DERECHOS HUMANOS

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno constitucional presidido por Isabel Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, y lo sustituyeron por una Junta integrada por representantes del ejército, la marina y la aeronáutica. El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” instaurado entonces tuvo entre sus objetivos acallar cualquier tipo de disidencia política e ideológica e implementó una feroz política represiva dirigida contra amplios sectores de la sociedad argentina: secuestros, asesinatos, torturas, censura sobre los medios de comunicación fueron los instrumentos de que se valió el Estado para imponer el “orden” en la sociedad. La dictadura también implementó una profunda reestructuración económica y social en el país. Las garantías constitucionales fueron suspendidas, la actividad de los partidos políticos fue prohibida y varios de sus principales dirigentes encarcelados y perseguidos. La investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP), publicada con el título Nunca Más, logró documentar la desaparición de 8960 personas, pero se estima que fueron muchos más los que sufrieron el mismo destino. A ellos se suman los casos de cientos de personas que permanecieron detenidos sin causa ni acusación concreta durante varios años y la situación de los niños que, luego de nacer en centros clandestinos de detención, fueron secuestrados, privados de su verdadera identidad y entregados en forma irregular en adopción. Miles de ciudadanos fueron despojados ilegalmente de sus bienes, cesanteados y expulsados de sus trabajos por razones políticas, e incluso obligados a exiliarse. El Nunca más es aún hoy un documento esencial para conocer el funcionamiento y organización del aparato terrorista organizado desde el Estado. Sobre la base de este informe se llevó a cabo el juicio a los integrantes de las distintas juntas militares que fueron procesados a finales de 1985. Poco después, presiones políticas y militares llevaron a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986 y 1987, que junto con los indultos de 1990 pusieron fin al camino iniciado poco tiempo antes y tendieron a la amnistía y el perdón. La derogación de las leyes por el Congreso en 2005 y su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió las puertas a la reapertura de los juicios y volvió a invertir la tendencia. La memoria colectiva es la forma en que una comunidad recuerda su propio pasado histórico a partir del recuerdo de ciertos hechos políticos, culturales o sociales que esa sociedad considera relevantes. Esa memoria compartida orienta, muchas veces, el comportamiento y las actitudes de las generaciones posteriores. Es por eso que en 2002 una Ley Nacional (Nº 25.633) instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ese día se recuerda a las víctimas de la represión ilegal de la dictadura, buscando fortalecer el compromiso de las jóvenes generaciones con la defensa permanente de los derechos humanos y promover la valoración de la democracia, la libertad de expresión y el estado de derecho. A más de tres décadas del golpe de estado, es evidente que el objetivo repetido de la “reconciliación” no será posible si no se avanza en el conocimiento y comprensión de lo ocurrido. La escuela es una institución esencial para la memoria y la justicia, requisitos básicos para que sucesos tan horribles no se repitan nunca más