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Aguafuertes ambientales: ciudades riesgosas, un engendro que se vuelve progresivamente cada vez más agresivo.

“Las ciudades no son solamente escenarios de tragedia social, son también el ámbito en que se juega nuestra propia vida”. Wally N’Dow, titular de Habitat II.

Históricamente las ciudades se erigieron como abrigo y refugio de los primigenios grupos humanos, los que por temor a ataques de animales feroces y de otros pueblos, se agruparon en un lugar determinado, estableciendo mecanismos de defensa y normas de convivencia.

Este proceso iniciado hacia fines del neolítico, con la aparición de la agricultura, que en lo social, produjo que los pueblos mudaran de nómades a sedentarios, se fue consolidando a través de siglos; pasando por las ciudades-estados, sus distintas variantes y matices, hasta llegar a nuestra época.

Todo este devenir permitió un relativo avance de la humanidad hacia mejores condiciones de vida, pero en las últimas décadas, producto del aumento demográfico, la falta de planificación, las migraciones sociales, el crecimiento desordenado y sin control y la desigual distribución de la riqueza, se generó el fenómeno de las megalópolis y sus impactos negativos sobre la calidad de vida.

En esta realidad el hacinamiento, la obsolescencia o falta de servicios, la ausencia de espacios verdes, la imposibilidad de obtener un trabajo digno, el irracional uso del suelo, el consumo insustentable y su consecuencia la basura, las distintas formas de contaminación y la violencia, están transformando a los conglomerados urbanos, en verdaderas bombas de retardo, las que más tarde o temprano pueden estallar.

Hoy el Planeta tiene 7.000 millones de habitantes, con todo lo que ello significa desde el punto de vista de la provisión de los recursos necesarios para la subsistencia digna de todos.

En promedio, el 50% de la población vive en ciudades, pero si lo comparamos con lo que ocurre en América Latina y el Caribe, los porcentajes se incrementan al 80%.

En el caso de Argentina se supera todo lo tolerable, ya que más del 90% de sus habitantes residen en unas pocas urbes, mientras el resto del país despoblado, queda en manos de unas pocas corporaciones agrícolas, mineras y forestales que imponen sus propias reglas.

La magnitud de esta concentración, ha transformado a las ciudades en verdaderos agujeros negros devoradores de alimentos, energía y recursos de todo tipo.

Según la ONU, las urbes sólo ocupan el 2% de la superficie total del planeta, pero son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadores del cambio climático, provocando burbujas de calor que incrementan entre 2ºC y 6ºC las temperaturas, con un mayor consumo de energía para refrigeración.

Pese a ello, rara vez los citadinos nos hacemos cargo de nuestros actos y responsabilidades, culpando por lo general de todos los males planetarios, a procesos, causas, cosas o entidades extra urbanas.

Los gobiernos locales en sintonía con la anomia general, contribuyeron a la profundización de los problemas y sobre todo a la agudización de las desigualdades entre barrios: algunos que tienen todo y más, y otros que carecen de casi todo.

En esta dirección es revelador el informe “Geo Argentina 2004″ que analiza la situación ambiental y expresa: “La gestión urbanística de nuestras ciudades sufrió dificultades derivadas de la casi inexistente planificación de mediano y largo plazo y del recorte de las funciones estatales“.

Se observa que las normas urbanas terminaron por aplicarse solo a la clase media ya que “El mercado solía eludir o manipular el control normativo en la producción de hábitat para los sectores socioeconómicos altos, en tanto los sectores bajos no podían cumplimentarlo por su incapacidad económica”; el resultado “la baja calidad ambiental de grandes sectores urbanos” y “la inexistencia o mínima provisión de servicios”.

Lewis Mumford, en el libro La Carretera y la Ciudad, bien lo expresa: “Por desgracia hay enormes intereses creados para hacer de la naturaleza un infierno, y se gana muy poco dinero –en realidad nada- con dejar las cosas tal como están. De manera que es fácil ver cuál será el lado que pierda en un país dominado por el concepto venal de una economía siempre en expansión. La destrucción de la vecindad y la mala construcción puede ser organizada con fines de lucro”.

Con estos paradigmas no es de extrañar que los espacios verdes se reduzcan a su mínima expresión, que la apropiación de lo público por parte de empresas, audaces y “emprendedores”, sea una constante, en desmedro del conjunto.

Pero dejando de lado la dimensión política o institucional del tema, quiero mencionar dos problemas de magnitud, que debemos afrontar a diario los ciudadanos de a pié y que repercuten sobre nuestra salud.

En primer lugar, estos conglomerados son fuentes permanentes de emisión de ruidos de distinto nivel y calibre, los que repercuten con mayor o menor incidencia y nos hacen la vida menos placentera.

No es casual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), haya catalogado al ruido como una de las mayores plagas de la vida moderna y diferentes estudios demuestren que un alto nivel del mismo, nos exponen a un aumento de más del 15% de riesgo de hipertensión arterial, pudiendo llegar a que padezcamos accidentes cerebrovasculares.

Por su parte la contaminación del aire, a través de humos, gases y partículas en suspensión, provocadas por la congestión vehicular, quema de basura y establecimientos industriales, entre otras fuentes emisoras, disminuyen la calidad del mismo y pueden causar distintas y peligrosas afecciones, respiratorias y cardiovasculares.

En los últimos años se han incrementado las campañas en contra del malsano hábito de fumar, y está bien que así sea, pero lo que no se dice, es que caminar media hora en un micro centro atestado de automotores, es equivalente a fumar entre 15 y 40 cigarrillos por día.

Para esto no hay campañas, debido a que los automóviles integran uno de los paradigmas consumistas de la modernidad y aportan recursos a los municipios.

Además nos obligan a inhalar millones de partículas de asbesto (amianto) prohibido en casi todo el mundo, que se desprende de los discos de embrague y pastillas de frenos, elemento que se utiliza en su elaboración y que se desgrana por el uso. Para esto tampoco existe el paren de fumigarnos.

A partir de lo señalado y de otras cuestiones, como la violencia, la contaminación electromagnética, etc., hemos pasado de un ámbito milenario de abrigo de vida, a un engendro que se vuelve progresivamente cada vez más agresivo para la misma y la calidad de ella.

En dicho contexto, todas las calamidades se potencian y el consumismo irracional imperante, agrega su cuota de incertidumbre sobre el futuro de todos nosotros.

Acceder al agua, una odisea para 5 millones de argentinos.

En el país de los recursos naturales inabarcables, más de cinco millones de personas se enfrentan cada día a problemas para conseguir agua potable. Palean, diseñan sistemas de distribución y hasta caminan para saciar sus necesidades mínimas.

No se trata de una situación de sequía y sed sostenida, sino de dificultades para acceder al suministro de red porque el Estado no logra garantizar la cobertura total al 100% de la población. Esas son las conclusiones de un informe de la Fundación Avina, sobre registros de la Confederación Nacional de Cooperativas de Agua Potable.

Los números del Censo 2010, presentados la semana pasada, además de confirmarlo, lo desmenuzan: en 1.134.555 hogares se consume agua con bomba de motor; en 23.307, con bomba manual; en 109.811, se saca del pozo sin un dispositivo específico; en 28.407, por sisterna; y en 27.066 consumen agua de lluvia o de cursos de agua naturales. En total, el 16% de las casas no tiene agua de red.

En ese escenario de focos múltiples que se extiende del Noroeste a la Patagonia, con cuadros de mayor o menor gravedad, resulta vital el trabajo de una red de más de 800 cooperativas que procuran abastecer a las comunidades más necesitadas en el interior del país. Son clave en ciudades de menos de 50 mil habitantes y su trabajo es muchas veces exitoso, pero también insuficiente por falta de recursos y financiamiento. “Si no existieran estas cooperativas –opina Pablo Vagliente, responsable del Programa de Acceso al Agua de Avina–, esas personas no tendrían el recurso y el Estado tendría que generar una respuesta a la demanda de servicio”.

El otro problema es el agua contaminada. En muchos lugares, donde el agua viene saturada, por ejemplo, de arsénico, son las cooperativas las que filtran el líquido y lo vuelven apto para consumo.

El agua es un derecho humano (la Argentina adhirió en la ONU junto a otros 147 países a esa declaración), pero también un bien de cambio. Por lo tanto, aunque suene contradictorio, le caben las reglas generales del comercio. “Las grandes ciudades son abastecidas por empresas estatales provinciales o empresas privadas concesionadas en los años ’90. Pero a muchas poblaciones, el agua no llega porque a las concesionarias no les parece rentable ”, dice Vagliente. “Es ahí donde las cooperativas operan”, continúa. “Pero les falta financiamiento: no logran tener acceso a créditos blandos para cambiar cañerías o arreglar roturas y pérdidas, y muchas veces una simple rotura deja sin el recurso a la población”, agrega.

Cuando el agua escasea, o cuando los mecanismos establecidos para conseguirla fallan, se disparan situaciones de conflicto como la que atravesó Ushuaia el último mes. Una falla por congelamiento en la red de cañerías dejó sin agua al 60% de la población en pleno invierno. El primer efecto fue el de la incertidumbre frente a la falta del recurso para el aseo personal y los hábitos indispensables, pero luego hubo que cerrar escuelas, comercios y hoteles.

Las autoridades articularon un operativo de emergencia para distribuir bidones a los habitantes de los barrios más afectados y se vivieron situaciones de tensión entre bomberos y vecinos por las cantidades repartidas, al parecer insuficientes. El pico de la protesta se dio cuando varios vecinos, tras convocarse por las redes sociales, hicieron un cacerolazo en la puerta del Ministerio de Obras Públicas.

En Jardín América, provincia de Misiones, hay agua gracias al trabajo de la Cooperativa que dirige Ernesto Faccendini. Desde 1998 la captan de un arroyo, la bombean hasta una planta de tratamiento, la filtran y vuelven a bombearla para distribuirla a unas 5.100 viviendas, que pagan 44 pesos cada 10 metros cúbicos (diez mil litros). “A más consumo, más se paga. Castigamos el derroche porque tenemos que cuidar el recurso. Pero también hay barrios de gente carenciada, que se abastece con canillas públicas”, explica Faccendini.

“Como no pueden pagar el agua en su domicilio, la municipalidad pone una canilla pública y la gente va hasta esa canilla y carga con baldes. A otros lugares se lleva agua en bidones”, dice.

La situación se complica en verano, cuando llega la sequía y la demanda crece. “El arroyo de donde traemos el agua desaparece cuando hay una sequía. En el 2009 casi no teníamos excedente y tuvimos que prohibir lavar veredas y autos y consumir de más. Tenemos el río Paraná cerca, pero para extendernos hasta ahí necesitamos una inversión de más de 20 millones de pesos. Otra es ir al Acuífero Guaraní, pero perforar es muy costoso. Sin ayuda estatal, no podemos”.

En Córdoba, José Bongiorno dirige la cooperativa de servicios públicos Unquillo Mendiolaza Limitada, que abastece a La Calera, Salgán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos: 35 mil habitantes. “Tomamos el agua de dos diques, pero uno ahora está seco. Ha dejado de llover más de la mitad de lo que tiene que llover en un año y eso repercute en que nosotros cortamos el agua dos días por semana, las 24 horas, hasta fines del año pasado. Ahora los cortes siguen pero son de 12 horas”.

Los casos se repiten. “El agua cruda que obtenemos presenta niveles de concentración de arsénico y fluor superiores a los límites permitidos para la salud, por lo tanto debemos tratarla antes de la distribución, que es por una red de cañerías de 1970 en un grado muy avanzado de deterioro”, dice el ingeniero Marcelo Crespi, de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Coronel Moldes. “Abastecemos a 4 mil socios. Pero en la actualidad la situación económica de la cooperativa impide afrontar la renovación de la red y costear la obra de la planta potabilizadora. La comunidad necesita una mejora de la calidad del agua, pero carece de recursos porque no hay subsidios”.

Pero no hay que alejarse tanto. El área metropolitana también aparece sembrada de problemas por el agua. La empresa pública AySA garantiza el suministro en la Capital Federal y 17 partidos del Conurbano bonarense (atiende a más de 25% de la población). Sin embargo, según datos de la ONG Espacio Agua, en el Gran Buenos Aires hay 800 mil hogares en situación delicada. En varias casas de Esteban Echeverría o Almirante Brown, según denuncian los vecinos, el agua sale marrón y contra eso todavía no hay recetas.

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