
Uruguay – Montevideo.- Un grupo de padres que se opone a la existencia de slots informales pedirá hoy una entrevista al Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para que les explique de primera mano la iniciativa oficial de regular esos tragamonedas.
“Quienes usan esas máquinas son gente de bajos recursos, porque quien tiene dinero va directamente a un casino. El anterior gobierno planteó la penalización de esta actividad, y nosotros queremos que se mantenga ese criterio”, dijo Héctor Silvera, vocero del grupo de padres y ciudadanos que se oponen la existencia de slots en bares, cantinas y kioscos.
Hoy, el grupo pedirá una entrevista el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para conocer los detalles de un proyecto de ley que maneja el gobierno para regular la actividad de los 15.000 tragamonedas informales que actualmente están operativos en todo el país.
El nuevo director de Casinos, Javier Chá, anunció que se pretende “regularizar” la actividad de esos slots que se encuentran instalados en bares, cantinas y kioscos de todos los departamentos, ya que existe un “vacío legal” en cuanto a su funcionamiento.
Chá dijo que en el transcurso de este año, la Dirección de Casinos enviará al Parlamento un proyecto ley para que los propietarios de esos tragamonedas paguen impuestos al Estado por las ganancias generadas por su actividad. Además, se buscará regular los montos que deberán pagar los tragamonedas a los apostadores.
La iniciativa de la nueva administración se contrapone a una propuesta remitida al Parlamento en julio de 2009 por el Poder Ejecutivo que entonces encabezaba al presidente Tabaré Vázquez, y que propone sancionar judicialmente a los responsables de los slots informales en locales comerciales.
Silvera dijo a El País que el grupo de padres aspira a que el actual gobierno “reflote” el proyecto presentado pro la administración de Tabaré Vázquez, porque penalizar la actividad de esos slots “es lo más sano para toda la sociedad”.
“Si se penaliza , nadie más se arriesgará a proveer ni arrendar slots”, dijo Silvera, quien informó que el grupo entregó hace 15 días unas 3.000 firmas al presidente José Mujica pidiendo que se prohíban los tragamonedas informales, y que se suman a otras 4.000 adhesiones que el año pasado entregaron a la Dirección de Casinos y al Ministerio de Economía.
Silvera aclaró que no se pretende perjudicar a quienes trabajan para los empresarios que alquilan los tragamonedas. Por eso, dijo que una alternativa es que las máquinas que ya no podrán instalarse en bares ni kioscos, sean arrendadas por la propia Dirección de Casinos o las salas de juego privadas.
En declaraciones publicadas por El País en su edición del sábado, Chá había señalado que el negocio de los slots informales es “una actividad productiva que, por ejemplo, genera muchos empleos”.
US$ 4 MILLONES. Por su parte, Walpirio Cardozo, presidente de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje) dijo que desde hace cinco años la gremial busca regularizar su actividad y de esa forma comenzar a tributar.
“Creemos que pagaríamos US$ 4 millones al Estado si operáramos en regla”, afirmó el empresario y titular de Aufoje.
El año pasado, el entonces director de Casinos, Fernando Nopistch, sostuvo al comparecer ante el Parlamento que cada slot recauda US$ 200 por mes, lo que en el total de 15.000 máquinas, representa US$ 3 millones por mes y US$ 36 millones anuales.
El País Digital