Pero, si se observa desde 2003, el futuro ya ha llegado: la igualdad y sus conflictos reclaman, en conjunto, como principio ético y como materialización concreta, más igualdad.

Febrero 23, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

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Publicado hoy en: http://www.cta.org.ar/Quien-enuncia-la-igualdad.html

¿QUIÉN ENUNCIA LA IGUALDAD?

Por Carlos Girotti (*)

La enunciación de la igualdad como tabla de medida de todos los registros democráticos posteriores a 2003 es una novedad de los últimos tiempos. No es que esa enunciación hubiese sido omitida en los inicios; lo que ahora ocurre es que el enunciado tiene la sonoridad y el alcance que le dan los conflictos por la igualdad. Es decir, el objetivo de la igualdad, señalado en los comienzos del kirchnerismo como principio ético, adquiere hoy materialidad en la raíz conflictiva de su enunciación porque ésta, ahora, está a cargo de diversos sujetos sociales.
No es el Estado, centralmente, quien se encarga de la tarea; son esos sujetos sociales los que, surgidos y reconocidos como tales al compás de las profundas reformas ocurridas tras la debacle neoliberal, le demandan al Estado una política para la igualdad. Y lo hacen con lo que tienen puesto, o sea, no son sujetos identificables como parte de una nueva fuerza social orgánica en movimiento; ellos son partes inconexas de un todo que apenas se reconoce en la demanda sectorial y en la esperanza compartida de que la solución es posible. De hecho, el 54% de los votos obtenidos por la Presidenta en octubre pasado está amasado con esos tres ingredientes: ausencia de una fuerza organizada, demanda sectorial creciente y confianza en alcanzar el futuro. Pero, si se observa desde 2003, el futuro ya ha llegado: la igualdad y sus conflictos reclaman, en conjunto, como principio ético y como materialización concreta, más igualdad.

 
Esta situación no es patrimonio exclusivo de Argentina. Los gobiernos nacionales, populares y democráticos, surgidos en el continente tras el estallido de la hegemonía neoliberal, se adentran, cada cual con sus especificidades, en este terreno tan novedoso como ignoto. El ciclo de reformas que se inició como la búsqueda de una respuesta autónoma a las imposiciones políticas, sociales, económicas, culturales y militares emanadas de la lógica de la valorización financiera del capital a escala planetaria, ha generado estas condiciones de demanda que los Estados, por sí mismos, no pueden responder si no es a condición de hacerlo en concomitancia con las voces populares que se alzan reclamando más igualdad. Otra alternativa les está vedada, a no ser que desconocieran la licencia social con la que cuentan y se deslizaran hacia formas restauradoras conniventes con el viejo orden. En lo inmediato nada indica que sea así, no obstante la proliferación de teóricos de la impostura que, por izquierda y por derecha, profetizan la caída de las caretas que mostrará, al fin, los rostros espurios de las experiencias nacionales, populares y democráticas.

 
Como sea, lo cierto es que, en Argentina por lo pronto, pareciera haberse llegado a una frontera, un límite que está mucho más dado por la correlación de fuerzas que por una aduana ideológica. Hasta aquí, el Estado ha sido el protagonista exclusivo de los cambios que han venido operándose desde los inicios del kirchnerismo. Como reflejo sensible aunque no mecánico de los sucesos de 2001, la intervención estatal fue imponiéndose a todas las trabas y obstáculos puestos por la reacción conservadora y, al mismo tiempo, esa intervención desnudó la impotencia política del bloque en el poder para reconducir la sociedad en función de sus propios intereses. Sin embargo, el denso entramado jurídico urdido bajo la hegemonía neoliberal (piénsese, por ejemplo, en la vigencia incontestable de la reforma constitucional de 1994), asociado a la inexistencia de una construcción político social capaz de “fijar la agenda”, aparecen como hitos inhibitorios de la intervención estatal y se muestran, claramente, como barreras a las demandas por más igualdad.

 
Pero no son ésas las únicas barreras. El ciclo de reformas y los cambios de todo orden operados a instancias del protagonismo estatal, han creado también la ilusión de que el Estado todo lo puede o, de lo contrario, hay que esperar a que pueda. La fetichización del Estado –que de esto se trata- poco y nada ha contribuido a reparar en la potencialidad de la autonomía relativa de los sujetos sociales concebidos como sujetos políticos, es decir, como actuantes dentro, contra y más allá del propio Estado pero siempre en defensa del interés público. Es más, por la vía de fetichizar al Estado la noción de lo público pareciera ser dominio exclusivo del aparato estatal cuando, en realidad, no siempre lo representa ni lo garantiza.

Y si esto es así lo es, precisamente, porque el Estado no es una máquina teledirigida por un poder fantasmal y omnímodo; su estructura, sus modos de relación con la sociedad en general y con las clases y sectores de clase en particular, son una condensación de las relaciones de fuerza que, en un momento histórico determinado, estas clases establecen entre sí. El Estado, como tal, es una disputa visible –más allá de todo fetichismo o ilusión óptica- en la matriz contradictoria que lo informa y lo renueva toda vez que la sociedad discute el rumbo que ha de seguir.

 
Y el rumbo está en discusión. El reclamo por más igualdad emerge allí donde los trazos de un modelo productivo que intenta resolver los desafíos de la inclusión social, la soberanía, la distribución de la riqueza y la participación democrática de la ciudadanía, se topan de frente con las razones mercantiles de la megaminería, la expansión sojera o el retaceo de hidrocarburos a cargo de las grandes petroleras. Frente a esto, el discurso estatal, por más firme que se enuncie, exhibe una fragilidad constitutiva: no es el eco ampliado de una fuerza social orgánica que lo dirige sino el vacío de su ausencia. Por el contrario, el enunciado de la igualdad, bien que proferido en la lengua doliente de los tiroteados por los terratenientes, los apaleados por los esbirros de las megamineras extranjeras, los gaseados a mansalva por las policías de enclave, remite a un sujeto social y político que, en formación, no desmiente su condición de no estatal.
Aquí, pues, hay una pista, un cifrado que es posible desentrañar si se lo piensa como camino para la ampliación de la democracia real. El caso de la libre disponibilidad de combustibles, por ejemplo, ilustra hasta qué punto la acción estatal –en las condiciones actuales- encuentra una limitación objetiva en el entramado jurídico que favorece objetivamente a las grandes petroleras, mientras que una acción civil –encarada por un conjunto de organizaciones sociales no estatales- puede representar inequívocamente el interés público y, de este modo, promover,  reforzar y redirigir la acción estatal.

 
La iniciativa de constituir el Frente Nacional por la Soberanía Energética, a cargo de la CTA y de todas las organizaciones que, en noviembre pasado, se dieron cita en Mar del Plata para conmemorar el 6to. Aniversario de la Derrota del ALCA, revela que una nueva fase se ha abierto dentro de la época histórica signada por la experiencia del kirchnerismo. En esta fase, el protagonismo ciudadano tiene bajo su responsabilidad la tarea de articular el discurso de la igualdad; un discurso que para ser tal debe poder reconocerse en las múltiples lenguas que lo conjugan aun al precio injusto de su desconexión sectorial; un discurso, en suma, que en términos políticos, ideológicos y culturales resuelva enunciar un nuevo horizonte en lugar de denunciar su imposibilidad histórica porque otros lo acometen.-

(*) Sociólogo, Conicet. Dirigente nacional de la CTA.

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Malvinas, minería y Proyecto X

Febrero 22, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

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 El Atlántico Sur, como teatro de operaciones de ese diseño, y nuestro país en el ojo del huracán tienen prioridad uno: contiene una de las reservas más importantes del planeta en minerales estratégicos.

NECESITAMOS UNA IDEA DE NACION A LA ALTURA DE ESTA ÉPOCA POLITICA

Febrero 20, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

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Soberanías

Por María Pía López *

La Presidenta anunció la presentación de denuncias contra el persistente colonialismo británico sobre las Islas Malvinas. En los mismos días, convocó a un debate serio sobre la minería. No muy lejos estaban las declaraciones justamente airadas respecto del modo en que una empresa de origen español descuida las reservas petrolíferas con el objetivo de girar remesas eludiendo las urgentes inversiones productivas. Hechos discursivos, todos ellos fundamentales y relevantes en su enlace, que se despliegan coexistiendo con otro tipo de hechos: la militarización del Atlántico Sur encarada por Gran Bretaña; la represión de los cortes contra la minería en Catamarca.

 Es decir, los discursos se dirimen en una escena abonada por sucesos ligados a la violencia. Pruebas de fuego para los gobiernos populares, que deben refundar su legitimidad permanentemente en el ejercicio de una vasta conversación que se hace de conflictos, tensiones, discusiones y acuerdos. Nunca –salvo propicios y escasos momentos– de consensos unánimes. Por eso, las destrezas no deberían dedicarse tanto a la búsqueda de estas efímeras unanimidades –que conocimos en días de fiesta o de combate contra un enemigo exterior– como a la composición democrática de lo heterogéneo.

Fui entusiasta niña frente a la imagen televisiva de un general que gesticulaba entusiasmos patrióticos ante una plaza que aclamaba. También sentí mi fervor. Hasta la cachetada materna que advertía que ese hecho no podía festejarse bajo ninguna perspectiva. Otros vieron allí el resurgir de causas antiimperialistas. Los más, la continuidad de un nacionalismo de bandera y canto colectivo. Cuando León Rozitchner, exiliado en Venezuela discute toda ilusión sobre Malvinas, lo hace reponiendo otra idea de nación: nación de cuerpos (muchos de ellos sufrientes en los campos de concentración; millones padeciendo la exclusión social), de materias expropiadas, de tierras acopiadas. Los militares, agentes de esa destrucción del pueblo argentino –de sus potencias políticas, de sus horizontes emancipatorios, de las riquezas comunes–, no pueden ser agentes de una recuperación soberana. Porque, ¿sobre qué fuerzas reales se asienta la disputa por la soberanía?

 Ahora la situación es opuesta a aquélla: el Gobierno no está empeñado en una contienda bélica disparatada y asienta su denuncia en los foros internacionales en una reiterada legitimidad democrática. Contra el absurdo ilegítimo del momento anterior, la Argentina actual está en condiciones de reclamar la soberanía sobre ese territorio y ese reclamo se sustenta sobre las instituciones electorales.

La pregunta de León, sin embargo, sigue resonando: cómo se liga la nación a la tierra, ya que una nación no es una mera existencia territorial, sino un cierto conjunto de derechos respecto de los modos de habitar y usar ese territorio. Una nación tampoco es una mera unidad lingüística porque se sabe que esto que llamamos Argentina implica la coincidencia de lenguas diversas y que es en el respeto de ellas –y de los derechos de sus hablantes– que se despliega una idea de nación bien distinta a los modos de la brusca y disciplinaria homogeneización que procuraba el Estado a principios del siglo XX. Tampoco es sólo el fervor colectivo y el reconocimiento mutuo, porque eso siempre es atravesado por variadas formas del desprecio y el conflicto. Nuestra época es menos la de una unidad dada de antemano que la resultante de nuevos acuerdos.

Necesitamos una idea de nación a la altura de esta época política, una idea de nación que no requiera enlaces forzados entre acontecimientos del pasado, porque su existencia es tan potente que se da su propia mitología. En los festejos del Bicentenario algo así se avizoraba, porque se rememoraban un conjunto de hechos, textura de la memoria colectiva, pero encadenados con el recuerdo dolido de las situaciones irredentas. Entre ellas, estaba Malvinas. Pero también los pueblos originarios y la incesante marcha de las Madres bajo la lluvia de la injusticia. Necesitamos una idea de nación no territorial para sostener el reclamo por el territorio de las islas.

  Pero una idea tal implica afirmar de modos distintos la soberanía sobre el subsuelo y los socavones, sobre las tierras cultivables y las que están en disputa, sobre los hechos coloniales constitutivos de la nación –la sumisión de los pueblos indígenas– y sobre los que el país padece.

Desde una noción material de la nación –insisto, la que involucra los cuerpos y las tierras, las palabras y las riquezas– es tan denunciable la ocupación colonial de las Malvinas como la expropiación mercantil de las reservas petroleras y la desidia con la que algunas empresas tratan la explotación de un territorio al que ven sólo como superficie extractiva. Petroleras y mineras tienen mucho sobre lo que dar cuenta ante una discusión efectivamente soberana, porque soberanía no puede ser algo que se omite ante relativas regalías.

Y esa soberanía –obligación con el presente, con los muertos y sacrificados, y con las generaciones futuras– es de origen popular. No proviene de un pueblo meramente enunciado sino de su abigarrada composición actual. Pueblo de múltiples rostros e intereses contradictorios. Pueblo en los que hay mineros que defienden sus condiciones de trabajo, empleados petroleros con salarios relevantes, pobladores que no quieren ver convertidas sus ciudades en zonas de sacrificio, militantes que actúan en nombre de sus conciencias y creencias. Pueblo cuya enunciación como tal requiere un fenomenal y arduo trabajo de concordancia o por lo menos de explicitación de los debates en curso.

Néstor Perlongher pensó la guerra por Malvinas como la lucha por unos desiertos. Para pensar las islas de otro modo –y no como base abstracta, zona, lugar a tomar, territorio a sumar– hay que partir de una idea de tierra que implique esta soberanía popular. O sea, una tierra de riquezas y habitada.

 Desplazar la idea de soberanía territorial hacia el problema de la capacidad de un pueblo de ejercer la soberanía nacional: tomar decisiones, someter a la discusión democrática, hacer visibles las heterogeneidades necesarias. Es bien posible hacer esto en Argentina: se hizo en los largos foros de conversación y confrontación que constituyeron el contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; se hizo, de otro modo, en el reconocimiento de la diferencia que resultó en la ley de matrimonio igualitario; puede llevarse adelante respecto de estos temas que tratan los fundamentos mismos de la nación.

* Socióloga, docente UBA, ensayista.

AMERICA LATINA TIENE UN ENEMIGO QUE PIENSA SIEMPRE COMO DOMINARLA.

Febrero 19, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

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EE.UU. En América latina. Con licencia para matar

Un selecto puñado de dirigentes elegidos antes de la muerte de Osama Bin Laden, que murió el lunes por la mañana en un ataque de fuerzas especiales paquistaníes y estadounidenses en un complejo en Abbottabad, a unos 65 kilómetros al norte de la capital paquistaní, Islamabad, se hará cargo del comando de Al-Qaeda.
La muerte de Bin Laden, de 54 años, por quien existía una recompensa de 50 millones de dólares, probablemente también marcará el comienzo de un cambio del teatro de guerra de Afganistán a Pakistán, dijeron personas informadas de Al-Qaeda a Asia Times Online.

El jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (Ussocom, por sus siglas en inglés), cuyas fuerzas de elite fueron las que rastrearon y mataron a Osama bin Laden en Pakistán, pidió carta blanca para tener mayor libertad de desplazamiento de las fuerzas especiales (SOF, por sus siglas en inglés) y realizar operativos en todo el mundo. Ese permiso dotaría a las SOF de mayor flexibilidad para expandir sus operativos a regiones como Africa, Asia y América latina, donde –hasta ahora–, sus actividades han sido limitadas. La gran diferencia es que se podrían desplegar tropas sin tener que pasar por las vías normales de aprobación que exige el Pentágono.

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El periodista William Márquez de la BBC señala que “algunos analistas sospechan que una mayor amplitud del alcance de estas fuerzas en América latina podría degenerar en actividades cuestionables y dañar las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos en el hemisferio”. Entrevistado por la Televisión Rusa, el profesor Victor Manuel Quintana cree que la misión oculta de estos pelotones podría ser la intimidación de gobiernos antagonistas a Washington, porque “EE.UU. siempre ha hecho esto en favor de sus intereses, no le importa violar la ley internacional o las leyes internas de otras naciones”, subraya el experto. Quintana opina que en este caso se trata de un intento de Estados Unidos por controlar el mercado de las drogas. “Con la injerencia de estos comandos especiales tendrían mucha más libertad para capturar, o incluso para asesinar, a los grandes capos de las drogas que no se alían con ellos, o que no se someten a ellos”, dijo Quintana.

Adam Isaacson, analista de política de seguridad nacional de Wola, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, reconoce que “aunque naturalmente no se dan muchos detalles, uno se puede imaginar casi todo”.
En países “aliados” pueden “incluir operativos de inteligencia contra grupos, partidos o individuos que son vistos como amenaza contra EE.UU. aunque los mismos no estén haciendo nada ilegal en su país”.
Isaacson especula que “en los países con los que Estados Unidos no tiene muy buena relación”, enumerando específicamente paises del Alba, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, “podría haber hasta actos de sabotaje “.

 
Con la presentación de este tipo de escenarios, es muy probable que la solicitud para una mayor y más ágil presencia de Fuerzas de Operación Especial en regiones como América latina reciba una aprobación, aunque con algunas limitaciones, en el Congreso.
“El presidente Obama le brinda un estatus muy alto por los resultados que obtuvieron contra Bin Laden”, afirmó Adam Isaccson de Wola. “No importa la ideología, cualquier presidente se va a enamorar de esa capacidad de despliegue rápido de las Fuerzas de Operación Especial”. (BBC)

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Aunque no haya fuerzas del SOF en un país, siempre va a haber sospechas y eso afectará la confianza mutua y la fluidez de las relaciones”, reconoce Adam Isaacson.

Hasta ahora, las actividades de las tropas estadounidenses en suelo latinoamericano tienen que regirse por un protocolo que incluye una relación muy estrecha con el comandante de las fuerzas regionales, el Comando Sur, en el caso de América latina. Además, deben coordinar sus operativos con el embajador estadounidense del país en cuestión, pero todo eso podría cambiar con la solicitud del jefe del Comando de Operaciones Especiales.
Según Business Insider, el Equipo 6 de los Seal opera fuera del protocolo militar. Esto les permite realizar operaciones al nivel más alto de la clasificación y, a menudo, fuera de los límites del derecho internacional. Esto plantea la cuestión de cuánto control tiene el presidente Obama, el comandante en jefe, sobre ellos.
Lejos de ser una excepción, la política de asesinatos selectivos inaugurada con la muerte de Bin Laden se ha convertido en un eje de la doctrina de guerra asimétrica sustentada por Obama. La jerga militar denomina “guerra asimétrica” a la que se da entre dos contendientes con una desproporción de los medios a disposición. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Es un conflicto irregular que se basa en golpes de mano, combinación de acciones políticas y militares, propaganda negra, operaciones encubiertas y psicológicas, lo que implica acciones propias de la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
Obama no es el primer presidente de los EE.UU. que toma tanto interés en los asesinatos. El homicidio ha sido siempre un arma de la política exterior de EE.UU. en los períodos de turbulencia, en los años sesenta. La lista de los asesinos abarca desde Eisenhower hasta Bush, pero probablemente Obama sea el más repelente junto con Woodrow Wilson, porque ninguno de sus rivales se colocaba a sí mismo en un plano moral más elevado, mientras –paralelamente– ejecutaba una cínica campaña electoral mediante asesinatos. En 1976 el presidente Gerald Ford promulgó una orden ejecutiva que prohibía ese tipo de crímenes. “Ningún empleado del gobierno de los EE.UU. se involucrará o conspirará para involucrarse en asesinatos políticos”, decía el texto de la Orden Ejecutiva 11.905, actualmente caida en desuso.

Según la BBC, el analista de Wola revela “que ha habido antecedentes en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo con la creación, hace unos 5 o 6 años, de pequeños grupos dentro de las embajadas estadounidenses conocidos como Military Liaison Elements, elementos de enlace militar”.
“Eran grupos de elite que, en algunos casos, se encontraban allí sin el conocimiento del embajador”, dijo Isaacson. “Andaban de civiles, completamente armados y el mundo llegó a saber de ellos cuando en Asunción, Paraguay, mataron a un ladrón en la calle”.
Adam Isaacson indica que la búsqueda de una mayor actividad en América latina obedece a la retórica de algunos legisladores republicanos y centros de investigación conservadores que están hilando una compleja idea de amenaza de seguridad. “Empieza con Irán y el grupo radical Hezbollah”, explica, “y se conecta con Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, pasa por las Farc en Colombia para finalmente terminar con las Maras en Centroamérica y los carteles de drogas en México, todos ocupando el mismo espacio para presentar conjuntamente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos”.

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INTENTAN HABRIR UNA GRIETA PARA PASAR LA REPRESIÓN

Febrero 14, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

Diplomacia fina, minería gruesa

Febrero 12, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

(TELAM)

Otras notas

• El minero que habló con la Presidenta

Nada de minero trucho, como se sugirió desde algunas usinas periodísticas. Armando Domínguez, hombre de fuerte entonación criolla y amante del folclore surero, es nieto, hijo y sobrino de mineros de las canteras de la zona de Olavarría. El hombre agrega que suma bastante más de 30 años como laburante minero, siempre en la misma empresa, la que invirtió 85 millones de dólares en la planta que acaba de inaugurarse en Olavarría.

La hora del sinceramiento

La ley de protección de glaciares, acordada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, es una ley consensuada y superadora, que protege nuestras fuentes y reservas de agua. Sin embargo, frente a su próximo tratamiento en el Senado, el lobby minero viene agitando tres falsos argumentos, que apuntan a nuevos temores y rechazos, con el objeto de retomar el proyecto anteriormente votado por los senadores, o para proponer modificaciones a la ley Bonasso-Filmus.

La jugada presidencial de convocar a la Casa Rosada, a propósito de Malvinas, a representantes de la oposición parlamentaria, del sindicalismo, de otras fuerzas sociales, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas fue una apuesta inteligente que permitió combinar gestos de buena voluntad para todos lados en un asunto en el que existen amplios consensos. En términos simbólicos, de iniciativa política y de dominio de la agenda de discusión, es obvio que la apuesta más interesante fue la que surge de tener a Hugo Moyano y su gente en visible primera fila (cada día más la televisación oficial de los actos es un relato sobre cercanías y lejanías cambiantes), y a legisladores que aceptaron con generosidad una invitación presidencial formulada con algún apuro.
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en ese acto tuvo muy en cuenta la seriedad del tema en cuestión. Por lo tanto fue muy contenido, sin espacio para los chistes y no sólo alejado de cualquier patrioterismo, sino clarísimo a la hora de deslindar las responsabilidades horrorosas de la dictadura. Para quienes pretenden hacer memoria y mezclan ingredientes en una misma bolsa hasta confundir todo en la expresión “responsabilidad de los argentinos”, siempre es oportuno recordar que la guerra decidida por la dictadura y consentida de manera pusilánime por casi todo el arco político de entonces, contó además con una vasta campaña propagandística –“Estamos ganando”– y mediática. El apoyo vino desde Mariano Grondona en Tiempo Nuevo, pasando por las publicaciones amarillas de editorial Perfil que le ponían colmillos y parches de pirata a Margaret Thatcher, hasta la primera portada de Clarín: “Euforia popular por la recuperación de Malvinas”.
El éxito de la convocatoria en la Casa Rosada –que en principio ayudaría a descongelar el vínculo con el moyanismo– se sustenta además no sólo en la ofensiva diplomática de las últimas semanas y que intensifica en estos días el canciller Héctor Timerman, sino en una construcción previa de años, que partió desde Montevideo, Brasilia y nada menos que Santiago de Chile hasta Caracas y países del Caribe que hoy apoyan el reclamo argentino por Malvinas, cuando hasta no hace tantos años fueron colonia británica.

Guiones y resbalones. Si hasta Federico Pinedo calificó el discurso presidencial por Malvinas como “impecable”, con los conflictos y discursos relacionados con la minería a cielo abierto suceden cosas distintas. El viernes por la noche hubo un diálogo guionado y astuto en la cobertura que hizo Telenoche a propósito del episodio represivo de Tinogasta , meticulosamente cubierto por ese noticiero a la hora de producir imágenes violentas. María Laura Santillán le preguntó a Edgardo Alfano si la represión en Catamarca significaba el inicio de una etapa “de judicialización de la protesta”. “Sí, claro”, fue la respuesta previsible. Da cierto asco cuando en su estrategia de maximizar la crítica al Gobierno los periodistas del Grupo Clarín extraen (¿es correcto usar el verbo “usurpan”?) expresiones, categorías y valores venidos del espacio de los derechos humanos o de las izquierdas y centroizquierdas.
Sin embargo, y no obstante el asco, lo cierto es que los conflictos devenidos de la actividad minera crecen y que los operativos de represión se vienen sumando. En el detalle, quizá se pueda discutir –con décadas de muertes y espantosa experiencia en la materia– si el desalojo de una ruta nacional en Tinogasta, que debió ser resuelta por la Justicia Federal, fue o no “brutal”, como calificó súbitamente guevarista el noticiero. Pero de nuevo, y no obstante el asco ante los rutinarios rebusques del periodismo, allí donde hay represión focalizada en las provincias, emerge por contraste la ausencia de voces y acciones gubernamentales más afinadas que interpelen y sienten posiciones más claras, aunque no conformen a todos, ante el tema de la minería.
Hay discursos en los movimientos antimineros que tienen algo de dogmáticos: demasiado blanco y negro, un “no a la minería” que no distingue actividades ni complejidades. Pero más allá del uso del cianuro en el caso de la extracción del oro, de cuáles son los riesgos reales de contaminación, de las discusiones sobre jurisdicción provincial y nacional, del dinero contante y sonante, escaso o no, que quede en las provincias, es muy difícil rebatir los argumentos de los pobladores locales y de los ambientalistas acerca del abuso irracional del recurso agua.
En ese contexto, los problemas oficiales para pararse ante un desafío de agenda que se sabe que incomoda y que cada vez se sitúa más en primer plano emergieron de manera poco feliz en la última intervención de la Presidenta, el día de la represión en Catamarca. Al inaugurar por teleconferencia una cementera en Olavarría, la Presidenta sostuvo un largo diálogo con Armando Domínguez, un minero. O quizá antes que un diálogo, lo que más exactamente hizo la Presidenta fue “ceder” el uso de la palabra y la opinión –apoyándolo con gestos y palabras– en ese trabajador que además es un cuadro del sindicato minero local y del PJ de Olavarría.
Se trata de un cuadro intermedio y no de un “dirigente”, como editó, en otra cobertura maliciosa, el noticiero de Canal 13, impugnando el diálogo entre él y Cristina. Es prudente decir que ya sea como “cuadro”, “trabajador” o “dirigente”, Domínguez tiene todo el derecho de dar nada menos que la opinión sindical sobre el tema minero que, por un lado y más que llamativamente, no aparece en ningún lado y que, por el otro, tiene algo de previsible. Porque es obvio que en la medida en que no corran riesgos en su salud, los mineros defenderán la actividad que les da trabajo.
Lo llamativo del episodio es que revela la incomodidad para generar discurso propio. Es como si el Gobierno terminara por dar a entender, a veces en comentarios esporádicos de sus funcionarios, esta vez a través de un cuadro minero local, y en general, optando por el silencio. Respecto a cuánto tuvo el diálogo de “construido”, por lo que pudo saber este diario de dos fuentes de Casa de Gobierno, Cristina Fernández no tenía la menor idea acerca de quién es el minero Armando Domínguez, al punto que confundió varias veces su nombre.
Habitualmente el dispositivo comunicacional en el que Cristina “federaliza” sus intervenciones, que por lo general es más que inteligente (muestra un gobierno hiperactivo en todas partes, haciendo, cruzando acciones, dialogando y construyendo con actores diversos) se genera desde distintos espacios institucionales y geográficos, a veces con fuerte peso de la política local. Puede suceder que –a la hora de elegir ciudadanos comunes que dialoguen con la Presidenta– la política local o corporativa tienda a la sobreactuación. Es lo que parece haber sucedido en esta oportunidad, donde de todos modos lo esencial sigue siendo discutir qué hacer con el modelo de minería a cielo abierto.

DISTRIBUIR LA RIQUEZA ES CONSTRUIR LA SUSTENTABILIDAD

Febrero 11, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

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La restauración conservadora despliega presiones y programas.

Han transcurrido ocho años desde los acontecimientos provocados por el desbarajuste del modelo neoliberal, que se hundió a causa de su inconsistencia y, principalmente, del descontento ciudadano y la movilización popular, ambos resultantes de la indignación causada por las precariedades y los despojos sufridos durante la hegemonía que el capital financiero había

ejercido en el último cuarto del siglo pasado. La emergencia y consolidación de un enfoque diferente desde el 2003 se tradujeron en un rápido e inédito ritmo de crecimiento del producto, en una reducción drástica del desempleo y en una solidez de la macroeconomía que los neoliberales siempre declamaron perseguir pero jamás lograron con sus políticas.Una primera fase del nuevo rumbo se centró en la reestructuración de los precios relativos de la economía, sustentada en un tipo de cambio competitivo que ejercía la protección del mercado interno y estimulaba la sustitución de importaciones, a la vez que promovía las exportaciones, expandía el mercado interno, creaba una cantidad significativa de  puestos de trabajo y recuperaba el salario de los trabajadores.

 Pero arribó a una instancia compleja de bifurcación de caminos, de elección entre proyectos, de opción entre alianzas necesarias.

 
Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas,  callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.
Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. 

 Para estos  oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial. 

        
Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.
También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas  señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar.

 Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo. Asimismo lo constituía  la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales.

 Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado. 

 
Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i)  La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP.

 Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales. 

 
La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada  por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que  habían asegurado indestructible. 

 
Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización.

El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario.

 Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía. Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.  

            
A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas.

Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.
En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados-  permite a los formadores de precios  maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios.

Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.

 
Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso,  límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.

 
La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna.

Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además,  una indispensable participación y organización popular.

 Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular.

 En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.

 
Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado.

Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales.

También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos.

 Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda,  sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.
El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación.

 Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.

 
La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.

 
Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está  basado en un patrón de acumulación definido en el  proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities. 

                                                                                            
Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo  y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional.

De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y  una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.

 
El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto.

 El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático.

Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo.

Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.

 
La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar.

 La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones. Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que  ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales.

Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de  desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis.

 Los costos de estos colapsos  son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad.

 No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos.

Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur.

 En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.   
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la  difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta.

Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración. Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas.

 El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas.

 Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente. Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol.

 Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares. 

 
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.

 
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido. 

 
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.  

 
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más.

Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras. No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante.  Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.

 
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundización del proyecto transformador.

 En principio, la reforma financiera -hoy en agenda-, para orientar el crédito hacia el desarrollo, la integración nacional y la diversificación productiva.

Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como  su estatización cuando resulte estratégico.

 Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos.

 Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática. No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza.

Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y  garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático.

 Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido.

 La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
2/11/09

DISTRIBUIR LA RIQUEZA ES CONSTRUIR LA SUSTENTABILIDAD

| Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

La restauración conservadora despliega presiones y programas.

 Han transcurrido ocho años desde los acontecimientos provocados por el desbarajuste del modelo neoliberal, que se hundió a causa de su inconsistencia y, principalmente, del descontento ciudadano y la movilización popular, ambos resultantes de la indignación causada por las precariedades y los despojos sufridos durante la hegemonía que el capital financiero había

ejercido en el último cuarto del siglo pasado. La emergencia y consolidación de un enfoque diferente desde el 2003 se tradujeron en un rápido e inédito ritmo de crecimiento del producto, en una reducción drástica del desempleo y en una solidez de la macroeconomía que los neoliberales siempre declamaron perseguir pero jamás lograron con sus políticas.Una primera fase del nuevo rumbo se centró en la reestructuración de los precios relativos de la economía, sustentada en un tipo de cambio competitivo que ejercía la protección del mercado interno y estimulaba la sustitución de importaciones, a la vez que promovía las exportaciones, expandía el mercado interno, creaba una cantidad significativa de  puestos de trabajo y recuperaba el salario de los trabajadores.

 Pero arribó a una instancia compleja de bifurcación de caminos, de elección entre proyectos, de opción entre alianzas necesarias.

 
Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas,  callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.
Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. 

 Para estos  oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial. 

        
Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.
También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas  señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar.

 Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo. Asimismo lo constituía  la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales.

 Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado. 

 
Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i)  La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP.

 Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales. 

 
La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada  por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que  habían asegurado indestructible. 

 
Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización.

El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario.

 Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía. Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.  

            
A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas.

Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.
En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados-  permite a los formadores de precios  maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios.

Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.

 
Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso,  límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.

 
La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna.

Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además,  una indispensable participación y organización popular.

 Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular.

 En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.

 
Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado.

Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales.

También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos.

 Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda,  sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.
El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación.

 Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.

 
La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.

 
Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está  basado en un patrón de acumulación definido en el  proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities. 

                                                                                            
Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo  y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional.

De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y  una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.

 
El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto.

 El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático.

Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo.

Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.

 
La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar.

 La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones. Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que  ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales.

Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de  desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis.

 Los costos de estos colapsos  son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad.

 No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos.

Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur.

 En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.   
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la  difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta.

Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración. Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas.

 El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas.

 Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente. Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol.

 Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares. 

 
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.

 
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido. 

 
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.  

 
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más.

Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras. No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante.  Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.

 
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundización del proyecto transformador.

 En principio, la reforma financiera -hoy en agenda-, para orientar el crédito hacia el desarrollo, la integración nacional y la diversificación productiva.

Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como  su estatización cuando resulte estratégico.

 Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos.

 Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática. No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza.

Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y  garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático.

 Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido.

 La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
2/11/09

La restauración conservadora despliega presiones y programas. Han transcurrido ocho años desde los acontecimientos provocados por el desbarajuste del modelo neoliberal, que se hundió a causa de su inconsistencia y, principalmente, del descontento ciudadano y la movilización popular, ambos resultantes de la indignación causada por las precariedades y los despojos sufridos durante la hegemonía que el capital financiero había

ejercido en el último cuarto del siglo pasado. La emergencia y consolidación de un enfoque diferente desde el 2003 se tradujeron en un rápido e inédito ritmo de crecimiento del producto, en una reducción drástica del desempleo y en una solidez de la macroeconomía que los neoliberales siempre declamaron perseguir pero jamás lograron con sus políticas.Una primera fase del nuevo rumbo se centró en la reestructuración de los precios relativos de la economía, sustentada en un tipo de cambio competitivo que ejercía la protección del mercado interno y estimulaba la sustitución de importaciones, a la vez que promovía las exportaciones, expandía el mercado interno, creaba una cantidad significativa de  puestos de trabajo y recuperaba el salario de los trabajadores.

 Pero arribó a una instancia compleja de bifurcación de caminos, de elección entre proyectos, de opción entre alianzas necesarias.

 
Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas,  callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.
Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. 

 Para estos  oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial. 

        
Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.
También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas  señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar.

 Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo. Asimismo lo constituía  la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales.

 Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado. 

 
Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i)  La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP.

 Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales. 

 
La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada  por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que  habían asegurado indestructible. 

 
Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización.

El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario.

 Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía. Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.  

            
A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas.

Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.
En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados-  permite a los formadores de precios  maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios.

Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.

 
Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso,  límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.

 
La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna.

Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además,  una indispensable participación y organización popular.

 Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular.

 En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.

 
Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado.

Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales.

También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos.

 Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda,  sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.
El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación.

 Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.

 
La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.

 
Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está  basado en un patrón de acumulación definido en el  proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities. 

                                                                                            
Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo  y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional.

De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y  una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.

 
El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto.

 El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático.

Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo.

Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.

 
La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar.

 La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones. Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que  ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales.

Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de  desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis.

 Los costos de estos colapsos  son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad.

 No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos.

Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur.

 En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.   
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la  difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta.

Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración. Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas.

 El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas.

 Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente. Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol.

 Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares. 

 
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.

 
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido. 

 
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.  

 
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más.

Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras. No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante.  Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.

 
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundización del proyecto transformador.

 En principio, la reforma financiera -hoy en agenda-, para orientar el crédito hacia el desarrollo, la integración nacional y la diversificación productiva.

Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como  su estatización cuando resulte estratégico.

 Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos.

 Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática. No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza.

Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y  garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático.

 Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido.

 La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
2/11/09

LA MIRADA PLENA DE TERNURA DE OSVALDO SORIANO

Febrero 5, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

Aquel peronismo de juguete

(TELAM)

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Aquel peronismo de juguete

POR OSVALDO SORIANO. M. AL SUR

Cuando yo era chico, Perón era nuestro Rey Mago: el 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza: hacer la cola delante de una ventanilla que decía “Perón cumple, Evita dignifica”, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tozudez de Bartleby el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos.
Estar en la fila agitaba el corazón: ¿quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín: ¿se llevaban eso porque ya no había otra cosa, o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota, de aquellas de tiento, que tenían cualquier forma menos redonda.
En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha a alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua, abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó sólo un par de veces pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, chuf, chuf, que parecía un ruido de verdad, mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de diecisiete años. Recuerdo que ésa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes.
Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol y Juana y yo, que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas, pero mi lancha peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar.

El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a mil kilómetros de Buenos Aires y la radio de onda corta traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un encanto de madre severa, con ese pelo rubio atado a la nuca que le disimulaba la belleza de los treinta años.

Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se había rebajado a aceptar un carné del Partido para hacer carrera en Obras Sanitarias. Para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia, donde exhortaba al patriotismo a los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente.

Creo que todo, entonces, tenía un sentido fundador. Aquel “sobrestante” que era mi padre tenía un solo traje y dos o tres corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió cuarenta años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso.
Después del almuerzo pelaba una manzana, mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: “¡No me voy a morir sin verlo caer!”. Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia: mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de setiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo que se murió en 1974, con el general de nuevo en el gobierno.
En el verano del ’53, o del ’54, se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien: fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve: “Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo”. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había diez camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos de El Gráfico.
El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. “En la Argentina de Evita y de Perón los únicos privilegiados son los niños”, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar, entonces, que eso era puro populismo demagógico?
Cuando Perón cayó, yo tenía doce años. A los trece empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares de Río Negro donde envuelven las manzanas para la exportación. Choice se llamaban las que iban al extranjero; standard las que quedaban en el país. Yo les ponía el sello a los cajones. Ya no me ocupaba de Perón: su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban “tirano prófugo” al general. En los barrios pobres las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso.
Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo. Cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban “Viva Perón, carajo”. Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista. Polla lancha a alcohol que casi nunca anduvo. Por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Libertadora.

No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo. Aunque el país sea distinto, y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero, en el patio de mi casa.

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LA MUGRE QUE NOS DEJÓ LA CULTURA LIBERAL

Enero 31, 2012 | Por nelsonnogar | # Enlace permanente Tweet

. . edukadores(las buenas ideas siempre sobreviven)

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La empleada de Gasalla y la implicancia negociada. Posted: 28 Jan 2012 04:53 AM PST  A lo largo del siglo XX los estudiosos han observado el desarrollo paralelo y la creciente semejanza entre las estructuras insitucionales de las corporaciones y las de las agencias del Estado , y como cada vez las empresas se han insertado mas sólidamente en la sinstituciones públicas (Negri y Hardt multitud). Antonio Gasalla es para mi un excelente actor. Según dicen los que conocen los pormenores de la actuación es siempre mucho mas dífícil en la composición de un personaje la “actitud corporal ” que el manejo de la voz. Gasalla ha compuesto muchos personajes emblemáticos, casi todos femeninos, apelando al grotesco con singular maestría. Algunos de esos personajes son o han sido utilizado por el actor para realizar reportajes a personaa conocidas a la manera de “gags” humorísticos. Uno observa que Gasalla improvisa con esos personajes ante situaciones inesperadas cuando realiza esas famosas notas y jamás se “tienta” ni abandona su actitud corporal. Uno de los mas célebres de esos personajes, es la empleada pública, que ha sido maliciosamente utlizada para caracterizaciones gorilas desoyendo las explicaciones que diera el propio actor en mas de una  oportunidad. Sucede que desde el momento en que la dictadura y Martínez de Hoz deretaron que “achicar el Estado es agrandar la Nación” el Estado se encontró con “reformadores” de distinto pelaje que siempre apelaron al “Consenso de Washington” para echar por “Gasallas” a empleados que ingresaron en gestiones anteriores e incoporar a los de su preferencia, hasta que una nueva gestión con “espíritu fundacional”,, también afectada por el “síndrome de Juan de Garay” , echaba a parte de esos empleados con los mismos argumentos e incoorporaba a nuevos “civilizadores”. Lo cierto es que ésto ha creado toda una mitología en el folclore popular, que se nutre de falacias, de lugares comunes aprendidos en programas de TV como los de Neustadt y Grondona y sus actuales herederos. Esos “lugares comunes” son también esgrimidos por gente autodefinida como “progresista” que repite la misma mecánica.. En ese contexto observamos que el trabajo del Estado es algo profundamente desjerarquizado y subestimado, y quienes lo deselegitiman apeñan a distintas “zonzeras” que viene repitiendo sistemáticamente. La primer falacia “neoliberal” que se repite hasta el cansancio es comparar al Estado con una suerte de “consorcio” del que “todos” seríamos los propietarios. Es frecuente escuchar decir “yo pago mis impuestos” o “a esta gente yo le pago el sueldo”. Afirmaciones de ese calibre es tanto como confundir la figura del ciudadano con la del contribuyente, y quizás provenga de aquella máxima de la revolución norteamericana de “no taxation without representation”. (No se pagan impuestos si no hay representación)- Pero la revolución norteamericana fue justamente una revolución de propietarios, como la democracia ateniense era una democracia de propietarios de esclavos en la que ni siquiera había lugar para los hombres libres pero extranjeros y que no poseían esclavos llamados “ilotas”. Esa noción fue superada por la de ciudadanía según la cual no importa la medida de la contribución sino el derecho que asiste a cada quien en tanto ciudadano y en forma mas contemporánea tiene en cuenta que la generación de riqueza es social, por lo que su apropiación no da mas  derechos a los mayores apropiadores. Esa fakacia se sigue de esa otra que suele considerar como “no genuino” el trabajo del Estado, contra otros trabajos supuestamente “gennuinos”. Esta aberración inculcada en el sentido común social por técnicos de burocracias supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial es un aserto básicamente hipócrita que en primer lugar prescinde de la realidad de esos organismos.que alimentan extensas burocracias que suelen incurrir en gastos muchas veces inexplicables aún para los objetivos que proclaman. En una sociedad donde la tenderncia a la producción inmaterial es la predominante, o la que determina la tendencia  ¿quién puede detrminar lo “genuino” ? o mas aún ¿Cuál es la vara para medir lo genuino? Señalan con acierto Negrri y Hardt que la interrelación entre Estado y empresa privda es cada vez mayor y que las formas de las unas son imitados por el otro, tal como se refleja en la frase del epígrafe. esto ha implicado, según los mismos autores, que aquellos que poseen cargos directivos en el Estado, pasen luego fácilmente a las Juntas de las corporaciones y viceversa. A título de ejemplo, con una u otra gestión, la Secretaría de Industria, por ejemplo, desde hace muho tiempo ha sido un reducto de la Unión Industrial Argentina. Hoy, eso se refleja en la persona de Débora Giorgi, allá lejos y hace tiempo, la dictadura, en tiempos de Viola había creado un Ministerio de Industria cuyo titular Oxenford lo comandaba a título de representante de la misma entidad. Pero volviendo a la idea de lo “genuino” cabría preguntarse cuál es la vara que se utiliza para medirlo. Por dar un ejemplo, ls innestigaciones del Conicet , como cualquier investigación científica, no pueden en la mayor parte de las ocasiones demostrar su “utilidad inmediata”.¿Debe por eso un país prescindir de la investigación científica, no sólo en las ciencias “duras” sino también en las ciencias sociales? Una empresa privada como Ideas del Sur genera una gran rentabilidad sin ofrecer un solo producto que no sea inmaterial, ni de “calidad” según lo que indicarían algunos stándares culturales  ¿Eso es trabajo genuino? Néstor Kirchner, en lo que tal vez fue uno de sus principales aportes, demostró que un Ministro  de Ecnomía no era tan fundamental como se suponía porque la política económica era en definitiva la que determianba la autoridad política ¿Alguien recuerda lo “imprescindible” que se consideraba a los “técnicos” en Economía? Otra idea falaz que se suma a esas es la  de vincular “productividad” con “rentabilidad” o con cierto tipo de “rentabilidad”por lo que según la idea liberal la actividad del Estado seria un “freno a la rentabilidad”, un “mal necesario” que debiera reducirse al mínimo. ¿Debe ser “rentable” un hospital o una red ferroviaraia (que so pretexto de lo que le “costaba al país” fue privatizada con los resultados conocidos)? ¿O su productividad depende de como sirve a otros sectores?. Así  sucede con muchas prestaciones que tal vez no constituyan ejemplos tan contundentes. pero son igualmente importantes. Pero volviendo a Gasalla, yo recuerdo algunos episodios que demuestran que la composición de su personaje nada tenía que ver con el sentido “gorila” que interesdamente pretendieron darle: En principio pocos recuerdan que cuando comenzó a interpretar a la empleada pública y quien la acompañaba en la mesa de entradas era Juana Molina, había un personaje, que ahora no recuerdo bien quien lo interpretaba, que era un “concheto” soberbio y estúpido que venía con demandas prejuiciosas y soberbias hacia el presonal de la reparttición en la que Gasalla y Molina trabajaban. En otra oportunidad cuando lo visitó un Chcho Álvarez ascendente, este comenzó a ironizar acerca de la forma en que estaba vestida y de su “ineficiencia”. Allí Gasalla,  estaba acompañado por Norma Pons. Sorprendido por los chascarrillos del entonces principal  opositor “progresista”  a Ménem le dijo: “Me extraña de usted Chacho ¡Nosotras (refiréndose a su personje y al de Norma Pons) somos el pueblo! Esperaba algo mas popular de Usted.” Lo dijo, sin abandonar la composición de su personaje pero serio. En otra oportunidad fue invitado por el inefable Bernardo Neustadt junto al Arquitecto Rodolfo Livingstone, y una ex Miss Argentina que no recuerdo como se llama, y que luego de concluir su carrera como modelo se dedicó al negocio inmobiliario. Neustadt invitó a Livingstone debido a que era autor de un libro sobre su experiencia en la gestión de Grosso, a Gaaslla obviamente debidio a su personaje y a la ex modelo no se bien por qué. El tema a tratar era el “maltrato” simbolizado según Neustadt en la “empleada pública”. Para sorpresa del comunicador mercenario, Gasalla, objetó muy serena y fundadamente sus prejuicios y enarboló una a una las razones según las cuales las mañtratadas eran en verdad esas empleadas públicas. Habló, recuerdo, de la falta de carrera , la falta de estímulos para el agente del Estado, la “mesa de entradas” utilizada  como “castigo” para los “mal vistos” etc. Mientras la ex modelo hacía agua tratando de corroborar el punto de vista del condunctor, Livingstone remató los postulados de Gasalla con una excelete frase dirigida a Neustadr: “Maltrato es lo suyo, hablando de “mercado” , privatizaciones, flexibilidad laboral permanentemente…” . Escribo ésto, porque en el último tiempos noto en cierto sector del público un reverdecimiento de estos prejuicios aún queriendo defender las posiciones sustentadas, o las que creen que son las posiciones sustentadas por la Presidenta y el Gobierno Nacional. Lo que al respecto debo decir es que con lo mucho de positivo que se ha hecho en los últimos  8 años, las relaciones del trabajo, las leyes flexibilizadoras y la cuestión del Estado no se han modificado sustancialmente. Respecto del primer tema hubo muy ligeras corrcciones vía jurisprudencia. como por ejemplo sucedió con la Ley de Riesgos del trabajo que prohibía el acceso a la vía civil al trabajador para reclamar la indeminiación prevista en el Código Civil sin los límites estipulados por esa norma. En cuanto a la cuestión del Estado en lo que hace a las relaciones laborales internas tampoco se modificó sustancialmente aunque sí se modificó el rol del mismo en cuanto a su intervención en el proceso económico. Como bien señalan Negri y Hardt en su libro Multitud”, el modelo “neoliberal” de los 90 (que se extiende en el mundo hasta hoy en día a pesar de la crisis) no se caracterizó por la ausencia del Estado sino en el para qué intervenía. El Estado Keynessiano pretendía regular o moderar el conflicto social, el Estado pos fordista pretende reforzar el rol de la clase dominante. Pensemos, por ejemplo, que en la nueva “cláusula del progreso” de nuestra constitución Nacional, tras us reforma de 1994 se establece como rol del Estado  “sostener el valor de la  moneda”. Lo que ha venido sucediendo entonces, en los últimos 20 años, es la introducción en el Estado de las figuras precarizadoras de la actividad privada. Ello comenzó con la importante cantidad de contratos de locación servicios o de obra, por los cuales, los trabajadores del Estado no eran considerados tales sino proveedores “externos” (asignados a la cuenta “servicios personales” y no a la cuenta “personal”) Resulta irónico que los contratos de locación de servicios terminen contando con una regulación con todas las notas de la relación de dependencia  (horarios, categorías, incompatibilidades) salvo los descuentos de ley. Esta situación se fue mejorando en los últimos años, incorporándose a esos “locadores de servicios” al Estado pero con contratos transitorios, o con una transitoriedad eterna en la que los concursos y la carrera brillan por su ausencia. El pos fordismo que caracteriza a las relaciones económicas actuales es lo imperante dentro del Estado en sus facetas mas negativas. Sumado a ello se debe tener en cuenta que las nuevas generaciones son presa de una cultura laboral que el francés Pierre Rossanvallon caracterizó como “mac donalización”, que significa la apuesta por las relaciones individuales y por el hecho de figurar en el cuadro del “empleado del mes” antes que por entender que la defensa de los intereses colectivos significa a su vez la defensa de los intereses individuales. El economista Enrique Martínez, alguien que acompañó desde el comienzo el proyecto político del Gobierno Nacional  en el que entre otras cosas define la situación con este muy acertado párrafo: “Desde 1976 hasta 2001 se cumplió un ciclo donde “Achicar el Estado es agrandar la Nación” fue una consigna hegemónica o en el peor de los casos, sirvió para arrinconar a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que imaginaba otra cosa en el discurso pero en la práctica cayó también en los planes de “racionalización administrat con  esa consigna estampada en la frente, fue totalmente coherente que todos los que manejaron las relaciones laborales en el Estado lo hicieran con la lógica – ya que no eran los dueños – de achicar, ningunear, postergar derechos, instalar una y otra vez el desánimo en todo servidor público, hasta llegar a lograr que sintieran vergüenza de ser o  considerar el trabajo estatal como un simple aguantadero hasta tiempos mejores” Esta cultura del trabajo adquiere rasgos particulares en el Estado en el que se “!abaratan” las prestaciones, lo que se rratifica con el hecho de que la negociaciòn paritaria se haya visto estancada desde hace un tiempo considerable. Sin ir mas lejos la  paritaria firmada redcientemente por el gremio aceiterio  lleva a $ 6000 su sueldo inicial, mientras que esa es la remuneración de la categoría máxima del escalafón estatal, (sin adicionales)  con exigencias tales como título de grado y de posgrado y otros requisitos de capacidad funcional. Algunos piensan que lo mas sensato sería tal vez aplicar lo se ha dado en definir como Kalmarismo o “implicación negociada” en alusión a la discusión partiraia gremio empresa que se realizó en Suecia para insertar a los trabajadores en el proceso de reconversión planteado por esta última lo que implica darle participación e iniciativa a los trabajadores en la elaboración del producto y no la adjudicación de tares repetitivas a la macera del fordismo o de lo que Charles Chaplin definió muy bien en Tiempos Modernos. Ello implica la también la instauración de la carrera administrativa y de la Estabilidad del empleado  público garantía constitucional que hace 20 años, como herencia del menemismo no se cumple en el Estado. El Ministro Tomada reconoció que el observó que la mayoría de las personas ingresaban al esatdo por “relaciones” y la Presidenta en su oportunidad dijo acertadamente que la planta transitoria que lo integra (que es un 80 %)  debía presentarse a concurso e integrarse ya que eso no significaba ningún gasto superior.porque esa gente ya estaba trabajando condiciones  precarias. Pero volviendo a Gasalla le pregunto al lector ¿la famosa empleada no está hoy en otro lado? Lo invito a observar como antes al menos podía concurrir a un mostador en las  Empresas del Estado y que luego , cuando fueron privatizadas se encuentra con una operadora que le da pocoas explicaciones y no es muy cortés. (o operador también, no distingo género) . Que observe como lo atienden en los bancos, o escuche la voz de quienes lo llaman de esos “estudios jurídicos” cuando tiene la desgracia de contraer una deuda. ¿No reconoce la misma empleada? Claro, ya no es folclórica y tiene otro “look” por eso cree que no está más, si quiere seguir averiguando pregúntenle a esos que lo llaman cuánto ganan para que pongan tanto “empeño”.