Es de suponer que la muerte casi superpuesta de Jazmín de Grazia y Whitney Houston responde al ejercicio de lo que el Profesor Damín, Toxicólogo del Hospital Fernández, denomina consumo recreativo. Es una lástima que las involucradas no se hayan enterado porque seguramente hubieran fallecido mas contentas al saber que se estaban recreando.

En verdad,  por más vueltas de carnero que den quienes inauguraron la idea de que hay derecho a drogarse, ahora están obligados a enmendar su postura  y hasta hablan de prevención. Pero lo hacen mal porque no creen en lo que dicen. Así recomiendan que no se hable de drogas en las campañas. Sino de salud, esparcimiento y vida al aire libre. Desconocen el problema.  Es exactamente al revés lo que se debe hacer,  ya que es conociendo a los demonios que podemos evitarlos porque la droga te incita, cabalga sobre la generación de impulsos,  hasta que el consumo se vuelve incontrolable.

Téngase en cuenta que las dos personas estaban ejerciendo su derecho en privado. Que mas podría protegerlas el famoso artículo 19 de la Constitución Nacional,  ya que no se lo podría aplicar al consumo público, donde daña la salud pública. Aquí solo daña al que consume. Que parece no tener derechos.  .

Yo creo que el derecho a la salud no puede aplicarse cuando una persona está al borde del precipicio. Quienes vieron el video que presentó en Twitter Jazmín el día viernes,  diagnosticaron las muecas típicas de una sobredosis. Nadie intervino porque hubiera afectado un derecho! Yo creo que ella,  así como Whitney Houston y Amy Winehouse, estuvieron clamando desesperadamente en sus últimos días para ser cuidadas, lo que requería interrumpir su carrera hacia la muerte. O será que se ha extendido esta equivocada noción de que el que necesita ser internado puede negarse. Con que porción de su  cerebro opta por sus derechos? La vieja Ley 22.914 resguardaba de profesionales inescrupulosos pero también de pacientes en riesgo dispuestos a ignorarlo. La actual mezcolanza de las Adicciones en el rubro de la Salud Mental cuenta con la firme oposición de los que hace años trabajan en las Asesorìas en cuidado de los pacientes. Y de quienes conocen el campo en su realidad dramática y cotidiana.

En el mundo, las adicciones se consideran un  sub-tema autónomo dentro de la Salud Mental que requiere consideraciones particulares y dispositivos asistenciales con equipos interdisciplinarios en todo el país, como aquí no existen. En la mayor parte de los países se legisla sobre ellas en complemento autónomo con otros problemas de la salud mental. Porque los derechos se pueden ejercitar en plenitud cuando la persona está en capacidad  de cuidarse. No cuando debe considerarse inhábil para el ejercicio momentáneo de esos privilegios que pueden conducir a su muerte por abandono.

Habiendo bregado durante años por la mejoría asistencial en el campo de la Salud Mental, incluyendo algunos logros reconocidos en diversos países como la instalación de servicios de Comunidad Terapéutica, creo que es dable afirmar que los cambios a proponer son de la práctica y que requieren capacitación, formación, políticas y presupuestos. No es factible cambiar la Ley si la práctica sigue siendo la misma.

Pero volviendo a la promovida prevención de adicciones  que hemos ejercitado durante décadas, bien harían sus recientes cultores en apreciar el éxito de las campañas de prevención del SIDA, logradas a pocos metros en el mismo Hospital. Lo que ha vuelto controlable la epidemia de SIDA  es el conocimiento informado del riesgo que se corre y de como la muerte,  hasta hace poco inevitable en la mayor parte de los casos, puede controlarse con una intervención precoz. El sol y las caminatas al aire libre quedan para la rehabilitación ya que no son curativas en si mismas.

Quien clama por la prevención haría bien en conocer que el Congreso Nacional aprobó una Ley en el año 2010 haciendo obligatoria la prevención educativa. La misma a ha sido dejada de lado por el Ministerio de Educación y el Congreso no ha insistido en su aplicación. ¿No estaremos perdiendo tiempo?

Dr. Wilbur Ricardo Grimson

Médico Psiquiatra

Ex Sedronar (2002-2004)

Actual Presidente de la Fundación de Prevención Social

EL FLACO NO ESTÁ MAS. PERO  POR TODOS LADOS REVERBERAN POR SIEMPRE SUS CANCIONES, SUS LETRAS TRANSFORMADAS POR SU MODO DE CANTAR. SUS ESPECIALES MELODIAS. SUS ACORDES. TALENTO INFERNAL. SUS DIFERENTES FORMACIONES SIEMPRE GENERANDO DIVERSIDAD DE PROYECTOS. SIN SEDUCIR AL PUBLICO. SU ELEVACION PERMANENTE DEL NIVEL DE LAS PROPUESTAS. SU BUSQUEDA DEL RESPETO AL ARTE ANTES QUE AL ARTISTA. HOMBRE Y MUSICO ALUCINADO Y ALUCINANTE. SIEMPRE EN LA AVANZADA DEL TALENTO. SIN PERMITIRSE  CONCESIONES NI DESTRUIR GUITARRAS NI PISAR POLLITOS PARA SORPRENDER. AL AUTOR NO LE HUBIERA GUSTADO EL CHISTE IMBECIL SOBRE EL CAPITAN BETO. HUBIERA SONREIDO CON UN DEJO DE TRISTEZA. Y HUBIERA HECHO SONAR UN ACORDE INDESCIFRABLE. SIGAMOS CON  LA MUSICA QUE LO SOBREVIVE. Y PERDURA..

La noticia del lamentable fallecimiento de la joven Jazmín de Grazia golpea a los que verifican una vez más la capacidad destructiva de la droga en manos del ser humano. Debería además alertar a la sociedad y generar conciencia de la gravedad del problema.

A esto no  puede dejar de sorprender que el Dr. Carlos Damin, Jefe de Toxicología del Hospital Fernández, lugar que supo prestigiar la Dra. Norma Vallejo, salga ahora a pedir campañas de prevencion. Sobre todo porque ha sido el sostén teórico de quienes introdujeron el concepto de “consumo recreativo”, craso error conceptual,  estratégico y sanitario que crea la ilusión de que no hay riesgo en el consumo de drogas. O que se puede minimizar, lo cual es peor.

Ahora, sin decir en que acciones o estrategias basa su recomendación, pide que se canalice a la juventud hacia actividades recreativas, deportivas y saludables. Debería saber que el daño ya ha sido hecho y no ha sido corregido. Al contrario hasta se ha confundido al Ministerio de Educación de la Nación, llevando a la producción de una Guía para docentes que solo puede llevar al error. La idea de consumo recreativo solo puede ser defendida por quienes tienen poca experiencia en el campo, o por los que quieren liberar el consumo de drogas. Por caso la mayor parte de los adictos graves creyeron en el consumo “recreativo” o sea en “yo la controlo”,  hasta que dejaron de poder hacerlo.

En cambio los que venimos desde 1985 defendiendo la prevención integral y lo hemos hecho desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde la Comisión de Drogas, desde la SEDRONAR, desde el Área de Prevención de Adicciones de la UNQUI, sostenemos que la noción de consumo recreativo distorsiona la percepción de la realidad, lleva a creer que el consumo es una banalidad, e informa erróneamente.

Antes de proponer con supuesta originalidad una campaña de prevención de adicciones,  conviene repasar lo hecho por los Municipios Provinciales desde la década del 80, en especial el de Vicente López y el de Lomas de Zamora,  las múltiples Jornadas de Prevención  que tuvieron lugar en casi todas las Provincias, y estudiar su metodología imitada por varios países que nos visitaron.

Porque -es obvio- no se trata de difundir el consumo, pero esto se logra aplicando el motor conceptual  de la prevención que es la noción de riesgo. Solo el riesgo y el daño posterior pueden alejar de la droga. Para el caso del SIDA, no fue el deporte ni la recreación lo que llevó a la prevención eficaz, sino el conocimiento del riesgo real. Lo mismo podemos decir del tabaquismo.

A mayor abundamiento sabiendo que el tema ha preocupado al conjunto de las ONGs, la que convocadas por el Episcopado Nacional elevaron al Congreso Nacional una Ley que fue aprobada de Prevención de las Adicciones (2010), deberían reunirse esfuerzos para que se reglamente y aplique a la brevedad.

El camino de la prevención es el de la salud, el de las drogas es la enfermedad.

Dr. Wilbur Ricardo Grimson

Ex SEDRONAR (2002-2004), actual presidente de la Fundación de Prevención Social

Cuando en el país se avanza hacia un  desmembramiento irracional de las políticas y de la implementación eficaz de esta valiosa unidad que llevó a capacitar entre nosotros  a muchos de los actuales encargados de las políticas de las Américas para actuar en sus respectivos países, esa colectividad de naciones,  reunida en la CICAD, acaba de designar a quien ejerciera la máxima autoridad en esta etapa, para presidir la gestión colectiva en el plano internacional. Buen reconocimiento a todo lo hecho en diferentes etapas –que es mucho- y mala noticia para dar la cara en el concierto de las naciones americanas con propuestas desorganizadoras.

El manto de la pregonada despenalización del consumo no alcanza para justificar este desmadre, como tampoco para haber quitado a la SEDRONAR  en los últimos tiempos la responsabilidad de capacitar a las Fuerzas de Seguridad, y a los Fiscales Federales. Esto también debilita su llegada a profesionales, docentes, voluntarios y operadores. .Se ha reemplazado esta acción por una ideología permisiva, tolerante y a mi juicio dañina que está en franco retroceso en el mundo. Por caso Holanda –tan frecuentemente citada- ha endurecido su postura tolerante, así como lo ha hecho Rusia. Y la opinión pública consultada por la Proposición 19 en California fue ampliamente derrotada cuando proponía la legalización del consumo de marihuana.

No alcanza entonces con revestir de progresismo una postura que aumenta los riesgos de la salud pública de la población  postulando la defensa de  derechos constitucionales que si acaso podrían discutirse  en el caso de los actos privados, escapan claramente a la racionalidad en el caso de las conductas públicas y masivas que  producen daños irreversibles en alto porcentaje.

Se ha difundido oficialmente entre los docentes,  y por lo tanto sus alumnos,  en documentos no fundados en evidencia,  la aseveración temeraria de  que hay consumos “recreativos”, cuando se sabe que superado ese  grado inicial   se  desconoce el riesgo y el daño es difícil de evitar. Se atribuye inocuidad  a nuestros niveles de consumo de cocaína cuando superamos a todos los países con la excepción de los EEUU de Norteamérica.

Lo que ocurre es que se ha dejado de lado la prevención del consumo ignorando que nadie tiene derecho a dañarse por ignorancia. Al ignorar el concepto de riesgo, toda prevención se vuelve inocua y deja avanzar el abuso promovido por la necesidad de lograr resultados imaginarios. Porque el uso desmedido de drogas se basa en el acostumbramiento del organismo y el debilitamiento del efecto que produce la misma cantidad consumida repetidamente. Pero quien usa drogas está comprando un extra ilusorio que quiere agregar a sus capacidades. O quiere hacer desaparecer su hambre como en el caso del paco, o quiere adelgazar hasta dañarse como en el caso de las anfetaminas, o quiere resultar más atractivo, o más fuerte o más exitoso. Y las ilusiones venden pronto pero tienen las patas cortas. Lo que si aumenta día a día es el número de los que buscan  plazas de tratamiento. Y es reducida nuestra capacidad  de brindarlas.

También  se nos quiere hacer creer en la ambulatoriedad como el mejor recurso –lo cual no está comprobado-  y quienes conocen el campo saben que el proceso de recuperación aquí como en cualquier lugar del mundo,  es lento, prolongado y requiere equipos capacitados y su extensión a todas las regiones del país.

La banalización del problema ignora los resultados de los diferentes Observatorios  de Drogas que se han ido instalando en el país, así como pasa por alto  las opiniones  de la mayor parte de las reuniones de profesionales y no profesionales registradas en los últimos meses. También se ignora el reclamo de las Madres que luchan contra las Drogas y de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan denodadamente en el Campo.

Los reiterados reclamos del Episcopado Nacional de advertir que atrás de esta enfermedad adictiva se encuentra un daño espiritual y social no parecen haber sido escuchados. Como tampoco  se obtuvo la  Reglamentación necesaria la Ley de Prevención que fue aprobada por el Congreso Nacional en el 2011 y yace adormecida en algún cajón.

Estamos convencidos de que un debate abierto de estas cuestiones  volcaría la opinión pública en contra de de liberación del consumo permitiendo en cambio una reducción del problema y una oportunidad de recuperación a los ya dañados. Es lo que el país merece lograr.

Dr. Wilbur Ricardo Grimson

(ex Secretario SEDRONAR 2002-2004)

Presidente de la Fundación de Prevención Social

www.fundaprevsoc.com.ar

Actualidad  | Publicada en: agosto 25, 2011 

El 26 de noviembre del 2010, el Senado de la Nación, sancionó la nueva ley de salud mental generando un cambio de paradigma, que entiende a las personas con problemas mentales como sujeto de derechos.

Consenso Salud entrevistó el psiquiatra César Lucchetti, director de la Clínica Las Heras, para que brinde su opinión sobre la iniciativa, que está pronta a reglamentarse.

-Usted preside la Clínica Las Heras

-Sí, la clínica Las Heras está trabajando desde el año 1983, con mucha trayectoria en Buenos Aires. Yo me hice cargo en 2006. El número de camas es el recomendado por los organismos internacionales que rondan en un total de entre 35 y 38 camas, eso permite trabajar de una forma muy distinta, y dar una atención bien personalizada. Trabajamos con un modelo de atención comunitario y de internación breve.

-Teniendo en cuenta la reglamentación de la Ley de Salud Mental, ¿qué opina de la misma?

-Esta nueva ley asocia la internación con la restricción de la libertad y está muy concentrada en el derecho del paciente, lo que es una visión idealizada e ingenua, y más si se piensa que la comunidad está preparada para dar los recursos de contención. Se entiende que la internación psiquiátrica tiene que ver con la intensidad y la especificidad del tratamiento. Esta ley tiene luces y sombras. Las sombras son la falta de claridad y la falta de certeza en algunos conceptos. Pero que el paciente sea atendido como un sujeto que tiene derechos es algo correcto.

-La ley resalta por sobre todo el derecho humano

-Esta es en sí una ley de derechos humanos. El objeto es proteger los derechos del usuario. No se nombra en ningún momento la palabra paciente y tampoco el concepto de enfermedad mental.

-¿Por qué ocurre esto?

-Es una cuestión ideológica. El concepto utilizado es el de padecimiento, lo que es un tema riesgoso, porque se relaciona con enfermedad y dolencia. Pero es importante tener en cuenta que no toda dolencia es una enfermedad, entonces puede ocurrir que se medique una dolencia que no es una enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, en la actualidad donde se empieza a medicar por una angustia, un duelo, etc. La gente cada vez tolera menos y esto lleva a un aumento del consumo de servicios de salud mental.

-¿Cuál es el punto más problemático de la ley a su entender?

-La ingenuidad de pensar que no hay enfermedad mental, deterioro e incapacidad. La ley no quiere caer en la discriminación, pero así se caerá en el abandono y en la falta de cuidado. Estoy de acuerdo en que el paciente tiene que estar inserto en la sociedad, pero con una especificidad y una protección que tenga en cuenta ciertos términos técnicos. Algo que tampoco está explícito es lo que tiene que ver con la necesidad de una reforma de la atención psiquiátrica.

-De ahora en más en cada decisión va a intervenir un equipo interdisciplinario

-Exacto, el psiquiatra no va a poder actuar sólo y eso es bienvenido, para nosotros es mejor. La decisión de ahora en más va a ser colegiada y hay una democratización del sentido de autoridad. Para la internación tiene que haber dos firmas y una de las dos tiene que ser de un psiquiatra o de un psicólogo. O sea que la internación psiquiátrica puede no requerir la aprobación del psiquiatra. Faltaría desarrollar cómo van a ser las alternativas a la internación. No hay claridad ni innovación en este punto.

-¿Cree que esto va a facilitar el trabajo?

-No creo que con esta interdisciplinariedad nos vayamos a poner de acuerdo fácilmente, cuando a veces hay cuestiones de urgencia por resolver como el suicidio y la violencia. El concepto de interdisciplina teóricamente es complicado y en la práctica también lo va a ser. En la ley no hay un concepto de jefe de equipo, pero cuando se presente una posible mala praxis ¿cómo se van a dirimir las responsabilidades civiles y penales? ¿Y cuando haya disenso? A pesar de esto, creo que es el camino a transitar, es una oportunidad para que la psiquiatría vuelva a estar en un lugar de la medicina. Debería servir para terminar con el estigma que tienen los pacientes y los profesionales.

-¿Siente que esta ley culpa un poco a los psiquiatras?

-Totalmente. La ley lo que dice es que hay que protegerse de la acción del psiquiatra y de las instituciones.

-Esta ley no implica cierre de establecimientos psiquiátricos

-No, pero se tienen que reformar siguiendo los principios de la ley. Lo que sí afirma es que no puede haber creación de nuevos psiquiátricos. Y además las internaciones se tendrán que hacer en hospitales generales, cosa que me parece correcto. La internación tiene que estar en un sistema de atención médica, no tiene que estar apartada, pero sí diferenciada, porque tiene una especificidad especial. Hay algo que también omite la ley que tiene que ver con no entender la importancia del tratamiento institucional. Lo clave que es la ayuda para descomprimir situaciones familiares, y eso es borrar de un plumazo 100 años de desarrollo del tratamiento institucional. Lo que cura es el medio, la interacción con el resto de los pacientes, con los profesionales y la importancia de la comunidad terapéutica. El paciente no se cura sólo con la medicación.

-¿Esta ley implicará mayor presupuesto para el área?

-Sí, la ley prevé un aumento del 10% en tres años. Conozco la experiencia chilena, donde empezaron en el año 1998 y querían llegar al 5% en diez años. Ahora estaban en un 3,5%. En Argentina es una pretensión que ojalá se pueda lograr. Hay varios estudios de la Organización Mundial de la Salud que dicen que en los países de bajos ingresos el 1,5% del presupuesto está destinado a salud mental, mientras que en países desarrollados el promedio es del 7%. Pero hay que aclarar que el hecho de tener más presupuesto no significa que va a mejorar la calidad en la prestación, y se puede malgastar dinero si no hay gente formada en psiquiatría comunitaria.

-¿La ley es aplicable en la actualidad?

-Hay que pensar que las reformas de este tipo llevan 10 años como mínimo. Requiere más esfuerzo y un mayor gasto. Hay que preguntarse también qué comunidad tiene los recursos para aceptar solidariamente a la persona que tiene un déficit. Los pacientes tienen también un nivel de co-morbilidad médica muy importante. Tienden a padecer más enfermedades, porque no hacen caso al consejo médico, no tienen hábitos de cuidado  y suelen abandonarse.  Esta cuestión de que haya más facilidad para que las internaciones sean voluntarias me parece bien, pero hay casos en los que el paciente puede llegar al suicidio o ponerse violento. Pasan a ser instituciones de puerta giratoria.

-¿Cómo fue recibida la ley en el ámbito psiquiátrico?

-En el ámbito psiquiátrico fue recibida con resistencia, porque es una ley antipsiquiátrica. El concepto es que hay que protegerse del psiquiatra. Además, ninguna asociación de psiquiatría tuvo la posibilidad de intervenir para opinar de esta ley. No nos trataron bien, pero antes tampoco estábamos bien. Insisto con que podría haber sido una ley más clara, más honesta intelectualmente y más útil.

Ley de Salud Mental: necesaria participación

Asociaciones profesionales y personalidades del ámbito jurídico y médico debatieron el miércoles último sobre la importancia de la participación de científicos, médicos y académicos -a la hora de reglamentar la recientemente sancionada ley 26.657- para evitar errores. Un experto habla de los aspectos a tener en cuenta.

Mediante la sanción de la ley 26.657, concretada el año pasado, se propone una modificación del sistema de atención de la Salud Mental en el país, con el objetivo de “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”.

Sin embargo, diversas instituciones y miembros de la comunidad científica y académica advierten que al momento de reglamentarla se deben considerar diversas cuestiones para eliminar “imprecisiones y evitar superposiciones contradictorias con otros instrumentos legales preexistentes”.

Este fue el tema central de la “Jornada Interdisciplinaria de salud mental y derecho”, organizada el miércoles último por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que participaron asociaciones profesionales y reconocidas personalidades del ámbito jurídico y médico vinculadas a la temática.

En diálogo con La Prensa, el doctor Juan Carlos Stagnaro, director del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó cuáles son las principales consideraciones que se deben tener en cuenta.

- Desde la Facultad de Medicina de la UBA proponen la participación democrática de los estamentos universitarios, científicos y otros a fin de alcanzar una reglamentación adecuada de la Ley de Salud Mental ¿Qué aportes podrían hacerse?

- En la mención al objeto de la ley, mencionado en su Art. 1, dice que se debe “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional”.

En la Declaración de la Facultad de Medicina proponemos que el Decreto Reglamentario aclare que se entiende por “personas con padecimiento mental” a todas aquellas que presenten trastornos mentales “definidos según la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En efecto, consideramos que el término “padecimiento mental” es altamente impreciso ya que con el mismo se corre el riesgo de patologizar y terapeutizar el sufrimiento que ocasionan las carencias sociales, por ejemplo.

Precisar que se debe encuadrar el objeto de la ley en términos de la OMS permite encuadrar correctamente la tarea sanitaria y legal en relación a las personas que se desea proteger.

Por otro lado, en el texto de la ley hay muchos términos vagos e imprecisos como “profesionales de campos pertinentes”, para aludir a miembros de los equipos de salud sin precisar cuáles; o “abordajes interdisciplinarios” sin explicitar de qué se trata.

Los aportes posibles son múltiples en muchos puntos del texto de la ley. En su conjunto apuntan a superar errores de redacción, imprecisiones en los términos, delimitación de incumbencias, previsiones adecuadas en los plazos y las formas para transformar el sistema sanitario de Salud Mental, entre otros.

- ¿Qué otras carencias advierten?

- Una muy importante es la falta en el texto de la ley de la indicación de promover un exhaustivo y permanente registro epidemiológico en todo el país. Los especialistas del Derecho pueden, por su lado, aportar precisiones sobre procedimientos en diversas circunstancias como para brindar protección legal y garantías a los pacientes.

PREVENCION

- Han señalado que la Ley se enfoca más sobre la internación aunque la demanda más importante del campo sanitario de Salud Mental tiene que ver con la prevención, atención ambulatoria, rehabilitación y reinserción social. ¿De qué modo podrían abordarse estos aspectos en la reglamentación de la ley?

- Efectivamente, si bien los procedimientos relativos a las hospitalizaciones, sobre todo involuntarias, deben ser atendidos en detalle, la mayor parte de la demanda (95%) se presenta en los servicios de atención ambulatoria. En especial, sería necesario ocuparse de lo referente a la prevención de los trastornos mentales, a la lucha contra el estigma que generan los mismos, a las patologías prevalentes como son las adicciones, las patologías de las franjas etáreas más vulnerables como la infanto juvenil y la vejez, el alcoholismo o la rehabilitación de pacientes crónicos. Estos problemas son mencionados muy insuficientemente en el texto de la ley y merecen una especial precisión en el Decreto Reglamentario.

- Indican además que la internación por trastornos mentales no puede ser entendida como último recurso, sino como uno más de los existentes para el tratamiento ¿Por qué?

- La hospitalización por motivos de trastornos mentales no puede ser entendida como último recurso sino como un recurso más dentro de los existentes para la atención de dichos trastornos, y por lo tanto, la indicación de su oportunidad debe estar sujeta a las reglas del arte. En muchos casos una internación breve se plantea como el recurso inicial más eficaz para contener un cuadro cuyo riesgo evolutivo es de prever o una conflictiva familiar que tiende a agravar un cuadro u otras situaciones psicopatológicas variadas. Esa preceptiva de la ley es innecesaria ya que la terapéutica es imposible de legislar. Cuando se tiene experiencia clínica se sabe que los programas terapéuticos se diseñan caso por caso. Entender a la hospitalización siempre como un castigo o una medida coercitiva es un prejuzgamiento sin sustento en la realidad cotidiana de nuestras instituciones.

INJUSTIFICACION

- Sugieren que deberían eliminarse las internaciones prolongadas por causas extra médicas -relacionadas a la falta de contención familiar, entre otras- ¿Qué alternativas podrían incorporarse para solucionar esta problemática?

- Esto es obvio y hace muchos años que los médicos psiquiatras bregamos porque no existan hospitalizaciones prolongadas sin justificación médica. En la mayoría de los casos que requieren internación se realizan hospitalizaciones que duran desde unos días o semanas hasta unos dos o tres meses. Las internaciones prolongadas por la anomia y el hospitalismo que provocan están completamente contraindicadas.

Sin embargo, hay un cierto número de pacientes que han perdido sus vínculos familiares o son rechazados por su familia con la que tienen vínculos conflictivos, por lo que carecen de domicilio, y han perdido su continuidad laboral y sufren el estigma social de haber estado internados por causas psiquiátricas, o, lo que es más grave, por la propia evolución de su afección han resultado con un déficit de diversos grados en sus capacidades psicofísicas. Esto hace que junto al deber de garantizar la autonomía máxima que se pueda lograr en estas personas, la comunidad también tenga la obligación de protección y de brindarles condiciones de vida dignas como a los demás ciudadanos. Esto pasa por la creación de instituciones pequeñas de larga estadía del tipo de los hogares protegidos, familias sustitutas, departamentos de convivencia y otros métodos adaptados para ello.

La externación de pacientes sin contar con una red efectiva y funcionante de esos recursos en la comunidad puede ser tan abusiva y lesiva para los Derechos Humanos como una internación prolongada sin justificación, porque frecuentemente termina, como ya ha ocurrido en otros países, no en una desinstitucionalización beneficiosa sino en una transinstitucionalización. Es decir, que los pacientes que se encuentran en las condiciones antes enumeradas pasan de los hospitales monovalentes a las cárceles o a vivir en la calle. Las personas no quedan durante años en los hospitales porque los equipos de médicos psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeras y trabajadores sociales, que los atienden quieran conservarlos internados. Permanecen allí, fundamentalmente, porque no se cuenta con alternativas y recursos para su inserción en la comunidad. La ley que comentamos resuelve mal, con insuficiencias e imprecisiones y de manera meramente declamatoria este grave problema.

- ¿Cuáles considera que son las dificultades para la aplicación de la ley 26.657, tanto en los hospitales monovalentes como en los hospitales generales?

- Si bien deben proscribirse las internaciones prolongadas en instituciones neuropsiquiátricas por causas extra-médicas, debe preservarse la existencia de servicios psiquiátricos de hospitalización especializados para la atención de alta complejidad de los trastornos mentales que así lo requieran. No hay dispositivos alternativos a las instituciones especializadas monovalentes. Los servicios que deben existir en los hospitales generales, los hospitales de día y de noche, las casas a medio camino, los centros de salud mental ambulatorios, los talleres protegidos y demás instituciones en la comunidad no pueden reemplazar el tipo de cuidados que requieren ciertas patologías o momentos evolutivos de las mismas. Negar esto es un desconocimiento liso y llano de la realidad clínica y terapéutica aceptada y recomendada por los consensos internacionales en la especialidad.

PROPUESTAS

- ¿Qué se puede hacer?

- Los recursos necesarios para los servicios de psiquiatría en hospitales generales deben crearse ya que hay poquísimos y deben respetar las necesidades especiales del tipo de pacientes atendidos en salud mental que, habitualmente, no están en reposo permanentemente. La mayor parte del tiempo, durante la hospitalización, debe ser aprovechada para terapias de rehabilitación individual y resocialización que, además, exigen previsiones arquitectónicas especiales. La no disponibilidad de esos recursos, por carencias de diversos tipos: edilicias, de recursos humanos y/o de equipamiento, que, obviamente no son responsabilidad de los equipos tratantes, puede redundar en una situación de atención insuficiente y/o violación de los Derechos Humanos de los pacientes internados en esas condiciones de precariedad.

Por otro lado, debe garantizarse la accesibilidad a la medicación de comprobada efectividad en todos los niveles y efectores de la red de atención en Salud Mental, la prescripción de psicofármacos debe realizarse siguiendo las normas internacionalmente aceptadas por los consensos médicos para su uso racional, combinándola con todos los otros recursos terapéuticos. La indicación y renovación de las prescripciones sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones pertinentes realizadas por médico psiquiatra.

- Prácticamente en todos los ámbitos de la medicina se requiere un enfoque interdisciplinario. ¿Esto también es así en Salud Mental? ¿Se ha atendido este requisito en la Ley?

- Creo que desde un punto de vista epistemológico, en el estado actual de nuestros conocimientos, es más correcto hablar de multidisciplina que de interdisciplina. Por supuesto que el trabajo multidisciplinario es útil e indispensable en la medicina en general y en nuestro campo de trabajo en particular. Esto no es nuevo: en la inmensa mayoría de nuestras instituciones se trabaja de esa manera desde hace décadas. Pero esa metodología debe realizarse respetando las competencias universitarias de las diferentes profesiones que integran los equipos multidisciplinarios, y las incumbencias fijadas por las leyes vigentes del ejercicio profesional.

Por Agustina Sucri

Diario La Prensa

15/11/11

“No creo que sea una ventaja legalizar el consumo de drogas”

Carlos Tena Tamayo dijo que “a mayor permisividad, habrá mayores problemas de salud”

Por Daniel Gallo | LA NACION

Carlos Tena Tamayo. Foto: Archivo

La violencia y las muertes asociadas con el crecimiento del narcotráfico impulsaron una corriente de opinión internacional favorable a la legalización de las drogas, a convertir a los carteles en empresas que paguen impuestos por la colocación de su producto.

Ex presidentes latinoamericanos se inclinaron por esa alternativa para detener la guerra de las drogas en México.

Pero, ¿en qué posición quedarían los adictos? “No creo que sea una ventaja para la sociedad la legalización del consumo de drogas”, definió Carlos Tena Tamayo, el comisionado nacional contra las adicciones en México.

Tena Tamayo estuvo en Buenos Aires, donde participó de la reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (Cicad-OEA).

En diálogo con LA NACION, rechazó las propuestas escuchadas en foros internacionales sobre las supuestas ventajas de la legalización del consumo de drogas.

“Cuando disminuye la percepción de riesgo en el uso de drogas aumenta el consumo y, con eso, se incrementa el daño en el sistema de salud. Eso ocurriría con la legalización de las drogas. Impactaría en forma negativa en toda la familia”, expresó.

La opinión del mexicano Tena Tamayo tiene su importancia en los debates mundiales sobre drogas. Otros se ocupan en su país de la represión del delito, del choque directo con las organizaciones fuertemente armadas cuyos resultados impresionan. Dentro de ese contexto, la visión de Tena Tamayo se apoya en el daño que causa el producto comercializado por las redes del narcotráfico internacional.

“Si se es permisivo ante el consumo de drogas se termina en un mayor problema de salud de las personas”, dijo.

Y puso como ejemplo lo que ocurre en la actualidad con las drogas legales.

“El exceso del consumo de alcohol es una de las principales causas de muertes de jóvenes en accidentes. En cambio, está claro que disminuyó la tendencia al consumo de tabaco por las fuertes restricciones, incluso en la prohibición de publicidades”.

Más allá del tránsito de drogas rumbo a los Estados Unidos, las estadísticas de consumo interno de México se fijan en 1,6 por ciento de su población. Si bien no es alto el índice, Tena Tamayo explicó que el gobierno mexicano entendió como una alerta la tendencia creciente de consumo por parte de grupos menores de 18 años. El foco de la prevención se puso en esa zona etaria en riesgo.

En principio, en México el efecto de las drogas figura como una propia materia de estudios en escuelas. La idea es generar una conciencia entre los jóvenes del peligro a la salud que implican los distintos estupefacientes. El próximo paso apuntó a acercar la información a los padres, siempre con el eje de trabajo colocado en las escuelas. “Se invierte en prevención porque es mucho más difícil revertir la tendencia cuando está en alza”, comentó Tena Tamayo.

Aquellas personas que tienen problemas de adicciones son tratados en 333 centros primarios, con atención ambulatoria, que obtienen los recursos financieros oficiales en los decomisos de divisas y bienes del narcotráfico. Un porcentaje de las propiedades incautadas a las organizaciones armadas se deriva a la atención de las personas víctimas del producto que expanden. Otros 1500 centros de tratamiento están en manos de la sociedad civil.

Una tabla fija

“Es inevitable que aumente el consumo de drogas en un país donde circula el narcotráfico. Para nosotros, los médicos, está claro que si hay más cantidad del producto en una plaza, habrá mayor consumo. Y también habrá más muertes en consecuencia”, indicó.

Opuesto a la legalización de las drogas, además dijo que “es inviable hacerlo en un solo país”, Tena Tamayo explicó que en México existe desde 2001 una tabla fija para determinar la cantidad de drogas para consumo personal que una persona puede portar sin ser arrestado. En el caso de la picadura de marihuana, el límite es de 5 gramos. De todas maneras, en la actualidad, la persona que es sorprendida en la calle con drogas es derivada, por orden judicial, a un centro de rehabilitación.

GRANERO, EN UN NUEVO CARGO

El titular de la Sedronar, José Granero, asumió la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), que depende de la Organización de Estados Americanos. La misión principal de la Cicad es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus estados miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilegaless, y encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas..

METODOLOGÍA

Clases con presentación de temas e instituciones del sector.

Grupos de trabajo.

Distribución de bibliografía.

TEMAS GENERALES

• El desarrollo del voluntariado en la Sociedad Argentina
• Experiencias de las Organizaciones no gubernamentales
• Herramientas del Voluntariado

COORDINACIÓN DEL CURSO

Directora: Lic. María Marta Herz

Coordinador Docente: Dr. Wilbur Ricardo Grimson

INSCRIPCIÓN

Tel: (011) 4328-4224/9875  o (011) 4384-5190 de 10 a 15 hs.

por mail: cursovoluntariadosocial2011@gmail.com

SEDE DEL CURSO

Universidad de Belgrano – Secretaría de Extensión Universitaria

Av. Federico Lacroze 1947 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Curso Voluntariado Social

El recorte del debate quiere desligar esta situación personal de su macrodeterminación por lo que algunos designan los  esfuerzos de un imperio subterráneo y ligarlo a los derechos individuales y su ejercicio en privado. Pero las drogas traspasan los planteos individuales porque se extienden a capas numerosas de la población y desarrollan  su principal extensión en reuniones multitudinarias, públicas, de alto costo. Es ahí donde desaparece la noción de riesgo -sustituida por la idea de estar ejerciendo el derecho a drogarse- y es ahí donde se producen en forma inevitable,  ligada al descontrol del consumo de alcohol y drogas,  los múltiples accidentes derivados del abuso de sustancia de los que dan cuenta nuestros hospitales públicos en especial en los fines de semana.

Ante esta situación  el país carece de una política de salud que se haga cargo  de esos accidentes que exceden la capacidad instalada de nuestros Hospitales Públicos por lo cual el argumento de que se quiere canalizar  el problema como algo ligado a la salud,  carece de sustento empírico. No hay capacidad de atención de lo que ocurre en el área de Salud, ni se lo acompaña una vez registrado de un cuidado básico. Debe saberse  que hay alta probabilidad de que la persona que ha abusado vuelva a hacerlo, y por lo tanto se debería canalizar su situación, una vez superada la emergencia,  a una consulta médico psicológica adecuada.

Si en la década del 90 se había avanzado en este sentido sobre la base del eficaz desarrollo de Juan Yaría durante la Gobernación de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires con la creación de FONODROGA y su red de derivación a los Centros Preventivos Asistenciales, hoy el sistema está debilitado, en crisis y no se le conoce la eficacia de otros tiempos, su agilidad ni su disponibilidad.  Antes se tenía una barrera de contención del fenómeno en base a consultas, orientaciones y derivaciones. Se evaluaba la posibilidad de un tratamiento ambulatorio que hoy se quiere aplicar por capricho. Se recurría a las internaciones en caso necesario. La tan mentada Salud ha sido dejada de lado en el campo institucional y no se involucra en dos instancias básicas: la ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En ambos casos se ha reemplazado por la Acción Social que no da cuenta de la totalidad de las dimensiones del fenómeno que en todos lados se reconoce como propio de lo intersectorial. Acaso puede pensarse que desde la Acción Social se puede abordar la totalidad de alguna enfermedad?

Ante esto se impone la necesidad de volver a barajar y repartir las responsabilidades en forma eficaz. En cambio vimos durante la reciente campaña electoral que se definía la liberalización del consumo como un avance contra el narcotráfico. Nadie que conozca la realidad creciente del narcotráfico puede respaldar este mensaje, que los narcos podrían aplaudir. Menos cuando se lo acompaña de carteles que llaman a “portarse mal”. Llamo ingenuidad a esta postura aplicando el beneficio de la duda. No estamos ya en edad escolar proponiendo portarse mal a nuestros compañeros.

Llamo ingenuo pensar que hay derecho a drogarse sin conocer los riesgos – ya que no hay suficiente prevención que los informe – porque se desconocen los riesgos de que dan cuenta los accidentes que ocurren todos los fines de semana.

Llamo ingenuo hablar de que es un problema de Salud cuando la Salud Pública no ha llegado a anoticiarse de que en este campo le corresponde actuar.

Llamo ingenuo decir que hay solución con tratamientos ambulatorios a problemas que ocupan mucho tiempo y muchas veces necesitan internación.

Llamo ingenuo desconocer las muertes de Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Olmedo, el Potro y Juan Castro y tantos otros desconocidos que habitaban nuestras zonas marginales.

Llamo ingenuo no promover acciones sistemáticas de prevención educativa en todos los niveles.

Llamo ingenuo hablar de derechos a consumir cuando para amplios sectores se trata de sobrevivir drogándose para mitigar hambre y abandono.

Wilbur Ricardo Grimson

Ex Secretario de la SEDRONAR (2002-2004)

Presidente de la Fundación de Prevención Social

www.fundaprevsoc.com.ar