¿Para cuándo El Salvador?

Por Belissa Guerrero Rivas y Mariana Rodríguez Pareja*

Hace apenas unos días, Guatemala ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El retraso en la ratificación por parte de tal país tiene cierto impacto en El Salvador, puesto que tanto Guatemala como El Salvador tenían temores que los crímenes de guerra ocurridos en sus respectivos conflictos internos fueran susceptibles ser juzgados por la CPI. Ahora que Guatemala es parte, ¿El Salvador acelerará su proceso interno?

Un poco de historia

El Salvador no firmó el Estatuto de la CPI, pero participó en la Conferencia de adopción del mismo en Roma en 1998. Desde la entrada en vigencia de la CPI, El Salvador ha tenido una postura negligente y de poco interés hacia la misma. Prueba de ello es que en el 2002, el mismo año en que la CPI entró en vigor, El Salvador fue uno de los pocos países de América Latina que suscribió un acuerdo bilateral de inmunidad con Estados Unidos [3], con el objeto que los nacionales de ambos países no fueran susceptibles de entrega a la CPI en caso de cometer los crímenes competencia de la Corte.

Los caminos a la ratificación

El año pasado existieron ciertas señales que parecían indicar cambios en la voluntad del gobierno local. Esto se debió en gran medida a las visitas realizadas por funcionarios de alto rango de la CPI en 2010. El canciller dijo que estas visitas marcaban la pauta “para continuar la fase de consulta y aportes técnicos de expertos, organizaciones e instituciones nacionales interesadas y especializadas en el tema, a fin de enriquecer la discusión y permitir una etapa de debates legislativos más fructíferos y con mayores elementos de juicio para establecer los consensos necesarios sobre la adhesión o no adhesión de El Salvador a este importante instrumento de garantía de los derechos humanos a nivel mundial”.

Lo cierto es que el proceso interno de ratificación del Estatuto ha sido objeto de constante debate, en especial en cuanto a la necesidad de reformar o no la Constitución. La sociedad civil y los académicos ofrecieron al gobierno las posibles soluciones para acelerar el proceso, pero las propuestas parecieron dormir en el olvido por un tiempo. Quizá el desafío mayor, de acuerdo con algunos expertos, estaba relacionado con la aplicación de las cláusulas tales como la prescripción de crímenes internacionales, la validez jurídica de las amnistías y la restricción de las inmunidades de los funcionarios gubernamentales de alto rango frente a graves violaciones a los derechos humanos.

Hoy día

Hace un par de días el Canciller de la República hizo público que después de un exhaustivo estudio, que duró desde febrero de 2010, hasta el abril de este año el Estatuto se encuentra en manos de la Presidencia de la República, quien debe enviar el Estatuto de Roma a consideración del órgano legislativo.

El Canciller reconoció que El Salvador se adheriría al Estatuto de Roma, con reservas. Esto pone en evidencia el desconocimiento del Estado Salvadoreño del mecanismo de cómo funciona dicho tribunal internacional. De acuerdo al Artículo 120, el Estatuto de Roma no admite reservas, lo que implica que el Estado Parte debe adherirse en su totalidad al instrumento internacional.

Particularmente, el Canciller hizo referencia a hacer reservas sobre la retroactividad del Estatuto de Roma y la pena a perpetuidad. En relación a la retroactividad, ya el mismo Estatuto de Roma en su Artículo 24 establece que dicho instrumento internacional no es retroactivo. Por lo cual dicha reserva carece de fundamento legal.

En relación a la pena perpetua, es importante señalar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su proceso de inconstitucionalidad acumulado 5/2001, de diciembre de 2011, indicó que el código penal salvadoreño en su artículo 71 referido al concurso ideal de delitos, en el cual las penas podrían alcanzar hasta un máximo de setenta y cinco años de prisión, transgrede el Artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que prohíbe las penas perpetua, puesto que de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del PNUD del 2010, publicado en 2011 el promedio de vida en El Salvador es de 71.8 años[1].

Si bien es cierto, la Sala de Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformar el código penal para hacerlo uniforme a la Constitución. La Asamblea Legislativa, el 29 de febrero de 2012, decidió que en el concurso real de delitos la pena máxima a aplicarse sean 60 años de prisión[2]. No obstante, la edad mínima para aplicar el código penal salvadoreño son los 18 años, en el supuesto que una persona de 18 años delinque y es sancionada bajo la modalidad del concurso real de delitos, al finalizar su pena tendrá 78 años, lo que excede en 6 años la esperanza de vida de la población salvadoreña.

En ese sentido, parecería que la propuesta hecha por el gobierno de hacer una reserva a las penas perpetuas, no es tampoco válida puesto que dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño, las penas perpetuas siguen siendo una realidad.

Conclusiones

Dentro del Estatuto de Roma, no se coligue que los nacionales de un país deberán ser purgar su pena dentro de su país, con lo cual en caso de que una salvadoreña o salvadoreño fuera sentenciado por la CPI y condenado a una cadena perpetua, no será El Salvador quien acoja a esta persona en su sistema carcelario. Es importante, hacer dicha salvedad, porque en otros países del orbe salvadoreños han sido condenados a la pena de muerte y El Salvador ha respetado el sistema jurídico de esos países.

En principio, las reservas planteadas por el gobierno salvadoreño carecen de fundamento jurídico. Adicionalmente, desconocen el sistema planteado por el propio tribunal internacional en el cual las reservas no tienen cabida. Al respecto, vale cuestionarse ¿Qué pasará cuando sean presentadas? El tribunal las denegará y nuevamente las salvadoreñas y salvadoreños tendrán que esperar a que el aparato del Estado haga una nueva consulta con los diferentes sectores, que dure alrededor de un año, y que exista la voluntad política para ser Parte del Estatuto de Roma.

Lo anterior, sencillamente parece un proceso ilusorio.

El 2012 será recordado por ser el vigésimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz, los cuáles pusieron fin al conflicto armado interno que duró 12 años. También porque fue la primera vez que un presidente salvadoreño pedía perdón público por una de las barbaries más grandes cometidas en territorio latinoamericano: la masacre del mozote.

Esperamos también que sea recordado como el año en que El Salvador se unió a la CPI.

*Belissa es Abogada salvadoreña, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Postítulo en Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ex Especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la actualidad cursando un MA en Human Rights Practices Universidades de Göteborgs (Suecia), Roehampton. (Reino Unido) y Tromsø (Noruega). Ha publicado artículos sobre derechos humanos y la constitucionalidad de la Corte Penal Internacional en El Salvador.

**Mariana es Abogada y Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como Directora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS). @maritarrepe

[1]De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano para El Salvador 2010, sugiere que la esperanza de vida en el territorio Nacional es de 71 años. Véase http://hdr.undp.org/en/reports/national/latinamericathecaribbean/elsalvador/INDH_El_Salvador_2010.pdf

[2]Véase http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1113595

Adicionalmente véase el dictamen favorable de la Asamblea Legislativa en http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1807/dict126_leg_2012.pdf

Publicado en Asuntos del Sur

Política antidrogas y violencia contra las mujeres

Por Mariana Rodríguez Pareja*

Es un hecho que las políticas en torno a las drogas vienen causando más perjuicios que resultados positivos en América Latina: las cifras son alarmantes, la violencia va en aumento y el negocio para los narcotraficantes es por demás rentable, llevando aparejados otros negocios ilegales que suelen ir conectados, tales como el tráfico de armas y de personas.

Por eso que desde hace algunos años, varios estadistas de nuestra región – tales como Fernando Henrique Cardoso del Brasil, entre otros- se han venido preguntando si es dable una política diferente, que aborde nuevas opciones; si cierta apertura en nuestras políticas causaría un impacto positivo (o aunque sea, menos negativo) en nuestras sociedades, reduciendo índices de violencia y mortalidad.

Durante estos últimos meses, el debate en torno a las políticas de drogas en nuestra región ha tomado aún más relieve. En principio, el pedido regional que llegó desde América Central, de la mano de los Presidentes Pérez de Guatemala, Martinelli de Panamá y Chinchilla de Costa Rica, quienes pidieron revisar el estado actual, explorar las políticas regionales para combatir el narcotráfico y la despenalización de las drogas. Juan Manuel Santos de Colombia propuso un plan y Obama desde Estados Unidos, mencionó la cuestión, todo en el marco de la Cumbre de las Américas donde se tomó la decisión, por medio de un mandato, que la OEA debe explorar nuevos caminos.

Tal como expresó Eduardo Vergara, Director de Asuntos del Sur, en la carta y propuesta conjunta con el Senador chileno Lagos Weber entregada al Presidente Sebastián Piñera, sólo en México, más de 50 mil personas han muerto en los últimos cinco años a raíz de la guerra contra la droga. Y los sucesos de los últimos días nos hacen pensar que el número sigue en aumento.

Debemos tener en cuenta un dato no menor con respecto a nuestra región: América Latina y el Caribe cuentan hoy con 9 de los 10 países más violentos del mundo. En algunos países centroamericanos mueren anualmente más de 130,000 personas, tienen lugar más de dos tercios de los secuestros a nivel mundial y cada 3 minutos una persona es asesinada. Honduras cuenta con 86 homicidios relacionados con drogas por cada 100 mil habitantes, por año. Cientos de cárceles latinoamericanas están hacinadas a causa de un explosivo crecimiento de su población, que principalmente está compuesta de infractores a leyes de drogas (principalmente por microtráfico o infracciones menores). Este hacinamiento y las preocupantes condiciones carcelarias han sido señalados en más de una oportunidad por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De otro lado, en países como Ecuador y Argentina hay centros penitenciarios para mujeres donde hasta el 80% de las reclusas está ahí por infracciones a leyes de drogas que en su gran mayoría tienen que ver con narcomenudeo y no con grandes operaciones de tráfico.

La violencia genera más violencia… contra las mujeres

A la discriminación y violencia de género enquistadas en nuestras sociedades, se le suma la violencia que causan estas políticas. Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada en esta guerra contra las drogas.

Un ejemplo es que la tasa de homicidios de mujeres se ha triplicado respecto a la de hombres en las naciones afectadas por el narcotráfico. Las tasas de encarcelamiento de mujeres respecto a las de hombres van en aumento, especialmente de las (mal) llamadas “mulas”. En Honduras, algunos indicadores estiman que el 90% de los feminicidios está relacionado con el narcomenudeo.

La articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género conformada por organizaciones de siete países de la región: ELA (Argentina), Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Corporación Humanas (Colombia, Chile y Ecuador), EQUIS (México) y DEMUS (Perú), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua – México y Centro Antígona, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona hicieron un pronunciamiento que fue entregado en Cartagena, durante la Cumbre de las Américas celebrada hace algunas semanas.

En el mismo, las organizaciones dejan en claro que en la guerra contra las drogas, “como en otros conflictos armados, las mujeres han sufrido de manera desproporcionada el impacto de la violencia, puesto que la discriminación histórica que ha recaído sobre ellas las ha ubicado en especiales condiciones de vulnerabilidad”. Personalmente estoy de acuerdo con su postulado: nuestros países no pueden seguir escondiéndose de una realidad que abruma y que nos sobrepasa.

Seguir combatiendo a las drogas de la forma en que lo venimos haciendo, causa más violencia y por tanto, más muertes. El consumo, no se ha reducido en los últimos años y hasta ha aumentado. Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking de consumidores de cocaína del continente, siguiendo a los Estados Unidos. En ese mismo ranking, Uruguay y Chile siguen escalando posiciones estrepitosamente. Si bien algunos países han adoptado leyes y planes de educación y prevención, ninguno de ellos han probado ser eficaces por ser implementados de manera deficiente o por simplemente, no haber sido nunca ejecutados.

Es una necesidad instar a los gobiernos para llevar a cabo un debate honesto y lejos de los viejos tabúes. Debemos terminar con la política de “de esto no se habla”. La guerra contra las drogas genera más violencia, amenaza nuestra institucionalidad y afecta a todas nuestras sociedades, especialmente a quienes son más vulnerables, con bajos recursos y se encuentran más desprotegidos. La discusión es urgente y no menos, importante.

*Abogada. Actualmente se desempeña como Directora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur ADS @AsuntosdelSur

Publicado en Asuntos del Sur, Noticias SER y Plaza Pública

Crímenes sexuales del “Proceso”

Por Alia Al-Khatib y Mariana Rodríguez Pareja

El golpe militar de 1976 dio comienzo a la etapa más oscura de la historia reciente argentina. El llamado “Proceso de reorganización nacional” arrojó un escalofriante saldo de 30,000 muertos y desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales. Ese proceso, que duró cerca de 7 años, es aún motivo de debate en Argentina.

Uno de los símbolos de esa época fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)- hoy convertido en un Espacio para la Memoria-, donde funcionó el centro de detención clandestino más grande de la dictadura argentina. Alrededor de 5000 personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y desaparecidas y sólo 200 han sobrevivido.

De acuerdo con los testimonios, muchos de los detenidos en ese recinto fueron arrojados al Río de la Plata desde aviones, en los llamados “vuelos de la muerte”.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el ex-Presidente Alfonsín (1983-1989) en pos de la justicia y la verdad, éstos se vieron opacados por las leyes de punto final y obediencia debida. Recién en 2004, bajo la presidencia de Kirchner (2003-2007) se comenzaron a tomar medidas específicas por la verdad, la justicia y la memoria.

ESMA: los juicios

Dada la magnitud de la causa que agrupa a todos los crímenes cometidos las instalaciones de la ESMA y el abultado número de acusados, el juicio o “mega juicio”- tal como lo llaman los medios locales, se dividió en tres partes.

El primer juicio de la ESMA fue a nivel jurídico y social, uno de los más importantes de la historia argentina, junto con el Juicio a las Juntas y el Tribunal Federal Oral Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires condenó a 16 ex-militares por crímenes de lesa humanidad. El juicio, que duró alrededor de dos años, investigó cerca de 86 hechos y recibió el testimonio de más de 150 testigos, incluyendo el de 80 sobrevivientes. ¿La sentencia? Prisión perpetua para 12 de los acusados; dos de ellos a 25 años de prisión; uno, a 20 años y otro, a 18 años de cárcel. Dos de los acusados fueron absueltos, pero permanecen en custodia por otras causas pendientes.

El próximo juicio por crímenes de lesa humanidad de la ESMA comienza en agosto de 2012. Se espera que sea el mayor llevado a cabo en el país, con 61 acusados y 800 victimas, aproximadamente. Entre los crímenes que serán juzgados existen cargos por tortura y asesinato, pero no existe mención alguna a los crímenes sexuales a pesar de haber sido revelados por numerosas víctimas. A la fecha, sólo un caso que se juzgó en la Tribunal Federal de Mar del Plata tomó en consideración la violencia sexual cometida por el régimen militar.

La violencia sexual como crimen de lesa humanidad

En principio, es importante subrayar que los testimonios sobre violencia sexual son siempre los más difíciles de obtener. La mayoría no comparte su experiencia por pudor o vergüenza, lo que se traduce en una continuación del trauma derivado de tales ataques. Por tanto llevó años poder conocer el testimonio de las víctimas de violencia sexual en la ESMA. Lo cierto es que un gran número de mujeres detenidas y torturadas han sufrido ataques sexuales dentro y fuera de los centros de detención, de acuerdo con el testimonio de testigos y de las propias víctimas. Asimismo, y un dato no menor es que también hombres sufrieron abusos sexuales. Lorena Balardini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que tanto hombres como mujeres fueron sujetos a la violencia sexual y en algunos casos, reducidos a esclavitud sexual dentro y fuera de las instalaciones. En el caso de los hombres, es difícil que ellos admitan haber sido abusados sexualmente o que reconozcan abusos sexuales sobre otros hombres.

CELS y una serie de organizaciones y sobrevivientes de violencia sexual, reconocen que la mayoría de los actos de violencia sexual fueron perpetrados durante sesiones de tortura, pero su tratamiento judicial debe ser por separado. Asimismo, y de acuerdo con el derecho internacional y la jurisprudencia penal internacional los crímenes de naturaleza sexual, tales como la violación y la violencia sexual, pueden constituir genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Esto surge de la letra del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), de la jurisprudencia a partir del Caso Akayesu, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)- en el cual es considerada como genocidio- y del caso Kunarac, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)- en el cual es considerada como crimen de lesa humanidad. Por tanto, es consecuente que, al tratarse de un crimen de esta naturaleza, sea pasible de un trato diferenciado por parte de los tribunales. Caso contrario, se estaría dejando de lado la experiencia de un importante número de víctimas y se estaría negando o escondiendo el hecho que durante la dictadura este tipo de crímenes también fueron cometidos.

El reconocimiento

Los juicios de la ESMA cargan con un simbolismo especial para la sociedad local. Lo que sea resuelto por el tribunal ayudará a seguir creando conciencia y memoria entre los argentinos. A pesar de la reticencia que existe por parte de ciertos sectores de abordarlos autónomamente, los crímenes sexuales formaron también parte del plan sistemático llevado a cabo por el Estado durante la dictadura y por tanto, no deben ser dejados lado.

Mónica Zwaig, abogada del CELS, agrega que “además de crear memoria y justicia para los crímenes de la dictadura, los juicios que aborden la violencia sexual ayudarán a cambiar la percepción del abuso sexual y de los crímenes sexuales en general, y podrían cambiar la forma de abordarlos en futuros casos”.

A pesar de las dificultades en el camino y que al día de hoy no se hayan presentado formalmente cargos por este tipo de crímenes, las organizaciones de la sociedad civil siguen trabajando por su reconocimiento y creemos que será una experiencia de la cual se podrán aprender importantes lecciones no sólo en Argentina, sino que en toda región.

Nota: Alia Al Khatib y Mariana Rodriguez Pareja son columnista y Directora, respectivamente, del área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS). @asuntosdelsur

Publicado en Asuntos del Sur y en Noticias SER

La mortalidad más evitable en Argentina

Por Florencia Guijo y Mariana Rodríguez-Pareja*

Hace algunos días el periódico argentino Página 12 informó que Argentina es el único país del Cono Sur que presenta una tendencia ascendente de la mortalidad materna entre 1990 y 2010. Esta información surge de un informe global que acaba de publicar la OMS, UNICEF UNFPA y el Banco Mundial. Esto es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que se señala como principal causa directa de mortalidad materna a las consecuencias derivadas de los abortos inseguros practicados en la clandestinidad.

Y acá queremos detenernos para plantear una cuestión que nos preocupa y de sobremanera: el aborto, uno de los temas más difíciles de tratar sin causar susceptibilidades entre los distintos sectores.

Aborto: realidad y salud

El aborto dejará de ser un delito el día que, en razón del principio de legalidad, quede excluido del Código Penal argentino. En el entretanto y estemos o no de acuerdo con la figura y sus alcances, el aborto es un delito para el ordenamiento. Pero tal figura reconoce situaciones de excepción como la contemplada en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal argentino, según el cual el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” y cuando el aborto sea practicado “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.

La dificultad en la interpretación de este supuesto llevó a un fallo a finales de marzo de la Corte Suprema de Justicia del cual se desprende que la práctica del aborto no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial y los profesionales de la salud deben practicarlo en condiciones médicas seguras y sin dilaciones de ningún tipo. La víctima de violación, o en su caso su representante, deben manifestar ante el profesional tratante por medio de una declaración jurada, que el ilícito –la violación- es la causa del embarazo. Este fallo es un antes y un después, puesto que el Estado, como garante de la administración de la salud pública, tiene el deber de que, cuando concurran las mencionadas circunstancias, el aborto sea practicado en condiciones medicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura, sin poner en riesgo la salud o la vida de la madre.

Pero más allá del caso del aborto de las mujeres que fueron violadas, creemos que el debate debe profundizarse. No sin antes exigir a las autoridades la necesaria implementación efectiva a nivel nacional de planes de educación sexual, comenzando por la instrucción a la población sobre los métodos anticonceptivos, garantizando también su distribución libre y gratuita en los hospitales públicos y privados de todo el país; educación a nivel escolar primaria y secundaria sobre salud sexual y reproductiva y sobre género y violencia.

¿Por qué la profundización?

De acuerdo con informes publicados hace algunos meses, por lo menos, un tercio de la población conoce a alguna mujer que haya abortado alguna vez en Argentina. No es un dato menor. Y esto demuestra que la prohibición y la penalización del aborto no hace que esta práctica disminuya, por el contrario: no solo que no disminuye, sino que además al ser prácticas ilegales y clandestinas se pone a la mujer en situación de total desprotección, desamparo y sobre-estigmatización, algo evidentemente reflejado en este informe que comentamos.

La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher confirmaron que al año 2008 la tasa de aborto en América Latina –donde casi todos los países restringen fuertemente el aborto- era de 32 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, en tanto que en Europa Occidental, donde el aborto es generalmente permitido bajo amplias condiciones, dicha tasa es de apenas 12 por 1.000.

La falta de educación sexual y reproductiva hace también proliferar toda serie de prejuicios, además una falsa creencia por parte de la sociedad con respecto al aborto: el tener que acudir a esta práctica- en la mayoría o casi todos los casos- conlleva una decisión difícil por parte de la mujer.

Asimismo, debemos por fin entender el hecho que, en caso que la práctica sea despenalizada no significa que sea obligatorio para todas las mujeres, sino que quien tenga que recurrir a practicarse uno, lo pueda hacer en buenas condiciones. Y parafraseando a lo dicho en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: se debe brindar educación e información para poder decidir, brindar acceso a los anticonceptivos para no abortar, y en caso que -desgraciadamente- haya que recurrir a la interrupción del embarazo, que sea legal y seguro para no morir.

Cumplir con los Objetivos del Milenio

La Argentina en el año 2000 suscribió los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales significan compromisos asumidos a nivel internacional. Con este panorama poco alentador, “Mejorar la salud materna” será el único objetivo de desarrollo que nuestro país no va a poder cumplir en el plazo límite previsto para el 2015. Ese compromiso en números se traduce en la necesidad de reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna con relación a 1990. Teniendo en cuenta que dicha tasa es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos, Argentina debiera reducir tasa a trece por cada cien mil nacidos vivos, cuando la realidad indica que para 2010 tuvieron lugar 77 muertes de mujeres cada 100 mil nacidos vivos.

Sin perjuicio de ello, vale destacar que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego presentaron un avance en la materia, pero en otras provincias -entre ellas Formosa, Chaco, La Rioja y Misiones- sucedió exactamente lo inverso, aumentando significativamente el número de muertes. En países como Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile, la tendencia es descendente. El riesgo de morir por causas relacionadas con el parto, el embarazo o el puerperio, para una mujer a lo largo de toda su vida es de uno entre 910 y 2200, dependiendo el país. Mientras que en la Argentina ese riesgo es de uno en 560.

Las políticas que no alcanzan

En el entendimiento de que la mortalidad materna es un indicador claro de la injusticia social, la inequidad de género y la pobreza, vinculado a dificultades en el acceso a los servicios de atención médica especializados que requiere una mujer embarazada, el Estado Nacional ha implementado medidas tendientes a reducir esta situación que afecta tanto a las madres como a los niños recién nacidos. El Programa Materno Infantil Plan Nacer que depende del Ministerio de Salud de la Nación se inició en el año 2005 en las provincias del Noreste y Noroeste Argentinos, y en 2007 se expandió a todo el país.

El objetivo central de dicha política es la protección materno infantil, exigiéndole a la mujer embarazada la realización obligatoria de la prueba de embarazo, cinco controles completos, examen odontológico, análisis de sangre y orina, dos dosis de vacuna doble en el embarazo y una de vacuna doble viral luego del parto, dos ecografías y recibir información sobre el cuidado durante el embarazo. Esta serie de controles, permite que, en caso de ser necesario, la madre pueda ser derivada a otros médicos especialistas que aseguren un desarrollo normal del niño.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha ampliado la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, a través de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La medida que comenzó a regir el 1° de mayo de 2011, abarca a las mujeres embarazadas que están desocupadas; a las monotributistas sociales; a las que se desempeñan en la economía informal o en el servicio doméstico y perciben un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. Finalizado el embarazo la mujer deberá acreditar el cumplimiento de todos los controles realizados conforme lo previsto en el Plan Nacer.

Pero todo esto no es suficiente hasta que no tomemos conciencia que la mortalidad materna no es un tema que se reserva solamente a la cuestión médica. Se trata claramente también de un problema social, íntimamente relacionado con la pobreza y la marginación. Es una cuestión que se traduce en malas políticas de salud pública, donde las fallas se centran en el acceso y en la calidad de los servicios de atención materna que son ofrecidos a la población.

El mejor aliado de la mortalidad materna es el silencio, pasando a ser las víctimas seres invisibles, sólo recordadas por sus seres queridos o se convierten en números de estadística, llenando espacios en largas listas de recopilación. Y este es un tema que debemos discutir a viva voz, en Argentina y en la región.

*Florencia y Mariana son abogadas. Florencia es Columnista y Mariana dirige el Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur.

Disponibles en Medios Lentos y en Asuntos del Sur

El debate en torno al desarrollo territorial

Hace algunas semanas se publicó el informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, elaborado por la organización Rimsip. Al momento de la presentación, Julio Berdegué – el coordinador del Programa de Dinámicas Territoriales dijo que la desigualdad social “es una gran cicatriz de toda América Latina”. De acuerdo con este informe -con reportes de diez países que concentran el 85% de la población total de una región de 500 millones de personas y el 90% de sus pobres-, hizo una exploración profunda sobre las realidades de regiones y territorios particulares.

De acuerdo con el informe, las desigualdades territoriales, especialmente cuando son de la magnitud que se observa en América Latina, son un problema y un obstáculo al desarrollo. Comprender y enfrentar las brechas territoriales no solo es bueno para las zonas rezagadas, sino también para el conjunto de los países de la región.

“Es claro que las zonas rurales tienen niveles de pobreza más significativos y profundos que las urbanas –en México el 60% de los pobres extremos están en el medio rural-, pero debemos abrir aún más esta gran caja y meternos en territorios particulares: los diez municipios más ricos de México tienen un ingreso per cápita promedio anual de 33 mil dólares y los más pobres, solo 603”.

En cuanto a las razones para tales desigualdades territoriales, el informe enumera políticas públicas regresivas territorialmente, es decir, las que apoyan de manera privilegiada a los territorios que tienen más capacidades, más riqueza y bienestar y que subinvierten en los territorios que tienen más necesidades. Otras causas que inciden en la desigualdad o equidad territorial son las capacidades de los gobiernos locales- de acuerdo con el informe “gobiernos con una debilidad tremenda” y las capacidades de las sociedades locales. Tanto las políticas públicas como impacto y capacitación de los gobiernos locales deben mejorar para disminuir la inequidad territorial, pero también es fundamental que la sociedad se organice y se fortalezca.

El tema de desarrollo ha sido trabajado en muchos países de la región a nivel local, pero creo que al entender que esta es también una problemática regional, este informe- como otras iniciativas llevadas a cabo por la sociedad civil- sirven para pensar y diseñar políticas públicas efectivas y de intercambio, tomando elementos comparativos y experiencias de las que se pueden enriquecer todas las partes. En definitiva, la lucha contra luchen contra la pobreza, la desigualdad social y territorial es uno de los puntos en común de toda la región.

Justamente, en estos primeros días de junio, en Quito se está celebrando el Encuentro 2012-Territorios en Movimiento. Durante el encuentro se trata el desarrollo territorial rural con crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental en América Latina. Este espacio es de convergencia, discusión y reflexión de propuestas que busquen generar modificaciones profundas en los territorios de la región.

Esperamos que así sea.

* Mariana es la Directora del Programa de Derechos Humanos de Asuntos del Sur @maritaerrepe

Darfur, una vez más

Darfur viene siendo escenario de uno de los conflictos étnicos más sangrientos y complejos de la actualidad.
Por Mariana Rodríguez Pareja

El 5 de junio, se presentó ante el Consejo de Seguridad el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo y disertó sobre los avances en la investigación que lleva a cabo su oficina con respecto a Darfur. En su llamado, el argentino pidió más colaboración por parte del Consejo y de los miembros de Naciones Unidas.

Breve historia

La CPI puede abrir una investigación a instancias de una remisión por parte del Consejo de Seguridad, cuando se trate de un Estado que no haya adherido al Estatuto de la Corte. Ese es el caso de Sudán: ante la gravedad de la situación en la provincia de Darfur y por ser una amenaza a la paz y la seguridad internacional, el Consejo remitió el caso a la Corte, que inició oficialmente la investigación el 6 de junio de 2005.

Desde entonces, se han librado cinco órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra: dos en contra de Ahmad Harun –ex ministro de Asuntos Humanitarios y actual gobernador de la Provincia de Kordofan del Sur-, una en contra de Ali Kushayb -líder de las milicias Yanyaweed aliadas al gobierno- y dos en contra de Omar Al-Bashir -presidente de la República. Ninguna de estas tres órdenes ha sido ejecutada dado que el gobierno de Sudán las ha desafiado abiertamente y se ha negado consistentemente a cooperar con la Corte y con la comunidad internacional. En más de una oportunidad se oyó decir a Al-Bashir que de “ninguna manera” se presentaría, acusando a la CPI de ser un órgano manipulado políticamente por grandes potencias.

Ningún avance

Tal como lo exige la Resolución 1593 del CSNU, el Fiscal tiene la obligación de informar al Consejo sobre los progresos de su investigación cada seis meses. Desde el 2005 hasta hoy día, el Fiscal ha informado sin falta al Consejo de Seguridad. La respuesta fue siempre la misma, y el reclamo por parte de la CPI, cada vez más fuerte. Un día antes de presentarse ante el Consejo, el Fiscal le pidió a los Estados recortar la ayuda económica a los Estados que reciban a Al-Bashir, para así tejer una especie de cerco sobre el Presidente Sudanés. Pero ningún Estado hizo eco abiertamente del pedido -o mejor dicho, los mismos Estados que siempre lo hicieron, ratificaron su posición. Un ejemplo es Malawi, cuya presidente Banda dijo que si Al-Bashir pisaba suelo de su país, sería arrestado y entregado a la CPI.

William R. Pace, coordinador de la Coalición por la Corte Penal Internacional, fue tajante al declarar que el Fiscal y miembros de la sociedad civil han expresado que algunos de los acusados no sólo siguen cometiendo estos crímenes en Darfur, sino que han comenzado a hacerlo en contra de otras poblaciones en otras regiones de Sudán.

No sólo es una cuestión del Consejo de Seguridad, sino también de los Estados miembros de la ONU: los crímenes se siguen cometiendo, el número de víctimas sigue creciendo y a nadie parece importarle lo suficiente.

Mariana Rodriguez Pareja es la Directora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur @maritaerrepe

Modificación del Código Penal y Asuntos del Sur

Hace apenas unos días, nos llegó la noticia que un proyecto de ley de reforma del Código Penal argentino, presentado por el Diputado salteño Olmedo citaba en la parte de fundamentos a la Dra. Mariana Rodríguez Pareja- Directora del Área de Derechos Humanos de esta organización. Aquí su descargo.

Hace poco me enteré de un proyecto de reforma del Código Penal por medio del cual se solicita la incorporación de la figura de la castración química y física a quienes sean condenados por el crimen de pedofilia, violación o violación seguida de muerte. Mayor fue mi sorpresa cuando me enteré que estaba citado mi nombre en la parte de fundamentos de ley, a raíz de un texto que escribí para este mismo think tank el año pasado, en el cual abordaba la situación de la mujer en los conflictos armados.

Es evidente que existe una confusión en la línea argumentativa por parte de los asesores del Diputado, dado que resulta viable justificar su pedido de reforma, utilizando como uno de los argumentos la compleja situación de la mujer, especialmente en contextos de conflictos armados.

La situación de la mujer en tiempos de paz no es la misma que la de la mujer en tiempos de guerra o de conflicto armado a nivel interno o a nivel internacional. Una violación ocurrida en tiempos de conflicto armado puede constituir crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra y, a partir del fallo Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en genocidio. No así cuando sucede en tiempos de paz .

En primer lugar, reconozco la gravedad que revisten los delitos de violación, de violación seguida de muerte y el delito de pedofilia. Sin embargo, rechazo de plano cualquier pedido de reforma del Código Penal que incorpore las figuras de castración química y/o física en el derecho positivo argentino.

La adopción de tales figuras resulta contraria a los compromisos asumidos por la Republica Argentina en tratados de derechos humanos, algunos con rango constitucional, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.

La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana. Además, este tipo de sanciones podrían ser considerados como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos.

El proyecto de reforma del Diputado Olmedo nada tiene que envidiar a la ablación de clítoris tan común en ciertas regiones de África, en tanto a que ambas prácticas son degradantes y contrarias a los derechos humanos.

El hecho que se aplique este tipo de condena en algunos países del mundo no implica que se logren los resultados esperados, es decir: la erradicación de este tipo de delitos.

La Asociación Española de Profesionales de la Sexología (AEPS) alertó sobre la “ineficacia de la castración química de los pederastas y ha advertido de que el impulso violento se mantiene pese a la disminución de la testosterona”. Acertadamente, el portavoz y sexólogo de la organización Lic. Iván Rotella señaló que “la sensación de incapacidad que experimenta un pederasta tras haberle practicado la castración química los vuelve más violentos. Puntualiza además que: cada caso es distinto, no se les puede meter a todos en el mismo saco sino que es un problema que exige un tratamiento individualizado que incluya a Psiquiatras, Médicos, Psicólogos y Sexólogos …”

El Diario Perfil recoge las declaraciones del Doctor Enrique de Rosa, Psiquiatra y Sexólogo, quien – cuando el ex Gobernador de Mendoza propuso una medida similar en 2009- dijo que “La castración química es lo opuesto a la física. Es la utilización de sustancias que generan hormonas femeninas anti-testorena para bloquear el efecto. El objetivo que se busca es anular el efecto agresivo, o la pulsión sexual exagerada”, sin embargo, “no es tan claro en el violador que interrumpir ese nivel alto de testorena que lo lleva a cometer las violaciones va a inhibir el comportamiento. Porque en realidad tiene una alta dosis de elementos psicológicos y constitucionales”, agregó .

Con base en lo anterior, podemos concluir que el procedimiento de castración es de dudosa eficacia y que tampoco solucionaría ni bajará las terribles estadísticas de nuestro país. En esto, tanto el diputado como el Congreso debe tenerlo muy claro: La imposición de penas más altas no implica una mayor eficacia.

La única manera de reducir la violencia contra la mujer o el índice de violaciones sexuales tanto a mujeres como a menores- niños o niñas- es educando a las nuevas generaciones y comprende una serie de medidas que traspasan el ámbito penal.

En este sentido, Señor Diputado, le pediría lo siguiente:

- Que retire de la justificación del proyecto de leye cualquier referencia a mis publicaciones, considerando que tratan de materias completamente diversas.
- Que considere bien la viabilidad legal de su propuesta dado que la castración física o química es una medida contraria a los derechos humanos y nuestro orden constitucional.
- Que no caiga en la tendencia del populismo penal, llevando a una demagogia que en nada protegerá a las víctimas de graves delitos como la pedofilia o la violación.

Mariana es Abogada y Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Experta en Comunicaciones, Justicia Internacional y Estado de Derecho. Comenzó su carrera como becaria hasta llegar a ser Encargada de Comunicaciones y Agente de Prensa en la Coalición por la Corte Penal Internacional, en sus oficinas en NY, Lima y Buenos Aires. Recorrió América Latina en varias oportunidades, dando charlas y disertando sobre Justicia Internacional, fue consultora para la Corte Penal Internacional, entre otras organizaciones. Con estudios en la Universidad del Museo Social Argentino, Columbia University, IIDH, Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina. Tw: @maritaerrepe

Guilty – Argentina dirty war commanders

A historic ruling convicting 16 people accused of crimes against humanity was handed down by a Federal Court in Buenos Aires on October 26. They were convicted of arbitrary detention, torture and unlawful killing, committed at the Naval Mechanical School (ESMA) during the military dictatorship that ruled Argentina from 1976 to 1983.

By Mariana Rodriguez-Pareja and Salvador Herencia-Carrasco in Buenos Aries

The 16 included former naval officers that used the ESMA as a clandestine detention and torture facility. Twelve were sentenced to life imprisonment; two to 25 years; one to 20 and one to 18 years in prison. Two of the accused were acquitted but will remain under arrest pending other cases. One of the persons convicted is Alfredo Astiz, also known as the Argentine “Angel of Death”.

The trial lasted almost two years and covered 86 separate crimes. It included testimony from more than 150 witnesses, including 80 survivors. Although the verdict was given in October, the entire ruling will only be published in December.

This is the first case that addresses the gross human rights violations perpetrated in the ESMA centre and it is expected that another trial will take place in 2012 over other human rights violations allegedly committed in this detention facility.

ESMA, a landmark case
The Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) is a former navy school which became the biggest clandestine detention centre during the military dictatorship. It is estimated that more than 5,000 people were arbitrarily detained, tortured and ‘disappeared’ at this facility. Fewer than 200 of these are believed to have survived.

According to testimonies, including from one of the accused, Antonio Pernías, many of those detained at ESMA were thrown into the nearby Río de la Plata from aeroplanes, in the infamous Death Flights. Nowadays, the ESMA is open to the public and serves as a human rights memorial.

The conviction of the Angel of Death
One of the most symbolic suspects in this trial, Alfredo Astiz, was sentenced to life imprisonment. He was known as the Angel of Death and was accused of torture, murder and other crimes. He managed to infiltrate the Mothers of Plaza de Mayo, pretending to be searching for his missing brother. Among his victims are the French nuns Alice Domon and Léonie Renée Duquet, journalist and writer Rodolfo Walsh, and the founders of the Mothers movement: Azucena Villaflor, Esther Careaga and María Bianco.

Astiz often challenged the authority of the court to put him to trial, claiming it was political. During the closing remarks, he accused the court of being partial and handed a copy of the National Constitution to the presiding judge.

Junta trial, amnesties and today
More than 600 cases have been brought to national courts since the Trial of the Juntas in 1985.

According to the Specialized Unit of the National Prosecutor’s Office in charge of human right proceedings, since 1983, approximately 262 people have been convicted and 802 have been charged for crimes committed during the military dictatorship. There are currently 14 more cases being tried, and 10 more are scheduled to begin trial.

Justice and the road ahead
The first ESMA verdict reflects one of the findings of the Nunca Más Report. Approximately 30,000 people were murdered or disappeared during the military regime and although this marks a significant effort by the judiciary, there are other trials pending, especially in the interior of the country.

Pablo Parenti, the Coordinator of the Prosecutor’s Office for these cases, says the there is a need to gather as many cases as possible into one trial in order to have a speedy judgement and avoid unnecessary delays. However, as important as the first ESMA trial might have been, “the challenge is to fight the idea that the job has been done”. For many this statement rings true not only for Argentina but also for Brazil, Chile, Colombia, Peru, and Uruguay.

Original article in English for International Justice Tribune- RNW

Argentina: Concluye el primer mega juicio de la ESMA.

Por Mariana Rodríguez Pareja* [ADS] y Salvador Herencia Carrasco**

El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Federal Oral Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires condenó en un juicio histórico a 16 ex-militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura que azotó a la Argentina entre 1976 y 1983.

Según se lee en el fallo “los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad”[1]. 85 delitos fueron investigados y juzgados, entre ellos el de privación ilegal de la libertad agravada, la imposición de tormentos y el homicidio calificado, todos perpetrados en lo que fue el principal centro clandestino de detención y tortura del régimen militar.

Cabe destacar que este es el primer caso que aborda violaciones masivas a los derechos humanos cometidos en la ESMA y se espera un segundo juicio en 2012, en el cual se abordarán otras violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino de tortura, entre los cuales se incluirán crímenes de violencia sexual.

El fallo condenó a prisión perpetua a 12 de los acusados; dos de ellos a 25 años de prisión; uno, a 20 años y otro, a 18 años de cárcel. Dos de los acusados fueron absueltos, sin embargo, permanecerán en custodia por otras causas pendientes.

El juicio duró alrededor de dos años, en la cual se investigó alrededor de 86 hechos y se recibió el testimonio de más de 150 testigos, incluyendo el de 80 sobrevivientes. A pesar de que el fallo fue dictado a fines del mes pasado, la sentencia completa solamente será publicada en diciembre.

ESMA, un caso emblemático

Ubicado en la ciudad de Buenos Aires, la ESMA funcionó como el mayor centro de detención clandestino durante la dictadura militar[2]. Se estima que más de 5,000 personas fueron arbitrariamente detenidas, torturadas y desaparecidas, pero sólo alrededor de 200 han sobrevivido. De acuerdo con testimonios, incluso de Pernías -uno de los acusados- muchos de los detenidos en la ESMA fueron arrojados al Río de la Plata desde aviones, en los llamados “vuelos de la muerte”. Hoy en día, funciona en la ESMA un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.

Lo simbólico de la condena a Astiz

Uno de los condenados a prisión perpetua es el ex-capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el “ángel de la muerte”, uno de los símbolos de la dictadura argentina. Astiz fue el autor material de torturas y asesinatos, entre otros crímenes. Además, se le imputa como responsable de una de las operaciones más crueles llevadas a cabo por la dictadura, al infiltrarse en la asociación Madres de Plaza de Mayo, bajo el nombre de Gustavo Niño, aduciendo estar en búsqueda de un supuesto hermano desaparecido.

Entre las víctimas de Astiz figuran las monjas francesas Alice Domon y Léonie Renée Duquet, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, la joven Dagmar Hagelin y las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco.

Astiz desafió en numerosas oportunidades al tribunal, acusándolo de llevar a cabo una persecución política en su contra.

El Juicio a las Juntas, las leyes del perdón y el indulto

Más de 600 casos han sido llevados ante tribunales nacionales desde el Juicio a las Juntas, celebrado en 1985. Este proceso se vio rápidamente truncado en 1986, cuando el Congreso aprobó las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, las cuales inhibieron a los tribunales nacionales de investigar a militares de medio y bajo rango por su actuación durante el último gobierno militar. Asimismo, quienes no fueron alcanzados por los estándares delineados por esas leyes, fueron beneficiados por los indultos presidenciales otorgados en 1989 y 1990.

Sin embargo, el 2003 el Congreso declaró nulas las leyes de amnistía y brindó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Otro avance más se dio en el 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. De esa forma se abrió el camino para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos en el pasado.

En este sentido, la interpretación y la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos sirvieron para que autoridades nacionales y de otros países en la región lleven a cabo procedimientos que involucren torturas y desapariciones forzadas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, desde 1993 se han condenado a 262 personas, incluyendo a 22 civiles. Sin embargo, hasta la fecha sólo 43 tienen sentencia firme. En este momento, existen 14 juicios en trámite y se ha fijado fecha para el comienzo de la etapa de debate de otros siete. 800 casos están abiertos en la actualidad, con 802 procesados y 482 detenidos. Uno de los problemas que se ha afrontado en estos procesos es el gran número de causas individuales sobre un mismo hecho, por lo que se está trabajando en la acumulación de estas causas en un mismo juicio.

La justicia y lo que queda por hacer

Aproximadamente 30,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar. El ex-Presidente Alfonsín llevó a cabo esfuerzos importantes por la justicia y la verdad, que se vieron opacados por las leyes de amnistía, hasta que en 2004 se comenzaron a tomar medidas específicas por la verdad, la justicia y la memoria.

Este primer juicio de la ESMA es, a nivel jurídico y social, uno de los más importantes de la historia argentina, junto con el Juicio a las Juntas. Es la continuación de lo investigado en el informe Nunca Más de la CONADEP y la consecución de años de trabajo por parte del Poder Judicial, las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas. Sin embargo, no es el único: se vienen llevando a cabo juicios de la verdad en todo el país y muchos, continúan en trámite. En muchos de ellos, testigos y sobrevivientes continúan siendo amenazados por quienes se oponen al esclarecimiento de lo sucedido en el país durante esos años.

“Estamos satisfechos por haber podido concluir el primer juicio en la causa ESMA y porque se haya podido condenar a personas emblemáticas de la represión” dijo el Dr. Pablo Parenti el coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración para la Revista Debate. En este sentido, agregó que se debe “(…) tener cierta satisfacción porque la Argentina pudo revertir la impunidad y, si uno mira los otros países de la región, comparativamente, no quedan dudas de que nuestro país está a la cabeza del juzgamiento de crímenes de esta naturaleza. Pero eso no debe llevarnos a pensar que está todo hecho”, agregó.

Los juicios siguen en Argentina y se abren oportunidades de investigación y de búsqueda de la verdad, especialmente en el interior del país. Lo ocurrido en Argentina y los esfuerzos que se han dado en otros países de América Latina, demuestra la importancia de que los órganos de justicia contribuyan a esclarecer lo ocurrido durante los regímenes autoritarios y consolidar el estado de derecho.

* Mariana [ADS] es experta en comunicaciones y en derechos humanos. Anteriormente se desempeñó como Agente de Prensa para la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) en su sede central en Nueva York, entre otros puestos para la misma organización en Lima y Buenos Aires. @maritaerrepe

** Salvador es LL.M., Universidad de Ottawa. Asesor jurídico de la Comisión Andina de Juristas en el Perú y Coordinador del Área de Estudios y Proyectos de la Asociación Salgalú para el Desarrollo. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe

[1]Artículo 118 de la Constitución Argentina y Ley 24.584 que ratifica la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

[2]Aunque las instalaciones fueron utilizadas fundamentalmente por el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2, éste puso las mismas a disposición de otros grupos represivos con los que mantenía contacto regular: Comandos de la Aeronáutica, la Prefectura Nacional Marítima, el Servicio de Inteligencia Naval y otros grupos policiales y militares que llevaban también allí a las personas secuestradas.

Publicado en Asuntos del Sur

Comité de la ONU determina que Perú debe liberalizar las restricciones sobre el aborto

Bogotá – Hoy, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó a Perú por violar los derechos humanos de una mujer adolescente que requería servicios legales de aborto en el país, y determinó que el Estado debe flexibilizar las restricciones sobre el aborto.

En una decisión histórica emitida hoy en el caso L.C. c Perú—presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y PROMSEX— el Comité CEDAW estableció que Perú debe revisar su legislación, en el sentido de permitirle a las mujeres el acceso a servicios de aborto en casos violación y abuso sexual; establecer un mecanismo que asegure la disponibilidad de dichos servicios; y garantizar el acceso al aborto cuando la vida o salud de una mujer se encuentran en peligro –circunstancias en las cuales ya ha sido despenalizado en el país.

“Una vez más, la ONU ha dejado claro que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto, constituye una violación de los derechos humanos”, dijo Nancy Northup, Presidenta y Directora Ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos. “El caso de esta joven ilustra las consecuencias terribles de que los gobiernos le nieguen a las mujeres el acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, a los que tienen derecho. Vamos a seguir presionando a Perú para que salvaguarde los derechos reproductivos de las mujeres no sólo en el papel, sino en su vida diaria”.

El caso gira en torno a L.C.*, una víctima de violación de 13 años de edad, que quedó gravemente discapacitada después de que proveedores de salud le negaron un aborto que potencialmente mejoraría sus condiciones de vida. L.C. fue violada en repetidas ocasiones por diferentes hombres de su barrio en un periodo de cuatro años. Cuando descubrió que estaba embarazada se lanzó desde el techo de una casa, pero falló en el intento de suicidio. La lesión de columna que sufrió por la caída podría haber sido reparada, pero los médicos se negaron a realizar la cirugía debido a que el procedimiento podría perjudicar su embarazo. Actualmente, Perú permite el aborto en casos en que la vida y la salud de la mujer están en riesgo. Pero fue sólo después de que L.C. tuvo un aborto espontáneo, que los médicos estuvieron dispuestos a realizar la cirugía. El enorme retraso disminuyó dramáticamente el éxito de la intervención, y como resultado L.C. es ahora cuadripléjica.

“Esta decisión deja claro que en materia de derechos humanos, los Estados tienen la responsabilidad de disipar la creencia tan perjudicial de que se le debe dar prevalencia a la vida del feto por encima de la salud de la mujer”, dijo Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud física o mental es discriminación pura”.

La decisión del Comité CEDAW establece específicamente violaciones al derecho a la salud sin discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho a acceder a reparaciones efectivas. También le ordena al Estado peruano que proporcione a L.C. medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada y medidas de rehabilitación.

La decisión refuerza una decisión sin precedentes en el caso K.L. c. Perú en 2005, del Centro de Derechos Reproductivos. En ese caso, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) decidió a favor de una joven de 17 años de edad, quien fue obligada a llevar a término un embarazo de un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, al establecer que negar el acceso servicios de aborto legal viola los derechos humanos más básicos de las mujeres.

* Las iniciales utilizadas son un seudónimo para proteger la identidad de la cliente.

Información provista por: Centro de Derechos Reproductivos
www.reproductiverights.org


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