La Opinión

El predio de no más de 30 metros por 10, entre una calesita y la plaza Giordano Bruno, a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento, en Caballito, era la Huerta Orgázmika, un espacio en el que un grupo de jóvenes lograron, a través del cuidado de vegetales y producción de alimentos, recuperar un baldío y activar la participación comunitaria que surgió con el reverdecer de las agrupaciones vecinales en 2001. Luego de siete años y medio de vida, una patota de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), apoyada por tres grupos de Infantería y más de 20 efectivos de la Policía Federal, irrumpió a las cuatro de la madrugada, desalojó el lugar y arrasaron con todo a fuerza de topadora. El predio, que pertenece a la Onabe, fue desalojado por decreto, argumentando “riesgo ambiental y sanitario”: había una bañera con plantas acuáticas donde podían criarse mosquitos, argumentaron en el gobierno porteño.

Con el predio ya perdido, y luego de una asamblea sobre la calle Rojas, a la vera de las vías, los participantes del proyecto, junto a miembros de agrupaciones que se solidarizaron con el grupo y algunos vecinos, recorrieron las calles del barrio porteño para “canalizar la frustración” que les provocó la pérdida. Dejaron para hoy el análisis sobre los pasos y la posibilidad de rearmar la huerta orgánica comunitaria en otro lugar. “Es terrible. Ahora ya no hay nada que se pueda mostrar”, lamentó Héctor Mendizábal, uno de los jóvenes que conforma el núcleo del colectivo que sostenía la huerta. Es que, si bien un grupo de no más de diez jóvenes son los impulsores del proyecto, las puertas de huerta estaban abiertas para todos. “Cualquiera se acercaba y podía participar”, aseguró Mendizábal, respecto no sólo de los trabajos de mantenimiento de la huerta, compuesta por más de 100 especies vegetales, sino de los talleres de cocina, permacultura y plantas medicinales que allí tenían lugar de lunes a lunes. La mayoría del grupo permanente vive a dos cuadras del predio. Llegaron al lugar en pleno desalojo, alertados por una vecina. “La despertaron los ruidos de las topadoras. Claro, si tiraron todo abajo. No dejaron nada”, reflexionó Nitai Riveli, una de las chicas que fue amenazada e insultada por los policías que destruían la huerta frente a sus ojos. “Nos amenazaban con que nos iban a llevar presos y nos gritaron que no teníamos derecho a nada. A dos compañeros los golpearon”, agregó.

Según Riveli, “no presentaron ningún papel” donde figurara una orden de desalojo ni las razones de ese procedimiento. “Una cita con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de la Defensoría del Pueblo para el jueves fue “la única respuesta e información que nos dieron. Al parecer, la Defensoría informó que la huerta era un foco de cría del mosquito que contagia el dengue, pero no nos explicaron del todo”, remarcó la joven.

Los jóvenes reconocieron entre el grupo de efectivos de las fuerzas de seguridad estatales al director general del CGP Nº 6, Marcelo Iambrich, con el que habían mantenido una reunión hace no más de 20 días: “Nos había dicho que no nos preocupemos. Que la atención estaba puesta sobre otra cosa y que no nos iban a sacar”, expresó Riveli. Desde octubre de 2008, un grupo de representantes de la Huerta Orgázmika venía manteniendo reuniones periódicas con él “en las que buscamos una solución al conflicto” que se inició con el intento de desalojo decretado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en septiembre de 2008. Esa orden no prosperó en ese momento por la presentación de un recurso de amparo. “En los últimos encuentros nos habían prometido que iban a regularizar la situación, que íbamos a poder quedarnos con el lugar”, destacó Mendizábal.

Nada de eso parece que va a ocurrir. Desde el gobierno porteño explicaron que el procedimiento se basó en “informes del Instituto Pasteur y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en los que se alerta sobre riesgo ambiental y sanitario del lugar, donde existe una letrina, un horno y dos bañeras que eran utilizadas al aire libre”. Riveli confirmó la existencia de “un horno de barro, un baño seco y una bañera donde vivían plantas acuáticas. Todo cuidado por nosotros”, agregó mientras se preguntó qué clase de peligro sanitario podían englobar esos elementos. Fuentes del gobierno porteño remarcaron que el operativo “está respaldado por un decreto que autoriza los desalojos administrativos”.

Unas 400 personas recorrieron unas 15 cuadras, bailaron al ritmo de los tambores en Rivadavia y Acoyte, mientras los pasajeros de los colectivos insultaban para adentro y algunos vecinos apoyaban desde la palabra. “Animo chicos. Ya les vamos a pasar a ellos con la topadora por encima”, alentó una mujer que cruzaba Acoyte. Cuando volvieron, los esperaban pancartas, plantines y pequeñas fogatas, para darles cobijo durante la noche, que pintaba larga. Los policías los miraban detrás de las vallas, aburridos.

Informe: Ailín Bullentini.

La Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) que participa en operativos nocturnos contra personas en situación de calle y desalojos compulsivos en edificios ocupados por familias humildes, tiene veintiséis integrantes y un arrepentido que se vio obligado a abandonarla después de recibir una paliza de algunos compañeros, según se desprende de un listado al que accedió Página/12. Luis Savoiardo, alias el Tano, conduce de facto esta patota. Es uno de los empleados que en junio del año pasado participó de una gresca cuando el gobierno de Mauricio Macri intentaba desalojar las carpas kirchneristas de Plaza Congreso. En total, son cuatro los Savoiardo que forman el grupo: Jonathan, árbitro de las Divisiones Inferiores de la AFA; Marcelo, almacenero, y Romina, la única mujer de la unidad que depende del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. También hay choferes de camiones y colectivos, un zapatero, un verdulero y un instalador de membranas de techo.

Los miembros de la UCEP pertenecen a la planta transitoria del gobierno porteño, cobran sueldos que rondan los 1200 pesos y fueron reunidos en esa unidad gracias a un decreto firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda Néstor Grindetti. Desde el 11 de marzo pasado otro decreto los reubicó dentro de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y ahora quedaron a las órdenes del ingeniero Jorge Cristian Polini, ex director de Compras y Contrataciones del gobierno, quien reemplazó al abogado Fabián Rodríguez Simón.

Cuando se difundieron los ataques de la UCEP a indigentes en parques, plazas y umbrales de edificios, bajaron considerablemente el perfil, aunque no dejaron de actuar de modo intimidatorio. En la página oficial del gobierno de la ciudad figura que tienen su base en Diagonal Norte 570, pero en realidad ocupan un sector del quinto piso en el Edificio del Plata, ubicado en Carlos Pellegrini 291.

La diputada Liliana Parada, de Igualdad Social, los denunció en la Justicia y dice que reparó en la UCEP después de leer una frase que la impactó a fines de 2008: “Son civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo”. Desde entonces acumula datos, los cruza con nuevos que va recibiendo y espera que avance la investigación que abrió la Fiscalía de Instrucción N° 26 en la causa “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas”. Tener calle, según ellos, sería un requisito indispensable para tratar como tratan a los que viven en ella.

Pero en la UCEP también la pasan mal quienes se rebelan puertas adentro. En el Edificio del Plata, uno de sus integrantes, cansado de ciertos manejos del “Tano”, le intentó poner un límite a su poder. Por toda respuesta le propinaron una buena cantidad de golpes y dejó de pertenecer al grupo que luce ataviado con uniformes oscuros cuando sale a recorrer Buenos Aires. Se puso a resguardo en otra repartición del gobierno porteño y por ahora conserva su anonimato.

Tampoco continúa en la UCEP su ex coordinador Matías Lanusse, quien se reportaba a Rodríguez Simón, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien se le había anticipado con su renuncia en diciembre. Este último es el mismo que irrumpió el 23 de junio de 2008 en la Plaza Congreso para desalojar las carpas kirchneristas junto a Luis Savoiardo, cuando todavía no se había constituido la UCEP, que se crearía el 29 de octubre mediante el decreto 1232/08. Rodríguez Simón terminó salivado por los militantes que apoyaban la política del gobierno nacional en el conflicto con los sectores agropecuarios y su subordinado con un ojo lastimado en los forcejeos que transmitió en directo la televisión.

Además del Tano, de quien sería su hermano Marcelo, Jonathan y su sobrina Romina Savoiardo, completan la nómina de la UCEP, Claudio Apecetche, Alejandro Maximiliano Arismendi, Ramón Adrián Barroso, Carlos Alberto Cabrera, Rodrigo Maximiliano Carrizo, Sebastián Andrés Castillo, el camionero Alfredo Javier Cuadrelli, Victorio Pedro De Cillis, el reparador de calzados y marroquinería Carlos Alberto Failde, Gustavo Fabián Fernández, Marcelo Damián Fernández, Juan Pablo Motta, el comerciante gastronómico Gustavo Adrián Ordóñez, Daniel Francisco Pagano, Daniel Héctor Pizarro, Marcelo Alejandro Reina, Ramón Alejandro Rodríguez, Gabriel Epifanio Romero, Gabriel Angel Ruiz, Diego Emiliano Sansanelli, el chofer Juan Manuel Superno, Eduardo Oscar Tassano y Damián Vieitez (su apellido está mal escrito en el listado del gobierno porteño que completa el ex coordinador Lanusse).

En promedio tienen 35 años y un tercio de ellos vive en el partido de La Matanza. La mayoría son de contextura física respetable, aunque no poseen el físico intimidatorio de los patovicas y lo que niegan es que haya barrabravas entre ellos. Militantes del movimiento social Aukache, que sufrieron agresiones, amenazas y detenciones en un desalojo de Paseo Colón 1588 el 27 de febrero, sostienen lo contrario. Dicen que en la patota hay por lo menos un barra de San Lorenzo.

Si infunden temor en los operativos que realizan es porque, además, visten ropa oscura y unas gorras con visera que les dan cierto aire policial. Angel Cabrera Cánepa, un indigente que vive debajo de la autopista sur, junto a la iglesia Corazón de María, frente a Plaza Constitución, recuerda que cuando lo atacaron mientras dormía, “vinieron como 25 a 30 personas, todas de negro, con coches particulares, camionetas particulares y camiones. Si querían me cargaban todo. ‘Te damos plazo hasta mañana, así agarrás todo y te vas’, me dijeron. Pero no vinieron más”.

El decreto 1232/08, en su anexo 2/13 le atribuye como funciones a la UCEP: mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público. La persuasión, de acuerdo con las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo de la ciudad y publicadas en este diario el 8 de marzo, no sería una de las características salientes del grupo.

La diputada porteña Parada amplió su denuncia original contra la UCEP a principios de marzo y señaló en ella que su accionar “pone en evidencia que este decreto (por el 1232) habilita a un funcionamiento irregular de una ‘fuerza de tareas’ que de modo deliberado actúa en la ciudad de Buenos Aires con funciones ilimitadas conculcando derechos constitucionales de la ciudadanía”.

Asimismo, cuestiona la legitimidad del decreto ya que “como el ladrón de joyas que de un collar día a día sustrae una perla del mismo, el decreto 1232/08 habilita la posibilidad de provocar todos los días hechos delictivos, donde las libertades de los ciudadanos y habitantes de la ciudad de Buenos Aires se ven ampliamente cercenadas”.

“Lo que cuenta la gente es que en la época de Ibarra también estaban”, coinciden algunos legisladores que quisieron interpelar a Piccardo sin éxito por este tema (ver aparte). Uno de ellos, el propio Aníbal Ibarra, cuando fue consultado por este diario sobre si durante su gobierno había existido algo semejante a la UCEP, respondió: “Hasta donde conozco, las mismas personas que ahora integran este grupo estaban desperdigadas en distintas dependencias y Macri las juntó mediante un decreto”. Uno de los miembros de la unidad, en declaraciones que le formuló en noviembre al diario Perfil, lo corroboró en parte: “Empezamos a trabajar con Ibarra y Epsztein (por Eduardo, el actual diputado) pero ahora estamos mejor porque Mauricio nos blanqueó”.

La UCEP intervino en el desalojo violento de personas en condición de calle en distintos parques y plazas porteños, desde Barrio Norte hasta Congreso, lo hizo en un edificio de la avenida Paseo Colón 1588 habitado por cien familias y se encargó de vendedores ambulantes en la zona de Retiro en operativos coordinados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la ciudad, entre otros episodios. Desde que sus incursiones nocturnas quedaron expuestas como si fueran a la luz del día, el grupo se mueve ahora con más sigilo y acompañado de una ostensible presencia policial. Este diario hizo consultas con militantes sociales de los barrios de San Telmo, Constitución y la Boca donde había actuado la patota y en ninguno de ellos volvieron a notar su presencia. Eso no significa que en cualquier momento vuelvan a aparecer enfundados en su ropa negra y con las gorritas que dicen UCEP.