El estudio de campo
El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.
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Por Horacio Verbitsky
El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”. El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización.
La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administració n Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos.
Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota. Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno
–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?
Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificació n por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.
–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?
Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados
–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?
Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.
–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?
Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.
–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?
Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.
–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?
Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
La relación con Monsanto
–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?
Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.
–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?
–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.
–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?
Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
Nada de qué arrepentirse
–¿Algo más?
Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.
Entrevista con Regúnaga: Mercedes González.
http://www.pagina12 .com.ar/diario/ elpais/subnotas/ 124649-39881- 2009-05-10. html
EL PAIS
Precisiones
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Por Horacio Verbitsky
Tal como dice Solá en la entrevista, la autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica de Monsanto resistente al glifosato fue solicitada por Nidera, cosa que no contradice lo informado aquí (Verano del 96, 26 de abril de 2009). La solicitud, presentada el 12 de enero no abre el expediente, como corresponderí a, sino que consta en el folio 118, uno de los últimos, lo cual da una idea de su apuradísima confección. También es cierto que la Conabia no opuso inconvenientes a la comercializació n de la semilla “en lo referente a la bioseguridad agropecuaria”. Pero según el subsecretario de alimentos de aquella época, ingeniero Félix Manuel Cirio (folio 1 del expediente), lo que el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav) debía analizar y evaluar era su “bioseguridad para consumo humano y/o animal”, que no es lo mismo. La expresión bioseguridad agropecuaria se refiere al impacto de un organismo o técnica en el ecosistema productivo, a que no produzca alteraciones en la biodiversidad, el manejo ecológico en su conjunto o la micro/macro flora y fauna. Bioseguridad alimentaria, en cambio, es cómo esos nuevos procesos u organismos y/o el producto derivado de ellos afectan la alimentación humana.
Respecto de los dictámenes técnicos que Solá dice desconocer, el 25 de marzo el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 al director de Calidad Vegetal del mismo ente, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación era necesario establecer ciertos criterios sobre organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades” (folio 126). Nada de ello se llevó a cabo porque el mismo 25 de marzo Solá firmó la resolución 167 que concedió la autorización (folio 135). Una semana después, el 2 de abril, Batista insistió con la elevación al presidente del Iascav, Carlos Lehmacher, de un documento sobre la evaluación de organismos modificados genéticamente (folio 139) donde se afirma que para probar su seguridad e inocuidad se deben realizar “ensayos de carácter toxicológico, alergógeno, cancerígeno, teratológico, etc. a corto, mediano y largo plazo” (folio 142).
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Verano del ’96
La soja transgénica se autorizó en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción. Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado. Amenazas al investigador de los efectos del glifosato sobre los embriones. Otro estudio sostiene que su fumigación exterminó a los predadores naturales del mosquito vector del dengue. Según D’Elía, en presencia de Buzzi intentaron sobornarlo para bajar las retenciones.
Por Horacio Verbitsky – Página/12
El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte- tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?
Tiempo record
El subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administració n de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25 de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud pública.
“Efectos no deseados”
El apuro se intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica como alimento y autorizara su importación. Estos pasos quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas que constan en el folio 135 del expediente, “la producción y comercializació n de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio 140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado. Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificació n del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformació n de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformació n económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina.
Solá invocó el 25 de marzo un dictamen jurídico que por entonces no existía. Recién se firmó tres días después.
Amenazas a un científico
Algunos de esos estudios recién se están haciendo ahora. Según el que realizó el investigador Andrés Carrasco, reproducido aquí hace dos semanas por el periodista Darío Aranda, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos. A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël. El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba. Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”. El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.
Todos nos beneficiamos
El dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía dijo a este diario que durante una reunión propiciada por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, Huergo le sugirió que recibiría beneficios económicos si colaboraba con la reducción de las retenciones a la exportación de la soja de laboratorio. El diálogo ocurrió en noviembre de 2007, cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner elevó la alícuota del 27 al 35 por ciento, es decir varios meses antes de que la presidente CFK y el ministro de Economía Martín Loustau implantaran las retenciones móviles. D’Elía dice que el encuentro se produjo cuando él había renunciado a la Comisión Nacional de Tierras y su relación con el gobierno nacional parecía quebrada, a raíz de sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Buzzi, con quien en 2001 había formado parte del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), le pidió que lo acompañara a una entrevista en los estudios de Canal Rural, con el ingeniero Huergo, y luego los tres fueron a desayunar. Buzzi le dijo que Huergo era “un fenómeno” y que podía ayudarlos a financiar toda la actividad a favor de las reivindicaciones de la Federación. Esos reclamos que D’Elía apoyaba, contra la concentración y la extranjerizació n de la tierra y a favor de una nueva ley de arrendamientos, no aparecieron en la conversación. “Me fui dando cuenta de que el punto principal que planteaban era la rebaja de las retenciones a la soja. Querían el apoyo de los movimientos sociales para eso”, dice D’Elía. Agrega que Huergo le guiñó un ojo mientras le decía: “Hay que defender la soja y con la soja tenemos que ganar todos, ¿me entiende?”. D’Elía concluye: “creyeron que como estaba mal con el gobierno me sumaría. Pero conmigo se equivocaron”.
La soja y el dengue
Un trabajo reciente del ingeniero agrónomo Alberto Lapolla vincula la epidemia de dengue con la sojización. Desde hace años se advierte una invasión de mosquitos de las especies Aedes y Culex en lugares del país y épocas del año inhabituales, como la pampa húmeda mucho más allá del verano. En 2008, la invasión se extendió hasta mayo, pese al descenso de la temperatura. Ya en 2007 y 2008 hubo casos de fiebre amarilla en Bolivia, Paraguay, Brasil y el Norte argentino, que entonces se adjudicaron a viajeros, porque es confortable pensar que el mal siempre viene de afuera. Con la epidemia de dengue de este año se hizo evidente que la invasión incluía al temible Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla y el dengue. El estudio de Lapolla señala la equivalencia del mapa de la invasión mosquitera con el de la República Unida de la Soja, según la definición de la multinacional Syngenta: Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde el poroto transgénico de Monsanto se fumiga con el herbicida glifosato, y sus compañeros de ruta, 2-4-D, Atrazina, Endosulfán, Paraquat, Diquat y Clorpirifós. Todos los venenos mencionados “matan peces y anfibios, sapos, ranas, escuerzos, etc., es decir los predadores naturales de los mosquitos, de los que se alimentan tanto en su estado larval como de adultos”. Esto se comprueba en “la casi desaparición de la población de anfibios en la pradera pampeana y en sus cursos de agua principales, ríos, arroyos, lagunas y bosques en galería, así como el elevado número de peces que aparecen muertos o con deformaciones físicas y graves afectaciones en su capacidad reproductiva”, como han informado reiterados estudios e investigaciones. A esto debe sumarse la deforestación en las áreas boscosas y de monte del Noreste y el Noroeste, que destruyó su equilibrio ambiental, “liquidando el refugio y hábitat natural de otros predadores de los mosquitos, lo cual permite el aumento descontrolado de su población”. Hace dos semanas visitó la Argentina la periodista francesa Marie-Monique Robin para la presentación de su libro El mundo según Monsanto, recién traducido al castellano. La ministra de Salud Graciela Ocaña la invitó a conversar, pero no pudo asistir a la cita porque fue llamada desde la presidencia por la irrupción de la epidemia de dengue. En su lugar, la audiencia se realizó con el secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, Licenciado Alberto Hernández. “Fue muy simpático y amable, pero no tenía la menor idea del tema. Al punto que me preguntó por qué había tantas fumigaciones”, fue el azorado comentario de la investigadora.
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