Hace tres meses que el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a repartir decodificadores para la televisión digital. Hasta la última semana pudo colocar 98.000 conversores Set Top Box (STB) gratis en comodato, entre los sectores de menores recursos de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, un plan que comenzó antes de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Pero el programa completo consistía en tener distribuidos 1,2 millones de conversores en octubre próximo, mientras que en julio se entregarían 400.000, según informó La Nación. Es decir que sólo cumplió con la cuarta parte hasta la semana última.

Prestadoras. El ministro de Planificación Julio De Vido dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel. Según altas fuentes del Ministerio de Planificación, existen 400.000 pedidos por decodificadores, aunque sólo 200.000 salieron a la calle, la mitad de los cuales fueron devueltos. Otro factor para el retraso resultó la postergación de las obras de infraestructura. Para el 8 de diciembre próximo, el Gobierno tenía pensado tener instaladas 32 plantas transmisoras, de las cuales sólo podría construir 14.

Obras. Para diciembre, se estima que estarán listas las plantas de La Plata, Resistencia, Tucumán, Santa Rosa, Campana y Cañuelas. Todos los conversores estarían listos a mitad de 2011, meses antes de las elecciones presidenciales. El proyecto que lleva a cabo la Nación forma parte del lanzamiento de la nueva televisión digital terrestre de alta definición que comenzó en el Mundial de Sudáfrica. Para las obras se invertirán $ 1500 millones hasta el año próximo.

Debido a que la señal digital por banda UHF sólo se capta en los televisores si se le conectan los STB con sus respectivas antenas, hasta hoy sólo se pueden ver las señales de Canal 7, Encuentro, Telesur, C5N, CN23, Canal 9 de aire, y un canal deportivo, Gol TV. Los STB se reparten entre beneficiarios de planes sociales: jubilados que reciben los haberes mínimos y beneficiarios de las asignaciones universales por hijo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Noche de domingo y apenas terminado el partido en el que Racing Club perdió ante Olimpo, en Bahía Blanca, Néstor Kirchner ni necesitó hacer zapping para sintonizar a Víctor Hugo Morales estrenando su programa ‘Bajada de Línea’, por Canal 9.

Toda una curiosidad esa frecuencia de TV desde que la vendió Alejandro Romay.

En teoría, él se la cedió a unos australianos llamados Prime pero resultó luego que estaba el CEI Citicorp Holdings y Telefónica, y en la distribución de activos se lo quedó Telefónica, que ya tenía Telefe.

Entonces apareció en escena Daniel Hadad porque el Estado ‘recordó’ que Telefónica no podía tener los 2 canales a la vez. A Hadad le quedó grande el desafío y tuvo que recurrir más tarde a los Vigil y después a Raúl Moneta… hasta terminar abandonando la experiencia y entonces Canal 9 fue de un mexicano nacionalizado estadounidense pero con intereses en Guatemala: Ángel Fernández y Fernández.

¿De quién es hoy día Canal 9? Durante el programa de Víctor Hugo el empeño en aclarar que es un canal privado obliga a imaginar que el kirchnerismo ortodoxo que difunde su programación, no es una casualidad.

En los tiempos del Proceso de Reorganización Nacional, la agencia de noticias Saporiti era de la Side pero se decía que era una empresa privada. Y el diario La Razón era del Comando en Jefe del Ejército pero se insistía en la independencia de los Peralta Ramos que lo administraban…

En fin, apareció Víctor Hugo por el 9, embistiendo contra Clarín, dibujo animado incluido sobre la adopción (irregular) de Marcela y Felipe por Ernestina Herrera, viuda de Roberto Noble.

Luego de un creativo debate utilizando Twitter sobre el aborto -que Víctor Hugo le suplicó a Cristina que flexibilice o bien libere-, se pasó a la invitada, Lidia Elba Papaleo, quien para la legislación argentina era la concubina de David Graiver porque el matrimonio de ellos sólo fue válido para USA.

Si ella hubiese sido la viudad de David Graiver, habría sido su heredera natural. Pero fue la por entonces menor de edad María Sol Graiver, hija de ambos, quien heredó a su padre, y Lidia Elba Papaleo era la tutora de los bienes.

La Papaleo repitió más o menos lo mismo que pudo leerse en la mañana dominical en el diario Tiempo Argentino y en algunos fragmentos que a esa misma hora difundió el programa ‘6 7 8′ por Canal 7.

Sin embargo, fue interesante que los Kirchner pudieron tener su cadena mediática dominical porque en Canal 26 estuvo Héctor Timerman con Mariano Grondona, Víctor Hugo estaba en Canal 9 (aunque Papaleo arrancó casi cuando había terminado Timerman) y siguió el panel oficialista en Canal 7 con Martín Sabbatella de invitado especial.

Para Néstor fue una noche feliz en la TV con tanto kirchnerismo intercalado. Sin embargo, el modelo tiene sus fragilidades. Por ejemplo, cuando Víctor Hugo le preguntó a Lidia Papaleo por la solicitada de su hija María Sol, quien aclaró en ese texto que nada tenía que ver con Papel Prensa y ninguna relación mantenía con su madre (¿habrá olvidado esa parte el entrevistador, o lo traicionó el periodista que lleva adentro, más allá de su oficialismo?).

Reaccionó mal Papaleo: “Bueno, esa pregunta me sorprende”, comenzó diciendo. ¿Una advertencia a Víctor Hugo para que no se saliera del cuestionario pactado?

Quedó sin respuesta un interrogante: si toda esa producción periodística kirchnerista terminando destinada a un público no kirchnerista porque el público kirchnerista no se encuentra interesado en esos temas. Habría que indagar en esa cuestión.

Benjamín Tapia no estaba solo. El humilde changarín marplatense al que funcionarios ligados al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le endilgaron un feed lot trucho para desviar cerca de 1 millón de pesos tenía varias réplicas. En Mar del Plata, pero también en el conurbano. Ahora aparecieron diez empresas que se alistaban para cobrar los millonarios subsidios de la ONCCA. Todas ellas fueron inscriptas a nombre de gente humilde de Banfield. Y varias declararon una dirección clave: el departamento de Piedras 519. La justicia federal ya investiga si allí funcionaba una “ONCCA Paralela”, donde se cobraban coimas y se inventaban expedientes.
Poca creatividad y mucha sensación de impunidad. Eso fue lo que mostraron quienes decidieron crear, para desviar fondos públicos, las sociedades “Orient Grain”, “Campo Seco”, “Frutos y Campo”, “Negocios TTT”, “Campo y Negocios”, “Gan X Primera”, Agrogan RTG”, “Cosechas Buenas”, “Cereales y Business”, “Good Work” y “Gold Jaucke”. La falta de creatividad salta a la vista. El último nombre da idea de la impunidad que sentían. La traducción de “Gold Jaucke” sería algo así como “Jaucke de oro”. Echegaray bautizó como “Jaucke” al sistema informático que impuso primero en la ONCCA y luego en la AFIP.
Las casualidades son muchas. Todas estas empresas fueron creadas entre mayo y julio de 2009, en el mismo momento en que funcionarios de la ONCCA y la AFIP contactaban en Mar del Plata al changarín Tapia y a otra media docena de desocupados, les creaban una CUIT y tramitaban a nombre de ellos millonarios pagos, con la excusa de que iban a otorgarles un misérrimo subsidio para la pesca. Tapia fue el único que llegó a cobrar, porque todo se detuvo cuando Clarín dio a conocer su caso. Según reveló el testigo Daniel Tunoni a varios medios, la maniobra fue urdida por Fernando Villaverde, compañero de facultad y colaborador clave de Echegaray; y Sergio Paleo, ex director de Compensaciones.
Las casualidades no existen. Las cuatro primeras de las sociedades citadas fijaron su domicilio en Piedras 519 piso 7 “B”. En ese departamento, según las denuncias que llegaron a la justicia, se habría montado una “ONCCA Paralela”. Fuentes reservadas revelaron que allí trabajaban al menos dos empleados de la ONCCA, Oscar Piovani y Bernardo Calcagno, bajo la supervisión del coordinador general del organismo, Marcelo Utje. Tenían un celular (1557450381) que fue desactivado ni bien estalló el escándalo. Una de las empresas anotadas allí (Orient Grain) tiene por socia a Delfina Urbana Muñoz. Es la madre de Piovani.
¿Y cómo se vinculan con esa ONCCA Paralela las otras seis empresas? Pues porque todas se prestan entre si los mismos socios fundadores: toda gente humilde con domicilio real en Banfield que o bien fue engañada como Tapia o bien cobró algunos pesos por alquilar sus nombres. Ninguno, en su inscripción ante la AFIP, muestra tener capacidad para tener una o más firmas agroganaderas.
Rogelio Arredondo figura en cinco de las diez firmas. En la AFIP, lo anotaron como electricista, experto en informática y hasta como asesor contable. Vivía en una modesta vivienda de la calle Vetere al 1300. Murió hace algunos meses. Su sobrina, Paola Arredondo, vive unas cuadras más allá, en la calle Berutti, e integra igual cantidad de firmas. También sobre Vetere vive el remisero y chofer Hugo Perea, que figura en cinco empresas. Un empleado de Edcadassa, Ricardo Esteban González, aparece en tres sociedades. Y con apenas una participación social figura otra gente de esa zona: María Consorti, Ignacio Pietrasanta y Jesica Olguín.
Casualidades. Quien certificó los trámites en siete de los diez casos fue el abogado Héctor Armando Calabrese. Y quien armó al menos cuatro de las “carpetas” sería el contador Claudio Tayar, que también tiene domicilio en Banfield. Tayar cometió un error casi infantil: inscribió las firmas “Cosechas Buenas” y “Cereales y Business” en la calle Francisco Fernández de La Cruz 1190, Capital. Allí, su tía atiende un negocio de ropa.
¿Más casualidades? Antes de ser convocados por Echegaray, Utje y Emilio Eyras, quien sucedió en la ONCCA al jefe de la AFIP, habían sido socios de un estudio contable en Lomas de Zamora. Banfield forma parte de ese partido.
Diez sociedades pantalla, diez posibles nuevos pagos irregulares. Clarín detectó en setiembre de 2009 el pago al changarín Tapia, que obligó a detener la catarata de subsidios truchos. No parece una casualidad que en el Gobierno nadie hable del asunto, ni siquiera para dar explicaciones.

Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.

El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.

La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.

La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.

En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.

Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.

Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.

Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.

La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.