“El 22 de marzo, Eduardo Duhalde presidió el acto en el cual fueron condecorados por su participación en Café Blanco veintidós oficiales de La Bonaerense, con Naldi a la cabeza. Piotti consiguió sumar ala condecoración el ascenso y el Gordo se convirtió en comisario mayor.
Horas después, el Gobernador inició la quema de la tonelada de cocaína guardada hasta entonces en la bóveda de “su” Banco Provincia, transportada hasta el cementerio de la Chacarita en medio de un impresionante despliegue de vehículos y Patas Negras. Duhalde remarcaba así su paternidad sobre el disputado operativo.
Con la premura, el mandatario provincial buscaba diferenciarse del habitual incumplimiento de los términos legales para la incineración de los estupefacientes en que suele incurrir la Justicia argentina. Los 580 kilos de la Operación Langostino, culminada en 1988, habían permanecido “en custodia” dos largos años, dando pie a todas las sospechas.
Duhalde, Naldi y toda la comitiva oficial se retiró poco después de iniciada la quema, que duró horas. Si se hubieran quedado, podrían haberse percatado de la maniobra de tres pícaros suboficiales de La Bonaerense. Aprovechando el relajamiento que tantas horas de insalubre plantón provocaron en sus jefes, los tres Patas Negras abrieron uno de los camiones depositados en el sector del crematorio, levantaron con esfuerzo el cadáver que se encontraba adentro y escondieron debajo del cuerpo dos kilos de cocaína.
Los oportunistas sabían que esa noche no podrían llevarse el botín y por eso decidieron dejarlo a buen recaudo; dos de ellos regresarían al día siguiente con alguna excusa y se lo llevarían para comercializarlo a través de cualquiera de los punteros que suelen proteger los policías.
A ninguno se le ocurrió pensar que todos los féretros que se hallaban en el lugar tenían por destino las llamas. Hasta que, al otro día, comprobaron que sus paquetitos habían corrido la misma ígnea suerte que .los otros noventa y ocho..
Desolados, regresaron al trabajo culpándose de su mutua estupidez. “
“No fue muy distinta su reacción cuando, en julio de 1996, el juez federal Juan José Galeano ordenó la prisión y el procesamiento de doce policías bonaerenses comandados por el comisario Juan José Ribelli, hombre de confianza del Jefe, por “asociación ilícita para delinquir” y “participación necesaria” en el atentado contra la AMIA; parte al menos de la cadena de obtención de la camioneta Renault Traffic que fue utilizada como coche-bomba contra el edificio de la calle Pasteur.
Para Klodczyk, para Piotti, así como para el Gobernador, seguía tratándose de casos aislados que La Bonaerense había autodepurado. Como el de los narcopolicías de Quilmes.
Pero la investigación de Galeano no sólo comprometió a jefes de la Institución en el peor atentado terrorista ocurrido en la Argentina, sino que expuso en detalle la perversa relación de la Policía con el hampa y destapó un estado de corrupción generalizado que permitió, por ejemplo, que durante casi dos años un falso testigo -preparado por policías dentro de unidades policialesdistrajera la investigación judicial de los policías implicados.
Dos de ellos fueron piezas importantes en la primera fase de la pesquisa, y su jefe trabajó en la misma en el momento en que era comandada por un comisario de vieja relación con el principal “testigo” de la causa, el reducidor Carlos Telleldín, el hombre que había “doblado” la Traffic que le sacaron los policías. y en su búsqueda de la verdad jurídica, Galeano no descarta que sean también uniformados los que conforman el siguiente eslabón de la cadena que llevó a la camioneta a la puerta de la AMIA.
Galeano, además, giró a la Corte Suprema bonaerense escuchas y actuaciones que muestran hasta qué punto estaba comprometido con la “piratería del asfalto”, el robo y doblado de vehículos, y el narcotráfico, nada menos que el jefe de la División Sustracción de Automotores, a la sazón Juan Ribelli. La lista de delitos cometidos por sus hombres en directa relación con el atentado se ampliaba y multiplicaba a todo su ámbito de acción.
y esto ya era otro cantar. Si el neoliberalismo puede justificar e incluso alentar los “errores” de la violencia estatal, la protección policial a la delincuencia que se supone combate y que tiene por objetivo los bienes de la clase alta local y extranjera, su asociación con ella aun en el medular tráfico de drogas. escapa a su paraguas.
No en vano Domingo Cavallo se despidió del Ministerio de Economía anunciando que, luego de domar la inflación, se disponía a luchar contra la corrupción en la Seguridad y en el Poder Judicial, dos poderes estrechamente relacionados, subordinado el uno al otro, mandante y natural contralor, convertido en los últimos años casi en cómplice.
y la avanzada de Duhalde sobre el Poder Judicial de la provincia no fue a la zaga de la llevada a cabo por Menem en el ámbito de la Nación.
No parece casual que los dos hombres del entorno duhaldista que pilotean su relación con el Poder Judicial, Alberto Piotti y su tocayo Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, sean los que mayor conocimiento e influencia parecen tener en la Policía.
El presidente Carlos Menem se llevó a los Estados Unidos los resultados del trabajo de los hombres de Galeano, para mostrarlos como un logro de su gobierno. Como si el máximo responsable político de los terroristas no fuera su delfín, su principal fuente de votos, su más íntimo aliado.
En Buenos Aires, mientras tanto, se habló de internas políticas y policiales y se especuló con que el “intento de robo” de que fuera víctima el senador Eduardo Menem en los días previos a la caída de Ribelli era, en realidad, una devolución de favores ante la inminente decisión de Galeano.
Desde entonces, la escalada de sospechas, suspicacias y desplantes entre Menem y Duhalde fue en aumento. y con ellos, el nivel de violencia en la discusión política.
Las encuestas realizadas por aquellos meses del.’96 indicaban que el ochenta por ciento de la población temía o no confiaba en quienes deberían ser sus protectores. No se trataba ya de los “desmanes” conocidos de “los muchachos de siempre” sino una parte sustancial del meneado “riesgo argentino”.
A esa altura, la Policía Bonaerense aparecía como el verdadero enemigo de una sociedad que quiere dejar atrás el terror de otros años, pero no se anima a enfrentarlo, y como una concreta amenaza contra la propiedad, la economía y la vida de las personas que habitan la provincia de Buenos Aires.
El esquema de corrupción y poder de los Patas Negras sufrió un quiebre decisivo. Pero los jerarcas de La Bonaerense, siguiendo el ejemplo de Menem y Duhalde, prefirieron culpar de su mala suerte a las “exageraciones” de la prensa.
Esta vez, el Gobernador levantó el tono de sus promesas y anunció dureza en el castigo, reformas estructurales, más tribunales de ética y hasta renuncias. Esbozó incluso una autocrítica por “falta de tiempo” para la renovación policial.
Pero, fiel a su estilo, avaló a sus hombres cuando volvió a calificar
como “el mejor jefe que tuvo la Policía en toda su historia” a Pedro Klodczyk y le entregó el diseño de la cúpula que debería sucederlo. Fue el día que anunció su relevo. También cuando convirtió el reemplazo de Piotti en un incongruente ascenso a la Secretaría General de la Gobernación. Quedaba claro que se había visto obligado a efectuar los cambios; por las encuestas, por las internas, por la prensa.”
La Bonaerense
Historia Criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
“Las sucesivas depuraciones que las administraciones democráticas de la provincia se vieron obligadas a efectuar debido a los desmanes policiales no impidieron que, todavía hoy, los cuadros de La Bonaerense hundan sus raíces en los años del terrorismo de Estado.
El remedio que ensayó la administración radical fue peor que la enfermedad. El gobernador bonaerense Alejandro Armendáriz no tuvo mejor idea que desarmar los bolsones más conflictivos de la herencia militar, desparramando criminales de uniforme por toda la provincia, contaminando los pocos vestigios de salud que podrían haber quedado en la Institución.
En una fuerza que a diferencia de la Federalse caracteriza por el alineamiento político de sus cúpulas, el peronismo, en cambio, siempre tuvo un mayor rapport con sus jefes. Al fin y al cabo, fue durante el primer gobierno peronista que se firmaron las leyes que crearon la Policía Federal y sus hermanas provinciales y les dieron la uniformidad militarista con que hoy las conocemos. Una de las pocas cosas que la “Revolución Fusiladora” de 1955 dejó en pie. Fue entonces cuando la Policía Bonaerense se constituyó como tal.
y si la Renovación resultó un fallido intento por entablar otro tipo de relación, el duhaldismo significó un regreso a las fuentes. El ex vicepresidente de la Nación había aprendido la lección que recibiera su antecesor, Antonio Cafiero. Luis Brunatti, el documentalista que el otrora jefe de la Renovación Justicialista nombró como ministro de Gobierno, había cometido el peor de los errores: ladrar, sin tener con qué morder. Sus intentos por democratizar y expurgar a los Patas Negras sin contar con aliados de peso dentro de su estructura lo llevaron al extremo de tener que pedir una pistola para llegar hasta su casa, durante la última de las muchas concentraciones que los uniformados le hicieron en la plaza San Martín de La Plata.
Duhalde hizo de la seguridad una bandera en su campaña por la Gobernación. En 1991 el tema estaba al tope de la lista de preocupaciones de la población y él no se cansó de prometer “mano dura” contra la delincuencia, uniéndola en su discurso al combate contra el narcotráfico. y dispuso que la Policía fuera parte esencial de su relación con la embajada norteamericana. Contra la opinión de la oposición, que criticó constantemente la falta de una “política de seguridad”, el Gobernador demostró tenerla; y bien clara. La fue explicitando en la práctica; la puso en marcha.
Comenzó por la propaganda: la “Policía del siglo XXI” fue el primero de una recurrente lista de eslóganes a los que rindió culto.
Además, convirtió a la Subsecretaría de Seguridad en Secretaría, sacándola de la órbita del Ministerio de Gobierno, y la puso bajo su control directo. De un plumazo, Duhalde logró lo que jamás pudo Menem con el brigadier Andrés Antonietti, y su engendro apagaincendios. El ministro Carlos Corach todavía busca con su proyecto concentrar en la cartera de Interior todas las fuerzas de seguridad de la Nación.
Enviaba así un mensaje claro a la sociedad -policías incluidosacerca de la importancia que le otorgaría al tema.
Gracias a uno de esos ardides leguleyos que tanto gustan a nuestros abogados-políticos, sustrajo a la nueva Secretaría de Seguridad y a su Policía del control de la Legislatura, cuyo reglamento le permite interpelar sólo a los ministros del Ejecutivo.
Para el mando político de la Fuerza eligió, en dos ocasiones, a ex jueces federales con buen rating, claras simpatías en la embajada norteamericana, notorios vínculos con policías duros de la dictadura militar y no tan pasados amores con agrupaciones neonazis y grupos carapintadas. Carentes de inserción en el aparato partidario, el Gobernador fue la Única fuente de legitimidad política de Eduardo Pettigiani, primero, y de Alberto Piotti, después.
Su propia injerencia en el área quedó en claro con la designación de un amigo en el vértice de la cúpula del brazo ejecutor de su política: Pedro Klodczyk, quien no necesitaba pedirle permiso al secretario de turno . para entrar al despacho de Duhalde.
La elección no fue caprichosa. Corrían los últimos días de 1991 y, tras la muerte del jefe Juan Angel Pirker, la Policía Federal se debatía en medio del escándalo provocado por el secuestro del empresario Mauricio Macri a manos de “La banda de los comisarios”. Duhalde necesitaba diferenciarse y, al mismo tiempo, lavarle la cara a la anárquica policía con la cual debería mantener la seguridad en su provincia. y Klodczyk era el hombre ideal para mostrarlo como “El Pirker de La Bonaerense”, el segundo de los eslóganes agitados por sus operadores de prensa. Claro que, para ello, Duhalde le: daría una mano decisiva. Su promesa electoral de convertir a La Bonaerense en la “Policía del siglo XXI”, en el marco de un impreciso Plan de Seguridad Provincial, descansaba sobre un pacto con los uniformados.
El gobierno se comprometía a re equipar a la Fuerza y a no interferir en sus asuntos internos. A cambio, pedía subordinación, presencia en las calles y mano dura. La propuesta sedujo a los Patas Negras; más allá de sus defectos y virtudes profesionales, en la Policía provincial nadie desconocía la amistad que unía a Duhalde con el Jefe, Klodczyk y esa amistad era, precisamente, la prenda que garantizaba el cumplimiento de las promesas, para los policías, y de la política de seguridad, para el Gobernador.
El énfasis fue puesto en el armamentismo en detrimento del “factor humano”. Duhalde disciplinó a su bloque parlamentario en apoyo de la financiación presupuestaria para las compras millonarias de equipos; aun a costa de la transparencia de las mismas. Deseducó, porque no otra cosa es, en esta época, no actualizar ni perfeccionar la educación de los hombres de la Fuerza.
En todo este tiempo, la capacitación de sus hombres corrió con notoria desventaja frente al armamentismo desatado, y el compromiso asumido ante la sociedad de una mayor exigencia en la selección e incorporación del personal fue lisa y llanamente olvidado. A tal punto que cada vez que alguna crisis se lo exige Duhalde vuelve sobre el tema.
La realidad muestra que hoy, aún carente de un marco jurídico-político que ponga la Institución al servicio de la población, sin instrucción, sin una estructura idónea ni controles, y con armas de todos los calibres, el de Duhalde semeja un ejército de monos con navajas. , Los resultados no tardaron en palparse. Pese a que los datos de la realidad, las denuncias, los números incompletos de las estadísticas, hablaban de un nivel de corrupción y violencia en constante aumento, sólo algunos casos salieron a la luz. Aun así, Duhalde logró que no adquirieran la trascendencia que su gravedad merecía.
Para la segunda mitad de 1993, las consecuencias de la política duhaldista eran inocultables: el espionaje ideológico realizado por la Policía en toda la provincia puso en negro sobre blanco sus lineamientos más profundos. La desaparición de personas a manos de los Patas Negras, denunciadas por el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, era apenas la punta del iceberg.
El remedio para Duhalde consistió en cambiar a Pettigiani por Piotti, un hombre que mantuvo siempre fuertes lazos con la derecha más violenta y una estrecha amistad con los uniformados que habían llegado a dirigir La Bonaerense.
La elección confirmó lo que aparece como uno de los nudos gordianos de la carrera política del Gobernador desde que decidió acompañar a Carlos Menem como vicepresidente: su alianza con la DEA.
Como parte de su cacareado compromiso de luchar contra el narcotráfico, o por la “buena letra” que algunos aseguran que se vio forzado a cumplir a partir de la supuesta existencia de dos comprometedores dossiers en manos estadounidenses, la “guerra al narcotráfico” signó su relación con la embajada norteamericana.
Las dos versiones se contradicen con la práctica. Si La Bonaerense se convirtió en el paladín de los grandes operativos antinarcóticos contra bandas internacionales que utilizarían a la Argentina como “país de tránsito”, también aparece hoy como protectora, socia o empleada de las bandas locales vinculadas a aquéllas.
A pesar de la opinión de su cancillería, ala DEA pareció importarle poco la metodología de sus aliados, en tanto sirviera a los nunca claros intereses de su cruzada contra los grandes carteles de narcotraficantes. y los métodos yanquis derrapan a menudo fuera de nuestra legalidad.
La política de seguridad de Duhalde permaneció incólume; sólo se trataba de “errores”, de “excesos”, de “casos aislados”. A la comparación con Pirker y el mote de “jefe antidrogas” con que lo promocionaban, Pedro Klodczyk agregó el título de “Mejor Jefe de la Historia”
Una y otra vez prometió “investigar hasta las últimas consecuencias”, comisiones anticorrupción, tribunales de ética, castigos y purgas; y cada vez convalidó la práctica del no-puedo, los relevos que terminaban en traslados, la teoría de que el más indefenso tiene la culpa: la más alevosa impunidad.
La Policía Bonaerense fue aligerando gatillos al mismo ritmo con que Menem y Duhalde insistían en la instauración de la pena de muerte: la ponía en práctica, extra judicialmente. Ya medida que la situación social fuera deteriorándose, el delfín menemista lo necesitaría cada vez más.
La gran prueba llegó en marzo de 1996. Con la brutal represión policial contra estudiantes y periodistas en La Plata, Duhalde mostró las garras; y no trepidó en apelar a la violencia para acallar el descontento. En los días previos a su salvaje demostración, el gobierno bonaerense se había ocupado de dejar en claro que no toleraría “estallidos” en su provincia.
Todo el país vio por televisión a los estudiantes, a los dirigentes de los Derechos Humanos, a los transeúntes ya los malditos periodistas, puestos en el nivel del Enemigo Público Número Uno, apaleados, detenidos y baleados por obesos jefes policiales desbocados.
y los acusados de la jornada no fueron, claro está, sus mastines; si no Hebe de Bonafini, la omnipresente agrupación Quebracho, los remanidos “agitadores”. Su Policía no había hecho más que cumplir órdenes y preservar el orden, más allá de algunos “excesos” casi comprensibles. “
LA BONAERENSE
Historia Criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires