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Ley 13829. Provincia de Buenos Aires. Nuevo proceso para el fuero laboral, por vía ejecutiva.

Ley 13829. Nuevo procedimiento laboral en Provincia de Buenos Aires.

Ref. Ley 13829. Provincia de Buenos Aires. Nuevo proceso para el fuero laboral, por vía ejecutiva.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1.- Incorpórase como artículo 53 bis de la Ley 11653, el siguiente texto:

“Artículo 53 bis. Preparación de vía ejecutiva: Los salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos provenientes de una relación individual de trabajo subordinado, hasta un máximo de tres (3) meses devengados, vencidos e impagos (artículos 103, 103 bis, 107, 126, 128 y ccds. LCT y Ley 24714), podrán ser demandados judicialmente preparando la vía ejecutiva, como se dispone seguidamente:

El trabajador que pretenda acogerse al procedimiento aquí establecido, como condición esencial para la viabilidad de la acción, deberá:

1) Por el plazo y con las modalidades del artículo 57 de la LCT cursar a quien considere su deudor una intimación extrajudicial fehaciente (carta documento o telegrama Ley 23789) que contenga necesariamente: a) fecha de ingreso o antigüedad computable del reclamante según artículo 18 de la LCT; b) categoría profesional o funciones cumplidas durante el período involucrado en la petición y c) suma total del crédito reclamado, con expresión clara y concreta de los períodos, rubros y montos que la componen. La intimación, so pena de nulidad, deberá incluir la trascripción del inciso siguiente.

2) El intimado deberá pronunciarse puntualmente sobre la veracidad de los datos contenidos en la intimación (apartados a), b) y c) del inciso anterior). En su réplica no le bastará la negativa genérica, sino que deberá expedirse detalladamente sobre la posición que asume respecto de cada uno de tales apartados, bajo apercibimiento de entenderse el silencio o la falta de respuesta concreta, como tácita admisión de los fundamentos del reclamo, seguida de la negativa al pago de las sumas resultantes. La negativa de vínculo laboral, enerva el procedimiento previsto en este artículo.

3) En el supuesto que el deudor intimado accediera a saldar las sumas peticionadas, deberá incluir en su respuesta el lugar, día y hora en que hará efectivo el crédito reclamado.

4) La preparación de vía ejecutiva persiguiendo el cobro de las remuneraciones tratadas en este artículo, no podrá ser acumulada a otra acción judicial, por lo que su trámite será en actuación autónoma, que se iniciará con las constancias originales del intercambio de comunicaciones y ofreciendo en el mismo escrito, el comparendo a primera audiencia de hasta tres (3) testigos, quienes deberán deponer sobre las circunstancias aludidas en el inciso 1 apartados a) y b) de este artículo.

5) Dentro de los cinco (5) días de recibida la causa por el Tribunal y comprobado el cumplimiento de los requisitos citados, se dispondrá libramiento de oficio al respectivo correo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles se expida sobre la autenticidad y registros de entrega de las comunicaciones habidas. En el mismo auto se fijará primera audiencia para que comparezca tanto el ejecutante a ratificar su acción bajo juramento del artículo 39 de este cuerpo normativo, como para el recibimiento de la testimonial ofrecida.

6) Cumplidos los requisitos indicados en el inciso anterior, conformado el reclamo por los dichos ratificatorios de al menos dos (2) testigos, con más la respuesta positiva del correo, queda integrado el “Título Ejecutivo”.

7) Cumplidos los requisitos anteriores, el Tribunal en auto fundado, con voto individual de sus integrantes, analizará la concurrencia de los elementos sustantivos, en cuyo caso, dispondrá librar mandamiento de intimación de pago y embargo que tramitará en adelante siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 52. Por el contrario, cuando en el supuesto del inciso 3 el deudor incumpliera con el pago comprometido, la acción tramitará según lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 51.”

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como artículo 53 ter de la Ley 11653, el siguiente texto:

“Artículo 53 ter.- Sanción procesal por falta de pago. Cuando el empleador en mora, fehacientemente intimado por el trabajador, no abonare salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos (y sus diferencias) obligando al acreedor a promover acciones judiciales -a pedido de parte o de oficio- en sentencia, los montos resultantes de dicho capital serán incrementados en un treinta (30) por ciento .

A tales fines, al disponer el traslado del artículo 28 el Tribunal emplazará al accionado para que al tiempo de contestar demanda, satisfaga los créditos que adeude, bajo apercibimiento de serle aplicada la sanción dispuesta en el párrafo anterior, en el eventual supuesto que en sentencia fuera declarada procedente la petición del trabajador.

Si hubieran existido causas justificadas para la omisión del empleador, los jueces, prudencialmente, podrán reducir la sanción dispuesta por el primer párrafo hasta la mitad del porcentaje indicado.”

ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUE APROBADA LA REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL BONAERENSE:

FUE APROBADA LA REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL BONAERENSE:

FUENTE TELAM- POLITICA | PARA AGILIZAR LA JUSTICIA

La Legislatura bonaerense aprobó la reforma penal

Las dos leyes, enviadas por el Ejecutivo provincial, buscan agilizar el trámite de las causas y descomprimir el cúmulo de expedientes en el Tribunal de Casación. Fueron aprobadas por ambas cámaras, que sesionaron en tándem tras introducir modificaciones.

Las leyes que buscan agilizar el trámite de las causas penales en la provincia de Buenos Aires y descomprimir el cúmulo de expedientes que se encuentran en el Tribunal de Casación, fueron sancionadas este miércoles por la Legislatura provincial.

Las iniciativas que habían sido enviadas por el Poder Ejecutivo, modifican el Código de Procedimiento Penal de la provincia, acotan las atribuciones del Tribunal de Casación y extienden el denominado proceso de flagrancia que acorta la duración de la causa penal para llegar a una sentencia.

Los proyectos habían sido tratados la semana pasada en Diputados, pero como el Senado introdujo modificaciones, ambas cámaras sesionaron en tándem para lograr la sanción de las dos leyes.

A partir de ahora, el Tribunal de Casación sólo revisará sentencias de delitos cuyas penas superen los 10 años, mientras que los que no lleguen a ese monto de la pena serán revisadas por las Cámaras de Garantías del departamento judicial donde fueron juzgados.

Si bien el proyecto original preveía que Casación iba a tener atribuciones sobre las causas con penas mayores a 6 años, los senadores decidieron extenderlo a 10 años, con lo cual acotaron áun más las facultades del máximo Tribunal Penal de la provincia.

Según explicó el senador del Frente para la Victoria Roberto Ravalle, esta modificación “posibilitará evitar el cuello de botella que se generan en Casación, que cuenta hoy con alrededor de 7000 causas”.

El Senado sancionó también la ley que lleva a todos los departamentos judiciales la posibilidad de habilitar el denominado proceso de “flagrancia”, previsto en forma rápida para los delitos con penas que no superen los 15 años.

El mecanismo, que se implementaba en 11 de los 18 departamentos judiciales, consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.

Establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación.

En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.

De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes.

En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.

La sesión de Diputados, la última del período extraordinario, fue seguida desde el palco por el Jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal.