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Tres posiciones en torno al debate por la ley de comunicación audiovisual

Ya concluida la primera etapa del debate sobre la ley de comunicación audiovisual (o el “primer round”, como preferirían quienes gustan de las metáforas beligerantes) puede señalarse la existencia de tres posiciones o tesis básicas expresadas en el desarrollo del debate. El objeto de estas líneas es caracterizar la estructura argumental de cada una.

A) Las tesis oficialistas

a1) La tesis fuerte

Sustentada por la bancada que representa al oficialismo, esta tesis puede sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley legítima, necesaria e impostergable.

La ley resulta legítima porque apunta a un fin consubstancial al sistema democrático: la democratización y el pluralismo de la información; tanto en lo concerniente a los ciudadanos receptores, que tendrían la posibilidad de escuchar voces diversas, como a los emisores, que contarían con mayor cantidad de canales de expresión.

Le ley resulta necesaria, porque resulta menester regular un mercado de medios de comunicación monopólico o cuasi-monopólico, con tendencia hacia una concentración creciente.

La ley resulta impostergable, porque no resulta admisible que un tema tan importante para la salud democrática todavía sea legislado por una arcaica ley sancionada por la dictadura hace 30 años.

a2) La tesis débil

Sustentada por algunos aliados históricos o circunstanciales del actual Gobierno que votaron de modo positivo, en esencia esta tesis presenta notables similitudes en cuanto a los fines respecto a la sustentada por el oficialismo, aunque presenta algunas diferencias en cuanto a aspecto puntuales.

Para sintetizar, digamos que para la presente postura el proyecto de ley tiene la virtud de proponer una solución razonable a un problema importante, y aunque pueda presentar algunas limitaciones, éstas son subsanables. En el peor de los casos, se argumenta que cualquier ley de la democracia resultará superadora de la actual vigente, sancionada por la dictadura.

B) La tesis radicalmente opositora

Sustentada por la bancada que se opone tanto al actual Gobierno como a la ley misma, la tesis puede sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley constitucionalmente cuestionable, fácticamente perniciosa y cuyo tratamiento acelerado resulta claramente inconveniente, inoportuno y ajeno a cualquier demanda perentoria de la sociedad o de alguna institución estatal o privada que no sea el Gobierno Nacional.

Según algún argumento esgrimido en el marco de esta tesis argumental, la ley podría hasta llegar a resultar anticonstitucional en la medida en que una ley sancionada por el Congreso Nacional que pretenda regular el denominado “mercado de la comunicación audiovisual” violaría el artículo artículo 32 de la Constitución que prescribe que: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Se argumenta también que –de sancionarse la mentada ley– en lugar de producir el efecto positivo esperado (Vg. democratizar la información pública vía desmonopolización de los actuales mutimedios concentrados) podría terminar produciendo lo contrario, esto es: una tendencia al pensamiento único determinada por la omnímoda vocación de intervencionismo gubernamental. Tal pernicioso escenario devendría de la implementación de una estrategia dual y convergente por parte del actual Gobierno: a) controlar, cooptar y/o eliminar a los medios opositores ejerciendo el poder de veto sobre las licencias y b) estimular la existencia de nuevos medios afines, sea a través de la política de subsidios o de la irrupción de nuevas empresas bajo la égida del capitalismo de amigos.

Aunque resulte obvio, cabe destacar que –para la presente tesis– la causa final de la ley no obedecería a ningún descubrimiento súbito y tardío, por parte del Gobierno, del valor de la libertad de expresión; sino a su necesidad imperiosa de controlar a la opinión pública para sobrevivir y perpetuarse en su proyecto de poder (con el aditamento de doblegar al Grupo Clarín, devenido en el archienemigo de turno dentro de esa dura “guerra” hacia la victoria final)

Ante tal estado de hechos, parece coherente sostener (como sostendría la presente tesis) que el carácter de urgencia que el oficialismo parece imprimir al tratamiento de la ley resulta incomprensible por dos razones: a) la importancia que le confiere al tema amerita un tratamiento más reflexivo que, lógicamente, demanda tiempo y b) no está claro el nivel de gravedad derivado de extender su tratamiento, por ejemplo, un par de semanas más.

C) Las tesis conciliadora

Sustentada por un heterogéneo grupo de legisladores que, en principio, serían opositores al Gobierno, pero que, sin embargo, consideran que el espíritu de la ley es positivo y/o perfectible; estas tesis pueden sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley compleja que tiene aspectos discutibles, pero también salvables.

El eventual origen espurio de la ley (i.e. el supuesto fin oficialista encubierto encaminado a doblegar al Grupo Clarín para dominar a los discursos opositores) no resulta sustantivo, en la medida en que las leyes valen por lo que efectivamente está escrito y no por las intenciones benévolas o aviesas de quienes originariamente las impulsaron (argumento sustentado por la Diputada Victoria Donda)

En similar línea argumental: el tratamiento de la ley es un fin en sí mismo y una buena oportunidad de superar a la arcaica y antidemocrática ley de la dictadura. En tal sentido, lo más relevante no es la existencia de un trasfondo de intereses cruzados entre monopolios mediáticos privados actuales y monopolios gubernamentales posibles; sino el poder de la ley para regular y equilibrar en el marco de esa tensión de intereses. El Diputado Eduardo Macaluse expresó con claridad dicha posición al referirse a la permanente tentación de control y dominio de los monopolios privados y de los aparatos gubernamentales con vocación de disponer la maquinaria estatal para auto preservarse; para finalizar sosteniendo que el sentido del Congreso Nacional, en tanto representante del pueblo, radica justamente en elaborar los marcos regulatorios adecuados (léase: legislando) para limitar aquellas tentaciones hegemónicas.

En consonancia con su filosofía subyacente, quienes sostuvieron esta tesis adoptaron un pragmatismo mayor al evidenciado por las posiciones más críticas al oficialismo (cuyos defensores se retiraron del recinto). Así, pudieron valorar positivamente las modificaciones concedidas por el oficialismo ante las críticas opositoras al texto original (veto a la presencia de las telefónicas, etc.)

Una síntesis que anticipa una polémica

Si hubiera que sintetizar cada de las posiciones analizadas en fórmulas simples (o simplificadas conforme al paradigma de quien escribe estas líneas) podría decirse que, hasta aquí, se enfrentaron tres teorías en el tratamiento de la ley de comunicación audiovisual:

1. La tesis oficialista del “pluralismo idílico”, que nos promete una especie de renacimiento cultural plasmado en un equilibrio armónico entre los actores mediales.

2. La tesis anti oficialista radical expresada en la sentencia de “salir de Guatemala para ingresar en Guatepeor”, en referencia a que la mentada ley de medios lejos de democratizar la información pública tendería a reducirla al pensamiento único del oficialismo de turno. 1

3. La tesis del “oportunismo optimizador inteligente”, que sostiene que aunque la ley diste de lo ideal, representa una buena ocasión para mejorar el estado de cosas existentes.

Para finalizar, señalaré que el énfasis de estas líneas se centró en describir antes que en valorar.

No obstante, si tuviera que comenzar a valorar me centraría en discutir si es que efectivamente hubo tres posiciones o tan sólo dos. En última instancia, se votó a favor o en contra (aún con la ausencia). Entonces, anticiparé el título del próximo artículo: “Realidades e ilusiones en las posiciones conciliadoras sobre el debate acerca de la ley de producción audiovisual: o cuando tres es igual a dos”

1Tal figura resulta subsidiaria de ópticas que intentan graficar la existencia del debate por la ley en el trasfondo de un conflicto entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín divisado desde una visión panorámica, que permite sintetizarlo en metáforas tales como “pelea entre Frankenstein y Drácula” ó, con ironía ácida “pelea entre un zombi y un moribundo (Mario Modován)”

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Una razón adicional para no hacer ciertos cambios en el gabinete, aún cuando fueran necesarios: análisis de una paradoja

Si fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario

Principio taoísta

Durante los últimos días se ha venido especulando en torno a la inminencia de relevar al controvertido Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Si el deseo de oxigenación del gabinete atribuido como genuina demanda de la sociedad fuera efectivamente cierto, entonces la Presidenta Cristina Kirchner haría bien en impulsar ese cambio.

Por supuesto, para que tal hecho se consume resultaría necesario que la Presidenta tenga la voluntad de hacerlo, cuestión que dista de ser clara.

Ahora bien, supóngase que efectivamente, dicha intención existiera. Para que se transforme en acto no debería ser incompatible con otras voluntades. Por ejemplo, con la voluntad de no ceder nunca a una presión, aún cuando coincida lo que uno está dispuesto a hacer. Y aquí es donde aparece el problema.

El psicólogo austríaco Paul Watzlawick, denominó prescripción paradójica a un tipo de instrucción cuyo cumplimiento resultaría imposible porque implicaría su negación (un ejemplo trivial –sugerido por Watzlawick- es la instrucción “tenés que ser espontáneo”, en la medida en que la esencia de la espontaneidad radica precisamente en un acto autónomo y no como respuesta a un mandato externo)

La prescripción paradójica ha sido utilizada (y quizás de modo abusivo) en la psicoterapia sistémica. Allí se tata de propiciar el cambio de una conducta o sentimiento prescribiendo justamente la imposibilidad de hacerlo (*)

Volviendo al tema objeto de este análisis, cuando todas las voces opositoras insisten en señalar sobre la necesidad imperiosa y urgente de relevar a Guillermo Moreno, dada las características de los destinatarios (léase Cristina y Néstor Kirchner), ¿no estarán realizando una prescripción paradójica inversa?

Supóngase, siguiendo con esta especulación, que lo descrito hasta aquí se correspondiera con la realidad ¿qué debería entonces hacer la oposición?

En tal caso, la oposición estaría encerrada en una paradoja: si insiste en reclamar la renuncia de Moreno, entonces ésta no se producirá; pero si permanece en silencio, entonces correría el riesgo de que tal falta de presión resulte funcional a la posible voluntad presidencial de mantener al funcionario en su cargo.

Finalmente, tal vez la gran paradoja sea que la realidad resulte más simple que cualquier interpretación paradojal. Tal vez lo más sabio, sea la sana prudencia de dejar pasar un tiempo razonable y esperar un resultado. Tal vez, en última instancia, quizás resulte más simple encuadrar el problema como uno de esos típicos caprichos, que –con algo de suerte–a veces caen por su propio peso.

(*) El Instituto de Palo Alto, en California, ha sido el que más se ha encargado de promulgar el uso de las técnicas paradójicas en psicoterapia (Brown & Slee, 1986). Por su parte, Shoham-Salomon y Rosenthal realizaron en 1987 un estudio donde expresan que la intervención paradójica en terapia familiar guarda relación con las técnicas de terapia conductual. Encontraron un impresionante número de reportes clínicos que aseguran la dramática manifestación y larga duración de la eficacia de la intervención que encara, elogia y prescribe el mismo problema conductual que el paciente espera cambiar. Como por ejemplo, el caso de un isomaniaco, el cual se encara para que trate de mantenerse despierto o una persona depresiva a la cual se le dice: “manténgase usted depresivo”, “su depresión demuestra el sacrificio enorme que hace para mantener su enfermedad”.

Fuente: Priscilla Valenzuela – Psykhê Centro de Investigaciones http://www.psykhe.org/logospsykhe/2005/051226a.htm

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La decisión de Julio Cobos y la salud institucional

La decisión del vicepresidente no sólo resguardó a La República, paradójicamente también podría resultar un shock de salud para un Gobierno que se venía deteriorando por sus propios errores

La dramática decisión tomada por el vicepresidente Julio Cobos esta madrugada semeja una bocanada de aire fresco en el marco de un clima asfixiante con rumores de aprietes y otras presiones non santas a senadores.

Tal como Cobos dijera en las palabras que precedieron a su voto, la historia juzgará su acto, aunque hoy no sepamos cómo.

No obstante, a juicio de quien escribe estas líneas y desde el humilde rincón histórico del hoy, se trató de una decisión valiente, sincera, sensata y sabia.

Había que ser valiente para disentir con uno de los gobiernos que mayor poder ha sabido acumular en la Argentina de los últimos años.

Conforme a mi percepción, Cobos expresó en su discurso un nivel de transparencia y sinceridad claramente contrastante con lo que estamos acostumbrados a ver en otros políticos.

La decisión tomada fue, además, sensata, ya que era la única y –quizás última- posibilidad de poner luz para la resolución de un conflicto inédito que viene desgastando al país y dividiendo a la sociedad.

Por último, se trató de una decisión sabia, en la medida en que pudo sobrevolar por encima de un “beneficio” inmediato para el Gobierno (que más temprano que tarde habría agravado el conflicto), en pos de un bien de mayor alcance en el futuro.

El gesto de Cobos fue la puesta en acto de la ley, sobre la desmesura de un poder desquiciado por un error de origen, derivado y perpetuado en un capricho incomprensible.

Por eso, al margen de cómo se desarrolle la historia, con sus marchas, contramarchas y misterios inescrutables; lo cierto es que hoy parece que la decisión del Vicepresidente Julio Cobos no sólo inyectó salud a La República, sino –y paradójicamente­– a un Gobierno que se venía debilitando día a día por un daño incomprensiblemente autoinfligido.

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La decisión de Julio Cobos y la salud institucional

La decisión del vicepresidente no sólo resguardó a La República, paradójicamente también podría resultar un shock de salud para un Gobierno que se venía deteriorando por sus propios errores

La dramática decisión tomada por el vicepresidente Julio Cobos esta madrugada semeja una bocanada de aire fresco en el marco de un clima asfixiante con rumores de aprietes y otras presiones non santas a senadores.

Tal cómo Cobos dijera en las palabras que precedieron a su voto, la historia juzgará su acto, aunque hoy no sepamos cómo.

No obstante, a juicio de quien escribe estas líneas y desde el humilde rincón histórico del hoy, se trató de una decisión valiente, sincera, sensata y sabia.

Había que ser valiente para disentir con uno de los gobiernos que mayor poder ha sabido acumular en la Argentina de los últimos años.

Conforme a mi percepción, Cobos expresó en su discurso un nivel de transparencia y sinceridad claramente contrastante con lo que estamos acostumbrados a ver en otros políticos.

La decisión tomada fue, además, sensata, ya que era la única y –quizás última- posibilidad de poner luz para la resolución de un conflicto inédito que viene desgastando al país y dividiendo a la sociedad.

Por último, se trató de una decisión sabia, en la medida en que pudo sobrevolar por encima de un “beneficio” inmediato para el Gobierno (que más temprano que tarde habría agravado el conflicto), en pos de un bien de mayor alcance en el futuro.

El gesto de Cobos fue la puesta en acto de la ley, sobre la desmesura de un poder desquiciado por un error de origen, derivado y perpetuado en un capricho incomprensible.

Por eso, al margen de cómo se desarrolle la historia, con sus marchas, contramarchas y misterios inescrutables; lo cierto es que hoy parece que la decisión del Vicepresidente Julio Cobos no sólo inyectó salud a La República, sino –y paradójicamente­– a un Gobierno que se venía debilitando día a día por un daño incomprensiblemente autoinfligido.

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La parodia de un debate inmune a los argumentos

Son las 20.30 hs del martes 16 de julio.

Mientras adentro del recinto los senadores están “debatiendo”, en varias publicaciones on line se barajan probables resultados: 37 a favor del Gobierno, 35 para la oposición.

Lo curioso es que tales anticipos, si bien tienen una pequeña cuota de incertidumbre, parecieran estar fundados en las propias declaraciones de los mismos que están debatiendo.

Surge entonces la pregunta simple que formularía cualquier ciudadano desde el más elemental sentido común: ¿Si ya saben que es lo que van a votar, al punto de poder afirmarlo casi públicamente, entonces para qué debaten?

Si cada pieza discursiva resulta ineficaz para torcer una decisión ya consumada y cantada, ¿servirá entonces sólo a los efectos de ofrecer las razones de un voto, antes que resultar un insumo básico para tomar tomar una decisión más racional y reflexiva?

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