Las estadísticas quedan en un papel, frías y sin seres humanos que puedan patearlas.

Las estadísticas informan que no todas las sentencias se ejecutan, porque faltan recursos, voluntad y remos…

Los abogados remamos para presentar un reclamo, tramitarlo, lograr la deseada sentencia, y especialmente, sacarla del marco y sea palpable para aquel que recurrió a nosotros, luego de un derrotero, seguramente desigual.

En esta línea, días atrás en Clarin leímos que:

Cada vez hay más sentencias judiciales que no se cumplen

Gerardo Young.
gyoung@clarin.com

El aumento retroactivo a más de cien mil jubilados, la construcción de rampas para discapacitados en las estaciones de trenes, la atención al público personalizada en las empresas telefónicas, hasta la creación de un hogar de tránsito para los chicos de la calle en La Plata. Más que buenos deseos, son sentencias obligatorias que ha dictaminado la Justicia y que no se cumplen.

Las desobediencias provienen del Congreso, del Gobierno nacional o de los provinciales, y de grandes empresas privadas. ¿Es una cultura de la desobediencia? ¿Casos puntuales de una natural puja de poderes? ¿La desidia del Poder Judicial para hacer cumplir lo que ordena? ¿La falta de tapujos de los otros poderes?

Se pueden buscar y encontrar estos factores y más, según los casos, pero las evidencias sobran y todos los actores de la Justicia sostienen que han aumentado en los últimos años. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado, es capaz de imponer sus fallos. Está a la vista el Caso Badaro, con el que la Corte exhortó al Congreso y al Gobierno nacional a darle a las jubilaciones una movilidad acorde a la inflación (Ver Casos). Pero el Congreso lleva dos años y 9 meses sin cumplir con su parte -una ley que autorice el pago retroactivo de la movilidad- y eso genera, entre otras cosas, una avalancha de juicios que tiene saturados a los juzgados de previsión social. Ya se amontonan 170 mil causas en el fuero de previsión social y se estima que más de la mitad son culpa de la falta de la legislación.

¿Qué puede hacer la Corte? Inistir, como ya ha hecho, y eventualmente imponer multas, algo que de todos modos es impracticable para una rebeldía tan general como la del Congreso. “Es un caso emblemático, porque es la primera vez en el derecho previsional que se exhorta a los otros poderes del Estado”, cuenta Graciela Stasevich, la abogada de Badaro.

¿Es habitual que no se haga caso a un fallo de la Corte? Por cierto que no, pero en la propia Corte explican que esto es parte de “un proceso de aprendizaje democrático”, según dijo a Clarín uno de los secretarios del Tribunal. Ocurre que muchas de las rebeldías o desobediencias son en respuesta a los llamados “reclamos colectivos”, una de las herramientas más novedosas de acceso a la Justicia, que esta Corte ha legitimado e impulsado. Los reclamos colectivos suponen que la Justicia, además de resolver sobre casos específicos -la famosa casuística- también puede fallar en favor de grupos de personas que han sido afectadas por un mismo problema. Es el caso, por ejemplo, de los cientos de miles de personas que están siendo contaminadas por el Riachuelo. La Corte exigió al Estado que haga un plan cierto e integral para limpiarlo. En teoría, y con dificultades, esa orden sí se está cumpliendo.

Pero no sólo el Estado desobedece, también lo hacen las empresas privadas, especialmente las de servicios públicos. Clarín detectó al menos tres sentencias firmes en favor de usuarios que aún no se han cumplido. La más notoria, una que obliga a la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) a instalar rampas para discapacitados en sus estaciones. La demanda, patrocinada por el CELS, calcula que la obra supone una inversión de unos 4 millones de pesos. Pero la empresa se niega a cumplirla a pesar de que el fallo está firme desde diciembre de 2000. ¿Qué hacer? La jueza del caso, Claudia Rodríguez Vidal, impuso multas a TBA de 10 mil pesos por cada día de incumplimiento. Esas multas ya ascienden a los 16 millones de pesos, mucho más que la inversión presupuestada en un inicio. ¿Por qué no lo pagan? “Hay una cultura de la desobediencia, pero también incapacidad de la Justicia para ejecutar sus fallos. Y entonces, del otro lado no hay miedo”, dice Diego Morales, abogado del CELS. El vocero de TBA, Gustavo Gago, dio la siguiente explicación: “La empresa no puede disponer obras, ya que sólo administra las líneas. Tiene que disponerlo la CNRT (Comisión de Regulación del Transporte), pero nunca lo hizo”. “Pero hay un fallo judicial”, insistió Clarín. “Bueno, igual”

Algo parecido ocurre con dos fallos contra empresas telefónicas. Uno exige que las companías atiendan a sus clientes en persona y no a través de líneas telefónicas, como ocurre hoy en buena parte del país. Otro, confirmado por la Corte en diciembre de 2007, exigió a Movistar la devolución de 18 millones de pesos a sus usuarios en compensación por haber cobrado, durante 6 meses de 2001, dos conceptos que no eran válidos. “Ocurre que los abogados de las empresas tienen órdenes de no cumplir con los fallos y resistir todo lo posible”, explica Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Consultados por Clarín, en la empresa dijeron que la plata será devuelta en su totalidad pero que “es de difícil instrumentación”.

¿Qué hacer con un actor del Estado o privado que se niega a las órdenes de la Justicia? En los pleitos privados, las desobediencias se resuelven con cierta premura, ya que los jueces tienen facultades, y las usan, para embargar cuentas bancarias, bienes o incluso rematar propiedades. ¿Se puede, en los asuntos públicos, embargar los fondos de una empresa de servicios? Sí, pero hasta ahora ningún juez lo ha hecho. ¿Y se puede embargar el sueldo de un funcionario? También y hasta la propia Corte maneja ese recurso como una opción potable. Cuando en el caso Riachuelo dispuso que los Estados nacional, provincial y porteño debían responder a los reclamos de los vecinos contaminados, le encomendó la supervisión de las obras al juez federal de Quilmes, Luis Armella. Y le dijo: en caso de que no le obedezcan, recuerde que puede aplicar multas.

El juez Armella todavía no impuso sanciones, pero otros lo han intentado y lo intentan. En Junín, en 2007, la sanción a las empresas de expendio de combustible logró frenar el cobro ilegal de “servicios de playa”. En La Plata, hace tres semanas, el juez Luis Arias le puso al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, una multa de 800 pesos diarios. ¿Por qué? Porque Arroyo desobedeció un fallo de Arias, donde el juez le exigía al Ministerio la creación de un parador para los chicos de la calle en La Plata. El viernes Clarín habló con Arroyo y se encontró con esta respuesta: “Acabo de firmar la resolución para crear el parador. Ocurre que yo no estoy de acuerdo con los paradores, porque creo que institucionalizan a los chicos. Los jueces pueden marcarnos las cosas que están mal, pero nosotros debemos resolver cómo hacerlo”

¿Existen fallos imposibles de cumplir? Al menos, los hay más difíciles. La Corte ha ordenado, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los presos de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires. Su cumplimiento es opinable o de mínima, difícil de resolver en plazos cortos. Un secretrario de la Corte lo explicó así: “Hay dos tipos de sentencia. Las de cumplimiento concreto y las de cumplimiento difuso, justamente porque contienen enunciados generales.” Como en cualquier ámbito del poder, también aquí es importante dar órdenes que se puedan cumplir. Son las que no merecen cuestionamientos y necesitan decisión para que se cumplan”.

Y frente a ello, terminamos mumurando que la Justicia para muchos invisibles… no existe…

Laura Chappe

Abogada