ARGENTINA Y MEDIO AMBIENTE
La organización Greenpeace respondió a Kristina:
“Dentro de sus políticas de gobierno, la cuestión ambiental ha brillado por su ausencia”
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TEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES

- por Fernando Chanquía Aguirre (abogado)
La fiscalía de Trelew realizó allanamientos y detenciones de once policías de la comisaría 2ª por violar en una celda a un chico de 16 años al que habían detenido sin motivo.
El aberrante caso ocurrido en Trelew trae algo novedoso desde el punto de vista jurídico en la discusión acerca de si hay violación cuando no se introduce el miembro viril, o si la mujer puede también violar. En la noticia, el periodista habla de “Violación” aún cuando no hubo penetración con órgano varonil. Pero está bien encuadrarlo así, por cuanto se dan todos los requisitos para que exista Violación.
La Ley 25.087 de Delitos contra la Integridad Sexual, modificatoria del Código Penal, introduce la figura del Abuso Sexual que es abarcativa de la Violación. Esto por cuanto el Bien Jurídico Protegido en este tipo de delito es la Integridad y Libertad sexual. El delito se caracteriza por el carácter sexual con Acceso Carnal por cualquier vía, sin el consentimiento de la víctima. El modificado art. 119 del Cód.Pen. habla también de “sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.
En el caso de marras se da todo: “abuso sexual” con “acceso carnal”, porque efectivamente la víctima fue accedida carnalmente (penetración anal) con los dedos y un bastón policial (tonfa). Abusar sexualmente de otro es la conducta típica, y por ella debe entenderse todo acto de significado objetivo impúdico en el cual se emplea el cuerpo de otro, quien no pudo consentir el acto libremente por alguna razón.
Entonces, señores, se ha configurado una violación sexual de carácter agravado.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
ONCE UNIFORMADOS PARA UNA VIOLACIÓN (publicado en Página/12 – 20/01/12
Un chico de 16 años, detenido en Trelew por una absurda contravención, fue violado repetidas veces, golpeado a palazos y pateado por policías de la comisaría 2ª de esa ciudad.
El caso fue denunciado ante la Justicia y derivó en la inmediata orden de detención de la guardia completa de la seccional –once policías–, el pase a disponibilidad de los once imputados y del comisario, por orden del gobernador Martín Buzzi.
El chico, hijo de una familia de trabajadores humildes de Trelew, discutía en la calle con su novia a la medianoche del martes 17. Un bombero voluntario que pasó por el lugar advirtió a un policía, que a su vez llamó a un patrullero que llegó para resolver a su manera el problema. Se llevó detenido al adolescente sin motivo.
“Lo agarraron, lo metieron en una celda, lo mataron a golpes. Alrededor de las 6 de la mañana lo llevaron a un buzón donde lo obligaron a desnudarse”, relató una fuente judicial a este diario, sin poder contener el asombro. “Lo obligaron a agacharse y le metieron dedos en el ano; después siguieron penetrándolo con la tonfa. A partir de ese momento, el chico contó que cerró los ojos y pensó en su mamá. Lo violaron varias veces. Quedó completamente shockeado.”
Un vecino avisó a la mañana a la madre que habían llevado a su hijo detenido. La madre se presentó en la comisaría 2ª.
El oficial que la atendió le dijo: “Tenemos a su hijo, pero ya lo estamos por dejar en libertad”.
Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando le entregaron al chico, con moretones en todo el cuerpo y completamente mojado. “¿Así me van a entregar a mi hijo?”, preguntó horrorizada la madre.
–Fue la novia, que en la pelea le dio un cintazo –respondió poco verosímil el oficial.
“¿Por qué está todo mojado?”, preguntó ella. Pero el oficial no respondió. Los investigadores suponen que lo lavaron antes, para quitar los rastros de las violaciones.
Los padres, destrozados, hicieron la denuncia. La Defensoría pública se constituyó de inmediato como querellante, mientras que la fiscal María Tolomei, con rápidos reflejos, obtuvo la orden de detención de los once policías de la guardia, allanamientos a las casas y diferentes medidas urgentes.
A las 18.30, un comunicado indicaba que el gobernador Martín Buzzi pasó a disponibilidad a los once policías y al comisario, de apellido Contreras, que estaba a cargo de la seccional.

En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.
- por Darío Aranda- Página/12
Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.
“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (…). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”
El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.
“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.
El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”
Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.
“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.
- por Mempo Giardinelli – Página/12
En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.
Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.
Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en este diario.
Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.
Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.
Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.
Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.
La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009 hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.
Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.
Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.
Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.
Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (…). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.
Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.
En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.
La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en este diario por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia… de silencio e ineptitud.
¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

Según la Encuesta Permanente de Hogares del desacreditado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, intervenido desde el 2007) del tercer trimestre de 2011,
a) casi un 28 % de habitantes vive con $ 27 pesos diarios (US$ 6),
b) y la mitad de esas personas sobrevive con $ 18 pesos al día (US$ 4).
Es verdad, la sal cuesta menos de $ 2 pesos. Pero el kilo de manteca, $ 35 pesos.
El calzado en una tienda cualquiera no baja de los $ 180 pesos y un kilo de pollo vale $ 10 pesos. Ni hablar de vestuario, artículos informáticos, tecnología, recreación y de la enorme especulación inmobiliaria en un país donde escasean 3 millones de viviendas, cifra que suma y sigue diariamente.
Y para el organismo gubernamental, una familia de 4 personas no es pobre si cuenta con más de $ 45 pesos al día (US$ 10). De acuerdo al informe, de los 17 millones de ocupados del país, casi 12 millones obtienen un ingreso menor a $ 2.300 pesos al mes (US$ 535).
Y de los ocupados, por lo bajo, el 35 % trabaja informalmente, sin derechos laborales ni seguridad social (el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina arroja que, en realidad, más de un 50 % de la fuerza de trabajo está ‘en negro’).
Como toda sociedad capitalista “en serio” como dice la Presidenta, los números del INDEC dicen que la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales tienen su primavera. El 20 % más empobrecido de la población percibe el 4,2 % del excedente socialmente producido,
y el 20 % más rico se queda casi con la mitad del total. Naturalmente que al ir acortando los porcentajes extremos, las diferencias de concentración versus miseria se disparan con mayor violencia.
La deuda pública externa (según guarismos de septiembre de 2011) supera los US$ 230 mil millones, que el gobierno cancela acudiendo a nuevos préstamos, pero esta vez salidos de entidades nativas y que corresponden a puro trabajo argentino acumulado sin mediaciones, como el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que administra los ahorros previsionales y jubilatorios de los asalariados.

- por Fernando Chanquía Aguirre (Abogado)
El resonante caso de la niña entrerriana que habría quedado embarazada como producto de una violación ha traído nuevamente la discusión mediática acerca del aborto no punible. Pero las opiniones que se dan y los argumentos a favor y en contra de un legrado, la mayoría de ellas, se sumergen de lleno en el absurdo. Desde los supuestos escrúpulos médicos hasta la falta de una rápida expedición de la Jvsticia que, para el caso particular, resulta necesario dada la dificultad y la urgencia con que tropieza la familia de la menor.
En medio de todo está asimismo la opinión del Ministro de Salud de Entre Rí os, Dr. Hugo Settour, quien alega que la salud de la jóven encinta es buena y que la naturaleza determina que cuando ya se menstrúa se puede engendrar.
Todo esto se concatena con lo llamativo del centro de la discusión que se circunscribe a conjeturar “el grave riesgo” y el “peligro de vida” de la madre en caso de seguir con la gestación. Dentro de toda esta locura tendría razón el Ministro en cuanto a que nada indica una amenaza grave para la niña. Pero la cuestión es muy otra: el derecho de la menor que ha sido víctima de violación.
Según el derecho vigente en Argentina el caso encuadra dentro del tipo de aborto no punible por lo que no debería presentar problema pero, aparte de esto, es lógico y comprensible que nadie puede ser obligado a tener un hijo siendo menor impúber y víctima de una violación. Porque sería conculcar elementales derechos a la persona (a la persona que verdaderamente es tal, a diferencia de nasciturus que deviene en persona por un recurso jurídico de ficción).
Es cierto también que existen muchos casos de niñas embarazadas y/o violadas-embarazadas como ocurrió durante cientos de años luego de la conquista de América. Pero no se puede obligar a tener un hijo de su violador cuando la futura madre no quiere. Y nó porque pudiera corres grave riesgo, sino, por respeto de un elemental derecho de carácter personalísimo.
Cosechero, cazador, filósofo y lingüista, Timoteo Francia recogió en sus textos elementos de la cultura oral Toba-Qom, antes de morir de tuberculosis, hace tres años. La antropóloga Florencia Tola los plasmó en un libro.
- Por Leonardo Rossi – Página/12
Filósofo, historiador, lingüista, analista político, antropólogo. A todo esto y en simultáneo remite el nombre de Timoteo Francia, quien dedicó más de tres décadas a reflexionar sobre cuestiones centrales que hacen a la raíz de su pueblo qom: el territorio, la lengua, la identidad, la interculturalidad, las leyes consuetudinarias, la memoria colectiva, entre otros temas. “Nunca más sin los pueblos indígenas”, exclama la voz del filósofo qom a una sociedad que aún mira a las comunidades originarias como exponentes de realidades ajenas. A través del recién editado libro Reflexiones Dislocadas, la antropóloga Florencia Tola (UBA-Conicet) rescata los escritos de Timoteo que contienen sus relatos y análisis, y los hace dialogar con un grupo de científicos sociales occidentales. “El no concibe el saber compartimentado como nosotros, en su manera de ver el mundo todo se integra”, expresa la antropóloga para explicar la amplitud y profundidad del pensamiento de Timoteo. El libro fue presentado en diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el marco del Congreso Argentino de Antropología Social.
No vivió en la polis griega ni en París de los años ’60. Este intelectual residía en las afueras de la capital formoseña, en el barrio toba Namqom. Timoteo nació en 1965, fue cosechero de algodón cuando niño, cazador de ñandúes de adulto y murió en 2008 de tuberculosis, enfermedad de la pobreza que todavía cobra vidas en la Argentina.
Se animó a escribir numerosos apuntes donde recopila elementos de la cultura oral y, quince días antes de morir, el pensador qom le propuso a Florencia Tola realizar un libro que reuniera y sistematizara sus años de reflexiones. Esta tarea, que no pudo ser realizada en conjunto por ambos, logró ser concluida de todas formas. La filosofía de Timoteo, y de todo un pueblo, está hoy impresa, tal como él deseaba. A pesar de que, como dice en las primeras páginas del libro, el mundo blanco les ha creado “conciencia de ser menos”, Timoteo muestra que la voz toba-qom tiene mucho que aportar a un proyecto de país multicultural.
“La visión del Estado es que somos atrasados, improductivos, que no generamos rentabilidad”, expresa Timoteo en sus escritos. Tanto es así que “procuran nuestro traslado forzoso”, señala en torno del modelo extractivo –ganadería, agricultura a gran escala, minería–, que devora tierras indígenas. Con sólo tres conceptos, esenciales para los pueblos indígenas, Timoteo responde a los valores de la cultura hegemónica: “territorio, vida común y espiritualidad”.
Para comprender qué dimensión tiene esta tríada en la vida qom hay que oír y leer la voz de Timoteo. La comunidad –explica– “organizaba su vida en base a las estaciones frutales y épocas de pesca y caza”, dentro de las tierras arrebatadas a los qom. “Ya no desandamos el territorio”, “somos extraños en nuestra propia tierra”, lamenta.
Para los qom, el ambiente natural tiene imperceptibles implicancias a los ojos de Occidente. Cada resquicio del monte, visible y no visible, está en vínculo directo con una “memoria colectiva”, “una historia que es larga y milenaria”. Plantas, cursos de agua, sitios sagrados, todo tiene su nombre y su significado, que excede largamente la definición del diccionario. El pensador qom comparte: “El idioma es la sangre”. Entonces, el exterminio de la naturaleza acaba también con la lengua y socava lo más humano del ser: la identidad (en este caso, colectiva). La lingüista Cristina Messineo completa: “La palabra qom tiene más sentido que el comunicativo, tiene poder, voluntad, cuestiones no estudiadas por la lingüística clásica”. Relatos, medicinas, alimentos y saberes también desaparecen mientras las topadoras avanzan sobre el monte.
Buena parte del libro está dedicada a exponer las interpretaciones de Timoteo sobre las políticas del Estado para con los pueblos originarios. Un lugar significativo merece la reflexión sobre la educación formal, a la que el escritor denuncia por atentar “contra los símbolos, formas de organización temporal, sistema organizativo en general” del pueblo qom. A pesar de que se desarrollan programas de educación bilingüe, la simple traducción de palabras no garantiza multiculturalidad, señala.
Refiere entonces a una “educación colonizadora”, en la que los indígenas son “folclorizados”, mientras se los prepara para ser “obreros mal pagos o desocupados”. Este modelo pedagógico es el que Timoteo retruca: “No queremos pagar el precio de nuestra identidad por ganar ciudadanía incompleta e inferior”. Y afirma que mantener su cultura ancestral no implica negar los avances de la ciencia: “También tenemos derecho a acceder a la tecnología, la informática y la comunicación”.
En ese sentido, el pensador no rechaza la interrelación con el mundo blanco, más bien plantea otro tipo de vínculo: ya no violencia física, ya no asimilación. “La identidad que se crea a lo largo de la historia se resignifica y se renueva continuamente”, asume Timoteo.
Tola recuerda que su compañero de charlas bregaba por “la inserción dentro de Estado, sin perder la especificidad indígena”. Por el contrario, hoy “el Estado busca crear trabajo para enfrentar la pobreza mediante la explotación del hombre por el hombre, que en paralelo atenta contra la naturaleza, viola todos los derechos humanos y despoja a los indígenas de sus tierras”, describe Timoteo.
Ese despojo lleva a las comunidades a confinarse en las urbes dejando atrás, muchas veces, toda una cultura ancestral. “El moverse es natural en nosotros, los tobas del Gran Chaco”, explica ante esta realidad que se agudiza. Y comparte la advertencia de toda una comunidad: “Los pueblos vivos tienen movimiento, si no se mueren”.
Hasta 1996 no se sabía con exactitud dónde nacía el Amazonas, el río más caudaloso y largo del planeta, su mayor cuenca hidrográfica y uno de los lugares con mayor biodiversidad conocida y por conocer. Ese año, la expedición Amazon Source 96, dirigida por el polaco Jacek Palkiewicz e integrada por miembros de la Sociedad Geográfica de Lima, localizó su origen en la Coordillera Chila (Arequipa, Perú). Para ser más exactos se situó en la quebrada Apacheta, a más de 5.000 metros de altura, en un humilde manantial al pie del nevado Quehuisha. Sin embargo, hasta 2008 no se pudo confirmar científicamente.
Maravilloso ¿verdad? Pues ese remoto rincón de los Andes ya está amenazado. De hecho, los propios descubridores acaban de solicitar formalmente su declaración urgente como espacio natural protegido, única manera de impedir una lesiva explotación minera cada día más cercana.
La iniciativa parece haber surtido efecto, pues los representantes de la minera Bateas, una filial de la canadiense Fortuna Silver Mines con lotes mineros en los alrededores, aseguraran que respetarán esos lugares “una vez que la situación del área sea definida”. Al menos de momento, las fuentes del rey de todos los ríos, que vierte en el Océano Atlántico una quinta parte del todo agua dulce del planeta, están a salvo.
Su protección, sin embargo, no deja de ser un parche ante la actual terrible explotación de los recursos naturales de los Andes y el Amazonas. Ese cada vez más intenso hambre nuestro de metales, madera, pastos e incluso agua está poniendo contra las cuerdas a unos remotos lugares que hasta ahora se habían salvado de nuestras ambiciones. A su flora y fauna únicas, pero especialmente a sus comunidades indígenas.
Foto: Nacimiento del Amazonas (EFE).
- por Fernando Chanquía Aguirre (Abogado)
Todo indica que a Carlos Soria le dispararon a la cabeza cuando estaba acostado en su cama, dentro de la alcoba donde sólo se encontraban él y su esposa. De allí (y de pericias) surge la fundada sospecha en contra de su cónyuge Susana Freydoz, tipificado como homicidio doloso agravado por el vínculo.
Si en vez de tratarse de un caso penal ocurrido en el seno de una familia acomodada -donde además el muerto era el Gobernador de provincia-, el hecho hubiese sucedido en la residencia de una persona común; el homicida estaría preso desde el comienzo. Y con mayor certeza aún si el matador hubiera sido el esposo y nó la mujer.
En tal caso se hablaría de violencia de género, violencia contra la mujer, etc. Pero el hecho es que esta Jvsticia que tenemos sigue actuando bochornosamente. Se viola el secreto de sumario, se adelanta opinión, se busca digitar jueces, se hablan amigos, los abogados apelan a chicanas, etc. etc.
En otros casos la gente común suele quejarse de que los delincuentes entran a la cárcel por una puerta y salen por la otra. Que hay crímenes que no tienen castigo. Y que a los políticos nunca los alcanza el brazo de la Jvsticia.
Pero… ¡qué puede esperarse de Jvsticia como esta!
- por Fernando Chanquía Aguirre
El Gobierno “nacional y popular del crecimiento con distribución” (aunque nunca se diga desde donde y hacia donde va esa redistribución) ha decidido liberar el cupo de exportación de carne. Mientras las empresas frigoríficas dejen los cortes baratos para el consumo interno, por cada tonelada de carne con hueso y grasa podrán exportar más de tres veces esa cantidad pero de pulpa limpia.
Dijo el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno que esto es para que no baje el precio interno debido al incremento de la oferta que se está dando por la sequía. De esta manera, dice, los empresarios podrán ganar más dólares y destinarlo a aumentar el plantel de animales para matadero.
Lo raro hubiera sido que el Gobierno pensara en la gente que necesita comer y debido a las fuertes subas ha restringido drásticamente dicho consumo. Lo que no entiendo es lo siguiente: ¿cómo es que ahora desde el Gobierno salen a mantener el precio, cuando decían estar pidiendo a los frigoríficos que no lo aumentaran para que el trabajador pudiera alimentarse adecuadamente?
VAYA PARADOJA, ¿VERDAD?
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