La red no solo se encontraba desperdigada por todo el país, sino que sus miembros son fichas políticas de congresistas de Sucre, Córdoba, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Antioquia, Valle y Santander. Hasta el actual presidente del Congreso, el senador por Cambio Radical Javier Cáceres, ha sido asociado con algunos administradores de Etesa. En respuesta, el parlamentario niega que tenga protegidos en la empresa y afirma que denunció en su momento la presencia de irregularidades.

La corrupción alcanzó tales niveles, que se sospecha que empresarios con nexos con los paramilitares tienen en la mira varias jugosas concesiones de juegos de azar (la del Baloto, por ejemplo), tal como lamentablemente ha ocurrido en algunos casos con las apuestas del chance, a cargo de los departamentos. De todo esto resulta que un sector que está en capacidad de producir recursos para la salud, la ciencia y las pensiones estatales del orden de los 400.000 millones de pesos anuales sólo genera poco más de la mitad. Únicamente con el negocio de los 50.000 tragamonedas ilegales, las pérdidas para el fisco se calculan en unos 100.000 millones de pesos.

La captura de la entidad reguladora por los políticos y sus redes corruptas desembocó en una inflada e inoperante burocracia, que ha sido incapaz de tomar el control de tan lucrativo negocio. Pero liquidar a Etesa no es suficiente. Las modificaciones que el Gobierno busca incluir en un proyecto de ley de juegos de azar que tramita actualmente el Congreso deben apuntar a que, de una vez por todas, el Estado ponga orden y vigilancia en un sector poroso y fácil víctima de la ilegalidad, la corrupción y la criminalidad organizada.

Por ende, los parlamentarios tienen que discutir con cuidado la idea gubernamental de asignar la responsabilidad de los juegos localizados -maquinitas, casinos, galleras y apuestas hípicas- a las alcaldías y gobernaciones. ¿Qué garantiza, a la luz de lo visto, que esta buena intención no termine por descentralizar las trampas y produzca decenas de ‘Etesas’ regionales? Por eso se debe tener en cuenta que cerrar la entidad de un tajo no resuelve el arraigado problema de corrupción y malos manejos que acabó con ella y con su antecesora.

Ante esa realidad, las declaraciones del senador Cáceres, quien apoya la decisión oficial de liquidar una empresa a cuyo entierro contribuyó, hacen recordar el viejo dicho de “el diablo haciendo hostias”. Tampoco se puede olvidar que, en este desastre, el Ejecutivo tiene una dosis de responsabilidad -a pesar de que ahora esté promoviendo su liquidación- por haberla entregado como cuota burocrática y por haber dejado crecer esta red criminal con tantos tentáculos, sin intervenirla ni tomar correctivos a tiempo.

Fuente:ElTiempo.com