España.- El periodo de audiencia pública del anteproyecto de Ley del Juego, que regulará el sector y establece un nuevo impuesto de hasta un 22 por ciento de los ingresos brutos para algunos tipos de apuestas, finalizará el próximo martes, según publica en su web Loterías y Apuestas del Estado (LAE), con lo salvará uno de los últimos trámites antes de ir al Consejo de Ministros.
La intención del Ejecutivo es llevar el proyecto de Ley al Consejo de Ministros este mismo mes de enero, según afirmó en noviembre el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la presentación del calendario legislativo del Gobierno para los próximos meses.
El último borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece como base imponible del nuevo impuesto del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.
Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.
Mientras, las apuestas deportivas de contrapartida (aquellas en la que el apostante apuesta contra un operador de juego, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que el operador haya validado previamente para los mismos) estarán gravadas con un 5 por ciento sobre la base imponible.
Las apuestas deportivas cruzadas (aquellas en que un operador actúa como intermediario y garante de las cantidades apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente el operador hubiera fijado), las apuestas hípicas de contrapartida y el resto de apuestas de contrapartida y cruzadas también estarán gravadas con un 5 por ciento sobre la base imponible.
Por su parte, las apuestas hípicas mutuas, las combinaciones aleatorias y el resto de apuestas mutuas estarán gravadas con un 15 por ciento de sus ingresos brutos, mientras que las rifas y los concursos se gravarán con un 20 por ciento sobre los ingresos.
Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio. El anteproyecto también establece que el Estado cederá parte de lo recaudado por apuestas ‘on line’ a las comunidades, aunque deja sin especificar el porcentaje que corresponderá a cada uno.
El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.
El texto también obliga a los operadores a realizar una “gestión responsable del juego”, lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.
Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.
En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que “atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente”.
Multa hasta 50 millones de Euros
El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.
Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o ‘amañar’ los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.
Editó: www.zonadeazar.com
Fuente: europapress.com
