Las Fuerzas sin fuerza – Parte II
Desandando los largos pasos previos.
La real importancia de las Fuerzas Armadas en Argentina ha quedado empañada detrás de un enemigo común que enfrentan tanto el Ejército, la Fuerza Naval y la Aérea: La generalización, grueso error originado por el desconocimiento de la historia y el discurso populista y social que desciende desde la cúpula de un poder que mucho tuvo que ver con los hechos del – relativo – reciente pasado.
Esa generalización aísla a las tres fuerzas del conjunto de la sociedad. Pero la raíz de este aislamiento se remonta al pasado que, en un país masacrado por la injusticia y el desequilibrio, las condena, aún cuando las culpas sean repartidas.
La historia de las milicias argentinas marca claramente la ambigüedad en las sensaciones y percepciones que las mismas generan hacia el pueblo en general, de acuerdo al uso y las funciones que ejercieron a través del tiempo y su directa influencia en la evolución – o involución – de la República.
El levantamiento armado contra los ingleses en 1806 – hazaña repetida al año siguiente – se convirtió en el ejemplo inicial de defensa del territorio que, en aquellos momentos, todavía se sometía al poder español.
Fue durante la organización de la Revolución de Mayo de 1810 que las “milicias populares” dejaron de ser improvisados cuerpos armados, para organizarse institucionalmente – contextualizados con los vaivenes políticos propios de la época. El 29 de mayo se considera la fecha fundacional del Ejército Argentino.
El 30 de Junio de 1810 La Primera Junta de gobierno creó la Capitanía de Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata – hoy la Prefectura -, origen del nacimiento de la Fuerza Naval Argentina.
Las guerras de independencia sentaron la base de todo movimiento armado que tendiera a proteger los límites de la república naciente y todo lo que ello implicaba, aún cuando durante gran parte del siglo XIX, desde las mismas entrañas del antiguo virreinato del Río de la Plata existieran personajes que valoraran más el ostentoso color del dinero para sus propios bolsillos que el futuro de un pueblo libre y destinado al progreso.
Proezas estratégicas como las de San Martín en San Lorenzo y en el cruce de la Cordillera de los Andes, o de Manuel Belgrano en el norte – el éxodo del pueblo jujeño – constituyen ejemplos de la vocación militar al servicio de los compatriotas, y del papel de las fuerzas en el futuro.
De todas maneras, y a pesar de esos logros, la razón original por la cual se crearon grupos armados en el creciente territorio nacional se reemplazó con nuevas reglas: El ataque a aquel que se interpusiera en las meras intenciones de negociados económicos.
Entonces, desde mediados del siglo XIX, las milicias enfrentaron pueblos, enfrentaron a compatriotas, y las guerras internas se convirtieron en la primera opción para elevarse por sobre el resto. La diplomacia sería la segunda opción.
El constante roce de militares de cualquier orden con la cúpula del poder desembocó, en forma paralela, en extremada injerencia de hombres educados y formados para el manejo armamentístico con la política – y viceversa.
Ese lazo trajo aparejada la tradición, durante gran parte del siglo XX, de los golpes de estado que interrumpieron casi constantemente la vida democrática, aún cuando el sistema fallara con regularidad y cuando la costumbre indica que en Argentina el mundo de la política rebalsa de la impureza extrema de la corrupción, la pésima administración de los recursos y el manejo indiscreto de la masa.
La notoriedad conseguida por las Fuerzas Armadas – cuyo tridente se completó con el nacimiento oficial de la Fuerza Aérea Argentina el 4 de enero de 1945– en razón de su implicancia con la evolución del país, generó que actualmente la población en general las perciba negativamente, – con la exageración que implica la ignorancia de parte de la historia y quienes llevaron adelante los peores actos que documente la misma – como una institución inservible a la que hay que quitarle todos derechos y todo respeto.
La muy mala imagen del hoy la generaron los altos mandos del ejército del ayer. Fue dicha fuerza la que mayores recursos humanos y políticos sometió a las barbaries de los golpes de Estado, aún cuando en la memoria colectiva quede marcada la última dictadura, masacre dentro de la cual se incluye al sector de los montoneros, cómplices del temor masivo que se infligió desde 1976 hasta 1983.
La triste historia de derrocamientos comenzó en 1930, cuando el General José Félix Uriburu desplazó al gobierno Radical de Hipólito Yrigoyen (aunque el ideólogo de aquel movimiento fue el General Agustín P. Justo, que dos años más tarde tomaría el poder entregado en manos de su antecesor)
En 1943 Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell desplazaron a Ramón Castillo, presidente surgido no de forma democrática, sino desde las entrañas misma del régimen conservador del golpe militar anterior.
Juan Domingo Perón, figura que dejó profundamente marcada su influencia en el andar político del país, sufrió el golpe de la denominada “Revolución Libertadora”, entre el 16 y 23 de Septiembre de 1955, encabezado por el general Eduardo Lonardi, acompañado por el general Pedro Eugenio Aramburu.
El arribo de fuerzas militares al poder en Argentina volvió a darse con la caída de Arturo Frondizi, radicalista que, aún cuando había devuelto al peronismo la habilitación para participar en elecciones (menos al mismo Perón), no soportó el triunfo de dicho partido e intervino las provincias donde habían triunfado. Ello impulsó el movimiento insurrecto, que catapultó a José María Guido a tomar el control del Ejecutivo, cuando todo hacía pensar que el sillón presidencial lo ocuparía el Comandante en Jefe del Ejército, General Raúl Poggi.
A la seguidilla de levantamientos militares le continuó aquella que el 28 de Junio de 1966, encubierta bajo el nombre de “Revolución Argentina”, derrocó a Arturo Illia (Radical), liderado por el General Juan Carlos Onganía, y la que contó con apoyo de los Estados Unidos y Europa.
Luego le sucedieron en el poder Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. El denso clima político, económico y social por esos tiempos culminó con elecciones libres en 1973 y el posterior triunfo del peronista Héctor Cámpora, suceso que le abrió las puertas a Perón para retornar del exilio.
El eje de la década del ’70 fue la turbulencia en su más peligrosa expresión. Tras un arribo caracterizado por la balacera y la muerte, el general falleció a un año de asumir, y legó el mando a su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, cuya inacción facilitó la concreción del último y más cruento golpe de estado, en 1976.
El autodenominado “Proceso de reorganización militar” consistía en una Junta militar compuesta por un representante de cada una de las fuerzas (Ejército, Naval y Aérea) y un presidente elegido, no solamente con funciones propias del Ejecutivo, sino también propiedades legislativas.
En la memoria quedaron sellados los nombres de los integrantes de la primera junta, que gobernó hasta 1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
No obstante, otras tres juntas con sus respectivos “Presidentes”, ostentaron malévolamente el poder:
En el periodo 1980-1981, Roberto Eduardo Viola (Presidente), Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna.
Luego desde 1981 hasta 1982: Leopoldo Fortunato Galtieri (Presidente, aquel que impulsó la Guerra de las Islas Malvinas), Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
Finalmente, y como transición hacia las elecciones democráticas que ganaría el Radical Raúl Alfonsín: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes (En este caso, el presidente, Reynaldo Benito Bignone, no perteneció a la Junta)
El terrorismo de Estado desde su concepción teórica se potenció en la práctica durante todo el periodo que duró la última dictadura, con la colaboración de grupos civiles conocidos como “montoneros”, que iniciaron una guerra interna a sangre y fuego con el poder ilegalmente instituido.
Actualmente, la mirada desconfiada hacia los militares en general se debe gracias a todos los detalles históricos mencionados y, también a los grupos políticos que, en detrimento del papel real que deben jugar las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad interna, “mal educan” a la población tildando a los militares como culpables de todo mal, omitiendo el “pequeño detalle” que muchos de quienes hoy dicen ser democráticos formaban parte de las filas de los grupos subversivos.
El golpe mortal que recibieron las Fuerzas Armadas para ser sepultadas bajo los escombros de la reprobación sucedió con el fallecimiento de Omar Carrasco, el 6 de marzo de 1994.
El conscripto de tan solo 19 años había ingresado al cuartel de Zapala, Neuquén, para cumplir con el servicio militar obligatorio. Tres días después fallecería tras el brutal ataque de un grupo de compañeros, aparentemente instados por superiores.
La información en los medios creó exacerbado malestar en la opinión pública, ya que a la brutalidad interna del acto en sí, acaecido en las entrañas del destacamento en Zapala, se sumó el alevoso intento de encubrimiento de los autoridades militares correspondientes y responsables, en una desesperada maniobra para ocultar la perversidad de tal accionar, lo cual generaría – como de hecho generó – la sensación popular que los procedimientos de formación y desarrollo estaban teñidos de violencia y crueldad.
El entonces Presidente Carlos Saúl Menem decretó la derogación del servicio militar, lo cual puso punto final a una institución que se instauró en pleno Roquismo, como política de organización y unificación cultural y militar del país.
El ministro de Guerra de Roca, Pablo Ricchieri, fue el principal impulsor de la aprobación del nuevo sistema, al que catalogó como un “un poderoso instrumento de moralización pública” que iba a “acelerar la fusión de los diversos y múltiples elementos étnicos que están constituyendo a nuestro país en forma de inmigraciones”.
La conscripción cumpliría un papel disciplinador, moralizador y nacionalizador, tal y como sucedía en el ámbito escolar. Con esa mera intención, se comenzó a practicar la obligatoriedad del servicio por medio del estatuto militar orgánico de 1901 (ley N° 4301), hasta cesado el mismo 193 años después.
Casi dos siglos después del paso inicial hacia la independencia, la tradición militar argentina sufre uno de sus momentos más críticos: aislados por el poder político y económico, denostados por la opinión pública, solo defendido por aquellos que conocen desde adentro el trabajo diario de cada una de las Fuerzas.
El futuro inmediato las ubica en un estamento mucho más bajo del que históricamente estaban acostumbradas. Nadie pide olvidar. La razón de recordar, es saber interpretar lo sucedido para no caer en lo mismo. Pero la memoria Argentina falla en un detalle: Acordarse implica aprender y enseñar todos los detalles. No una sola parte, no una sola mirada.
Hasta que ello no sea una realidad, las Fuerzas Armadas lucharán, como es su deber y misión, para subsistir contra el arrinconamiento del poder público y del grupo de la sociedad que se encolumna detrás del discurso vacío y único.
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