Discriminación e inclusión escolar

NO HUBO DISCRIMINACION: La Justicia rechazó demanda por discriminación interpuesta por los padres de una niña con Síndrome de Down contra el CPE (y AMSE ESTACION LIMAY).
(*) ANDREA FADELLI, Abogada de AMSE ESTACION LIMAY.
COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. MARCELO ANTONIO ANGRIMAN EN EL DIARIO RIO NEGRO.
SENTENCIA Nº 1179-SC.
Discriminación e inclusión escolar
Hay palabras cargadas de un alto componente emotivo. Una de ellas es “discriminación”. Su utilización genera una predisposición favorable –casi intuitiva– para con la víctima del supuesto trato.
El término hoy se utiliza recurrentemente y día a día nos informamos acerca de casos teñidos de un barniz discriminatorio. Mas las atendibles percepciones individuales de un hecho disvalioso no siempre se traducen en discriminaciones jurídicamente relevantes.
Por ello es importante discernir concretamente cuándo hay para el derecho discriminación y cuándo no.
La definición de “discriminación” en su acepción legal es la de “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera” (Diccionario de la Lengua Española Larousse, página 226). Implica por sí un tratamiento despectivo o peyorativo.
El principio fundamental de igualdad de trato obliga a conceder las mismas ventajas a todos los que estén en iguales condiciones, a menos que se pueda justificar objetivamente su denegación. Siempre que exista una razón justificada, fundada y atendible que impida una decisión arbitraria, será erróneo hablar de discriminación.
La discriminación lleva ínsita la arbitrariedad. Ésta ha sido calificada del “acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes dictado sólo por la voluntad o el capricho”. (Diccionario de la Real Academia Española, página 111 de la 19ª edición. 1970. Espasa Calpe SA)
Existirá arbitrariedad cuando no se pueda fundamentar razonablemente una medida que aparezca como segregatoria. La Suprema Corte de Estados Unidos ha sostenido que la justificación debe ser genuina, no hipotética o inventada, post hoc en respuesta al litigio.
Por su parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, al interpretar el artículo 16 de nuestra carta magna, que “La igualdad ante la ley significa que no se deben conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se otorga a otros en igualdad de condiciones”. (Fallos 198:112)
Un avance en orden a entender en un caso concreto cuándo existe discriminación o no la ha dado el fallo dictado el 27/9/10 –por ende, no firme– en autos “Fabi José María y otra c/provincia de Río Negro s/contencioso administrativo” (Expte. Nº 1179-SC). En él, la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti, por unanimidad, rechaza la demanda contencioso administrativa iniciada por los padres de una menor contra el CPE de Río Negro (citando como tercero a la AMSE Estación Limay) a los fines de que se revoque el subsidio que se le acuerda a un colegio público de gestión privada y se disponga el cese de los aportes o cooperación económica que percibe dicho establecimiento educativo por todo concepto.
Fundaron su requerimiento en hechos de supuesta discriminación, desinterés y exclusión por parte de la institución escolar hacia su hija menor con síndrome de Down.
La sentencia remarca que existe en esta demanda un error propositivo grave: “Se pretende que la existencia de un hecho de discriminación pruebe la existencia de una política de discriminación que lleva a la cancelación de un subsidio que el Estado otorga con fines generales y que como tal expande beneficios a un colectivo que se vería así privado de los mismos. Y esos beneficios, no es un dato menor, son oportunidades de acceso a la educación para cientos de niños y adolescentes”.
Luego avanza sobre los hechos debatidos concluyendo que “No existió discriminación por parte del Establecimiento, ni del personal docente, ni del personal técnico de la escuela respecto de la niña ni del ETAP. Existieron sí diferencias de enfoque, que quedaron de manifiesto en la audiencia de prueba, entre el equipo de asistencia terapéutica y el pedagógico… pero en modo alguno ello implica la existencia de discriminación”.
Para ejemplificar cita una situación puntual que fue planteada como discriminatoria en la demanda y que según la cámara permite concluir que “la llamada discriminación no es más que su discrepancia con los métodos pedagógicos de la escuela y más concretamente de la docente a cargo”.
La misma consistió en la aparición de una raya que correspondía a la hija de los demandantes en el boletín donde cada niño que egresaba de jardín ponía su nombre. Ello fue interpretado en el reclamo como una negación de la existencia de la menor.
Para la cámara “el reproche de discriminación para con este acto se revela notoriamente erróneo y consiste en una imputación injusta. (…) la niña (…) firmó tal como ella había aprendido a hacerlo y esto está fuera de toda duda. ¿Por qué el hecho de que su firma no supusiera el ‘dibujo’ tentativo del nombre constituiría un desmedro y por ende un acto de discriminación? Es un error grave, no se espera que los niños en esta etapa escriban y, además (lo que es más grave), ni en ésa ni en ninguna otra edad la firma tiene que ser la reproducción del nombre”. En tanto, la maestra consignó: “Que la lectura que yo hago es que escribió su nombre y que en ese momento lo escribió tal vez para ella. O sea, ella en la lectura de ese papel encontraba su nombre…”. “Nuevamente: podrá discutirse desde el punto de vista psicológico y psicopedagógico cuál hubiera sido la mejor estrategia a seguir en esa instancia, pero el hecho para nada revela propósito discriminador, antes bien todo lo contrario”.
Del mismo modo, con anterioridad se habían expedido la Defensoría del Pueblo y el Inadi, descartando la hipótesis discriminatoria.
Tampoco resoluciones como la expuesta implican suponer que todo se relativiza y que nada es discriminatorio. La misma cámara –con diferente integración– en autos Martínez Pedro y otros c/YPF SA s/ordinario s/apelación, Expte. 829 del 12/5/08, condenó por discriminación a la petrolera por haber confeccionado y utilizado listas de exclusión –o “listas negras”– destinadas a privarles el acceso al trabajo a ex operarios de empresas contratistas que en alguna oportunidad hubieran reclamado solidariamente contra la demandada.
En dicha oportunidad, con todo énfasis sostuvo que “la práctica intentada instaurar en la especie por algunos agentes de YPF SA reproduce una de las peores prácticas antisociales, esto es: aquella conducta que, por encima de toda legalidad pero bajo la apariencia de ella, busca amedrentar todo intento de reclamo de derecho, conduciendo a personas, grupos, sectores, a comunidades enteras incluso, a un silencio obligado por el temor. Es la orden del poder contra la palabra de la ley”.
Volviendo al caso escolar citado, la cámara entendió que sí pudo haber discriminación cuando en un principio la institución no aceptó la incorporación de la menor, situación que luego fue superada cuando se revisó dicha postura y la alumna ingresó a la escuela en la que permaneció como alumna por espacio de tres años.
Indudablemente queda mucho camino por recorrer. Muchas veces las escuelas responden de modo ineficiente más por desconocimiento o por verse superadas ante los cambios vertiginosos que deben afrontar a diario que por una intencionalidad segregatoria.
La escuela inclusiva es un fin pretendido por la mayoría de las personas de buena voluntad. Mas, para acceder a ella y que tal propósito no se convierta en una quimera vacía de contenido, hace falta una política estructural con presupuesto, adaptación edilicia, capacitación docente y equipos interdisciplinarios.
Mientras ello no suceda, todo quedará reducido a un mero voluntarismo y la inclusión escolar, lejos de ser una realidad, será simplemente un eslogan de campaña.
(*) Abogado. Profesor nacional de Educación Física. marceloangriman@ciudad.com.ar
MARCELO Antonio Angriman (*)
 

Escribí tu comentario