Argentina.- 14 de Marzo del 2012 www.zonadeazar.com Convencidos de que la Casa Rosada pretende con el traspaso del subte y los colectivos ahogar financieramente a la Ciudad de Buenos Aires para frustrar el plan presidencial de Mauricio Macri, el PRO presentará hoy un proyecto de ley que busca avanzar con la autonomía plena de la Ciudad, limitada por la ley de garantía de los intereses de la Nación o Ley Cafiero. En boca de un macrista conspicuo , pretenden que se les traspase las facultades que también generan recursos, y no sólo las que dan déficit. Así, el proyecto que encabeza con su firma el jefe de bloque de los Diputados de la fuerza, Federico Pinedo, reclama que la Nación ceda a la Ciudad competencias que deberían ser propias, como el manejo del puerto, del juego, del Registro de Inmuebles o la Inspección General de Justicia, entre otras, además del control del transporte que recorre su jurisdicción.

Se trata de facultades que la Nación no está dispuesta a transferir por su incidencia en el Presupuesto, como los derechos portuarios. O las utilidades de los juegos de azar, que alcanzarían los cinco mil millones de pesos anuales, y que hoy se reparten en 65% para la Nación y 35% para el Instituto de Juego porteño.

El PRO no tiene número en el Congreso para aprobar la iniciativa, ni siquiera con el apoyo del arco opositor. Pero la intención es instalar el debate en medio de las acusaciones contra Macri de que “no se quiere hacer cargo de nada”, por rechazar el subte y las 33 líneas de colectivos, sin los recursos, tal como propone el proyecto que envió la Presidenta Cristina Kirchner al Senado la semana pasada.

El oficialismo hará pesar su mayoría parlamentaria y la Cámara Alta avanzará hoy a las 14 con el traspaso de la “competencia y fiscalización” del transporte automotor a la Ciudad, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Infraestructura, Vivienda y Transporte, y Presupuesto y Hacienda. Mañana procurarán tener dictamen para llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 ó el jueves 22. Como el PRO no tiene representantes en la Cámara alta, Pinedo y otros diputados intentarán participar hoy de esa reunión.

En el macrismo insisten en que recibirán el subte y los colectivos sólo si se los transfieren con los recursos. Piden que la Nación se haga cargo de los $ 1.000 millones anuales que destina a mantener las tarifas del transporte local. Afirman que si se lleva el tema al Congreso, también se deben discutir sobre federalismo y coparticipación.

Con todo, aseguran que, según la Constitución de la Ciudad, la que tiene que aprobar la transferencia es la Legislatura porteña. Es por eso que en el PRO estiman que el conflicto terminará en la Corte Suprema de Justicia. En la misma línea se expresó ayer, el juez del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, al señalar que la disputa se va a judicializar.

Fuente: El Cronista

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Argentina Buenos Aires.- 22 de Febrero del 2012  www.zonadeazar.com Leemos en la “PolíticaOnLine” que Jorge Macri estaría en tratativas para que instalen una sala con tragamonedas en Vicente López, cerca del predio donde el empresario Carlos De Narváez levanta un complejo con cinco torres de lujo, shopping y parque sobre la vera del río.

La zona fue mejorada con la construcción del distribuidor Néstor Kirchner y el vial costero, que también realizóRibera Desarrollo S.A., la empresa del hermano del diputado y Diego Solá Prats. La idea es completarla con una sala de juegos que se explotaría bajo la licencia de Bingo.

De hecho, el proyecto de instalar un casino en Vicente López debe sortear la “cláusula de exclusión” que logró Boldt al instalar Trilenium en Tigre. Según esa norma aprobada oportunamente, no se puede instalar otra sala de juego en 150 kilómetros a la redonda.

Sin embargo, el argumento para sortear esa valla: “La ley prohíbe instalar nuevos casinos, no bingos”.

Una de las opciones  que se maneja es mudar el de Villa Gesell, pero ese trámite encuentra la feroz resistencia del intendente, Jorge Rodríguez Herneta.

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Argentina Ciudad de Buenos Aires.- www.zonadeazar.com La pelea por el reparto de los fondos del juego abrió otra grieta en el bloque del PRO. Un ex compañero de banca, Daniel Amoroso, quiere que el 2% de esa recaudación, unos $ 4 millones al año, vaya al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreacion y Afines (ALEARA) para capacitación de los trabajadores. Amoroso, con licencia en la secretaría general del gremio, es un aliado clave del macrismo en la Legislatura, pero su pelea con Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego, llegó a la política y salpicó a Mauricio Macri.

El Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad tiene un convenio con Lotería Nacional y recibe el 50% de los cánones que Lotería cobra a las empresas que administran los Bingos, Hipódromos y Barcos casino porteños. Ese 50% ronda los $ 200 millones anuales y ALEARA, a través del proyecto que presentó Mónica Libertino -la única compañera de bloque de Amoroso-, reclama administrar un 2% de ese monto a partir de la creación del fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Laboral de Juegos de Azar. Martín Ocampo, uno de los delfines de Angelici en la Legislatura, fue el primero del PRO en resistir la iniciativa.

“El proyecto no sale. Amoroso se pasó, no entendió” , señaló un peso fuerte del macrismo que, hasta hace una semana trabajaba activamente por encauzarlo. Es que Angelici, tesorero en Boca, suena como candidato de Macri a la presidencia del club xeneize. La semana pasada, cuando “el Tano” llegó a la concentración de Boca, los trabajadores de ALEARA lo esperaban con un escrache . El gremio, además, presentó una denuncia penal en su contra por controles excesivos a los empleados de bingos. Las acciones del sindicato de Amoroso desencajaron a Macri: “lo tomó como algo personal”, indicó uno de sus íntimos.

“Angelici es el único binguero de los que hay en la provincia de Buenos Aires que no tiene convenio con ALEARA, ellos traen al bloque un problema sindical que viene de afuera”, explicaron en el PRO. El jefe del bloque, Cristián Ritondo, aseguró: “Oscar (Moscariello) y yo estuvimos toda la semana intentando mediar, porque somos amigos de los dos pero no logramos parar la pelota”.

“El proyecto es un escándalo y va en contra de la libertad sindical , además de no dejar claro cómo será la distribución de los fondos”, indicó el diputado de la Coalición Cívica, Juan Pablo Arenaza, quien junto con el diputado Raúl Fernández y Claudio Palmeyro, no acompañaron la iniciativa en la Comisión de Legislación del Trabajo. Sí lo hicieron las legisladoras de Proyecto Sur Laura García Tuñon y María América González, decisión que habría caído pésimo en el bloque que conduce Fabio Basteiro. Palmeyro, de la CGT de Hugo Moyano, fue el único en firmar un dictamen en minoría. Pero el proyecto de Lubertino también se discutió en la Comisión de Presupuesto. Allí, Moscariello y el ibarrismo acompañaron la iniciativa, pero más tarde habrían quitado sus firmas del dictamen.

“Es imposible que el proyecto salga, porque el Instituto no recibe la plata de un privado sino de otro ente estatal , Lotería nacional”, advirtió un legislador porteño. La iniciativa iba a tratarse en la sesión del 28 de abril, pero tras el escándalo por la pelea en el PRO, quedó para el 5 de mayo. Para el diputado de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, “es correcto que la capacitación de los trabajadores la pague el empleador, pero no que se direccione a un solo gremio, dejando fuera del beneficio a los trabajadores que no están afiliados”. Amoroso dijo que ese argumento “es totalmente infundado . La plata sale de los privados”.

Fuente: Clarin.com

Argentina – Ciudad de Buenos Aires.- Es legislador porteño y presidente del Sindicato de Juegos de Azar. Formalizó su ruptura con el PRO y constituyó un bloque que responde a Francisco de Narváez.

Por Laura Di Marco

Se pasó a las filas de Francisco De Narváez. Y, sin ambigüedades, se define como el operador del denarvaísmo en la Ciudad. El empresario lo designó como armador porteño de su proyecto político. Y así fue como Daniel Amoroso, el sindicalista de los juegos de azar, que hasta noviembre de 2009 participaba en PRO, formalizó hace unos días su separación anunciando el surgimiento de Unión Federal, su monobloque. “No vengo a robar legisladores –alerta en la charla con NU– porque no creo que sea sano para nuestro espacio”.

Junto con Cristian Ritondo, su socio en la política, Amoroso formaba parte de la pata peronista de Macri. Aunque hoy confiesa que nunca se sintió contenido por el espacio el ingeniero. “En PRO no hubo interés en que mi estructura sindical y yo participáramos en el desarrollo del espacio. Y esto pudo haber sido por dos motivos: o no les interesaba mi trabajo, por eso no me tenían en cuenta, o les parecía que yo no era una figura que debía tener vuelo propio”, dispara el sindicalista. El gremio que lidera es mediano: tiene unos 17 mil afiliados en todo el país.

“Yo siempre fui coherente, nunca escondí mi identidad peronista y nunca oculté, tampoco, mis lazos con Eduardo Duhalde”, dice.

–Pero, entonces, ¿quiénes sí reniegan de los encuentros públicos con Duhalde?
–Muchos dentro del macrismo.

Llama la atención, sin embargo, que las frases más filosas, durante la charla con NU, no las haya dedicado al jefe de la Ciudad sino a su coequiper femenino, Gabriela Michetti, a quien acusó de sostener un doble discurso que apunta, por un lado, a “aprovechar” políticamente la estructura sindical del peronismo, y por otro, a esconder a sus líderes territoriales o, en el mejor de los casos, relegarlos a un lugar poco visible. También la criticó por participar, según él, en prácticas de la vieja política. Amoroso comparte el búnker porteño con José “Pepe” Scioli –recién pasado del kirchnerismo bonaerense a las filas del Colorado– y promete que empezarán a caminar la Ciudad y el primer cordón del Conurbano con De Narváez, a partir del 20 de junio. También para esa fecha, abrirán tres locales más, en Belgrano, Flores y Villa Urquiza, además de la oficina central, en Las Cañitas, y la de Bolívar y México, inaugurada recientemente.

–¿A qué se refiere con que Michetti sostiene prácticas de la vieja política?
–Yo no estoy de acuerdo con que exista la vieja y la nueva política. Para mí hay una sola política. Hay dirigentes que tienen una cierta cantidad de años, y se van aggiornando. Y otros, que son jóvenes, y que, sin embargo, utilizan prácticas viejas. Ella fue elegida para vicejefa por cuatro años, y renunció dándole la espalda a todos lo porteños que la habían votado. El argumento fue que iba al Congreso a reforzar el espacio de Macri. Pero ahora parece que va a volver a renunciar porque quiere ser jefa de Gobierno. Entonces, los mandatos son de dos años para ella. Sé que hubo una gran discusión dentro de PRO con su renuncia, y mirá el costo que están pagando por no tener vicejefe de Gobierno.

–¿Qué costo?
–Por ejemplo, la discusión que hubo para designar a los vicepresidentes de la Legislatura.

–¿Y qué otra cosa lo desenamoró de Macri, además de que no se sintió integrado? Políticamente hablando, se entiende.
–La sanción de la Ley de Partidos Políticos del año pasado, porque cambió el escenario y las reglas del juego. A partir de esa ley, todos los que estamos afiliados a un partido tenemos la posibilidad de trabajar cada uno en su distrito, como es mi caso en la Ciudad de Buenos Aires ¿Tan determinante fue la ley? En parte, sí. Nunca oculté mi origen justicialista.

–Pero, precisamente, en PRO no estaban muy de acuerdo con que sus legisladores se exhiban con Duhalde.
–Mirá, a fines de 2007 organizamos un desayuno con Eduardo Duhalde, al que PRO no quería que fuéramos, no sé por qué motivo (NdR: se refiere a los legisladores peronistas que tiene el macrismo).

–¿De veras que no lo sabe? ¿No lo intuye al menos?
–Le aumentaron mucho el precio a ese desayuno. Fuimos Ritondo y yo. Y (Diego) Santilli sacó un comunicado diciendo que no iba. En cambio, yo fui parte de la organización de ese desayuno.

–¿Qué le dio De Narváez que con Macri no tenía?
–Me sedujo el proyecto político, y el lugar que tengo para tener una voz y ser protagonista de un proyecto en la Ciudad y en la Nación, que sinceramente, en estos años, no encontré dentro del macrismo.

–¿Cómo reaccionó Macri cuando le anunció que se iba, y qué le dijo usted en concreto?
–Que no estaba cómodo y otras cosas que me las reservo.

–Justo lo más interesante, Amoroso. ¿Y Macri?
–Me dijo que tenía razón. Y también lo hicieron los de su mesa chica, (José) Torello, Nicky Caputo y Horacio Rodríguez Larreta.

–Mire usted…
–Sí, es una pequeña satisfacción que tuve: no me refutaron nada. Por otro lado, como te decía, la nueva ley me convoca a trabajar activamente dentro del justicialismo.

–¿Cristian Ritondo va a seguir sus pasos?
–No sé, esas cosas son decisiones muy personales. Vengo de un almuerzo con él, pero no creo que se vaya de PRO. Tiene una función importante dentro del espacio (NdR: preside el bloque en la Legislatura).

–¿Se siente despechado?
–Pero para nada. Además, no voy a ser un opositor fundamentalista, no me voy a oponer a todo. Y no vengo a robar legisladores tampoco, porque eso no sería sano para nuestro espacio.

–¿No le pone un techo a su crecimiento que De Narváez no pueda competir por el máximo sillón?
–Ésa es una interpretación, y yo no la comparto. Francisco es argentino, y su madre también. Así que, en lo personal, estoy convencido de que la Corte lo va a habilitar.

–¿Por qué la oposición no parece dar pie con bola frente a los K? ¿No siente que están traicionando un poco el mandato de la gente en las urnas?
–Coincido en una parte de tu pregunta, y es que la oposición no se logra articular. Mi teoría es que no hay una oposición sino opositores.

–Y egos inflados.
–Sí, es difícil encontrar un equilibrio para controlar a los K.

–¿Y qué tiene De Narváez diferente de Macri?
–Escucha muchísimo. Y lo hace de verdad. Además, tiene vocación política.

Fuente: Noticias Urbanas

No pudieron reunirse ni para el Bicentenario. Cristina Kirchner no concurrió a la inauguración del Teatro Colón, ofendida porque Mauricio Macri destrató a su esposo. Y Macri denuncia casi a diario que Néstor Kirchner se sirve del juez Norberto Oyarbide para perseguirlo. La discordia recorre casi toda la relación entre el gobierno nacional y el porteño. Salvo un aspecto: la administración de los juegos de azar. En ese terreno, tan escabroso, los Kirchner y Macri coinciden.

El negocio del juego no deja de provocar escándalos. Hace un año, Lotería Nacional llamó a una licitación para la concesión del servicio de captura electrónica de apuestas. Consiste en la provisión del software y de la red para la comercialización online de todo lo que se juega a través de esa entidad. O lo que se jugará. Por ejemplo, las apuestas deportivas, una mina de oro que se habilitará dentro de poco.

La ítalo-norteamericana Gtech denunció ante la Justicia que las condiciones del pliego parecían un identikit de Tecno Acción, una de las firmas del empresario kirchnerista Cristóbal López. Si bien Tecno Acción no presentó oferta alguna, la única compañía que lo hizo, Casino Buenos Aires, está asociada a López en la explotación de los barcos casino amarrados en la Costanera Sur.

En dos oportunidades la jueza en lo contencioso administrativo Susana Córdoba atendió los reclamos de Gtech e interrumpió el proceso. Pero después, sin nuevos argumentos, levantó esa barrera. Así Lotería pudo abrir el sobre de Casino Buenos Aires, cuya propuesta está basada en tecnología provista por Tecno Acción.

La controversia jurídica llegó a la Cámara -los jueces son Guillermo Treacy y Luis María Márquez-, pero los directivos de Gtech también se dirigieron al gobierno porteño para advertirle que las irregularidades que vienen denunciando afectarán el interés de los vecinos.

A pesar de su declamado autonomismo, el gobierno de Macri -igual que sus antecesores, los de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman- se resignó a que la Nación siga ejerciendo la jurisdicción sobre el juego. A cambio de ese reconocimiento, Lotería Nacional mantiene un convenio con la ciudad por el cual ésta participa de lo que se recauda por esta actividad.

Uno de los argumentos de Gtech es que, si no se garantiza la calidad del contrato con la empresa que registra las apuestas, el gobierno municipal se verá dañado en sus ingresos. La empresa también observó que la licitación de Lotería prevé conceder el servicio por siete años, con opción a otros tres. Pero el convenio con la ciudad vence el año próximo. Gtech informó sobre estos riesgos, por escrito, al jefe de gobierno, al jefe de Gabinete y al procurador, entre otros funcionarios porteños.

Las presentaciones de la empresa llevan a pensar que la administración Macri no intervino en el trámite que lleva adelante Lotería, pero que también es de su competencia. Es una falsa impresión. En el marco del convenio entre Lotería y la ciudad existe una Comisión de Enlace que integran Roberto López y Andrés Cimadevila, presidente y vicepresidente, respectivamente, del primer organismo, y Alejandro García Lira y José Luis Ibarzábal, presidente y director ejecutivo, respectivamente, del Instituto de Juegos de Apuestas porteño. Esa comisión trató durante tres reuniones el pliego motivo de la controversia. En dos de ellas los funcionarios de Macri reclamaron detalles y en la tercera, de febrero de 2009, aprobaron la documentación sin formular objeciones. Lo más curioso es que no existen registros de que García Lira, Ibarzábal o algún otro integrante del gobierno de Macri hayan manifestado preocupación alguna meses después, cuando estalló en los diarios la posibilidad de que, gracias a los pliegos que ellos habían convalidado, la licitación fuera manipulada a favor de una compañía.

Si se examina la actitud de Macri y su gobierno frente a la predilección del kirchnerismo por Cristóbal López y sus empresas de juego, la conformidad que el instituto prestó a esta licitación siguió una línea de conducta. Macri no cuestionó jamás la pretensión de la Nación de administrar ese negocio en un distrito que se reclama autónomo. Tampoco manifestó malestar alguno cuando, en diciembre de 2007, Néstor Kirchner dictó un decreto de necesidad y urgencia para extender hasta 2032 la concesión que le permite a López explotar 4500 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Macri no sólo guardó silencio, sino que, en diciembre de 2008, estuvo a punto de enviar a la Legislatura una renovación del acuerdo de la ciudad con Lotería que, entre otras cosas, convalidaba aquel decreto. Ante el revuelo que provocó esa iniciativa, Macri volvió atrás. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el gobierno porteño inició una nueva negociación, no con Lotería, sino con representantes de López. López está urgido porque el municipio renueve su acuerdo con la Nación antes de 2011, ya que teme pasar a formar parte de la campaña presidencial.

La tolerancia de Macri frente al negocio de apuestas que prolifera de la mano del kirchnerismo tal vez sea perturbada por algún militante de Pro que pertenezca al sector. Hay uno: es Daniel Angelici, quien hasta febrero de 2009 presidió la cámara que agrupa a los bingos de la provincia de Buenos Aires. Angelici es también tesorero de Boca Jrs. y, como el procurador Ramiro Monner Sanz -uno de los funcionarios que deben decidir sobre el destino de esta industria-, proviene de la UCR.

Que Macri tenga a su propio empresario del juego no debe sorprender. Ha llegado el momento en el cual en la Argentina parece imposible hacer política sin un operador amigo en esa área. Francisco de Narváez, por ejemplo, podría tener pronto el suyo. No porque él lo haya decidido, sino porque su socio José Luis Manzano se asoció con un actor relevante del negocio del entretenimiento para explotar, por lo menos, un bingo. Le gustaría instalar uno en San Fernando. Tal vez Manzano y sus amigos apuesten a expandirse en un eventual gobierno de De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Hay que consignar que no existen indicios de que el candidato haya autorizado hasta ahora esas pretensiones.

De todos modos, se trata de hipótesis que dependen del juego electoral. Hoy por hoy, Cristóbal hay uno solo. Y no sólo se expande en la explotación del juego. También intenta, en estos días, hacerlo en el mercado energético. López quiere comprar más activos a Petrobras -ya adquirió una refinería y estaciones de servicios-, esta vez quedándose con la participación de esa empresa en la distribuidora de electricidad Edesur. Petrobras pertenece al Estado brasileño. Por lo tanto, se podría pensar que cuando la Presidenta y Lula da Silva juran que -a pesar de los conflictos comerciales- nada empaña la vida interna del Mercosur, no están faltando del todo a la verdad.

Fuente: La Nación- Carlos Pagni

La reunión fue el miércoles pasado, en el séptimo piso de una de las oficinas del empresario de la construcción Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri y uno de sus dos principales consejeros de confianza en temas de negocios. Allí, un grupo de altos funcionarios porteños y empresarios vinculados al juego, y cercanos a Cristóbal López, ultimaron los detalles sobre la posible firma de un nuevo convenio entre la Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, para aumentar el reparto de los fondos que genera esa actividad.

Son momentos decisivos para el Gobierno, porque una de las últimas posibilidad que tiene Macri de que la Legislatura porteña avale el nuevo Convenio, de prosperar, es el próximo jueves tres, cuando se celebre la última sesión ordinaria.

El problema es que con cada minuto que pasa, las aguas se dividen más y más en la cúpula del macrismo. Un sector está a favor del acuerdo porque el incremento en la recaudación es significativo: se pasaría a percibir entre 120 millones y 350 millones más, de un parpadeo.Pero un sector, que entiende un poco más sobre política y no tanto de números, se opone por el tremendo costo político que significaría firmar un nuevo acuerdo entre la Nación y la Ciudad (algo que no se da desde 2003). Macri, indirectamente, ratificaría el monopolio lúdico del empresario vinculado al kirchnerismo Cristóbal López, dueño de la mitad del Casino de Puerto Madero y de las máquinas tragamonmedas del Hipódromo de Palermo, en tierra porteña.

Desde hace semanas, funcionarios de la Ciudad y empresarios vinculados al juego mantienen reuniones y hasta redactaron una addenda –un documento con rigor de decreto– que actualizaría el actual convenio. Un poco más restrictivo que el viejo proyecto, que a fines de 2007 encendió cortocircuitos entre la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti y Macri (ver Cuando…), “No estoy de acuerdo con el convenio, me parece una locura, pero sí me parece válido que la Ciudad reclame su autonomía porque es lo está sucediendo en la mayoría de las provincias, que manejan el juego”, reconoce una de las personas de mayor confiaza de Mauricio Macri.

Disputas. Este jueves, varios funcionarios de la Ciudad con despachos contiguos mostraban estas diferencias en el corazón de la jefatura de Gobierno, en Bolivar 1. Para algunos era una “excelente idea” porque la Ciudad treparía del 24% que percibe hoy a un 50%, que es lo que propone la addenda. Pero para otro sector, la posibilidad de que transciendan las negociaciones entre Cristóbal y la gente de Macri sería un nuevo golpe mediático luego del escándalo del espionaje PRO.

Sobre todo, porque el Gobierno porteño ayudaría a mantener el status quo del monopolio del juego en la Ciudad durante cinco años más, que es lo que pide López. O sea, tres años después de las elecciones presidenciales de 2011. Se trata de un negocio que el propio Gobierno define como “uno de los monopolios más redituables del continente”, concebido en una Ciudad con casi tres millones de habitantes, pero con sólo dos dos players: Palermo y Puerto Madero.

En el entorno de Cristóbal confirmaron la existencia de una negociación, pero no saben cómo terminará el acuerdo. Recuerdan cuando en 2008 se enteraron por las cámaras de TV que “el arreglo” que habían pactado con el macrismo, estaba terminado.

Otro de los puntos delicados del convenio propone que la Ciudad le “condonde” a la industria del juego la deuda que mantiene en concepto de Ingresos Brutos desde principio de año. A fines de 2008, la Legislatura aprobó la modificación del Código Fiscal gravando con 8% esa actividad. Pero la oficina de Rentas porteña aún no pudo cobrar un sólo peso. Allí argumentan que varios amparos de la Justicia Federal avalan el cese del pago.

El presupuesto para este año se calculó con una estimación de seiscientos millones de pesos en ese concepto, que nunca ingresaron a las arcas porteñas. Anibal Ibarra, impulsor de esa ley confirma los contrastes: “Macri debería preocuparse más en cobrar el impuesto al juego que en asegurarle los negocios a Cristóbal”.

Fuente: Diario Perfil

Necesidad de plata o conveniencia política. Las razones serán variadas, pero lo concreto es que el gobierno porteño de Mauricio Macri ya está negociando la firma del convenio que le venía reclamando Lotería Nacional para distribuir fondos del juego en la Ciudad, medida que podría beneficiar al empresario kirchnerista Cristóbal López.

“Lo que nosotros queremos es la autonomía de la ciudad en este tema. Pero todavía no llegamos a un acuerdo. Queremos el ciento por ciento de la recaudación”, dijo ayer a Clarín el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

La búsqueda de un acuerdo con Lotería Nacional para aumentar el nivel de ingresos del juego para el gobierno porteño, podría implicar para la Ciudad un aumento en la recaudación de entre 120 y 360 millones de pesos. Pero sin duda provocará cortocircuitos dentro del oficialismo de la Ciudad. O al menos eso ocurrió hace un año, cuando Gabriela Michetti, entonces vicejefa de gobierno, se opuso a cualquier acuerdo por considerar que significaba validar el poder ascendente de Cristóbal López, un patagónico muy vinculado a Kirchner. “Estaríamos avalando un negocio que por lo menos goza de una enorme falta de transparencia”, había dicho Michetti, ahora alejada de la gestión diaria de la Ciudad y a la espera de asumir como diputada nacional.

El polémico López administra, dentro de la Ciudad, las máquinas tragamonedas de Palermo y la mitad de los dos casinos flotantes. El diciembre de 2007, Néstor Kirchner le extendió la consesión de esos negocios y otros hasta el 2032, medida muy cuestionada por la oposición.

En las últimas horas, según trascendió, el propio López impulsó el convenio reunido con Nicolás Caputo, empresario y uno de los hombres de mayor confianza de Macri. Si todavía no se llegó a un acuerdo es por una diferencia de montos. En la actualidad, la Ciudad recibe sólo el 24% de los fondos del juego y pretende cobrar el 100%. Lotería Nacional, en cambio, ofrece el 50%.

De firmarse el convenio, faltaría la aprobación por parte de la Legislatura. Según fuentes difundidas ayer en Radio Mitre, donde se anticipó la reanudación de las negociaciones, en la Legislatura ya estaría acordada su aprobación gracias a las gestiones de Diego Kravetz, del bloque kirchnerista. De acá a fin de año, existen sólo seis sesiones disponibles para tratar una ley que de una nueva regulación al juego, por lo que los plazos para el acuerdo no son tantos. Evaluarán Macri y los suyos las reacciones dentro de los legisladores del PRO.

“Al día de hoy no hay acuerdo. Pero insisto, lo que nosotros buscamos es la autonomía”, insistió Macri a Clarín.

Fuente: Clarin

El control del juego es un tema delicado para Daniel Scioli y Mauricio Macri. Hace semanas, Scioli le pidió la renuncia a Luis Peluso, el interventor de la Lotería bonaerense, quien había recibido denuncias por enriquecimiento ilícito.

El gobernador encaró un análisis sobre la renovación de licencias de bingos que están por vencer y otras que están en situación irregular. Le encomendó la tarea a Jorge Rodríguez y Néstor Cotignola. Igual, Peluso tendrá injerencia por unos meses.

A final de 2008, circuló un borrador de proyecto de ley de juego atribuido a los equipos técnicos de Scioli. No llegó a la legislatura provincial porque la propuesta implicaba una extensión de la cantidad de salas, más máquinas tragamonedas y porque la Iglesia -a través del obispo Jorge Casaretto- jugó un rol clave presionando a intendentes, diputados y senadores bonaerenses para evitar que López entrara en ese territorio.

También a fines del año pasado, Macri tuvo que dar marcha atrás con un preacuerdo alcanzado entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, para repartir en partes iguales las ganancias que les reportan los impuestos al juego. Pese a que le significaba más dinero, convalidar ese preacuerdo hubiera implicado dar por cerrado el debate de autonomía de la Ciudad para manejar el negocio, y también hubiera sido una legitimación del polémico decreto de Kirchner que prolongó el contrato de López a cambio de una exigencia particular: el dueño del juego debe aumentar la cantidad de tragamonedas en Palermo.

Clarin.com

El jefe de gobierno, Mauricio Macri, y un nuevo decreto anulatorio Foto: Archivo / LA NACION Laura Rocha
LA NACION

En el lapso de una semana, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se vio obligado a dar marcha atrás con dos disposiciones de sendos decretos publicados en el Boletín Oficial. Ayer se comunicó oficialmente que se eliminará del registro on line para empleadores el requerimiento que pedía detalles sobre las adicciones de los trabajadores.

“El objetivo principal de la creación del registro es contar con información estadística que oriente políticas públicas de prevención y protección del trabajo y, de ninguna manera, vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Atendiendo las opiniones de los especialistas, se suprimirá la grilla mencionada y se recuerda que el registro no habilita al empleador a realizar encuestas a los empleados, y que la información proporcionada se maneja bajo secreto estadístico”, indicó a LA NACION Jorge Luis Ginzo, subsecretario de Trabajo porteño.

Según detalló el funcionario, pasado mañana se cambiará el software y se quitará la grilla que debía completar el empleador detallando cuántos empleados padecen adicciones, tales como tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia o ludopatía.

“La carga recién debía comenzar el 1° de agosto, así que estamos a tiempo”, dijo Ginzo, e insistió: “No había ninguna segunda intención; era un relevamiento para poder brindar ayuda a través de nuestro programa. Pero si se entendió de otra manera, también hay que saber escuchar”. A la cuestión técnica debe sumarse un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que elimine esos ítems.

Inconstitucional La polémica surgió cuando varios expertos analizaron el anexo del decreto 625/09, que exige el requerimiento de informar sobre las adicciones de sus empleados a los dueños de empresas radicadas en el distrito.

Según los constitucionalistas Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez y José Onaindia, que fueron consultados por LA NACION, se trata de una disposición que viola la Constitución nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, pues vulnera derechos individuales y privados de las personas.

También hubo críticas de la oposición. Alejandro Rabinovich, diputado porteño por Autonomía con Igualdad, opinó: “Veo como un dato positivo que se haya escuchado a los constitucionalistas y a los diputados de la oposición. El decreto se iba a tornar inaplicable en otros puntos que sí son necesarios para la policía del trabajo”.

Sergio Abrebaya, presidente del bloque de la Coalición Cívica, sostuvo: “Como siempre, Macri hace el desastre y después da marcha atrás. Ahora, esperamos que revise la designación de Jorge Palacios [jefe de la Policía Metropolitana]. El decreto de los datos de los empleados era un desastre absoluto”.

En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también opinaron. Su presidenta, María José Lubertino, dijo: “No se comprende cómo dicha información iba a servir para mejorar las herramientas de gobierno y la oportuna toma de decisiones. Resulta irrazonable que, a simples fines estadísticos, se viole el derecho a la intimidad de los trabajadores”.

Otro cambio El miércoles pasado, el mismo día en que salió publicado en el Boletín Oficial el registro on line, también apareció una disposición que anulaba otra decisión polémica tomada por el gobierno porteño: los velatorios a cajón cerrado y las cremaciones de aquellas personas que hubieran fallecido a causa de la gripe A.

En ese caso, se trató de una resolución que había sido firmada por el director de Cementerios, Néstor Julio Pan, que llegó a regir durante casi una semana.

“Las empresas de servicios fúnebres retirarán los cuerpos de los fallecidos del lugar del deceso colocándolos en bolsas ecológicas e introduciéndolos inmediatamente en ataúdes, debiendo los cadáveres ser velados a cajón cerrado”, ordenaba la disposición.

Según el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, esa resolución nunca debió haber tenido curso, pero la advirtieron sólo después de comenzar a regir.

Idas y venidas

• Centralización de compra de medicamentos: fue una medida tomada para ahorrar. No funcionó. Quedaron hospitales desabastecidos y dio marcha atrás.

• Estacionamiento medido: tras la incesante protesta de agrupaciones vecinales, dejó sin efecto en enero pasado el sistema de estacionamiento medido en zonas de Palermo, Recoleta, San Telmo y del Abasto.

• Jubilaciones de agentes públicos: dentro del plan de ordenamiento del empleo público, en octubre pasado Macri dejó cesantes a unos 500 empleados que tenían más de 60 años. Después, anuló la medida y los reincorporó.

• Impuesto a las tarjetas de crédito: después de la polémica suscitada al conocerse el proyecto de presupuesto oficial que agregaba un impuesto al consumo con tarjetas de crédito, lo eliminó. Preveía recaudar $ 350 millones.

• Convenio por el juego: a fines del año pasado, el jefe de gobierno debió rechazar un controvertido acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, por el que la ciudad recibiría 170 millones de pesos. Evaluó que iba a perjudicar su proyecto político.

• Resolución para cremar a muertos por gripe A: el miércoles pasado se publicó una resolución que dejaba sin efecto la anterior disposición tomada por la administración macrista.