Por razons del azar,  hoy 17 de diciembre se celebra en la República Argentina el día del Contador Público. Fecha que suele generar confusiones con el 2 de junio, día en que se celebra “Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas”, en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano, como primer Secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido el 2 de junio de 1794.

Mediante la Resolución (ST) 782/2010, se homologó el acuerdo celebrado entre el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y las cámaras empresarias de la actividad con fecha 16 de junio de 2010, por el cual se acordó un aumento salarial para los trabajadores del sector mercantil del 27% acumulativo a partir de mayo de 2010.

Resolución ST 782/10

Determinó que las normas impugnadas en determinado caso son constitucionalmente inválidas, en razón de que la actora acreditó que tuvo pérdidas en los años comprendidos en el litigio.

La causa llegó a consideración de la Corte, después de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocara lo resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta, por carecer la actora de capacidad contributiva durante los períodos fiscales 1995, 1996 y 1998.

La Cámara consideró que surge del texto de la ley una presunción de renta fundada “en la existencia de activos en poder del contribuyente”, motivo por el cual existe “una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible, en tanto, se grava una manifestación de capacidad contributiva presunta, que considera sólo al activo para la base imponible, sin tener en cuenta la existencia de pasivos”.

La parte demandada, el Poder Ejecutivo Nacional, interpuso un recurso extraordinario, ya que la sentencia interpretó normas de carácter federal en sentido adverso al postulado por el apelante, que fue concedido por la Cámara.

En el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, no se ha expresado nada acerca de la ponderación de la prueba realizada por la Cámara, que le concedió el recurso solamente en cuanto a la inteligencia de las normas federales, ante lo que el apelante tampoco dedujo recurso de queja.

Entiende la Corte que “para una adecuada solución de esta controversia, resulta imprescindible desentrañar cuál es el presupuesto de hecho que adopta la ley”.

La Corte opina que “la cuestión objeto de controversia es, en lo esencial, determinar si ese modo de imposición, en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos comprendidos en la norma y se desentiende de la existencia de utilidades efectivas, resulta inconstitucional en tanto, como sucede en el sub examine, la actora ha demostrado que su explotación comercial arrojó pérdidas en los períodos ya indicados”.

Recordó el Tribunal que “ha sostenido en reiteradas oportunidades que es necesario que el Estado prescriba claramente los gravámenes para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas en materia tributaria”. También, dijo que “la ley que establece el impuesto aquí cuestionado no contiene una redacción clara y precisa, circunstancia que demuestra una deficiente técnica legislativa… [a la que] se une el hecho de que la denominación dada al gravamen por el legislador no es decisiva para definir el carácter de éste”, pues como lo ha dicho el Alto Tribunal, en conformidad con la Constitución Nacional, “ante la ausencia de correlación entre el nombre y la realidad, corresponde desestimar el primero y privilegiar la segunda”.

También, sostuvo el Tribunal que en otras ocasiones ha justificado la existencia de esta clase de mecanismos presuntivos, pero al así hacerlo ponderó la existencia de “excepcionales circunstancias”.

En este caso, la Corte entendió que no mediaban tales circunstancias excepcionales y que la ley no se ajustaba a un criterio de razonabilidad en tanto estableció una presunción de ganancias que no podía derivarse aún cuando el contribuyente hubiese demostrado –como en este caso- que, por el contrario, tuvo pérdidas y por tal motivo declaró la inconstitucionalidad de la ley.

Asimismo, concluyó la Corte que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso”.

En consecuencia, con los votos de los ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, confirmó la Corte la sentencia de Cámara que había sido materia de apelación. En disidencia votaron las ministras Highton de Nolasco y Argibay.

PBA – ARBA – RESOLUCION NORMATIVA 38/10 – Aprueba PROCEDIMIENTO SERVICIO DE CASILLERO UNICO Y PERSONAL

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa Nº 038/10

LA PLATA, 17 DE MAYO DE 2010

VISTO:
Que por el expediente Nº 2360-193.482/09 se propicia reglamentar el servicio de casillero único para la entrega de documentación a profesionales y gestores administrativos, y

CONSIDERANDO:
Que con el objeto de otorgar mayor seguridad en el manejo de la documentación y facilitar el accionar de los profesionales y gestores administrativos, mediante Decreto Nº 13885/68 se autorizó al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a implementar el sistema de casillero único;

Que mediante el Decreto Nº 1627/09 se transfirieron a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires las atribuciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, correspondientes a la implementación y administración del sistema de entrega de la documentación que los usuarios tramiten ante esta Autoridad de Aplicación;

Que, asimismo, mediante el artículo 2º del Decreto Nº 1627/09 se autoriza a este organismo recaudador a reglamentar la prestación de dicho servicio y fijar el valor de su abono con intervención de la Contaduría General de la Provincia;

Que a efectos de cuantificar adecuadamente el valor del abono anual, se considera razonable tomar en consideración y proporcionar para este primer período de implementación, lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 10.295, texto según Ley Nº 14.044, que prevé para el año 2010 el abono por el servicio especial de locación de casillero que presta la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, en virtud de la similitud del servicio que brindan ambos organismos;

Que han tomado la intervención que les compete la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, la Asesoría General de Gobierno, así como la Gerencia General de Servicios Presenciales y Remotos y la Subdirección Ejecutiva de Planificación y Coordinación;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13.766;

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento para el Servicio de Casillero Único y Personal, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º: Aprobar el “Formulario de Solicitud de Recepción de Documentación por Casilla” que como Anexo II forma parte de la presente.

Artículo 3º: Disponer, de manera excepcional para la implementación del sistema que se reglamenta por la presente Resolución Normativa, que el servicio para el año 2010 se brindará para el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre.

Atento lo expuesto en el párrafo que antecede, las solicitudes previstas por el artículo 4º del Anexo I, deberán realizarse entre los días 10 y 21 de mayo de 2010.

La asignación se efectuará por esta Autoridad de Aplicación entre los días 1º y 15 de junio, debiéndose proceder al pago del abono por el usuario designado hasta el día 30 de junio, todos del corriente año.

Artículo 4º: Establecer en el monto de Pesos doscientos ($200), el abono a satisfacer por el servicio de casillero único correspondiente al período 2010.

Artículo 5º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

Usuarios

ARTÍCULO 1º. Podrán optar por el uso del servicio, aquellos profesionales, gestores administrativos y personas jurídicas de carácter público, estatales y no estatales, que realicen presentaciones o trámites catastrales ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Documentación objeto del servicio

ARTÍCULO 2º. La documentación cuyo servicio de entrega se efectivizará mediante un casillero único, cerrado y numerado, será toda aquella vinculada a procedimientos catastrales que los interesados tramiten ante las oficinas de la Autoridad de Aplicación habilitadas al efecto y que no forme parte de expedientes.

Dicha documentación deberá ser identificada en la primera foja mediante sello, con los datos del profesional, gestor administrativo o ente usuario y el número de casillero correspondiente.

Duración del servicio

ARTÍCULO 3º. El servicio que por la presente se reglamenta tendrá una duración de un año calendario, debiendo darse cumplimiento a los mismos requisitos dispuestos para su solicitud, en caso de renovación.

Solicitud y renovación del servicio. Condiciones

ARTÍCULO 4º. Entre los días 15 y 30 de diciembre de cada año calendario, los interesados en obtener el servicio de casillero único deberán completar y presentar, el formulario de solicitud de recepción de documentación por casilla que se encontrará disponible en el sitio de Internet de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

En todos los casos, junto con la presentación del formulario ante la oficina de la Autoridad de Aplicación habilitada al efecto, se deberá acreditar la vigencia de la inscripción en la matrícula del Colegio o Consejo Profesional que corresponda al momento de efectuar la petición.

Asignación. Reasignación

ARTÍCULO 5º. La Autoridad de Aplicación analizará las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta para la asignación del casillero único, el volumen de trámites ingresados por cada profesional, gestor administrativo o ente interesado durante el año calendario inmediato anterior.

El casillero, personal y único por cada profesional, gestor administrativo o ente usuario, será asignado entre los días 1º y 5 de enero de cada año calendario.

Concluido el plazo indicado en el primer párrafo, la Autoridad de Aplicación publicará en su sitio de Internet (www.arba.gov.ar), la nómina de usuarios habilitados para el uso del servicio.

La decisión tomada por parte de esta Agencia será irrecurrible.

La cesión de uso por parte de la Autoridad de Aplicación en favor de un profesional, gestor administrativo o ente usuario por uno o más períodos, no genera para los mismos derechos adquiridos respecto de los años subsiguientes.

Entre los días 5 y 15 de enero de cada año calendario, aquellos interesados incluidos en la nómina a la que se hace referencia en el tercer párrafo del presente artículo, deberán satisfacer el abono que fije a tal efecto esta Autoridad de Aplicación.

La falta de pago del abono dará lugar a la reasignación del casillero a favor de nuevos usuarios, cuya nómina se publicará, entre los días 20 y 30 de enero de cada año, en la página web de la Agencia de Recaudación.

El pago del abono previsto por la presente Resolución Normativa, se efectuará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la cuenta Tesorería General de la Provincia, orden Contador y Tesorero General de la Provincia (Nº 229/7) e imputados a Rentas Generales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 13885/68.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la Autoridad de Aplicación realizará las verificaciones que resulten necesarias a fin de asegurar el correcto uso del servicio.

En los casos en que se compruebe el uso indebido del casillero, podrá dejarse sin efecto la asignación que hubiera sido autorizada, sin derecho a reclamo alguno. Tal decisión será irrecurrible.

La Autoridad de Aplicación procederá a reasignar el uso del casillero a aquellos interesados que se encuentren en la lista de espera que a tal efecto publique en su sitio web. En tales supuestos, el usuario a quien se reasigne el servicio deberá efectuar el pago del abono en forma proporcional.

Denegatoria y Cancelación. Efectos

ARTÍCULO 6º. La Autoridad de Aplicación no dará curso a las solicitudes presentadas por aquellos profesionales o gestores administrativos que se encuentren inhabilitados para el desempeño de sus profesiones por parte de los respectivos Colegios o Consejos profesionales.

La detección con posterioridad de dicha circunstancia, habilitará al organismo recaudador a la cancelación del servicio, sin que corresponda derecho alguno al reintegro de los montos que hubieran sido oportunamente abonados.

Entrega de llaves. Auxiliar único autorizado

ARTÍCULO 7º. A fin de obtener la llave para el acceso al casillero y su copia, el profesional, gestor administrativo o ente interesado deberá exhibir el comprobante de pago del abono ante la oficina de la Autoridad de Aplicación habilitada al efecto.

Asimismo, en oportunidad de presentar el formulario de solicitud del servicio o con posterioridad, mediante la presentación de nota, los interesados podrán autorizar a un auxiliar único para el retiro de la documentación pertinente, siendo el profesional o el ente usuario responsables por la utilización de la casilla asignada.

Reclamos

ARTÍCULO 8º. Sólo se admitirán reclamos con relación al servicio, por parte del usuario designado o auxiliar autorizado, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haberse comunicado la disponibilidad de la documentación y detectarse la falta de entrega de la misma en el casillero correspondiente.

El reclamo se realizará mediante la presentación de nota en la Gerencia de Servicios de Atención Presencial de esta Autoridad de Aplicación.

La Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) representativas de la actividad farmacéutica alcanzadas por el convenio colectivo de trabajo 414/2005 han arribado a un nuevo acuerdo de recomposición salarial el 20 de abril de 2010.

Por el citado acuerdo las partes convienen una recomposición salarial no remunerativa consistente en un incremento equivalente al 26% calculado sobre los salarios del mes de marzo 2010.

El citado incremento no remunerativo tendrá vigencia a partir del mes de abril 2010 y será de otorgamiento escalonado según el siguiente cronograma:

• 17% a partir del 1 de abril de 2010;
• 9% a partir del 1 de agosto de 2010.

El acuerdo se encuentra pendiente de homologación.