Una información útil para aquellos que viajan en auto por los puentes al Uruguay, no se olviden de llevar el seguro del vehículo, que lo exige la Aduana Argentina, y que se acredita con la tarjeta plástica, y MUY IMPORTANTE: la extensión del seguro para el Mercosur, que es una papeleta de color VERDE  que envía la compañia de seguros junto con la póliza, y que la reclama la Aduana del Uruguay.

La confusión se produce porque cuando viajamos por Buquebus no la piden, pero la Aduana Uruguaya en los puentes sí, especialmente la del Puente Libertador Gral.San Martín (Gualeguaychú-Fray Bentos)

Esta papeleta verde tambien hay que llevarla cuando viajamos a Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia

Su accionar se subsume en la figura prevista por el  art. 173:5 Código Penal, que castiga a quien sustrae una cosa mueble propia, que se encuentra legítimamente en poder de un tercero.

Lo que se protege es la posesión. En el caso, la empresa de acarreo, era la legítima tenedora del rodado (en base a una autorización derivada de su vínculo contractual con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y estaba en condiciones de mantenerlo en tal carácter hasta ver  satisfecho el pago del servicio.

Sostuvo la mayoría que constituiría una inseguridad permitirle al querellante mantener viva la posibilidad de persecución eterna, siendo que en el sistema federal y en cumplimiento de pactos internacionales, la lógica y la justicia imponen como la solución mas racional, que la regulación de concluir procesos como éste quede bajo la órbita de cada legislativo local y, a mayor abundamiento, se cita el dictamen de Sebastián Soler  que emitiera oportunamente como Procurador General de la Nación (Fallo CSJN 244:568), donde señaló, partiendo de la base que asiste al imputado un derecho a un pronunciamiento en cuya virtud se ponga término definitivo a la pretensión punitiva, que no es posible concebir que la acción penal perdure indefinidamente, razón por la cual, en casos como el de autos, el sobreseimiento se yergue como la única respuesta razonable con las particularidades propias del proceso penal, dado que no es contrario al procedimiento penal imponerle al querellante que impulse la acción. En el dictamen también se sostuvo que los reparos que se pudieran hacer respecto de la constitucionalidad de la alteración de los plazos de prescripción regulados en el Código Penal, parten del equívoco de no reparar que la atribución de las legislaturas locales para legislar sobre las causas de extinción de la acción penal, cuando ella ya ha sido ejercida, es tan válida (cfr. el, por entonces, art. 67, inc. 11, C.N., hoy art. 75, inc. 12) como aquella del Congreso Nacional para hacerlo sobre las causas que motivan la extinción de, o impiden la, pretensión punitiva (art. 59, C.P.).

En su voto en disidencia el Juez Barbarosch se expidió sobre este tema de fondo en cuestión, sosteniendo (al igual que el juez a quo) la inconstitucionalidad de los artículos 422 y 423 del CPC, resaltando que debe prevalecer la normativa del Código Penal en materia de prescripción de la acción penal, la cual debe estar por encima de la normativa que establecen los artículos en cuestión en cuanto a que si no se impulsa durante un período de sesenta días la acción en delitos de acción privada, se tiene por desistida la querella.

Conviene señalara que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha tenido ocasión de expedirse en varias causas donde ha analizado el tema de los DNU (ver causas “Verrochi”, “Leguizamón Romero”, entre muchas otras) pudiendo extraerse de esos fallos lo que  denominaremos la doctrina judicial o la interpretación judicial de la facultad presidencial del art. 99 inc.:3º de la CN.

Así, ha sostenido enfáticamente el máximo Tribunal de la Nación que el control de constitucionalidad incumbe a los jueces, máxime cuando la reforma de 1994 introdujo disposiciones precisas sobre las condiciones en que pueden ser dictados los decretos de necesidad y urgencia y la Corte ha ejercido el aludido contralor (Fallos: 312:555 ) con anterioridad a la referida enmienda.

Es que es propio del Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio.

Es atribución de los  Tribunales evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia (conforme  con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos: 318:1154, considerando 9°) y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.

Los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones del gobierno, constitutivo de uno de los pilares esenciales de la forma republicana contemplada en el art. 1° de la Constitución Nacional

Basta reparar en el texto de  los arts. 23, 76 y 99 de la CN.  Ellos  revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, constituye uno de las columnas en la  que se vertebra la organización de la Nación, por cuanto previene los abusos gestados por la concentración del poder.

Conviene recordar que la reforma fue fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. En este sentido, el art. 99 inc. 3°, segundo párrafo, contiene la regla general que expresa el principio en términos categóricos: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa S. 621.XXIX “Sallago, Alberto Asfrúbal c/ASTRA C.A.P.S.A. s/ despido”, del 10 de octubre de 1996, disidencias de los jueces Belluscio y Bossert).

El aludido texto constitucional (art.99:3º) no  admite interpretaciones ambiguas: la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Todo ello  con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país.

Insisto, el párrafo tercero del inc. 3, del art. 99, dice: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros”.

La norma constitucional nos da una definición del estado de necesidad que justifica la excepción a la regla general y la admisión del dictado de estos decretos, y que ese estado se presenta únicamente “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99. inc. 3 CN).

En síntesis, para que el Poder Ejecutivo este habilitado constitucionalmente para ejercer en derecho facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria que se de una de estas circunstancias:

1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, esto es, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o

2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

Podemos concluir entonces que, para la CSJN, no es suficiente para justificar el dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) dar referencias vagas o imprecisas sobre las circunstancias que justifican la necesidad y urgencia sino que es necesario precisar en qué consisten y cómo ellas afectan al interés general.

Abundando, no alcanza con invocar  la crisis de un sector particular para la procedencia de disposiciones excepcionales (DNU), es necesario que esté en grave riesgo el interés general o social.

Tampoco le cabe al Poder Ejecutivo acudir a este tipo de decretos por mera conveniencia, soslayando la inexcusable intervención del Congreso en la determinación de la política legislativa. El dictado de un DNU se debe inscribir en el marco de  una situación absolutamente excepcional que impida seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes puesto que admitirlos sin esta condición afectaría la división de poderes.

Ahora bien, en cualquier supuesto esos DNU estarán sometidos –al igual que todo acto administrativo y toda ley- al control de constitucionalidad que en nuestro sistema político ejerce el Poder Judicial.
http://www.periodicotribuna.com.ar/5997-los-jueces-ejercen-el-control-de-constitucionalidad-de-los-dnu.html

La formula que utiliza el  artículo 63 de la Constitución Nacional despeja toda posible duda respecto de la afirmación formula supra “…Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”.

Claramente la expresión “pueden también…”  nos habla de una facultad de más de un poder o agencia del gobierno. Pero en ningún caso se puede interpretar como una facultad exclusiva  y excluyente del Presidente de la Nación, la de convocar a extraordinarias

No olvidemos que el Poder Legislativo en tanto integrante de la tríada del poder constitucional no esta subordinado a ningún otro poder en orden a decidir su funcionamiento.

A mayor abundamiento,  podemos hechar mano a las facultades implícitas del art. 75 inciso 32 de la CN.

Es que la Constitución consagra  un sistema de interdependencia y armonía entre los poderes del Estado, pero repudia la subordinación de uno a otro.

Entonces, someter el funcionamiento de un poder, a la voluntad exclusiva y excluyente de otro de ellos, sería devaluarlo, en clara infracción a la declaración del art. 1º de la propia Constitución cuando predica que  la Nación Argentina adopta  la forma Republicana de gobierno.

En síntesis, el sistema de nuestra Constitución Nacional exige que si el Congreso esta en receso y el propio Poder Legislativo pretende tomar decisiones debe:

1º autoconvocarse a extraordinarias, con la reunión de ambas Cámaras, obteniendo quórum en cada una de ellas,

2º decidir por mayoría simple la convocatoria a extraordinarias, el temario y el plazo que durará este período extraordinario.

3º observados los requisitos enunciados en 1º  y 2º, sesionar tomando decisiones que estarán al amparo de cualquier planteo de nulidad

Concluyo estas líneas con la opinión del maestro Carlos Sanchez Viamonte (Manual de Derecho Constitucional, Editorial Kapeluz, 4º edición año 1959, pags. 265/266): “La Constitución no ha querido ni puede querer que el funcionamiento del Congreso dependa del presidente…Las Cámaras se reúnen espontánea y automáticamente, “por derecho propio, por la sola autoridad de la Constitución”, como dice Joaquín V. Gonzalez”…”

Y refiriéndose a la facultad del PE de convocar a extraordinarias (o prorrogar las ordinarias) sentencia:”Esta atribución reconocida inequívocamente al Poder Ejecutivo, no excluye la que corresponde al Congreso para prorrogar sus sesiones ordinarias o convocarse a sí mismo para realizar sesiones extraordinarias…”.

Y finaliza: “…No es concebible la existencia de una Poder político de tan alta jerarquía como es el Congreso si carece de medios propios para entrar en funcionamiento…”
http://www.periodicotribuna.com.ar/5982-el-congreso-esta-autorizado-por-la-constitucion-nacional-a-autoconvocarse.html

Causa:”Pinedo, Federico y otros  s/EN.Dto 2010/09 s/amparo ley 16.986″

En principio, la Cámara había considerado que en el caso se había violado la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ello pues la norma prohíbe la inducción a la autoincriminacion, situación que se dio en este caso, ya que la mujer consintió en provocarse un aborto o se lo provocó y luego se vio luego forzada a asistir a un hospital público en resguardo de su salud.

Tras la apelación del fiscal de Cámara, el STJ de Formosa debió entender en la causa “Villalba, María Magdalena; Sanabria Velazquez, Tomasa s/aborto”. El fiscal entendía que “el deber de denunciar constituye justa causa para la revelación del secreto”. Ello porque además de confesar que se había practicado un aborto, también identificó a quien la ayudó a practicárselo.

Los magistrados, estuvieron de acuerdo con lo decidido por la Cámara. “El sumario criminal seguido a la imputada por el delito de aborto, ha tenido como único cauce de investigación la prueba involuntariamente producida al exhibir su propio cuerpo y referir maniobras abortivas al profesional de la salud, en procura de auxilio médico” sostuvieron.

A lo que agregaron que “las ideas liberales y republicanas que informan desde el origen a la Constitución Nacional, han determinado limitaciones al poder penal del Estado, haciendo prevalecer una serie de valores básicos de la personalidad humana, frente a los objetivos propios de la persecución penal”.

“El fundamento constitucional que subyace bajo este privilegio es el respeto que un Gobierno debe acordar a la dignidad y a la integridad de sus ciudadanos”, agregaron. Por ello, el fallo advierte que “la circunstancia de que la mujer imputada hubiere cometido delito, no implica en modo alguno que quede desprovista de la protección que otorga la Constitución. Al contrario, la garantía contra la autoincriminacion presupone que aquel que asumió voluntariamente la posibilidad de ser penado”. En otras palabras, “el haber presumiblemente cometido un delito es, precisamente, lo que da sentido a la garantía”.

Así, el tribunal entendió que “la concurrencia de la mujer al hospital para requerir auxilio médico a causa de maniobras abortivas, no puede ser equiparada a prestar libre consentimiento para hacer públicos los signos de su acción delictiva que necesariamente se evidenciaban”.

Pues, “el dilema en el que se encontraba [ocultar el delito y agravar sus condiciones hasta llegar a la muerte o hacerlo publico y someterse a una sanción penal] no permiten calificar su conducta como voluntaria”. Siendo así, “las manifestaciones de la imputada y la evidencia de los rastros corporales del delito constituyeron una consecuencia directa de su necesidad de asistencia médica” lo que “no puede ser utilizada (…) como elemento que posibilite el despliegue de la actividad estatal persecutoria” concluyeron.

Fuente:diariojudicial.com

]]> http://blogsdelagente.com/el-defensor-penal/2010/01/02/el-aborto-y-garantia-contra-autoincriminacion/feed/ 7 http://blogsdelagente.com/el-defensor-penal/2009/12/31/desde-0-hora-entro-e-vigencia-la-ley-la-mayoria-de/ http://blogsdelagente.com/el-defensor-penal/2009/12/31/desde-0-hora-entro-e-vigencia-la-ley-la-mayoria-de/#comments Thu, 31 Dec 2009 12:27:25 +0000 carlosellera El día martes 22 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 26.579 que modifica el criterio para establecer la mayoría de edad.