Columna

Un país donde se anteponga la igualdad a la libertad terminará sin ninguna de las dos. Milton Friedman (Economista estadounidense).

Desde el año 2003 se ha difundido en nuestro país de la mano del kirchnerismo, una revalorización del llamado Estado de Bienestestar, las teorías keynesianistas reivindicando el papel del Estado como principal agente económico responsable de asegurar una adecuada redistribución de ingresos. De la mano de estas teorías el Estado ha avanzado en todas las aristas de la vida economíca de los argentinos estableciendo reglas, controles y asumiendo el papel de Estado empresario, lo cual no ha sido gratis, ya que la presión impositiva para financiar sus actividades es la mayor de América Latina ya que asciende al 38,9% del PBI (Producto Bruto Interno: conjunto de bienes y servicios que produce un país), arriba del 37,4% de Brasil una economía que es cinco veces más grande que la Argentina. Los defensores del modelo señalarán que esto es necesario para asegurar la igualdad en la Argentina, pero si uno observa en que se está gastando se vislumbra que desde el año 2009 hay un cambio de paradigma en el llamado modelo nacional y popular que se asemeja más a una “Agencia de Empleo” que a un Estado redistribuidor. Según un informe de IDESA (www.idesa.org.ar) una organización que se dedica a estudios de políticas para el desarrollo social en nuestro país, los subsidios a empresas estatizadas duplican la asignacion por hijo, empresas como AYSA, ENARSA y Aeorlíneas Argentinas (sin contar la reciente nacionalizada YPF S.A.) reciben subsidios de magnitudes crecientes llegando en el año 2011 a;

-ENARSA: $10.507 millones de pesos.

-AYSA: $3.997 millones de pesos.

-Aerolíneas Argentinas: $3.455 millones de pesos.

En total el Estado otorgó casi $18.000 millones de pesos en subsidios a estas empresas, lo cual representó casi el doble de lo que el Estado nacional asignó a la Asginación Universal por Hijo por el mismo período ($9.300 millones)

Al dato anterior, para poder vislumbrar la falta de coherencia de las políticas públicas, se agrega el hecho que desde el año 2003, año en que Nestor Kirchner asumió la presidencia, la plantilla de empleados públicos sumó 919.544 personas, casi 300 empleados públicos por día, según la Fundación de Investigaciones Latinoamercanas (FIEL), para todo el período se registra que el empleo privado creció un 21%, en tanto que el empleo público lo hizo en un 43%.

No es objetivo de este articulo menoscabar la función indelegable, de un Estado eficiente que promueva políticas sociales que asegure una adecuada redistribución de ingresos, y una reducción de la brecha entre ricos y pobres a través de adecuadas políticas impositiva y también reivindico la función y la carrera del empleado público, pero cabe preguntarse ¿es esto lo que se está realizando o el Estado se encuentra de alguna manera “privatizado” por un grupo que se dice progresista y de vanguardia, pero que se limita a construir un Estado inútil y costoso para todos los argentinos?. No es poco.

El Estado soy yo. Luis XIV de Francia (1638-1715) Rey de Francia.

Aprobado el dictamen de comisión, el Miércoles 25 de Abril, se tratará el proyecto de ley para la virtual expropiación (¿o confiscación?) de las acciones que representan el 51% del capital de YPF S.A. que estaban en poder de Repsol, la aprobación será por una amplia mayoría con lo cual es seguro que antes de fin de mes se haya completado el proceso de nacionalización por diputados. Los motivos reales, más allá del discurso de recuperación de recursos estratégicos, están en superar el fracaso de la política energética implementada por el actual interventor Julio De Vido desde el año 2003 y por la necesidad de obtener fondos frescos que permitan continuar con la política de expansión del gasto público que constituye la base del modelo kirchnerista de crecimiento en base a la estimulación de la demanda agregada. Concretado el proceso de nacionalización el Estado argentino sumará YPF S.A. a otras empresas también estatales, que abarcan diferentes sectores y actividades; AySA (Aguas y Saneamientos), Enarsa (Energía Argentina), AR-SAT (Argentina Satelital), Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Tandanor, entre otras, así como también diversas participaciones en empresas consecuencia de la estatización de las AFJPS. Los motivos han sido varios y abarcan desde la necesidad de mantener un servicio ante el quiebre de la empresa (Aysa), políticos (Aerolíneas) o de financiamiento (AFJPS), la cuestión es que el Estado Empresario ha crecido sistemáticamente hasta ser titular total o parcial de capital en más de 30 empresas y gastar en empresas públicas un presupuesto que para tener una idea supera en la actualidad los fondos que se asignan hoy a la Asignación Básica Universal por hijo dado que en la mayoría de los casos el Estado argentino no se ha caracterizado por ser un buen administrador. La cuestión que surge es, si con YPF S.A. hemos visto el final del proceso o continuará y en este caso a que ritmo y con que eficiencia, después de todo los resultados de empresas mal gestionadas se cubren con dinero de la ciudadanía, y una primera respuesta que se puede inferir, es que todo depende, de la repetición de circunstancias que recreen la situación donde se busque un efecto político y obtener un rédito económico, y a primera vista uno de estos casos es la potencial estatización total o parcial de Telefónica Argentina S.A. por ejemplo, donde el kirchnerismo podría no solo intervenir en el sector de telecomunicaciones y crear la mística de la vieja Entel (aunque había que esperar más de un año para tener un teléfono) interviniendo en el sector telecomunicaciones, sino también en la instalación, administración y desarrollo de la internet y hacerle competencia en este campo al grupo Clarín, y por si fuera poco es un sector que asegura un flujo financiero, léase caja, importante, parecería una exageración, pero si ante el éxito político (apoyo de la población, relegación de caso Ciccone Calcográfica en los titulares de los diarios) y bajos costos de corto plazo pagados de la nacionalización de YPF S.A. ¿que nos hace pensar que será la última?.

Puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones (Sun Tzu, estratega, militar y filósofo).

Efectivizada la intervención de YPF S.A y enviado el proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de Repsol que seguramente será aprobado en el Congreso, dada las mayorías que gozan el oficialismo y aliados que dicen defender las ideas progresistas, cabe preguntarse ¿con que fondos se financiará no solo el precio que seguramente oscilará depende la fuente entre un piso y un techo de 7.000 y 10.000 millones respectivamente según se tomen las diferentes metodologías de valuación de la empresa (sin contar las indemnización por juicios en CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos de los países miembros), sino también las inversiones para superar el desbalance energético actual. El desbalance energético es el fruto de una pésima política energética basada en una combinación no solo de tarifas subsidiadas e importación de petróleo de Venezuela sino también de la falta de desarrollo de infraestructura (ejemplo Atucha II)  lo cual  incrementó el desbalance energético que fue de importaciones de energía por 500 millones en el 2003 a una proyección de 11.500 millones para el 2013. La imposibilidad de compensar este desbalance y la necesidad de disimular el fracaso de la política energética implementada por Néstor y Cristina Kirchner es la verdadera razón que lleva a la expropiación de YPF S.A más allá del discurso patriotero vigente que exalta los más rancios sentimientos nacionalistas de la población. Al costo de la empresa mencionado, que habrá que pagar tarde o temprano se suman las inversiones que hay que hacer para explotar yacimientos como Vaca Muerta en Neuquén o bien realizar tareas exploratorias, la cual se estiman en alrededor de 20.000 millones de dólares para los próximos tres años. Pues bien, estos fondos o bien salen del Banco Central, donde se podrían utilizar los 47.000 millones que son todos de libre disponibilidad reformulada la Carta Orgánica, pero con el consiguiente “costo político”, o se buscan socios que aporten los fondos. Frente a esto último, cabe mencionar un antecedente interesante, en el año 2004 Mijail Borisovich Jodorkovsky, magnate ruso que gozaba de una fortuna de 15.000 millones de dólares y dueño de la petrolera YUKOS, inició una disputa política con el presidente Vladimir Putin, consecuencia de ello sufrió acoso político del Estado ruso y fue acusado de evasión de impuestos y encarcelado y los activos de la compañía congelados, lo que llevó aun colapso del precio de las acciones de la compañía petrolera, cuya principal filial Yuganskneftegaz, fue adquirida por la Empresa Petrolera Estatal Rusa Rosneft, esta operación fue financiada por un préstamo que China realizó a Rusia por 6.000 millones de dólares a cambio de un acuerdo de suministro de petróleo a largo plazo. Si trasladamos este antecedente a la Argentina de hoy se nota un curioso paralelismo, una disputa política con una empresa privada, un gobierno paternalista, una expropiación y una China necesitada de asegurarse abastecimiento energético para su propia industria y que hoy posee la mitad de Pan American Energy la segunda petrolera en el Mercado Argentino a través de su empresa CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Curiosas coincidencias.

Confucio: “Donde hay justicia no hay pobreza.”

Cuándo hablamos de recursos estratégicos de un país, normalmente se refieren a gas, minerales ó petróleo. En el caso del petróleo la actual administración ha desplegado, con inusual énfasis  en los últimos tres meses, toda una ofensiva para obligar a YPF S.A. a aumentar sus inversiones bajo amenaza de intervenir la Compañía incluso, no solo ha dado vía libre a proyectos de ley que amenazan con una reestatización de la empresa, privatizada (con el voto positivo de los representantes de Santa Cruz inclusive, siendo gobernador Néstor Kirchner cabe mencionar) en la década de los noventa sino también que ha promovido indirectamente que gobernadores oficialistas como el caso de las provincias de Chubut ó Mendoza rescindan áreas concesionadas, todo ello en presunto castigo por no haber invertido los suficiente para evitar el déficit en el balance energético del país y que amenaza hacer crisis en el invierno. Por el contrario grande es el contraste que a casi una semana de cumplirse un mes de la tragedia del ferrocarril Sarmiento que le costó la vida a 51 personas, escasos avances se han verificado en la causa, si bien se designó un interventor en TBA y se nombró un nuevo subsecretario de transporte en reemplazo del renunciado Schiavi, todo apunta a que el juez Bonadío cerraría la causa con un único culpable el Conductor del Tren, dado que los únicos peritos que están analizando si hubo una falla mecánica en los frenos de la formación de TBA son de la misma Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que supuestamente debería haber controlado adonde fueron los subsidios de 77 millones de pesos mensuales en los últimos diez años, nada se ha dicho por el contrario, de rescindir concesiones o bien procesar a los directivos del grupo Mario y Claudio Cirigliano que siguen recibiendo millonarios subsidios por parte del Estado Argentino (140 millones de pesos anuales) por su negocio de transporte de pasajeros que abarca  la línea Mitre, Sarmiento y 40 líneas urbanas, ¿será porque siguen siendo socios en el Plan Televisión para Todos, encabezado por el Ministro Julio De Vido?. La realidad es que a través de sus acciones el Gobierno demuestra que está más preocupado por sancionar a los dueños de YPF que a los dueños de TBA, es decir que los recursos humanos no son un “recurso estratégico” y que la muerte de 51 personas no es algo de que haya que preocuparse. Una muestra más del doble discurso de la actual administración.