“…canta el pájaro en la jaula, feliz aunque apenas vuela…” (Vladimir y los monstruos de arriba de la cama)
De acuerdo a lo prescripto por los artículos 46 a 51 CPCCN, deberá acreditarse la representación con la escritura que testimonie el mandato, aún cuando se trate de poder general con cláusula que lo haga especial.
Queda claro que la idea original del “código Levene” era que no existiera querellante, la presión de los colegios profesionales logró que el ministerio de Justicia de entonces (léase, Arslanian) auspiciara la figura del querellante adhesivo, no autónomo.
Esto funciono más o menos bien hasta que en el año 1998
Más allá de las interpretaciones que el aludido precedente ha merecido, lo cierto es que la tesis amplia sostiene que ha consagrado el derecho del querellante particular “a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, a un pronunciamiento útil relativo a sus derechos” (considerando 15).
Entonces, se debe estar por la interpretación que permita a la víctima (querella):
1) poder ejercer el derecho de formular acusación en juicio penal; y
2) obtener un pronunciamiento acorde a su pretensión.
Conviene a esta altura del relata recordar que ya en “Tarifeño”
Claro que el carácter público o privado de la acusación tiene relevancia desde la óptica del sistema político, es una definición política, pero no jurídica.
“Si el máximo tribunal ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para impulsar el proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstancia lo habilitaría también para requerir la elevación a juicio” (del voto del Dr. Bruzzone, en autos “Storchi” CNCrimyCorr., Sala 1 del 08/03/2004).
Concluyendo, el art. 120 CN crea el Ministerio Público, como órgano independiente, con autonomía funcional y financiera, pero no le concede el monopolio del ejercicio de la acción penal.
Por su parte tampoco la ley (arts. 5 y 65 CPPN y art. 24 Ley 24946) habla de una facultad exclusiva y excluyente del Ministerio Público Fiscal, lo contrario tornaría incompatible las facultades del acusador privado del art. 82 CPPN.
Más allá de nuestro gustos personales, hoy el criterio que se habré paso es el del acusador privado autónomo.
En contra de esa postura me gusta traer a colación la opinión del Juez Dr. Donna: “Me resisto a pensar que ser moderno y progresista es volver a darle a la parte privada el derecho de la venganza por intermedio de los jueces…” Y abunda:”…si el Fiscal decide no elevar a juicio la causa, se termina el proceso, ya que el Estado es el que sostiene que no hay interés en seguir con ese caso…” (fallo “Storchi”, considerando VIII).
Finalizo diciendo que Donna (representante de la tesis interpretativa restrictiva) entiende que en “Santillán”
1. El fallo
En autos “Santillán” (Fallos 321:2021) se plantea la cuestión de: ¿Cuál es el rol del querellante (la víctima) en el proceso penal?
2. Planteo de la cuestión
Esencialmente, si se trata de un acusador adhesivo –al fiscal- o si puede ejercer dicha facultad en forma autónoma.
3. Las posiciones del acusador público y privado.
El Procurador General de la Nación dictamina que la acusación es una tarea que insustituiblemente debe desempeñar el MF como titular de la acción (arts. 5 y 65 CPPN), consecuentemente, el querellante no esta munido de potestad acusatoria autónoma para habilitar al tribunal a emitir un pronunciamiento condenatorio.
El problema se planteó porque el MPF en ocasión del art. 347 había requerido la elevación a juicio pero al tiempo de alegar (art. 393) solicitó la absolución del procesado, esto es no acusó.
Por su parte, la querella había ejercido en plenitud su pretensión punitiva, esto es requirió en ocasión del art. 347 y pidió condena al alegar (art. 393).
4. La decisión
La CSJN entendió:
1) no correspondía aplicar el precedente “Tarifeño” porque allí la acusación privada no había concretado su pretensión, no podía integrar válidamente una incriminación que no formuló previamente. En “Tarifeño” la querella no había requerido la elevación a juicio (art. 347).
2) El derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 CN significa la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener una sentencia útil.
3) La ley le reconoce al querellante el derecho a formular acusación y a un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
5. Mi opinión
5.1 En primer lugar postulo que la doctrina del fallo “Santillán” debe ser ubicada dentro de la vertiente legalista, esto es la víctima como impulsora del proceso, la “victima colaboracionista”.
Es, en mi criterio, la consecuencia que en nuestro sistema procesal penal conviva el sistema acusatorio con el principio de oficialidad. La existencia de este principio impide avanzar en materia de participación de la víctima a la vertiente reparadora.
5.2 Ahora bien, el principio de oficialidad es de cuño legal, no constitucional.
La fuente es el art. 5 del CPPN y la ley 24946 (art. 25), no surge del art. 120 CN, que crea el Ministerio Público Fiscal pero no es cláusula constitucional el ejercicio exclusivo y excluyente de la acción penal.
Mientras que el derecho a la jurisdicción si es de fuente constitucional (art. 18 CN).
Por lo tanto, no existe infracción al modelo de enjuiciamiento penal argentino, si se permite la actuación autónoma de la querella, en tanto cumpla con la carga procesal del requerir en tiempo y forma la elevación a juicio, esto es contestar la vista del art. 346 CPPN.
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