Argentina Mendoza.- 20 de Mayo de 2013 www.zonadeazar.com Muchas observaciones hizo el Tribunal de Cuentas al desempeño de la gestión que encabezó Daniel Pereyra en el Instituto de Juegos y Casinosdurante 2011. Entre los temas observados se cuenta la polémicarenegociación del contrato de tragamonedas.
En el colofón del extenso informe sobre el contrato con la empresa concesionaria, vinculada al grupo Vila-Manzano, el relator del organismo de control pide documentación que justifique “la razón por la cual no se llamó a licitación pública, ya que se cambiaron las condiciones de la contratación anterior, no sólo el canon, sino también el plazo, la realización de obras de remodelación, como asimismo la ampliación y explotación del servicio de restaurante”.
Cabe aclarar que el Tribunal hizo su dictamen con el expediente en mano. Es decir, toda la información disponible estaba bajo análisis y aún así no encontraron justificación para renegociar el contrato.
El Tribunal de Cuentas no suele usar calificativos y, mucho menos, hacer análisis de oportunidad de los gastos, por lo que sólo se fija en la legalidad y prolijidad de los procesos y sus asientos contables. Y justamente por esto es que el informe resulta más duro aún, a pesar de la falta de adjetivos.
El 26 de abril de 2013 ingresó por Mesa de Entradas del Instituto Provincial deJuegos y Casinos el dictamen que remitía el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2011. Una extensa pieza que incluye innumerables observaciones, incluso observaciones de otras ya vertidas en informes referidos a ejercicios anteriores que no habían sido subsanadas.
Yendo al tema más polémico, la renegociación del contrato detragamonedas, el informe hace un repaso de los hechos documentados en el expediente 8248-I-2010, luego hace observaciones legales y contables, para terminar con una serie de recomendaciones, entre la que se destaca la cita textual transcripta al inicio.
Otra de las demandas del Tribunal de Cuentas al Instituto es documentación que justifique por qué no se incluyó en el contrato la obligación de proveer un sistema de control online en tiempo real, para llevar la cuenta de la recaudación de las tragamonedas; así como también respaldo documental que justifique la modificación del canon del 26,23% al 47%.
Es decir, se observa que el Casino no lleva un control en tiempo real de lo que recaudan las máquinas y los técnicos del Tribunal tampoco encontraron una razón valedera que avale el incremento del canon en favor de la empresa vinculada al grupo Vila-Manzano, que resultó así beneficiada.
En el desarrollo del informe hay innumerables perlas acerca de lo que se debió hacer y lo que no se debía hacer. La intención original de renegociar elcontrato era mejorar la recaudación del Casino oficial, frente a la competencia de salas privadas. Por eso es que se acordó con la empresa que incrementara la cantidad de máquinas (doscientas más) e introducir mejoras tecnológicas en todas.
Para poder instalarlas hacía falta ampliar la sala del Casino. Siempre se argumentó que la empresa ponía 3 millones de pesos para financiar esa obra. A cambio de las máquinas nuevas y de la ampliación, Mendoza Central Entretenimientos percibiría un canon de concesión mayor.
Según el Tribunal de Cuentas, en la licitación 1.204/03, por la que MendozaCentral Entretenimientos empezó a alquilar las tragamonedas, estaban previstas todas las consignas del incremento de máquinas y el mejoramiento tecnológico. En el dictamen citan los artículos 3 y 6 de la vieja licitación, en el que se prevé el incremento de máquinas hasta en un 50% más y, en caso de requerirse un porcentaje mayor, puede hacerse con el consentimiento del concesionario. Al momento de renegociar el contrato, el Casino tenía 360 máquinas: el 50% más (sin modificar el convenio, ni el canon) es 180, poco menos que las 200 que sumó el concesionario tras la renegociación.
En el artículo 2 de esa licitación se establece que, transcurrida “la mitad del plazo contractual, el adjudicatario deberá, a su exclusivo cargo y costo, actualizar la totalidad de la tecnología suministrada”. Es decir, tampoco hacía falta renegociar el contrato y subir el canon que Mendoza Central Entretenimientos cobraba para actualizar las máquinas, porque ya lo disponía el convenio anterior.
Por último, en el artículo 1 del pliego licitatorio original se indicaba que todas las máquinas deberán poseer un comparador electrónico de fichas, así como aceptar billetes, tarjetas, chips u otro medio tecnológico. Esto es todo el desarrollo tecnológico que se pretendía incorporar para fidelizar apostadores y no perder en la competencia con otras salas.
Pero más aun, el costo de la ampliación de la sala también es objetado. Según elTribunal de Cuentas, en el Anexo III del contrato renegociado las obras costaban 6.195.000 pesos, Mendoza Central Entretenimientos debía poner 3 millones y el resto el Instituto. Es decir, que el Estado terminó poniendo más dinero.
Por todo esto, el Tribunal de Cuentas indica que “se debió llamar a licitación pública porque se cambiaron las condiciones de la contratación anterior… Hasta el vencimiento de la contratación, existía un tiempo suficiente para prever un nuevo llamado a licitación”.
Los Andes se comunicó ayer con Pereyra para interrogarlo acerca de los cuestionamientos a su gestión por parte del Tribunal de Cuentas, pero el ex funcionario de Celso Jaque respondió que quería leer el informe antes de emitir una opinión.
Fuente: Los Andes
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
