Políticas en Adicciones
El presente trabajo se leyó en el Congreso Internacional de Políticas Públicas en Adicciones Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se realizó los días 11 y 12 de noviembre de 2010 en el Auditorio Buenos Aires, Pueyrredón 2501, 2º nivel/ Centro Cultural Recoleta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Claudio Mate, Alberto Calabrese, Wilbur Ricardo Grimson, Andrés Elisseche
Dr.Wilbur Ricardo Grimson
En el campo de las adicciones hay en nuestro país más declaraciones que acción efectiva. Prevalece un simulacro de debate intrascendente en términos de resultados de alcance nacional. Las cuestiones se debaten en un nivel de abstracción y no tienen consecuencias efectivas. Colabora a ello la poca versación de la mayor parte de los actores, la angustia de muchos de los afectados y sus familiares ante la carencia de soluciones, y la idea de que todos pueden opinar en un campo complejo que afecta áreas muy diversas como ser las acciones de salud, educación, acción social, policía, represión y justicia. Todo ello desemboca en una situación imprecisa y genera confusión.
El Ejecutivo Nacional cuenta con un instrumento institucional que fue envidiado y luego imitado por la mayor parte de los países latinoamericanos, como es nuestra Oficina nacional de Drogas la SEDRONAR, que surgió de prolongados y ricos debates sostenidos por ambas Cámaras del Congreso Nacional en 1989. Se debatieron posturas y criterios y se consensuó que no se trata de perseguir al consumidor. Muchos de los que hoy opinan sin conocer los antecedentes, podrían refrescar su memoria leyendo la transcripción de los debates.
Otra situación que sorprende es la emergencia en los últimos tiempos, en el seno del Poder Ejecutivo, de una Comisión Asesora que deambula entre diversas reparticiones. Es de origen no fundado e innecesario, ya que no cuenta con un conjunto de designaciones adecuadas (por caso no incluye un solo docente ni un investigador ni un especialista en Salud Pública ni un representante de las ONG) y sólo se ha dedicado a cuestionar lo hecho, o ignorarlo, y confundir a la opinión pública.
Sólo en nuestro país pueden subsistir dos reparticiones que superponen sus incumbencias. La Comisión nueva aparece como un ariete contra la Oficina Central de Drogas y no aporta a las acciones asistenciales, educativas, de desarrollo o de Justicia, salvo cuestiones sectoriales de su propio interés.
Mientras tanto, algunos difunden el supuesto derecho inalienable de los consumidores de drogas ilegales, lo que resulta ampliamente cuestionable, como lo evidencia el desborde creciente del consumo en cantidad y su reducción en la edad de inicio. El país carece de una política que provea recursos públicos destinados a la creación de plazas asistenciales. No las hay y debería haberlas en todas las Provincias, y se debería avanzar en la disponibilidad de los recursos. Sin ello, ni la desintoxicación inicial ni el tratamiento necesario son pasibles de cumplimiento.
Tales políticas deben lograr reconocimiento como políticas de Estado y comprenden la definición y distribución de recursos, la capacitación en los niveles profesional y técnico – actualmente en situación de retraso -, la evaluación asistencial y la definición de criterios de prevención. Deben ser consensuadas y no pueden quedar libradas a vaivenes o criterios particulares. Así lo reconocen los países que como España e Italia, mejor avanzan en la definición global de los problemas en este campo. España ha festejado recién los 25 años del PLAN NACIONAL DE DROGAS, como primer responsable fue el Juez Garzón, anunciando una reducción del 0.5% del consumo de cocaína. Ahora se está en 2.6%.
Carecemos de suficientes plazas públicas para internación de adicciones. Esto ocurre por el rechazo del sistema de salud a la inclusión de adictos en los Hospitales. No se puede prever que por este camino se logre el aumento de las mismas. Ni que las haya en las Provincias. Tampoco se ha avanzado en la capacitación en el orden nacional de profesionales, técnicos y auxiliares, logrando en cambio una existencia dispersa de cursos que no alcanzan el nivel básico de exigencia requerido. En mejores épocas, la Secretaría Provincial creada por el Gobernador Duhalde durante su Gobernación de la Provincia avanzó en el diseño y accionar de una red universitaria hoy prácticamente desaparecida. De ello dieron cuenta en modo especial la Universidad del Salvador y la Universidad Nacional de Quilmes. Esta última formó Operadores, docentes y líderes comunitarios de 1994 al 2004, y fue desfinanciada en primer lugar por el Gobierno provincial siguiente (2002) y luego por la SEDRONAR (2005) que desestimaron valiosos convenios.
Más recientemente, se observa que la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Nacional, con el consenso de un conjunto de ONGs, promovió el dictado de una Ley de Prevención Educativa por parte del Congreso Nacional, que la votó el 10 de Diciembre de 2009. Sin embargo, en los meses siguientes no se ha avanzado en su reglamentación y por lo tanto en su aplicación, de lo cual no parece haberse enterado ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Educación de la Nación.
Una consecuencia de esta incoordinación es que legiones de madres, familias y pacientes proclaman sus necesidades sin éxito buscando plazas de tratamiento, tanto ambulatorias como de internación, y sufren la frustración y las confusiones del caso al ser rechazados en la mayor parte de las gestiones. Se desesperan y buscan inútilmente respuestas que no se logra articular con eficacia. Pierden tiempo que, en términos operativos, sólo puede empeorar la situación de los necesitados. Sólo parecen escuchar sus lamentos los Sacerdotes que trabajan en las Villas y algunas ONGs.
Reclaman el derecho a consumir que supuestamente legitima la Constitución Nacional. La misma en su artículo 19 se refiere a “las acciones de los hombres que no afecten a terceros, y quedan libradas al juicio de Dios”. Cuando una conducta individual se traslada al ámbito público cambia su carácter, ya que mal puede compadecerse una conducta privada con los tumultuosos recitales de Creamfields, o con el desmadre de nuestra Costanera Norte los fines de semana cuando se desborda la capacidad de los Hospitales públicos vecinos con casos de sobredosis, accidentes derivados del consumo o producidos por los abusadores. Creo que el texto constitucional no se propuso para proteger los desvaríos de los fines de semana, ya que ni siquiera se aplica según resolvió el Juez Cattani a quienes consumen en las plazas, pues (para él) afectan la salud pública.
La reciente consecuencia del deceso de un joven que jugaba con una pistola Glock bajo efectos del alcohol en una pre-salida en el Municipio de Vicente López debe preocuparnos. De lo contrario, debería sostenerse el derecho a jugar a la ruleta rusa o a imitar esa diversión. Las consecuencias de promulgar supuestos derechos sin reconocer los riesgos están a la vista. Son resultado de la creciente tolerancia social generada por varios factores: la publicidad, que induce al consumo de todo lo posible como garantía de felicidad, la alta disponibilidad de droga y una crisis del campo de los valores, en muchos casos abandonando a los jóvenes a su propio arbitrio por parte de familias asustadas o mal informadas.
Habría que decir, en cambio, que fuimos el país más avanzado en la década del 80 y que disponíamos de recursos y de reconocimiento, al punto que dimos formación en CENARESO y luego en el postgrado de la UBA (iniciado por la Fundación Convivir) a la mayor parte de los actuales directivos de los países de origen y a muchos funcionarios del país. Liderábamos los debates de la Comisión de Drogas de Viena con personalidades reconocidas como el Profesor Emérito de la UBA Dr. García Fernández y se nos escuchaba con atención en la CICAD.
En cambio hoy, divagamos en diversos ámbitos y hay por ejemplo quienes afirman con liviandad que existe un uso “recreativo” de las drogas. La historia de la explosión del uso de cocaína en los EE.UU. nos muestra que se acompañó de este tipo de conceptualización errónea. El hecho de que se la repita desde la Cátedra donde el Profesor Antonio Calabrese difundió las primeras advertencias de carácter preventivo, no deja de sorprender. Si repetimos errores con satisfacción, debilitamos la noción de riesgo en que se debe basar la educación preventiva. Quienes sostienen que existe un uso problemático de drogas dan a entender que debemos restringir nuestro interés a esos casos. Prefiero ocuparme del problemático uso de drogas. Para no llegar tarde.
En los últimos años, se han debilitado en la Provincia de Buenos Aires las políticas de capacitación que desde distintos ámbitos se extendían a áreas del problema que deben complementarse. Y que empleaban recursos técnicos públicos y de las ONGs. Juan Yaría desde la Secretaría Provincial de las Adicciones creó en su momento un dispositivo asistencial y preventivo que consistía en 180 CPAs ubicados en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. La actual gestión de la provincia les endilgó como agregado la atención de Salud Mental sin advertir por un lado que el personal no estaba formado para ellos, y en segundo lugar que su capacidad operativa se reducía en un 50% al duplicarse las incumbencias.
Un reciente manual, la Comisión Asesora decidió dar indicaciones a los Magistrados del Poder Judicial. La lectura resulta interesante por los múltiples recursos que se enumeran hasta que constatamos que no se han incluido las ONGs, ni las Comunidades Terapéuticas ni los Centros Preventivos Municipales. Sabíamos de cierta animadversión de integrantes de la Comisión de Asesora con las Comunidades Terapéuticas, pero no suponíamos que llegaba hasta negar la realidad de su existencia que representa unas 4500 camas y constituye el principal recurso asistencial del país. La lectura de la Biblia nos recuerda que “Dios ciega al que quiere perder”. Y los que refrendan estas recomendaciones parecen perdidos.
No alcanza con indicar una dirección para brindar un servicio. Por eso siempre insistimos que FONODROGA, hoy debilitado, no debía ser un 110 que informa sobre direcciones sino un servicio de contención, orientación y seguimiento. El diseño que nació en una propuesta conjunta de las ONGs a la Secretaría Provincial se desnaturalizó.
Entendemos que ante una consulta por abuso para la que se requiere internación, se necesita una gestión continua, ya que el monto de angustia lleva fácilmente a una sensación desesperante. El accionar debe proveer contención, acompañamiento y continuidad en forma tal que asegure la llegada a destino de quien consulta o de aquel por quien se consulta. Y se debe poseer adiestramiento, en la relación de las familias con el tema, y en muchos casos articular contactos con Asesorías y Defensorías.
Nunca entendimos la queja por la judicialización de estos temas, ya que la experiencia de décadas muestra que la situación ha mejorado desde la activa participación de estos organismos que preservan derechos. No conocemos casos después del 83 que hayan sido internados arbitrariamente, sin que se haya podido recurrir a la Justicia para enmendar las cuestiones. También sabemos que la aplicación correcta de la Ley 23.737 debe ser mejor reconocida antes de criticarla sin conocimientos. Coincidimos en esto con la Senadora por Salta Sonia Escudero, quien señaló tales ignorancias a la Sra. Diana Conti. Por otra parte el Observatorio de Drogas de la SEDRONAR establece que la mayor parte de los expedientes se archivan y anulan por lo cual podemos suspender juicios apresurados y conocer la realidad.
Para decirlo de una vez, judicializar no es criminalizar, ya que las variadas instancias a que puede recurrir la justicia operan sobre situaciones desesperantes en que la familia ha pasado a estar chantajeada por el robo, la conducta impulsiva y la violencia ejercida para mantener el abuso de drogas. Para preservar el derecho a la salud se debe interrumpir en muchos casos una situación no soportable de violencia contra la propia familia. Antes de poder ejercer el derecho a la salud se debe abandonar la conducta irracional basada en el abuso de drogas.
En los últimos años, se ha dispersado la función que correspondía a los Juzgados Federales aumentando el número de Juzgados a cargo del tema, sin mejorar su formación ya que ningún curso ha llegado a los diferentes Juzgados en este tiempo. En cambio, la Defensoría General de la Nación en sus cursos para Defensores da importancia al capítulo de adicciones.
Resulta interesante verificar que la Comisión Asesora no menciona la participación de Asesorías y Defensorías en su texto a los Magistrados. Esto nos lleva a pensar que, o ignoran el tema, o toman un solo aspecto parcial de la cuestión y pretenden abordar la solución con una guía de teléfonos y direcciones. En la mayor parte de esas direcciones no atienden a tiempo completo, es decir que no pueden ocuparse de urgencias.
Tampoco creyó oportuno la Comisión encontrar ningún mérito en la legislación vigente y en las posibilidades de aplicación de la Medida Educativa o la Medida Terapéutica, ya que sólo menciona el dictamen del caso Arriola. No repararon en que nuestro astro de fútbol cumplió su primera abstinencia de drogas prolongada cuando el Juzgado de Morón exigió que al internárselo se presentara un plan terapéutico, monitoreando a posteriori el cumplimiento del mismo mediante evaluaciones mensuales. Así se extendió la abstinencia a seis meses, facilitando su recuperación y posterior alta.
Pero más sorprendente resulta que no se hace referencia alguna a la posibilidad de recurrir a la Justicia, cuando la familia está desesperada por un cuadro explosivo de abuso de drogas en uno de sus hijos, que se acompaña con robos y destrozos en el hogar y con conductas de riesgo evidentes. Aquí la medida de protección de persona o la aplicación de las medidas previstas por la Ley mencionada resultan adecuadas. La preocupación por la defensa de los derechos alcanza tal punto que no se reconocen las situaciones en que se presenta incapacidad de ejercer los mismos ya que la Comisión Asesora no cesa en su preocupación por la despenalización, al punto de enfrentar una ley con varias instancias de indicaciones preventivas y terapéuticas como si no existieran; les hacemos saber – como dicen los Sacerdotes que lidera el Padre Pepe Di Paola -, que en la Villa la droga ya está despenalizada.
Las consecuencias nos parecen de una gravedad extrema.
En base a estas experiencias, proponemos la creación en las Villas de Emergencia, o similares, de Centros de Orientación y Gestión en Adicciones que
- atiendan y diagnostiquen las necesidades de esos territorios
- actúen en la capacitación de vecinos y líderes comunitarios
- en el caso de consultas, diagnostiquen los casos
- provean apoyo continuo
- establezcan un criterio de acompañamiento regular de las derivaciones a otras instituciones
Contarán con profesionales médicos, psicólogos y abogados, con operadores y voluntarios. Seguirán los casos hasta su eventual retorno al territorio de origen.
Finalmente las políticas necesarias deben ser encaradas como POLÍTICAS DE ESTADO, o sea acordadas por un plazo de diez años por todos los sectores, ya que si bien puede existir un modo particular de desarrollar la Prevención Educativa, lo que se debe establecer es su efectivización en todo el país, y en todos los niveles educativos.
A nivel nacional, se deben fijar las normativas y fijar los presupuestos; a nivel Provincial se deben desarrollar las estrategias, mientras que las acciones son resorte de los Municipios. En cada nivel se debe consensuar con las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).
Dr. Wilbur Ricardo Grimson
Presidente
Fundación de Prevención Social
Av. Belgrano 1315, piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4384-5190
mail: fundaciondeprevencionsocial@yahoo.com.ar
www.fundaprevsoc.com.ar
