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La espiral que horada la credibilidad pública: análisis de una paradoja a propósito del confuso episodio en que agentes de la AFIP irrumpieron en la sede del diario Clarín

“Si tienes miedo de quien te protege, quien podrá protegerte de ese temor”. Koan Zen “Si lo que creo que veo es distinto de lo que tendría que ver, no me estaré volviendo loco”. Reflexión de un paciente al borde de ingresar en un estado de extrañamiento ante la realidad.


En el imaginario popular -en parte nutrido por la cinematografía y por la literatura- uno de los modos posibles de enloquecer a una persona radica en hacerlo dudar de aquellos aspectos de la realidad que son experimentados como evidentes.

La versión más siniestra de tal enajenación sucede cuando el victimario es una persona de máxima confianza para la víctima. En tal caso, no se trataría de sólo un mal sino de dos: no se puede creer en la irrealidad de lo evidente, pero tampoco se puede creer en la evidencia de que quien debería protegernos es justamente quien desea enloquecernos.

Más allá de la gran porción interpretativa y subjetiva que tiñe la existencia humana, lo cierto es que necesitamos la verdad de la realidad tanto como el oxigeno mismo. Y tal hambre de realidad es naturalmente extensible a nuestra realidad social y política.

Por cierto, en estos ámbitos tal generalización asuma características distintas, quizás menos dramáticas. Al fin y al cabo (y por suerte) los vínculos que los ciudadanos establecen con quienes los representan en el marco del sistema socio-político resultan nítidamente más alejados que los lazos que los ligan con sus familiares y grupos primarios.

Sin embargo, el ciudadano necesita creer. Y cuando el ciudadano descree, la sociedad se enferma. Lo cual no es sólo una metáfora.

Luego de la extensa introducción voy a al núcleo de este artículo:

No está aquí en discusión si el denominado proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual es o no un buen proyecto.

Tampoco se trata de analizar el carácter y grado de reales o posibles monopolios multimediales. Y, menos, si la ley impulsada por el oficialismo generará mayor o menor democracia en el universo de los medios de comunicación e información.

En cambio, sí se trata de señalar que la irrupción intempestiva de un grupo de agentes de AFIP en la sede del Grupo Clarín, acompañada del posterior deslinde de responsabilidades por parte del Director de ese organismo y rematada por la elocuente frase del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández quien expresó que “(el operativo realizado por la AFIP en empresas del Grupo Clarín) fue una operación política para perjudicar al Gobierno”; representan un caso ejemplar de cómo un Gobierno horada la fe pública de los ciudadanos a los que debería representar.

Porque, insisto, más allá del trasfondo complejo de intereses ideológicos y económicos involucrados en el referido proyecto de ley, lo cierto es que una vez más el Gobierno pretende burlarse de la inteligencia y buena fe de lo ciudadanía, cuando pone en marcha parte del aparato estatal para hacer lo que evidentemente se hizo (enviar subrepticiamente una comitiva de agentes a inspeccionar a una empresa de multimedios), para luego negar haber tenido participación alguna y para, finalmente, instalar un manto de sospecha sobre el verdadero artífice del operativo.

Para concluir, tal como prescribiría el más elemental manual de maquiavelismo político, para engañar en serio hay que saber manejar el valor de la sutiliza. Esta vez, el burdo accionar del Gobierno puso al desnudo su carencia de dicho valor.


Lic. Federico González – Director del programa de Actualización en Psicología y Opinión Pública, Secretaría de Posgrado, Universidad de Buenos Aires

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Tres posiciones en torno al debate por la ley de comunicación audiovisual

Ya concluida la primera etapa del debate sobre la ley de comunicación audiovisual (o el “primer round”, como preferirían quienes gustan de las metáforas beligerantes) puede señalarse la existencia de tres posiciones o tesis básicas expresadas en el desarrollo del debate. El objeto de estas líneas es caracterizar la estructura argumental de cada una.

A) Las tesis oficialistas

a1) La tesis fuerte

Sustentada por la bancada que representa al oficialismo, esta tesis puede sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley legítima, necesaria e impostergable.

La ley resulta legítima porque apunta a un fin consubstancial al sistema democrático: la democratización y el pluralismo de la información; tanto en lo concerniente a los ciudadanos receptores, que tendrían la posibilidad de escuchar voces diversas, como a los emisores, que contarían con mayor cantidad de canales de expresión.

Le ley resulta necesaria, porque resulta menester regular un mercado de medios de comunicación monopólico o cuasi-monopólico, con tendencia hacia una concentración creciente.

La ley resulta impostergable, porque no resulta admisible que un tema tan importante para la salud democrática todavía sea legislado por una arcaica ley sancionada por la dictadura hace 30 años.

a2) La tesis débil

Sustentada por algunos aliados históricos o circunstanciales del actual Gobierno que votaron de modo positivo, en esencia esta tesis presenta notables similitudes en cuanto a los fines respecto a la sustentada por el oficialismo, aunque presenta algunas diferencias en cuanto a aspecto puntuales.

Para sintetizar, digamos que para la presente postura el proyecto de ley tiene la virtud de proponer una solución razonable a un problema importante, y aunque pueda presentar algunas limitaciones, éstas son subsanables. En el peor de los casos, se argumenta que cualquier ley de la democracia resultará superadora de la actual vigente, sancionada por la dictadura.

B) La tesis radicalmente opositora

Sustentada por la bancada que se opone tanto al actual Gobierno como a la ley misma, la tesis puede sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley constitucionalmente cuestionable, fácticamente perniciosa y cuyo tratamiento acelerado resulta claramente inconveniente, inoportuno y ajeno a cualquier demanda perentoria de la sociedad o de alguna institución estatal o privada que no sea el Gobierno Nacional.

Según algún argumento esgrimido en el marco de esta tesis argumental, la ley podría hasta llegar a resultar anticonstitucional en la medida en que una ley sancionada por el Congreso Nacional que pretenda regular el denominado “mercado de la comunicación audiovisual” violaría el artículo artículo 32 de la Constitución que prescribe que: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Se argumenta también que –de sancionarse la mentada ley– en lugar de producir el efecto positivo esperado (Vg. democratizar la información pública vía desmonopolización de los actuales mutimedios concentrados) podría terminar produciendo lo contrario, esto es: una tendencia al pensamiento único determinada por la omnímoda vocación de intervencionismo gubernamental. Tal pernicioso escenario devendría de la implementación de una estrategia dual y convergente por parte del actual Gobierno: a) controlar, cooptar y/o eliminar a los medios opositores ejerciendo el poder de veto sobre las licencias y b) estimular la existencia de nuevos medios afines, sea a través de la política de subsidios o de la irrupción de nuevas empresas bajo la égida del capitalismo de amigos.

Aunque resulte obvio, cabe destacar que –para la presente tesis– la causa final de la ley no obedecería a ningún descubrimiento súbito y tardío, por parte del Gobierno, del valor de la libertad de expresión; sino a su necesidad imperiosa de controlar a la opinión pública para sobrevivir y perpetuarse en su proyecto de poder (con el aditamento de doblegar al Grupo Clarín, devenido en el archienemigo de turno dentro de esa dura “guerra” hacia la victoria final)

Ante tal estado de hechos, parece coherente sostener (como sostendría la presente tesis) que el carácter de urgencia que el oficialismo parece imprimir al tratamiento de la ley resulta incomprensible por dos razones: a) la importancia que le confiere al tema amerita un tratamiento más reflexivo que, lógicamente, demanda tiempo y b) no está claro el nivel de gravedad derivado de extender su tratamiento, por ejemplo, un par de semanas más.

C) Las tesis conciliadora

Sustentada por un heterogéneo grupo de legisladores que, en principio, serían opositores al Gobierno, pero que, sin embargo, consideran que el espíritu de la ley es positivo y/o perfectible; estas tesis pueden sintetizarse así:

El proyecto trata sobre una la ley compleja que tiene aspectos discutibles, pero también salvables.

El eventual origen espurio de la ley (i.e. el supuesto fin oficialista encubierto encaminado a doblegar al Grupo Clarín para dominar a los discursos opositores) no resulta sustantivo, en la medida en que las leyes valen por lo que efectivamente está escrito y no por las intenciones benévolas o aviesas de quienes originariamente las impulsaron (argumento sustentado por la Diputada Victoria Donda)

En similar línea argumental: el tratamiento de la ley es un fin en sí mismo y una buena oportunidad de superar a la arcaica y antidemocrática ley de la dictadura. En tal sentido, lo más relevante no es la existencia de un trasfondo de intereses cruzados entre monopolios mediáticos privados actuales y monopolios gubernamentales posibles; sino el poder de la ley para regular y equilibrar en el marco de esa tensión de intereses. El Diputado Eduardo Macaluse expresó con claridad dicha posición al referirse a la permanente tentación de control y dominio de los monopolios privados y de los aparatos gubernamentales con vocación de disponer la maquinaria estatal para auto preservarse; para finalizar sosteniendo que el sentido del Congreso Nacional, en tanto representante del pueblo, radica justamente en elaborar los marcos regulatorios adecuados (léase: legislando) para limitar aquellas tentaciones hegemónicas.

En consonancia con su filosofía subyacente, quienes sostuvieron esta tesis adoptaron un pragmatismo mayor al evidenciado por las posiciones más críticas al oficialismo (cuyos defensores se retiraron del recinto). Así, pudieron valorar positivamente las modificaciones concedidas por el oficialismo ante las críticas opositoras al texto original (veto a la presencia de las telefónicas, etc.)

Una síntesis que anticipa una polémica

Si hubiera que sintetizar cada de las posiciones analizadas en fórmulas simples (o simplificadas conforme al paradigma de quien escribe estas líneas) podría decirse que, hasta aquí, se enfrentaron tres teorías en el tratamiento de la ley de comunicación audiovisual:

1. La tesis oficialista del “pluralismo idílico”, que nos promete una especie de renacimiento cultural plasmado en un equilibrio armónico entre los actores mediales.

2. La tesis anti oficialista radical expresada en la sentencia de “salir de Guatemala para ingresar en Guatepeor”, en referencia a que la mentada ley de medios lejos de democratizar la información pública tendería a reducirla al pensamiento único del oficialismo de turno. 1

3. La tesis del “oportunismo optimizador inteligente”, que sostiene que aunque la ley diste de lo ideal, representa una buena ocasión para mejorar el estado de cosas existentes.

Para finalizar, señalaré que el énfasis de estas líneas se centró en describir antes que en valorar.

No obstante, si tuviera que comenzar a valorar me centraría en discutir si es que efectivamente hubo tres posiciones o tan sólo dos. En última instancia, se votó a favor o en contra (aún con la ausencia). Entonces, anticiparé el título del próximo artículo: “Realidades e ilusiones en las posiciones conciliadoras sobre el debate acerca de la ley de producción audiovisual: o cuando tres es igual a dos”

1Tal figura resulta subsidiaria de ópticas que intentan graficar la existencia del debate por la ley en el trasfondo de un conflicto entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín divisado desde una visión panorámica, que permite sintetizarlo en metáforas tales como “pelea entre Frankenstein y Drácula” ó, con ironía ácida “pelea entre un zombi y un moribundo (Mario Modován)”

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