EUROPA PRESS. Zaragoza
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, rehusa recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que aprobaron las Cortes de Aragón y que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala en la localidad altoaragonesa de Ontiñena.
No obstante, Múgica considera completamente legítima la solicitud del diputado autonómico de IU-Aragón, Adolfo Barrena, de solicitar a la institución la presentación de este recurso.
Barrena, con el apoyo del coordinador general de IU federal, Cayo Lara, solicitó la presentación de este recurso por considerar que esta Ley es inconstitucional, en especial en lo relativo a la supuesta capacidad de la Comunidad Autónoma para realizar expropiaciones de propiedades para poder ejecutar proyectos como el de Gran Scala.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de IU en las Cortes y abogada, Patricia Luquin, aseveró que esta disposición de esta ley aragonesa colisiona con el artículo 33 de la Constitución de 1978.
En rueda de prensa, Patricia Luquin aseguró que esta ley es “una cortina” que pretende “dar visos de generalidad” a un asunto particular, puesto que el único centro de ocio de alta capacidad proyectado en Aragón es el de Gran Scala. En todo momento, los ponentes resaltaron que el enunciado de esta ley tiene como objetivo dar una apariencia de generalidad, ya que en el ordenamiento jurídico español no es legal elaborar ni aprobar leyes para asuntos particulares.
La letrada y dirigente de IU continuó afirmando que Gran Scala no servirá para estimular la economía de las zonas próximas a Ontiñena y negó que el derecho a la expropiación, tal como lo refleja esta Ley, sea constitucional.
El coordinador de IU-Zaragoza y concejal en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, José Manuel Alonso, criticó “las bravuconadas” del vicepresidente del Gobierno autónomo, José ngel Biel, a quien acusó de intentar “arrojar una manta de opacidad, una especie de columna de humo”, precisamente con sus “bravuconadas”.
Adolfo Barrena recordó que el protocolo que, en diciembre de 2007, firmaron el Gobierno de Aragón con los promotores de International Leisure Development (ILD), recogía expresamente la conveniencia de adaptar la normativa aragonesa a las necesidades de Gran Scala y vaticinó que “este protocolo lo van a cumplir”.
El también coordinador general de IU-Aragón comparó a Biel con “el conde de Romanones”, quien tuvo “un escaño vitalicio” en el Congreso de los Diputados desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Civil. Según Barrena, en ambos casos se trata de “el corcho que siempre flota” y recordó cómo el conde de Romanones siempre se reservaba la manipulación de los Reglamentos de desarrollo de las Leyes para conseguir sus objetivos, tras lo que avisó de que Biel, “por la vía de los Reglamentos, va a seguir trabajando descaradamente para los aventureros de ILD”, en cuyo caso “ha topado con IU”, que estudiará “permanentemente” el desarrollo reglamentario que se pueda aprobar.
IU se reserva el derecho a acudir a las instituciones de la Unión Europea (UE) para tratar de frenar el proyecto de Gran Scala. Barrena resaltó cómo el informe del Defensor del Pueblo alude a la libertad de competencia, una de las claves de la política económica de la UE, tras lo que aseguró que la coalición de izquierdas pondrá “todas y cada una de las trabas que legal y democráticamente” se puedan poner a Gran Scala.
Adolfo Barrena señaló que los promotores de ILD deberán demostrar que tienen asegurados los abastecimientos de agua, energía, recogida de residuos y otros servicios, ya que la legislación obliga a disponer de estos permisos.
Barrena indicó que “el numerito de la alfombra roja”, es decir, la presentación oficial del proyecto Gran Scala en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en diciembre de 2007, tuvo un coste de 180.000 euros y desde entonces Gran Scala no ha creado “ni un solo puesto de trabajo”, los propietarios de las tierras afectadas se han beneficiado “escasamente”.
Agregó que además, los aragoneses “hemos hecho el ridículo” porque –a su juicio– ha quedado demostrado que el aragonés es un “Gobierno bananero que se dedica a legislar en función de quimeras”, tras lo que avisó de que IU “es perseverante y cabezota” también en este asunto.
INFORME
El coordinador general de IU, Cayo Lara, registró, el pasado 23 de julio, una solicitud para que el Defensor del Pueblo recurriera ante el TC argumentando que la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad “se desvincula del ordenamiento jurídico” y que no se ajusta a los casos en los que el Constitucional permite aprobar leyes “de caso único”.
Asimismo, en su escrito, IU señalaba que esta ley autonómica no era coherente con la legislación aragonesa en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego.
En su respuesta, Múgica señala que la solicitud de IU “no era gratuita ni irrazonable” puesto que “late en la pretensión de los solicitantes una legítima y seria preocupación”, tras lo que alude a “la objetividad y gravedad” de los argumentos, que “no pueden ser pasados por alto”.
El Defensor del Pueblo se dirige, en este escrito, a la Administración para afirmar que debe ser consciente que es, una vez promulgada esta Ley, cuando “se ponen verdaderamente a prueba la Justicia y el Derecho” y añade que es “un deber insoslayable” y “una deuda hacia la ciudadanía” explicar y justificar “con claridad y sin reservas cómo la solución es válida” y que no está burlando la legislación general.
En este caso son precisas “la mayor publicidad y la mayor transparencia”, puesto que “de otro modo se fundan falsas expectativas, se presenta como motor de desarrollo económico, lo que podría desembocar en una campaña de destrucción de espacios naturales, de urbanización caótica, de turismo incívico y de actividad poco económica, salvo para unos pocos”.
El Defensor del Pueblo continúa afirmando que, por otra parte, está realizando una investigación sobre el proyecto Gran Scala con actuaciones ante el Departamento de Presidencia del Gobierno autónomo y el Ayuntamiento de Ontiñena.
Al respecto, Múgica se queja de que, hasta el momento, no ha encontrado –en la información del Departamento de Presidencia– “siquiera una mínima descripción del efecto de la ejecución del proyecto en la ordenación del territorio y el urbanismo, qué impacto ambiental tendrá ni cuál será su impacto social”, sino que únicamente ha aportado “referencias genéricas” al impacto sobre el empleo y la economía general.
En el caso del Ayuntamiento de Ontiñena, “no ha proporcionado el más pequeño indicio sobre el efecto urbanístico de un proyecto de la envergadura que cabe intuir”, según el Defensor del Pueblo.
Fuente: Heraldo.es
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