaran en el

Programa de Propiedad Participada, percibiendo una suma muy superior a lo que les

hubiera correspondido de haberse distribuido las acciones en la cantidad de empleados

que hubiera correspondido.

3) Se posibilitó que empleados de YPF S.A. contratados con posterioridad a enero de

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1991, participaran del programa y se beneficiaran indebidamente, ya que de acuerdo a la

Ley 23.696 les estaba vedado, ya que habían ingresado a una empresa privatizada.

Los desocupados de Comodoro Rivadavia nucleados en el Polo Obrero también se han

movilizado con el fin de obtener fuentes genuinas de empleo. Las marchas se dirigen

tanto a la municipalidad como a las administraciones de las operadoras de petróleo.

En 2002, la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) tomó la playa de tanques de

Repsol YPF en Comodoro Rivadavia en demanda de puestos de trabajo.

2.2.2.2. El caso Santa Cruz

La permanencia de los conflictos muestra que ante el pedido de soluciones económicas

y sociales planteado por las demandas populares, las empresas solicitan (y organizan en

varias ocasiones) la intervención de las fuerzas de seguridad. En muchas localidades del

norte y centro de la provincia de Santa Cruz, es habitual la aplicación de apremios

ilegales y torturas a dirigentes y activistas de las organizaciones de trabajadores

desocupados. Ello está muy bien documentado en los casos específicos de Caleta Olivia

y Las Heras. Entre septiembre de 2004 y febrero de 2006 se produjeron numerosas

protestas frente a las empresas, ya que éstas precarizan las contrataciones y no atienden

los reclamos que tienen como uno de sus fines incorporar un mayor número de

trabajadores (como el mencionado ejemplo de TERMAP. Estas han sido localidades

muy castigadas por los despidos masivos frente a caídas del precio del petróleo. Por

ejemplo Las Heras, redujo su población de más de 15.000 habitantes a menos de 7.000

en la década del noventa. Esto trajo, además, numerosos inconvenientes sociales,

sanitarios y psicológicos; entre agosto de 1998 y enero de 2000 hubo allí 22 suicidios de

adolescentes.

En febrero de 2006 ocurrió una protesta organizada por los cuerpos de delegados de los

petroleros de Las Heras. Solicitaron:

- El encuadramiento sindical para los trabajadores de la construcción que

desarrollan labores en los pozos (basados en el principio de “igual remuneración

para igual tarea”)

- La incorporación al convenio petrolero (y obtener así salarios más altos)

- La disminución del peso del impuesto a las ganancias que deben pagar por sus

sueldos (altos ya que el costo de vida en la zona es muy elevado)

Las Heras, Santa Cruz, 2006

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Cuando el líder de la huelga se encontraba en una radio local comunicando los objetivos

de la propuesta, fue detenido por la policía provincial y trasladado a la comisaría de Las

Heras. Surgió una movilización popular espontánea que rodeó a la dependencia policial

la cual fue reprimida con balas y gases lacrimógenos. Finalmente el delegado sindical

fue liberado y en los incidentes murió un policía. Luego de sucedido esto, Gendarmería

Nacional fue enviada a la zona y otros destacamentos de la policía provincial,

provocándose la militarización de la zona. Hubo varios detenidos con y sin orden

judicial, entre los que se contaban numerosos activistas sociales. También hubo torturas

y detención de adolescentes, con una metodología similar a la utilizada por las fuerzas

de seguridad durante la dictadura militar (utilización de autos sin identificación,

allanamientos sin orden judicial, traslado de detenidos a zonas alejadas de la localidad,

etc.). De esta manera se violaron así los principios elementales del estado de derecho

(derecho de reunión, de manifestar, de expresarse, a la integridad física, etc.). Los

directivos de las petroleras, en tanto, pedían el endurecimiento de las respuestas a

huelgas y cortes de rutas.

2.2.2.3. El caso Cutral Có – Plaza Huincul

Entre 1991 y 1993, con la reestructuración y posterior privatización de YPF nace la

desarticulación del capitalismo de estado en enclave y a ceder terreno a un capital

privado (oligopolio transnacional) que reduce en forma drástica el personal y deja de

lado su rol de contención social (YPF había desarrollado clubes, escuelas, hospitales,

barrios y viviendas para los trabajadores). Se inicia el replanteo de las relaciones

sociales de poder en las localidades y se asiste a un proceso de descomposición social

resistido por sus habitantes. Esto no ocurre en otros pueblos con las mismas

características de capitalismo de estado o privado en enclave (como Sierra Grande en

Río Negro, San Nicolás en Buenos Aires, etc.) que sufren el mismo proceso, en los que

la lucha de los trabajadores se da en forma aislada, y cuyo resultado es el éxodo,

convirtiéndose en “ciudades fantasmas” (también se retira el ferrocarril, luego de su

privatización, fortaleciendo esta tendencia). Sin embargo en Cutral Có y Plaza Huincul

la resistencia aflora unos años después, a mediados de la década, con cortes de ruta y de

acceso a los campos petrolíferos, a partir de los cuales surgió un nuevo actor social en la

Argentina: los piqueteros.

Para proceder a la reestructuración y privatización de YPF, el gobierno creó una política

de contención y prevención de la conflictividad instalando mecanismos de despidos que

dejaban “enganchados” a los ex trabajadores a la suerte de la empresa, o a través de

grandes indemnizaciones financiadas por el Banco Mundial. De esta manera, una parte

de los trabajadores despedidos invirtieron sus indemnizaciones en emprendimientos

dependientes de YPF, mientras que otros lo hicieron en pequeños negocios. Pocos años

después la mayoría fracasó, creándose condiciones para la emergencia de la situación de

conflicto.

Habiéndose acabado el circulante inyectado mediante indemnizaciones por despido en

1991, quebrado una parte de los emprendimientos empresarios y por cuenta propia, y

aumentado en gran medida la desocupación, en 1996 la situación se tornó muy difícil en

esta zona.

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Los cortes comienzan el día 20 de junio de 1996, protagonizados por estudiantes

secundarios y profesores en la torre de ingreso al Barrio Uno (un ex barrio de

empleados de YPF), donde se van juntando más de mil personas. Se presentan políticos

de la oposición interna del partido gobernante, de la oposición oficial, funcionarios, y

llegan adhesiones de distintas instituciones y entidades intermedias locales. En los

primeros días, el ex intendente de Cutral Có, Adolfo Grittini (línea blanca del MPN), es

sindicado por los periódicos y por la policía federal como líder de la protesta. El sábado 22

Se realiza una asamblea que reúne a más de cinco mil personas (en la torre de YPF

sobre la ruta 22) donde se decide continuar con el corte de rutas y ocupar al día

siguiente las sedes municipales y las principales oficinas públicas provinciales.

Comienzan a circular rumores sobre la presencia de gendarmería en la zona que

finalmente llega el lunes 24, avanzando por la ruta y sobrepasando el primer piquete.

Allí usó la tanqueta hidrante con agua helada, gases lacrimógenos y balazos de goma,

aunque el agua y el gas movidos por el viento se vuelven contra los gendarmes.

La segunda etapa, inicia el 9 de abril de 1997 y también dejó un tendal de represión. El

18 de ese mes se levantan los piquetes tras los pedidos de aprobación de la ley de

traspaso del yacimiento de gas y petróleo El Mangrullo a las municipalidades para su

administración y cobro de regalías; quinientos puestos de trabajo en YPF (serían por

cuatro meses), jubilación anticipada de los ex trabajadores de YPF y Gas del Estado;

préstamos de $2.000 a productores rurales; desistir de acciones judiciales impositivas;

contratos directos por tres años con YPF de las empresas formadas por ex empleados de

la petrolera y de gas del estado. Quedaron en estudio los puntos de mediano y largo

plazo: la realización de algunas obras (por ejemplo un nuevo hospital) y medidas más de

fondo, como el compromiso de YPF de estudiar la ampliación de la destilería Plaza

Huincul; en relación al proyecto Mega de separación y transporte de gas, YPF

dispondría que una parte de los gases ricos queden a disposición del parque industrial

para su industrialización; un régimen de promoción industrial y un fondo de reparación

histórica.

Sin embargo urgen problemas porque en la petrolera se discrimina a algunos fogoneros

que se supone que tienen la prioridad.

De esta forma en los años 1996 y 1997, los llamados “fogoneros” impulsaron la protesta

social entre las comunidades de Cutral Có y Plaza Huincul, ante la debacle productiva y

la precarización laboral impulsada por las empresas privadas. Ante la multiplicación de

las luchas sociales tanto en Neuquén, como en Salta y Santa Cruz, las empresas

recurrieron a los estados provincial y nacional, y a través de la represión de fuerzas

federales y provinciales se militarizaron las zonas en conflicto. Ello produjo el asesinato

de cinco jóvenes y más de 200 heridos en estas poblaciones petroleras.

Cutral Có, 1997

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2.2.2.4. El caso General Mosconi

General Mosconi es un pueblo de las sierras sub-andinas, ubicado en la provincia de

Salta. Es una zona gasífera y petrolera por excelencia.

El proceso privatizador iniciado a principios de la década del ’90 afectó al pueblo al

originar un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo en la empresa YPF lo que

contribuyó al crecimiento exponencial de la desocupación. Aproximadamente 5000

trabajadores quedaron desocupados sobre una población activa de 8000. (Claudia Korol,

2004)

Sin embargo la lucha contra la privatización se inició antes de que este proceso

desembocara en el final.

Ya en febrero de 1989 se organizó la agrupación de Trabajadores Ypefianos que

realizaron asambleas de concientización en yacimientos Palmar Largo (Formosa), Tineo

y en la administración central (Vespucio-General Mosconi), denunciándose la

inminente privatización de Y.P.F.

En noviembre de 1990, en el complejo Mosconi, se realizó una asamblea popular en

contra de la privatización de Y.P.F, donde participaron más de siete mil trabajadores.

El 1° de Abril de 1996 surge la U.T.D., formada en su casi mayoría por ex trabajadores

de YPF.

Entre el 7 y el 14 de Mayo de 1997 se realizó el primer corte de ruta en Mosconi y

Tartagal.

Pero la abrupta pérdida de puestos de trabajo originó un largo camino de lucha por parte

de la población de Mosconi.

El 1ª de mayo de 2000, toda la población de Mosconi se manifestó frente a la refinería

de Repsol. A las dos semanas apareció el primer muerto. Durante la madrugada del 12

del mismo mes cientos de policías se presentaron disparando gases lacrimógenos. Como

resultado de esto al cabo de unas horas había otro muerto. Gendarmería invadió el

pueblo de Mosconi, disparando balas de goma hasta dentro de las casas, en búsqueda de

los piqueteros. Sin embargo la gente logró expulsarlos. Los vecinos de Tartagal se

unieron a la manifestación, apoyando a los ciudadanos de Mosconi durante los

enfrentamientos.

Protesta en General Mosconi, Salta

El 9 de Noviembre del 2000 el corte de Cuña Muerta alcanza a Mosconi. A media

noche se acuerda con las autoridades continuar el diálogo y no reprimir. Sin embargo al

día siguiente muere Aníbal Verón. Se inicia una revuelta popular. En Tartagal son

quemados la policía, el diario “El Tribuno”, la empresa de transportes Atahualpa,

EDESA. También ocurren saqueos de comercios. Por su parte en Mosconi son

incendiadas la Municipalidad, Rentas, la policía y la casa del intendente.

22

En junio de 2001 se realiza otro corte de ruta durante el cual son asesinados los jóvenes

piqueteros Oscar Barrios y Carlos Santillán. Además hubo 8 heridos de bala.

El 20 de Junio del 2001 los piqueteros acampan en la Plaza del Aguante.

En noviembre de 2004 ocurre la última pueblada. Los ex-trabajadores de

YPF bloquean los accesos a las petroleras y cortan la ruta 34 demandando trabajo

genuino, que se les pague la deuda que contrajo con ellos el Estado, en el momento de

la privatización, hace 12 años, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF.

Otra vez fueron duramente reprimidos y encarcelados sus principales dirigentes lo cual

desató la furia de la población, que decidió ingresar a las sedes de Tecpetrol

(perteneciente a Techint) y Pluspetrol (de Repsol). En la revuelta se produjeron

destrozos y se hizo explotar un tanque de gas. Desde la UTD se informa que en estos

hechos hubo provocadores policiales” (Claudia Korol, 2004)

La desocupación no es el único fragelo que enseñoró sobre la población de General

Mosconi. Repsol YPF deforestó, rompió caminos, contaminó las aguas. Desde su

instalación Mosconi sufre problemas climáticos, muertes de familias por aludes de

barro, pérdida de su flora y su fauna, aluviones de lluvia, enfermedades como la

malaria, la muerte de sus niños por el hambre.

A raíz de esta situación surge la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), que

reclama por el deterioro de la educación, la salud y el medio ambiente.

En este caso, “la desocupación como fenómeno colectivo fue desdibujando las

fronteras sociales, al tiempo que instaló las bases para el desarrollo de una primera

experiencia unificadora.”(Claudia Korol, 2004) La UTD se formó bajo el modelo

sindical, afianzando su postura durante la acción, al promover la organización

autónoma del pueblo a través de la articulación del conflicto social y la creación de

iniciativas, entre ellas, los cortes de ruta generadores de una nueva forma de identidad

colectiva, además de la realización de emprendimientos productivos para la

sobrevivencia de la población. De esta manera aparecen proyectos colectivos como la

escuela, el hospital, las huertas y granjas integrales. En cooperativas se planea la

reforestación del lugar, la organización de comedores comunitarios, etc.

Uno de los principales dirigentes de la UTD, Juan Carlos “Hippie” Fernandez dice:

“Con el cierre de YPF, vimos cómo ha desaparecido parte de nuestra cultura, de nuestra

identidad. Junto a la desocupación, crecieron otros problemas. La empresa petrolera, las

multinacionales, entraron a deforestar la selva. Empiezan a romper los caminos y a

hacer las picadas, y nosotros no tenemos contención arriba en las sierras. Eso crea

problemas climáticos. Hemos tenido un alud de barro, donde murieron familias. Así

también se van las familias nuestras. Las petroleras derraman en los ríos productos

químicos. Nosotros tenemos el 60% de enfermos de diabetes, y tenemos personas

enfermas del corazón y de la cabeza gracias a los productos químicos que nos entregan

las multinacionales. Las aguas nuestras están contaminadas. Tenemos enfermedades

como el dengue, lesmianasis, hantavirus. Las multinacionales están aquí sólo para

llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola industria ni generado

puestos de trabajo. Sus únicas inversiones fueron para digitalizar el control de los

pozos.”(Claudia Korol, 2004 extraído del Informe Repsol Mata en Argentina, 2006)

Otro de los dirigentes reconocidos, Pepino Fernández plantea: “Nosotros vemos cómo

se mueren las plantas, cómo se muere la fauna, y cómo se mueren las personas. Nos

están matando hace rato, y cuando reclamamos, nos mata la gendarmería. Debe haber

unos mil efectivos en esta localidad: el grupo antimotines de Santiago del Estero, que

viene con francotiradores, los escuadrones 52 y 54 de la Gendarmería, que están

cuidando los intereses de las multinacionales. También está la DEA norteamericana, y

23

quieren establecer una base militar de EE.UU. Pero nosotros no los queremos.”(Claudia

Korol, 2004, extraído del Informe Repsol Mata en Argentina, 2006)

Zona de General Mosconi, provincia de Salta

2.2.2.5. El caso Petroquímica Mosconi en La Plata

En el año 2002 se produjo la primera muerte en la Planta Petroquímica General Enrique

Mosconi de Repsol YPF ubicada en Berisso, ubicada unos 65 kilómetros al sur de la

ciudad de Buenos Aires.

Carlos Guanciarrosa, ex obrero de la planta y delegado sindical tuvo una reunión con el

Administrador General de la Destilería de la Plata, Ingeniero Chantareli. Allí le afirmó

que esa muerte se podía haber evitado porque el operador, si bien tenía años en la

empresa trabajando en el laboratorio no tenía experiencia en planta y entregó una

bomba que es altamente riesgosa como la del condensado de alta que tiene 32 kilos de

presión y más de 220 grados de temperatura. Cuando entregó dicha bolsa en el área de

mantenimiento, el mecánico se confió, ya que nunca había pasado nada. Sin embargo,

cuando se aflojaron los bulones, reventaron los espárragos y emergió todo el

condensado. El trabajador sufrió quemaduras que lo llevaron a la muerte en diez días. El

segundo trabajador inmerso en el mismo accidente quedó seriamente quemado. Según

Guanciarrosa, el accidente no hubiera sucedido de haberse tomado las precauciones

necesarias como dejar enfriar la bomba, de tal manera que al enfriarse se contraiga el

material y se produzca el sellado automático. La falta de experiencia no permitió que

esto sucediera. Cuatro días después de la reunión Guanciarrosa – Chantareli murió otro

operario en planta, está vez dentro del alambique, paralizado por inhalación de

nitrógeno. Las causas del accidente también se podrían haber evitado pero el mismo

también fue producto de la tercerización de personal que realiza Repsol YPF. El trabajo

que antes de la privatización era realizado por personal de planta (que además recibía la

capacitación para operación de planta y manejo de emergencias en forma directa por la

misma empresa estatal), tras la privatización fue realizado con menos personal que

además en muchos casos no tenían relación de dependencia directa, o sea, se contrata

una empresa para la realización de esta clase de tareas. El trabajador o la empresa

tercerizada, para conseguir el empleo baja los costos y en este caso la variable principal

en cuanto a costos es la seguridad, bajándose la calidad de la misma. En el caso del

accidente en el alambique, el trabajador ingresó a él con respirador autónomo cuando en

24

realidad para realizar tareas en un alambique se debe hacerlo atado con soga, con un

adicional conectado a un suplementario por si falla el primero y dos asistentes que vean

la secuencia del trabajo y tengan el conocimiento suficiente para saber como actuar en

casos de emergencia, de presentarse ésta. O sea no alcanza con estar provisto solamente

con equipo autónomo de respiración.

El 14 de septiembre de 2006 se produjo una explosión en la misma planta petroquímica.

Un operario murió y otros tres resultaron heridos.

Uno de los heridos presentó estado delicado, con quemaduras en el 30 por ciento de su

cuerpo y según reveló su padre, había empezado a trabajar esa misma noche.

El fallecido trabajaba para la empresa contratista Hidrocinetic, al igual que los heridos.

Según el informe oficial, la explosión ocurrió alrededor de las 22.20 por un accidente en

un equipo que alimenta la planta de Lubricantes de la refinería platense, que se

encuentra en la avenida 6 a la altura del Puesto I de Berisso, a orillas del río de la Plata,

cuando un operario ejecutaba trabajos de mantenimiento y en momentos en que unas 70

personas realizaban distintas tareas en el establecimiento.

El informe continúa afirmando que el equipo se encontraba fuera de servicio para la

realización de labores correspondientes a un paro de mantenimiento programado.

El operario fallecido fue identificado como Felipe Ayala, según dijo Cristian Medina,

secretario de organización de la UOCRA.

Otros tres operarios de Hidrocinetic resultaron heridos. El de mayor gravedad, Jesús

Bálsamo, de 28 años, padre de tres hijos, fue llevado al hospital “San Martín” de La

Plata, donde quedó internado en terapia intensiva con quemaduras en el 30 por ciento de

su cuerpo.

Las otras dos personas, de apellidos Caballero y Rodríguez, al hospital “Víctor Larrain”

de Berisso, ambos fuera de peligro inmediatamente, recibieron traumatismos varios y

quemaduras varias originadas en el vapor.

Según Repsol la situación se circunscribió al ámbito interno de dicha Unidad e

inmediatamente se dio intervención a las autoridades pertinentes para iniciar la

investigación de las causas del accidente. Además, “transmitió” su pesar a las víctimas,

a quienes seguiría prestando toda su colaboración, en tanto que mantendría informado a

los medios de comunicación a medida que avancen las investigaciones”.

Sin embargo, Medina responsabilizó a la empresa Repsol YPF por el accidente.

“Esta tragedia ocurre por falencias de seguridad e higiene por parte de la

empresa, en este caso Repsol YPF, que subcontrata a una firma que tiene que

garantizar la seguridad e higiene de los compañeros y seguramente miró para un

costado”, sostuvo el gremialista a radio Provincia.

Prefectura Naval informó que el primero en asistir a las víctimas fue el sereno de la

planta, Roberto Rodríguez, quien dio aviso a la empresa y a la policía la que en

contados minutos llegó junto a personal de Prefectura.

Personal especializado de Prefectura este mediodía realizaba una serie de diligencias en

el lugar para determinar fehacientemente las causas que desencadenaron el accidente,

por disposición del fiscal de La Plata Omar Morán.

Lo ocurrido demuestra el permanente desmantelamiento y vaciamiento paulatino

ocurridos desde la privatización de la empresa. Cuando la Planta era del Estado,

“existían cuatro turnos de ocho horas, con una dotación de 12 personas por turno

operativo, conformado por electricista, mecánico, mecanista, instrumentista, como

integrantes de los mecánicos de Mantenimiento por turno y que además eran parte de la

brigada de incendios junto con los operadores de la planta. Cuando se realizaba un paro

programado de planta se juntaban los dos turnos en uno, la dotación en la Planta era de

por lo menos 10 operadores más un tablerista que hacía de coordinador, y otro que

25

seguía las secuencias. Una vez que fue privatizada se pasó a dos turnos de doce horas,

con reducción de personal” (CTA, 2006) Con la modificación que favorecen jornadas

de 12 horas de trabajo el personal se vio reducido incrementándose las horas de trabajo

en forma terrible, lo que afectó la seguridad operativa, el proceso normal y aumentando

el riesgo operativo.

También existe una reducción de las guardias mínimas y el incremento de las horas de

guardias mínimas. Los trabajadores al no tener relevo se ven obligados a realizar turnos

de 16 horas. Si no se cubre el relevo, el trabajador debe cumplir su horario pero con la

contraparte de que la planta quede desprotegida, o sea que las plantas deben funcionar

con el riesgo inminente de aumento de contaminación en caso de que un sello se afloje y

el producto que transita por la tubería sea expulsado a la atmósfera. Esto ocurre cuando

no hay personal que controle las variables de presión aflojándose los sellos lo que

genera la emisión de humo con una variopinta cantidad de sustancias cancerígenas. A

partir de eso, La Plata es una de las ciudades con mayor índice de cáncer pulmonar.

Los controles no existen o tal vez son mínimos. No existe por lo tanto, la seguridad

operativa que se requiere y esto seguirá ocurriendo si no se implementan nuevamente

los turnos operativos de cuatro turnos de ocho horas, con dos operadores como mínimo,

por cada manzana de operación. Aunque hay cuatro manzanas de operaciones existen

sólo tres operadores de planta.

Tampoco hay que olvidar la tercerización de la brigada de bomberos. En la sección de

seguridad, en el equipo de bomberos que se operaba en Mosconi e YPF cuando se

realizaba un paro de planta se dividían en dos grupos. Cada grupo se desempeñaba

durante doce horas. El jefe, supervisor, bomberos, el técnico de seguridad, los

operadores de planta controlaban que nadie cometa un error de seguridad. Todos

estaban bien equipados (con cascos, material controlado, el mantenimiento pertenecía a

la brigada de bomberos). Los simulacros eran cada quince días para que todo el personal

de la Planta sepa como actuar si se presentaba una situación de emergencia inminente.

Actualmente la sección de brigada de bomberos está tercerizada. Los trabajadores de

planta fueron tercerizados y como resultado de esto no existen más los turnos de trabajo

en planta. Los técnicos ahora son los bomberos voluntarios de Ensenada o Berisso. Si

antes no ocurría nada era porque ni bien una alarma era accionada, el técnico, el

instrumentista, el supervisor acudían de inmediato hasta que llegaba la brigada al cabo

de algunos minutos con todo el personal de mantenimiento. De esta manera, se lograba

controlar la situación en muy poco tiempo y garantizándose la seguridad.

Pero la ausencia de todas estas medidas de seguridad y de personal de seguridad

provocó la falta de control en el incendio de la Planta de Aprovechamiento de Olefinas,

PAO.

“Las olefinas son los deshechos de mayor conversión de YPF, van a la Planta General

Mosconi y en la planta procesan los alcoholes MTBE como sustitutos del plomo

tetraetilo, que se pone a las naftas para aumentar el octanaje, entonces como el plomo

tetraetilo es contaminante tiene metaetileter que no deja rastros, todo lo hace la nueva

planta de procesamiento con dos bomberos y dos dotaciones de emergencia, la del PAO

que tiene su mantenimiento de turno y su control y la planta vieja de aromáticos que

tenía otra dotación”. (CTA, 2006) La presencia de los bomberos sería anecdótica pues

en caso de emergencia se continúan los trabajos mientras se los busca sin importar el

tiempo que demoren en hacerlo. Por ejemplo, antes existían cuatro tableristas, dos en

área A y dos en área B, pero en la actualidad sólo hay tres, o sea, si no hay operadores o

tableristas porque están en el campo, el supervisor va a donde está el tablero,

reduciéndose la seguridad operativa por falta de dotación.

Si se hace un somero análisis, el costo laboral en la planta Mosconi es menor al 10 %.

26

2.2.3. Problemas vinculados a la Soberanía y los Derechos Humanos relacionados a

Repsol YPF

2.2.3.1. El caso Loma de la Lata

En Loma de la Lata, provincia de Neuquén, zona habitada por comunidades mapuches

con las cuales se encuentra enfrentada, se han detectado restos de materiales pesados

que son cientos de veces más altos de lo permitido por la legislación nacional (ríos

Neuquén y Negro). Ha ocurrido una severa disminución de los recursos naturales

utilizados por los mapuches y esto se nota en la menor superficie utilizada para áreas de

pastoreo, pérdida y fragmentación de áreas naturales con la consecuente extinción de

plantas de uso medicinal además de la desaparición de especies autóctonas como

guanacos y choiques. En abril de 2005 la justicia finalmente condenó a Repsol-YPF por

una demanda entablada por las comunidades Panyemil y Kaxipayiñ, ordenando la

remediación de los perjuicios medioambientales y culturales ocasionados en la región

donde se halla emplazado el yacimiento.

Las comunidades Mapuches (Paynemil y Kaxipayiñ) de la zona del yacimiento

petro-gasifero de Loma de La Lata, provincia de Neuquen, ocupan sus tierras desde

comienzos del siglo, más de 25 años después de haber sido expulsados tras la

denominada “Conquista del Desierto” emprendida por el General Roca en 1879

Sin embargo, sus tierras fueron invadidas por la explotación hidro-carburífera desde la

década del ’60, quedando éstas enclavadas y cercadas en el centro de un yacimiento de

36.000 hectáreas, dueña de las más grande reservas y explotación de América Latina lo

que provocó la erosión del suelo y la contaminación de aire, suelos y aguas.

El gobierno de la provincia siempre se muestra a favor de los intereses inversionistas

privados, soslayando el cumplimiento de las normas legales indigenistas. Las tierras

fueron arrebatadas y desbastadas por la explotación petrolífera. Es evidente que para un

grupo la tierra es su dominio, su propiedad privada, y para otros es de posesión

comunitaria, la madre de todos, con la cual se identifican. (Carlos Falaschi, 1999)

Esta es una pequeña reseña:

-En octubre de 1995 en la comunidad Paynemil se descubre contaminación con

condensados de gasolina en la napa freática. Tras las pertinentes denuncias, donde

además las autoridades tardaron en efectuar los análisis necesarios, los resultados

obtenidos fueron alarmantes: se encontraron grandes cantidades de metales pesados en

orina y sangre de los habitantes.

-Luego de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

en 1996, el gobierno de la provincia de Neuquén tuvo que suministrar agua potable a las

comunidades. Posteriormente Repsol construyó una planta potabilizadora. Sin embargo,

ésta solo realiza un tratamiento biológico del agua sin acabar la contaminación química.

-En agosto y diciembre de 1998 se produjo un corte abrupto de la provisión de agua

potable a las dos comunidades mapuches. La Defensoría de Menores inició una acción

de amparo para que se les suministrara agua potable necesaria para los niños, y el poder

ejecutivo provincial no cumplió con la sentencia.

-En el año 2000 aparecen los resultados de un nuevo estudio realizado a los habitantes,

informando la disminución de los niveles de metales pesados en orina y sangre. El fin

de estos “estudios” era disminuir la trascendencia de la problemática (Marc Gavaldá,

2004) A raíz de esto, la Coordinación de Organizaciones Mapuche exigió nuevos

análisis, esta vez a un laboratorio internacional para asegurar la autenticidad de los

resultados del informe emitido por la empresa.

27

-En el 2001 ocurrió la explosión de un tanque de combustible en la reserva Paynemil.

Los pobladores de la zona se organizaron a través de una Comisión de Control y

Vigilancia y reclamaron a las autoridades provinciales. La empresa exigió la presencia

de fuerzas policiales las cuales, bajo las órdenes del Ministro de Interior J. Gorosito,

invadieron las comunidades el 5 de abril de 2001. Como forma de defensa la comunidad

Paynemil tomó medidas de acción directa en los accesos internos de su territorio. Sin

embargo, al poco tiempo, estas medidas fueron levantadas por la misma comunidad a

finales de Semana Santa para que haya diálogo entre las partes. Se contó con la

presencia de un funcionario de Repsol Madrid.

Repsol YPF no levantó las medidas de fuerza y las reforzó. Durante todo el mes de abril

las fuerzas policiales hostigaron a miembros de la Comisión de Control y Vigilancia de

la comunidad a través de la identificación de los dirigentes interceptándolos en los

caminos internos de la comunidad con absurdos interrogatorios y exigencias de

documentación. También penetraban en el interior de sus puestos sin previo aviso.

El 5 de junio de 2001, ambas comunidades mapuches denunciaron penalmente al

gobernador Jorge Sobisch como máxima cabeza del Poder Ejecutivo provincial. Se lo

denunciaba por incumplimiento de una sentencia judicial que databa de 1997, en la que

se obligó al Estado a proveer de agua potable a los pobladores que residen en Loma de

la Lata realizando, además, un seguimiento médico de los niños indígenas para

determinar los niveles de contaminación con metales pesados en la sangre, entre otros

aspectos. Las portavoces de las comunidades, fueron Elba Paynemil y Esmeralda

Cherqui quienes hicieron efectivas las denuncias sobre los incumplimientos citados más

arriba entre los que también se incluyen la construcción de una planta de agua que

jamás funcionó.

Las comunidades solicitaron al juez que citara a declarar a sus representantes para hacer

efectiva la denuncia. Posteriormente, presentaron otra denuncia a la justicia reclamando

al Estado la puesta en marcha de mecanismos de control del medio ambiente, a partir de

la explotación hidrocarburífica que realizan las empresas privadas, en este caso Repsol

YPF.

A fines de 2001, se dieron a conocer los resultados de la evaluación de los daños

culturales y ambientales. Los estudios fueron realizados por tres empresas consultoras

alemanas contratadas y asesoradas por las comunidades mapuches.

Esta evaluación se conformó bajo el Acta Acuerdo entre las comunidades mapuches y

Repsol YPF que se firmó en septiembre del 2000. Los objetivos de la evaluación eran

identificar y cuantificar los impactos producidos por Repsol YPF en las 11000 hectáreas

de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil para posteriormente valorar dichos impactos

y definir un plan de remediación y compensación.

Los resultados fueron contundentes y terribles a la vez. Se cuantificaron 630.000 metros

cúbicos de suelo contaminado, hallándose valores altísimos de constituyentes peligrosos

como el cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en napas

de suelo de hasta seis metros de profundidad. La mitad de las aguas están contaminadas

y se registran valores de metales pesados, hidrocarburos y fenoles que superan los

límites legales.

Los resultados de los estudios clínicos realizados a 42 personas sobre un total de 98, no

dejan lugar a las dudas. Se demostró la existencia de signo-sintomatología de

intoxicación crónica por hidrocarburos. Esto se demuestra a través de la presencia de

vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. Los resultados

también muestran señales de intoxicación por metales pesados como: irritabilidad,

cefalea, insomnio, sueños perturbados, fatiga y abortos en los últimos diez años.

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También se demostró la impunidad ambiental de la empresa en sus operaciones a partir

del proceso de invasión a las comunidades. Sin consulta previa construyeron accesos y

pozos pagando además salarios propios de servidumbre. Hubo derrames de

contaminantes, se derrumbó una torre que mató a un trabajador, se rompieron caños que

arrojaron tóxicos al río Neuquén.

El agua en Paynemil se ha tornado inflamable, por ejemplo, una familia que perforaba

un pozo de agua para consumo personal se encontró con que en lugar de agua solo había

gasolina.

Sin embargo continuaron abriéndose picadas realizándose nuevas obras sin controles,

ayudadas por la situación represiva instalada en las comunidades. El gobernador Jorge

Sobisch, aliado de la empresa, mantiene las fuerzas policiales al servicio de ésta.

Además, continúa con su política de “alianza estratégica” con Repsol YPF ya que en el

año 2001, y 17 años antes del vencimiento del contrato, les prolongó la concesión de

Loma de la Lata generando el rechazo de los Mapuches que decidieron manifestarse en

contra a esta “amenaza de muerte”. Para ello cortaron la ruta de acceso a Loma de la

Lata. La policía de la provincia decidió reprimir, amenazar y secuestrar a hombres,

mujeres con niños y ancianos.

Este es el precio que deben pagar los mapuches que se manifiestan contra la no

democracia en los procedimientos políticos, las cláusulas “secretas” y no debatidas

públicamente, las omisiones legislativas, la falta de un control ambiental efectivo, el

ocultamiento de los informes oficiales, la omisión de la participación y consulta a las

comunidades que son las verdaderas poseedoras del territorio, la falta de control en la

producción de Repsol-YPF y de otras companías, etcétera.

Mapa de la región de Loma de la Lata en Neuquén

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3. Fuentes:

- http://repsolmata.info/

- http://www.repsolypf.com/ar_es/

- http://es.wikipedia.org/

- CTA. http://spip17.cta.redcta.org.ar/base/article.php3?id_article=5426

- Diario Hoy. “Otra vez los malos olores”. 25 de enero de 2000. En la web:

http://pdf.diariohoy.net/2000/01/25/pdf/19.pdf

- Diario Página 12. “Un muerto por explosión en planta de Repsol”. 15 de

septiembre de 2006. En la web: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-

73062-2006-09-15.html

- Diario de Río Negro. “Volcó un camión y derramó metanol en Plottier”. 14 de

mayo de 2003. En la web: http://www.rionegro.com.ar/arch200305/s14s27.html

- Gavaldá, Marc, 2005. La Reconquista gallega. En “La recolonización. Repsol en

América Latina: invasión y resistencias”. Grupo Editorial Kipus. En la web:

http://www.info-moreno.com.ar/notas/notas_documentos/reconquista%20gallega.htm

- Klachko, Paula. La conflictividad social en la Argentina de los ‘90: el caso de las

localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul (1996-1997). En

http://168.96.200.17/ar/libros/levy/klachko.pdf

- Korol, Claudia, 2004. “La resistencia en las tierras del petróleo”, en Periódico

de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

- Lublin, Geraldine, 2001. “Alejandro Aguado: Comodoro Rivadavia, con el siglo

a cuestas…” En la web:

http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/entrevistas/aleguado/index.html

- “Normas de la ONU”. En http://www.choike.org/documentos/normas_onu_ddhh.pdf

- Ortiz, Ricardo, 2006. “Enfoque sobre las empresas trasnacionales en la

Argentina El sector petrolero”. FOCO.

- Von Storch, María Victoria, Análisis comparado de los impactos de las

privatizaciones de Altos Hornos Zapla en Palpalá, SOMISA en San Nicolás e

YPF en Comodoro Rivadavia, a la luz de los cambios post convertibilidad. En

http://www.aset.org.ar/congresos/7/09008.pdf

- “Peligro bajo Tierra”. En http://www.eco2site.com/news/crivadavia

YPF, REPSOL, YPF S.A.? CUAL?

Azaroso destino de YPF

¿Pagaría usted el kilo de carne argentina al precio de venta de la carne en Londres o en París? Por supuesto que no. El productor, el frigorífico, el carnicero o los intermediarios que practicasen tal política desbarrancarían su negocio. En el país “de las vacas y de las mieses”, la abundancia del producto y sus menores costos implican un precio más bajo que en las plazas europeas: ley de oferta y demanda, ventajas naturales; la teoría liberal clásica explica este fenómeno. Sin embargo, pocos reclaman porque el petróleo producido con costos nacionales es vendido a precio internacional en el mismo mercado interno, pese a resultar tan escandaloso como el citado ejemplo. Esta misteriosa incoherencia es una de las consecuencias de la política de privatizaciones energéticas, en especial la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Para averiguar qué sucede con el precio de la nafta, es indispensable examinar cómo las transnacionales petroleras se apropian de la renta de un recurso natural fundamental; cómo ha disminuido drásticamente la exploración de nuevos yacimientos; cómo aumenta la exportación en un país con sólo nueve años de reservas comprobadas. Este deterioro no sólo afecta a la economía. Acaso exista un daño político ligado a la indefensión nacional, a la carencia de instrumentos de política y a la corrupción.

Nadie ignora que la empresa estatal que extraía, refinaba y comercializaba la mayor parte del petróleo nacional fue vendida1. Desapareció la empresa pública YPF y quienes detentan permisos y concesiones son libres de disponer de los hidrocarburos que extraigan (decreto 2178/91). El resultado de esta política impacta en el bolsillo del consumidor final o del sector productivo: cada vez que alguien llena el tanque de nafta se da cuenta de que pagó mucho; pero no siempre sabe cuánto cuesta en otros países y por qué se paga más acá. El cuadro 1 muestra el precio de expendio de un litro de nafta común en varios países americanos.

El país con mayores recursos petroleros de la región, Venezuela, tiene un precio final del litro de nafta común a 9 centavos de dólar (10 veces menos que en la Argentina). Se ha estimado que el costo de producción del barril de petróleo se sitúa entre 4 y 7 dólares en Venezuela2.

¿Cuánto le cuesta a Argentina producir un barril de su propio petróleo? No es posible saberlo. Uno de los secretos mejor guardados por las empresas petroleras es el costo de un barril de petróleo crudo en la Argentina: no hay datos accesibles. Algunos expertos independientes consultados estiman ese costo entre 8 y 11 dólares, según la región y la calidad del crudo. Sin embargo, Repsol YPF lo vende en el mercado interno al precio internacional, que ahora es de 27 dólares (hace unos meses llegó a 35 dólares), lo que impacta al final de la cadena en el elevado precio al consumidor. Aquí chocan dos criterios: el “de costos” y el “de precios”. En el primer caso, el precio se fija de acuerdo a los costos de producción reales y las utilidades de la refinación y comercialización (es el modo de proceder de Venezuela, Ecuador y Colombia). En el otro enfoque, la formación del precio se basa en el precio del barril de petróleo Western Texas Intermediate (WTI), que desconoce los costos de producción locales y cobra el barril local como si fuera importado. En ambas situaciones hay que sumar los impuestos, pero el precio de base es diferente y en nuestro caso, más elevado.

Extraer y exportar, no explorar

Esta política de costo local/precio internacional se refleja en las utilidades declaradas por Repsol YPF en Argentina. En 1999 fueron de 936 millones de dólares; en 2000 de 2.833 millones. En España ganaron menos: 1.010 millones en 1999 y 1.839 millones en 2000; y en el resto del mundo las ganancias fueron de 340 millones en 1999 y 745 millones en 20003.

Existe una diferencia sustancial con los países que tienen empresas petroleras estatales. En Venezuela, los aportes generados por los dividendos de Petróleos de Venezuela S.A., la renta petrolera y las regalías, constituyeron el 35,8% de los ingresos fiscales corrientes el año pasado. En México los ingresos petroleros no tributarios llegaron al 24,1% de los ingresos fiscales totales4. En estos casos, el Estado captó gran parte de la renta petrolera. En Brasil, se toma el precio internacional como referencia, pero la renta petrolera queda en el país porque la empresa petrolera es estatal. En la Argentina, el impuesto a los combustibles recaudó el 7,1% de los ingresos corrientes5. El 20 de junio pasado comenzó a regir la rebaja del impuesto a la nafta, que se fijó en 38 centavos sobre un precio al consumidor de 85 centavos el litro. El precio de la nafta libre de impuestos es de los más caros de América Latina.

El misterio del precio del barril de crudo nacional es apenas la punta del ovillo. Lo que es verificable es la política de Repsol YPF, consistente en extraer mucho, explorar poco y exportar todo lo posible. La política petrolera a partir de los años 1990 significó un aumento importante de las exportaciones, mucho más allá de lo que permite un manejo racional y prudente de un recurso natural no renovable (ver cuadro 2). Argentina tiene reservas comprobadas para 9 años; Brasil para 20; Ecuador para 32; México para 45 y Venezuela para 70 años6. Esto da una idea de lo precario de la situación.

Pero a pesar de esos datos, que deberían forzar a explorar nuevas áreas y a moderar la explotación, entre 1991 y 1996 la extracción aumentó un 60% y después se mantuvo en ese orden de magnitud. La producción de YPF osciló entre el 35 y el 40% de esa magnitud.

La síntesis es desoladora: entre 1991 y 1999, las exportaciones de combustibles se multiplicaron por 3,9 en valor y por 4,5 en volumen. En 1999 constituyeron el 12,7% de las exportaciones totales (en 1991 habían sido el 6,4%). Que un país con sólo 9 años de reservas comprobadas sea exportador de petróleo resulta un absurdo.

Aquí pueden confluir varias razones. La primera, que la empresa trate de realizar las mayores ganancias en el menor tiempo (conducta lógica en la empresa de renta e irracional en el gobierno que lo permite). La segunda, que el gobierno en su desesperación por equilibrar la balanza comercial externa cometa el crimen de dejar que se agoten las reservas. La tercera hipótesis es que se estén manipulando las cifras de reservas. Cuando se licitaron las áreas de explotación en 1991, el precio de cada una había tenido en cuenta las reservas existentes; pero resulta que en el momento de licitar las reservas bajaron de 400.000 a 270.000 metros cúbicos… para volver a su nivel después de la licitación. Esta maniobra hizo posible vender más barato, así como permitió que las empresas adjudicatarias “descubrieran” el petróleo ya explorado por YPF.

Pero eso no es todo. El cuadro 2 muestra un hecho gravísimo: entre 1993 y 2000 la exploración medida por metros totales perforados disminuyó 1,7 veces en el total y 5,7 veces en las perforaciones de YPF; en este último caso, en 1993 se habían perforado 142.946 metros y en 2000 sólo 24.847 metros. Esto se llama vaciamiento.

Por último, una anomalía mayor consiste en la prórroga de concesiones con mucha anticipación a su vencimiento, lo que ha ocurrido varias veces. El último y más importante caso es la prórroga de la concesión para la explotación del yacimiento de gas de Loma de la Lata, el mayor del país, realizada en diciembre de 2000: vencía en 2017, pero se resolvió prorrogarla ahora por 10 años más, hasta el año 2027, contra el pago de 300 millones de dólares. Según una estimación de “técnicos del radicalismo y de la oposición” publicada por el diario Clarín, Loma de la Lata obtendría entre 2.000 y 4.000 millones de dólares por cada año adicional de contrato7. ¿Por qué se concedieron 10 años más a partir de 2017? Acaso una vez más haya que buscar los motivos de la irracionalidad por el lado judicial: la denuncia por intento de soborno que realizó la senadora Silvia Sapag y que tramita en el juzgado federal del Dr. Gabriel Cavallo (curiosamente, el proyecto de ley cuyo voto se pretendía “incentivar” incluía la prórroga de 10 años en las concesiones, tal como se cumplió en Loma de la Lata)8. Este caso desnuda el comportamiento rentístico de Repsol YPF y las reacciones de los dirigentes argentinos. Es sólo la punta del iceberg de los episodios de corrupción ligados a esta privatización y sus leyes conexas.

Consecuencias económicas y políticas

Los resultados de la política de privatizaciones comienzan a despertar, con justicia, la indignación nacional. Al examinar los procesos licitatorios se encuentran decisores autistas o cómplices, seudoempresarios en busca de superrentas, vacíos jurídicos que sólo se llenan con decretos a medida. Pero la sociedad argentina –y en especial sus líderes– parecen reaccionar demasiado tarde, sólo cuando afloran las consecuencias lógicas de los procesos de privatización. La catástrofe de Aerolíneas era previsible9 en el momento de la privatización, así como lo es ahora el vaciamiento de YPF. Pero la “mayoría silenciosa” muchas veces no ve, como no quería enterarse que desaparecía gente en la época del proceso y que se evaporaba el Estado argentino en los años 1990. Peor aún: la mayor parte de la clase dirigente argentina aceptó en silencio las privatizaciones y recién ahora se da cuenta de que vaciaron Aerolíneas Argentinas; todavía no quiere saber que la privatización de YPF fue un desastre para el país. Una responsabilidad especial les cabe a los dirigentes sindicales concernidos. ¿Cuántos denunciaron la entrega de YPF? ¿Quiénes cooperaron en la venta? En el diario Clarín del 6 de enero de 1992 se lee: “El sindicato de petroleros estatales (SUPE) decidió subirse a la vereda de las privatizaciones. Con aportes propios y los provenientes de las indemnizaciones del personal desvinculado de YPF, creará una sociedad anónima dedicada a prestar servicios a compañías petroleras. También fomentará la formación de cooperativas con similares objetivos en el interior del país. Ahora buscan un socio capitalista”.

Situar el problema del petróleo de manera correcta es indispensable para tener un estado de situación pertinente y tal vez abrir caminos de acción nacionales.

De acuerdo con la definición clásica de Alfred Marshall, se llama renta de los recursos naturales al ingreso derivado de la propiedad de la tierra y de otros regalos libres de la naturaleza. Es el resultado de una posición dominante determinada por la propiedad, que es diferente del beneficio empresario, del interés del dinero y del salario del trabajador. Así, el petróleo es un regalo libre de la naturaleza y lo elemental es que los ingresos generados por la propiedad del yacimiento sean captados por el conjunto de la sociedad, que en su forma político-jurídica es el Estado. Aquí es necesario distinguir entre el precio al consumidor (que incluye el impuesto a la nafta), el precio al que venden las empresas petroleras y el costo de producción; la renta petrolera es la diferencia entre los dos últimos precios.

Como recurso natural no renovable, es fundamental aplicar a la explotación petrolera un criterio de desarrollo nacional y de reparto equitativo entre las generaciones. No es justo que para obtener el mayor lucro posible tan rápido como se pueda, se deje a un país sin reservas y a las generaciones futuras sin ese recurso. No puede abandonarse a la lógica rentística –cuya naturaleza consiste en llevar al máximo las ganancias– una actividad de importancia estratégica para la economía y la política de un país. Sin embargo, es lo que ocurre en el caso de la explotación petrolera argentina, en el que la renta del recurso natural es apropiada por la empresa que realiza la explotación.

La pérdida de YPF tiene un claro significado económico. Desde que ocurrió, Argentina carece de un instrumento fundamental para administrar un recurso natural no renovable y pierde los importantes ingresos derivados de su explotación. Pero también son graves las consecuencias políticas. Debe recordarse que la fundación de YPF, influida por la negativa de una empresa petrolera transnacional a vender combustible a aviones militares nacionales, fue un signo de soberanía. Un recurso fundamental para el funcionamiento del país en todos sus órdenes, no podía ni puede quedar librado al afán de lucro de una empresa ni a las restricciones que imponga. Tanto es así que es probable que Argentina se quede sin petróleo en pocos años, no sólo como consecuencia de una política absurda del gobierno, sino peor aún, para que Repsol tenga más ganancias. Después de agotar las reservas de menores costos de extracción, se irán. Hoy aumentan la extracción, pero no exploran.

Además del grave problema político que plantea la pérdida del manejo de un recurso esencial no renovable, están las consecuencias sociales. No es un secreto que YPF –cuando era argentina– fue un importante factor de desarrollo regional y de cobertura social. Importantes áreas estaban incorporadas a la Nación a través de los yacimientos de YPF, y sus trabajadores tenían acceso a salarios y beneficios sociales dignos. Pero cuando se privatiza, las políticas nacionales y sociales ceden frente a las reglas del mercado; ya no interesan el país y sus habitantes: ahora sólo rige la ley de la renta. Las consecuencias han sido muy dolorosas, con desocupación masiva, surgimiento de “pueblos fantasma” y protestas generalizadas. El reciente episodio de la represión y muerte de piqueteros en General Mosconi (Salta), así como los repetidos incidentes allí mismo (marzo y noviembre de 2000) y en Plaza Huincul (Neuquén) son la prueba del carácter antisocial de una explotación guiada sólo por la ganancia inmediata.

¿Establecer regulaciones, recuperar la renta, defender un mínimo el interés nacional? Por cierto, Repsol YPF puede argumentar que frente a la opción “dirigista” de un menor precio local que contemple costos nacionales, gastos intermediarios y beneficios razonables, prefiere exportar. Desconoce así la cuestión de fondo: el petróleo es un recurso natural cuya explotación incluye una renta nacional, que como tal pertenece al Estado.

Cuando en la Argentina exista un gobierno que defienda el interés nacional, encontrará estos fundamentos para nacionalizar la explotación del petróleo, para aplicar un impuesto que capte la renta en su totalidad (en un sistema capitalista serio, el empresario se contenta con su beneficio, que no incluye la renta) o para crear algún ente regulador de la explotación de hidrocarburos, hoy ausente, que es fundamental cuando no hay empresas estatales (como por ejemplo la Comisión Federal de Regulación Energética –FERC– en Estados Unidos). A menos que los acontecimientos precipiten toda reflexión, y al azar de alguna investigación sobre tráficos varios y coimas millonarias surja el eventual carácter doloso de la privatización de YPF.

  1. Agosto de 1990 vio el fin del monopolio de YPF. Fue convertida en sociedad anónima sin participación directa del gobierno: cedieron a otras empresas yacimientos que representaban la mitad de la producción de petróleo de YPF, vendieron 3 refinerías, las flotas de barcos y aérea, 52 equipos de perforación, boyas marítimas y puertos, todo por 2.000 millones de dólares. En 1993 se colocó el 45% de las acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires por 3.400 millones de dólares, que fueron compradas por fondos mutuos de Estados Unidos; se reservó un 11% para pagar las regalías que se debían a las provincias y un 10% para el programa de propiedad participada con el sindicato. A fines de 1998, el Estado vendió 5,01% de sus acciones y apareció Repsol como comprador. En enero de 1999, Repsol compró fuera de la bolsa el 14,99% restante del Estado Nacional (por los que pagó 2.010 millones de dólares) y la empresa Astra. En junio de 1999, Repsol compró en la bolsa el 55% de las acciones y el 11% de las provincias. De tal modo, Repsol tiene el 86% de YPF; y ha adquirido la casi totalidad del 10% de acciones de propiedad participada; el resto está atomizado en tenedores individuales. Las sucesivas compras le costaron a Repsol 17.000 millones de dólares.
  2. El costo promedio de producción del barril es de 11 dólares en Estados Unidos y el Mar del Norte, 7 en Venezuela y Nigeria, 2 en el Golfo Pérsico, 6 en Indonesia y 14 en Rusia. The Economist, Londres, 4-3-1999. Debe tenerse en cuenta que el costo total del barril incluye exploración, desarrollo del proyecto (compra e instalación de equipamiento, caminos) y explotación, y que disminuye significativamente cuando no se explora ni se desarrollan nuevos yacimientos. En Argentina se entregaron al sector privado áreas que ya estaban descubiertas y algunas en producción; de tal modo, se dejó la casi totalidad de la renta petrolera a quienes obtuvieron las concesiones.
  3. Fuente: Repsol YPF, Avance de resultados del cuarto trimestre de 2000 (www.repsol_ypf. com).
  4. Humberto Campodónico, Impacto del shock petrolero de fines del decenio de los noventa en el mercado internacional, CEPAL, Santiago de Chile, 2001.
  5. Ibid., cuadro 14.
  6. OLADE, Petróleo 1999 (www.olade.org.ec).
  7. Clarín, Buenos Aires, 27-10-2000.
  8. Clarín, Buenos Aires, 3-11-2000.
  9. Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno, El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1995.