Más de dos mil jóvenes de cuatrocientas organizaciones de todo el país se reúnen en Córdoba para debatir sobre la construcción de un nuevo movimiento vinculado con la CTA. Campesinos, estudiantes, comunidades originarias, militantes políticos. Sus historias.

Por Alejandra Dandan

Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra,

nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje. El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.

Ellos realizan sus rápidos cálculos de reposición del viejo orden. Alegan pureza institucional, pero se han abstenido de hacer gala de ella cada vez que les tocó actuar en tareas de responsabilidad. Esgrimen que se han superado los límites tolerables en materia de seguridad, pero en vez de pensar los abismos sociales que sólo se remedian con políticas democráticas y con el desafío aún pendiente de una nueva distribución del ingreso, expanden un miedo difuso preparando futuras agencias y formas regresivas de control poblacional. Vigilar y castigar parecen ser sus recursos privilegiados, el núcleo primero y último de la brutal simplificación de la anomia que subyace a una sociedad desquiciada por la implantación, desde los años de la dictadura videlista, de un proyecto de país fundado en la exclusión, la marginalidad y la miseria creciente de aquellos mismos que acabarán convertidos en carne de prisión o de gatillo fácil.

Si es el caso, no vacilan en aceptar pigmentos de “izquierda” para presentar un proyecto que pertenece a las fantasías recónditas de una nueva derecha mundial. Desenfadados, anuncian que todo lo que harán no será contradictorio con la asunción de “la política de derechos humanos”. El neo-conservadorismo argentino ha aprendido a no ser literal como sus ancestros. Puede ser también, si lo apuran, un “progresismo de derecha”, imbuido de los miles de fragmentos sueltos que vagan por los lenguajes políticos. Todo vale. Pueden tomar las premisas de una lengua que hace poco pertenecía a los movimientos sociales de transformación. O pueden sonreír por lo bajo pues alguien sustituyéndolos reclamará magnas puniciones y pronunciará el supremo veredicto: “pena de muerte”. Será la forma sublimada de indicar el rumbo de la reingeniería de una “sociedad turbada”, una Argentina que reclamaría la pastoral de la seguridad, que en vez de considerarse un grave problema que debe convocar imaginativas soluciones económicas, democráticas, laborales y pedagógicas, es visto como una peste medieval que exige periódicos exorcismos de punitivas sacerdotisas y ávidos prelados.

Junto a la complicidad con quienes exigen un cadalso público como forma de una nueva razón disciplinadora, los mundos políticos de la restauración conservadora extienden bruscamente ante sí el descuartizado mapa de las ideologías argentinas. Unos buscando “patas peronistas”, otros “patas liberales” y otros “patas radicales” para lo que creen que son sus baches a ser rellenados con cuadrillas políticas nocturnas de urgencia. Confunden política con pavimentación. Se entrecruzan en el complaciente intercambio de figuritas sobre el vacío que se atribuyen a sí mismos. Comienzan por reconocerse carentes, vivir en el socavón de su propia escasez. No sorprende que la decadencia de las grandes ideas de cambio social haya traído aparejada la decadencia del lenguaje político. Las viejas corrientes políticas, que supieron ser corrientes de ideas, son ahora partes de un pensamiento rápido, aleatorio, que se arrastra por el piso como un mueble que desgastó sus soportes. La nueva derecha, forjada en los lenguajes massmediáticos, carece de escrúpulos a la hora de arrojar por la borda ideas y principios o de adherirse a los restos tumefactos de tradiciones antagónicas; lo único que le importa es conquistar, por la vía de la simplificación y el vaciamiento ideológico, a una ciudadanía apresada en las matrices heredadas de los noventa menemistas. Pretenden organizar las filas del individualismo atemorizado pero si triunfan no gobernarán como estrategas de la concordia social sino como artífices de una implacable revancha represiva.

Los representantes de la restauración han memorizado así archisabidos preceptos, míseras cartillas para refundar el Orden Conservador, pero se sienten vivados por los abstractos públicos presentados como momentánea platea popular sustituta. Saben que actúan en medio de poblaciones estremecidas por los diversos planos de una crisis civilizatoria de la que dicen no tiene conclusión visible, pero la suelen ver como parte de un oscuro deseo de que esa crisis llegue pronto a la Argentina como “gran electora catastrófica”. La crisis mundial sería la prestidigitadora de una devastación. Desarticularía previsiones, refutaría políticas públicas y esparciría desempleo, inestabilidad o pánico. Y les daría votos. La conciencia invisible del conservador se mueve en todos los rubros de la lengua movilizadora, pues sabe que hay un público difuso extendido en todo el país que lo escucha y que proviene de muchos legados políticos destrozados. Se parte del anhelo de que la crisis venga ya. Que irrumpa por fin esa crisis mundial y derrote a los esfuerzos que se hacen por conjurarla, a veces buenos, otras improvisados sobre el vértigo que la crisis impone, no siempre efectivos.

En el inconciente colectivo de la restauración se halla emplazado el pensamiento de que la “llegada visible de la crisis” equivaldría a una admonición mesiánica que se encargaría de derrotar a los frágiles gobiernos a martillazos del Dow Jones y drásticos patrullajes del Nasdaq. Ninguna conciencia parecen tener de que esas catástrofes en el centro del mundo se han llevado consigo los paradigmas sobre los que construyeron sus capitales político-intelectuales. Más que paradigmas, son sofismas que no cesan de repetir a despecho de las evidencias. Eluden dar cuenta de la gravedad mundial de la crisis para menoscabar las medidas que atenúan sus ondas expansivas más duras. No se atreven a reconocer que la demora y cierta “suavidad” relativa de la crisis en Argentina se vincula con las políticas gubernamentales de moderada desconexión de las lógicas financieras del capitalismo contemporáneo. Los restauradores repiten sus axiomas ya fallidos y no trepidan en solicitar el fin de la desconexión: volver al seno del FMI es ya una consigna de batalla.

Los líderes del “partido del orden”, mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria? Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque “enlazado” que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una derechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector..

Los restauradores anuncian que están frente a una impostura histórica pero llaman impostura a novedades introducidas por un juego democrático que sin duda es desprolijo pero vital; anuncian que están frente a manifestaciones de locura y tilinguería, pero no se privan de reclutar en sus filas a toda clase de comediantes que postulan el regreso a una normalidad administrada desde antiguos retablos ajustistas. Anuncian también que están frente a un gobierno errático, peligrosamente estatista –si son liberales-, e insensible a lo social –si asumen aires ocasionales de izquierda. La impostura de la que acusan al gobierno atraviesa de lado a lado su lenguaje, en especial cuando recurren a antiguas y venerables simbologías populares en nombre de intereses antagónicos de esas tradiciones.

Este tema es necesario recorrerlo claramente. El gobierno se halla en medio de una tormenta social y política –local e internacional- acerca de la cual, tanto como no se puede aceptar que la haya provocado en lo que tiene de incierta, tampoco es posible dejar de ver en sus medidas más atrevidas el origen de las hirientes esquirlas que recibe como respuesta y debe afrontar. Estas medidas ya se conocen, y van desde los primeros gestos en relación a fuertes reparaciones simbólicas que desataron nudos asfixiantes de la historia hasta el pasaje de las existencias de las AFJP al patrimonio público bajo administración estatal o el profundo y necesario proyecto de ley de medios audiovisuales, sin dejar en un segundo plano la recuperación de una perspectiva latinoamericana que abandonó el paradigma de las “relaciones carnales” para encontrarse con irredentas pertenencias histórico-culturales. Con sus diferencias y particularidades, los procesos boliviano, venezolano, brasileño, ecuatoriano, cubano, uruguayo, chileno, paraguayo, nicaragüense, salvadoreño, no nos dejan pensar que esta hora latinoamericana va a ceder su horizonte de realizaciones ante la agresión mancomunada de las nigromantes y los hechiceros del retroceso. Y sabemos que la difícil encrucijada económica y social no puede sortearse sin la composición de tramas políticas, económicas y culturales de alcance regional.

El ciclo abierto en el 2003, no sin titubeos, produjo una diferencia con las formas de gobernabilidad anteriores, diferencia surgida de la lectura de los acontecimientos de 2001, cuando el protagonismo popular sancionó el fin de aquellas formas. Diferencia que se percibe en sus intentos democratizadores (que van desde la modificación virtuosa de la Corte Suprema hasta la afirmación de una política de derechos humanos que retoma los reclamos de los grupos organizados por su defensa), en el tipo de encuentro que propició con los movimientos sociales (entrecruzamiento de diálogos y no de medidas represivas), en el planteo de núcleos centrales para una sociedad justa (desde la enunciación de una pendiente redistribución del ingreso hasta la extensión de los derechos jubilatorios y la reposición de la movilidad de los haberes), desde la innovación en políticas de defensa hasta la decisión de no rendir ante el altar de la crisis los sacrificios tradicionales del trabajo y del salario.

Se conocen también sus deficiencias. Existe un gran contraste entre acciones innovadoras en campos sensibles de la vida social y apoyaturas que arrastran estilos rígidos, no decididamente democráticos, de organización política. Nos referimos a una escasa renovación en los sostenes oficiales del gobierno, cuando no a un chato horizonte de conveniencias sectoriales –encarnadas por lo general en porciones extensas del Partido Justicialista- y específicamente en el profundo error que se comete con alianzas como las de Catamarca, donde se marchó junto a la figura que gobernaba la provincia cuando sacudía al país el caso María Soledad y con las huestes de un confeso ladrón. También lo que implica la cercanía con Aldo Rico en San Miguel, para mencionar sólo los casos que más hieren. No sólo por lo que componen, también por la ausencia que revelan de otra construcción política capaz de efectuar una interpelación popular, convocar a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los desocupados, a los que estudian y los que crean, a apoyar y expandir una diferencia que efectivamente existe en ciertos actos y se opaca en la rutina de las antiguallas partidarias. No es casual que en las entretelas de estas alianzas de ocasión con personajes sin moral y sin conciencia, que han navegado los últimos veinte años de vida política, haya tomado cuerpo la “idea” de una “salida ordenada” del kirchnerismo, manejando figuras como el cáustico sojero fórmula 1. Esa salida –engalanada con prefijo post- dejaría al pueblo como rehén. Se trata, en realidad, de la restauración conservadora con la misma soja al cuello pero con Hugo del Carril en la vitrola. El gobierno se recuesta sobre una estructura partidaria que parece garantizarle un piso electoral imprescindible, sin transitar por sendas en las que se podría vislumbrar un horizonte distinto. Comprender la carencia no significa aceptar la solución como la única posible. Es, más bien, anticipar los costos a pagar.

Son temas que es necesario revisar. La dignidad de un proyecto social de cambios requiere que sus apoyos surjan convencidamente de llamados a las vertientes sociales, productivas y culturales que esperan participar en un movimiento que pueda gobernar en medio de desafíos fundamentales y vencerlos innovadoramente. Ese llamado aún no ha ocurrido aunque, como debe brotar de los pliegues críticos de la sociedad, es necesario encontrar en la sociedad civil el lenguaje y los argumentos para concretarlo. Un lenguaje sensible a una sociedad que se ha transformado y cuyas disidencias internas, sus polémicas públicas, no pueden ser explicadas sólo con la cartilla de las anteriores lecturas nacional-populares. El desafío es apropiarse de aquellas lecturas pero entramadas en una nueva y compleja realidad; de reencontrarse con los afluentes de una memoria de la justicia y la igualdad en el contexto de inéditos saltos al vacío del capitalismo actual. Es bajo esta perspectiva que reconocemos la trascendencia de lo abierto en mayo del 2003 y que no olvidamos las enormes dificultades que existían y que todavía persisten para construir un proyecto democrático y popular. Algunas izquierdas, como lo han hecho repetidamente, no atinan a dar cuenta de la singularidad de los acontecimientos. Es hora de entrelazar miradas, perspectivas, tradiciones y biografías diversas que comparten el ideal emancipatorio, intuyendo que la hora argentina reclama una fuerte toma de partido que sea capaz de enfrentar la restauración conservadora.

No queda mucho tiempo para ello. Pero reconocer las dificultades no implica bajar los brazos. Las consecuencias de un triunfo de la coalición conservadora pueden ser graves, pero este documento quiere ser de esperanza y de reagrupamiento en la lucha. Veamos: en la Ciudad de Buenos Aires está en curso una experiencia. La gobierna una derecha que con remozada gestualidad despliega destructivos ataques a las instituciones públicas de la ciudad, rastrilla las calles con anteojeras represivas y no desdeña ocasión de borrar aquello que otros pensamientos políticos habían inscripto en la vida estatal. Gobierna esa derecha por su capacidad de seducir a un electorado dispuesto al festejo de fórmulas abstractas que (ilusoriamente) resolverían problemas complejos. Pero el progresismo porteño aún merece una revisión crítica y el gobierno nacional el cuestionamiento de su escasa reflexión sobre la peculiar sensibilidad cultural y política de la ciudad. Cuando algo permanece intratado, cuando no se lo considera en su especificidad, es arrojado a un trato consignista, abstracto, reactivo. Campo fértil para las derechas, con sus maniqueísmos excluyentes. Por eso, se arriesga demasiado cuando se trata con categorías desdeñosas a una ciudadanía que puede ser complaciente y superficial, pero en ocasiones, además, díscola y crítica. También el riesgo es altísimo cuando se renuncia a considerar ciertos temas, como el de seguridad, por lo que arrastran de amenaza. Las grandes ciudades argentinas, escenarios y protagonistas de luchas emblemáticas de la historia nacional (desde las huelgas de la Semana Trágica o la Reforma universitaria hasta el Cordobazo; desde el 17 de octubre o la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre hasta las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001), esas mismas ciudades han sido permeables al discurso neoliberal. Pero las ciudades anteriores persisten.

Tradiciones culturales y memorias comunitarias subyacen a la espera de una invocación política que las reavive y contenga. Nadie es dueño de la conciencia de los millones que viven, sueñan y despotrican en estas urbes. La crisis puede ser oportunidad de reabrir esa historia y para considerar los núcleos potentes de las luchas urbanas actuales: la confrontación contra la precarización del trabajo y el desempleo, el enfrentamiento contra las añejas pero actualizadas formas de opresión a las mujeres, para nombrar sólo algunas. No damos por perdida esa apuesta por arrebatar las ciudades de sus cautiverios mediáticos y sus temblores restauradores.

Cuestiones vitales como el modelo energético, el régimen de entidades financieras, el transporte ferroviario y fluvial, la explotación minera, requieren formas de desarrollo viables que no acepten fáciles composiciones con empresas transnacionales que no tienen hipótesis de preservación ambiental ni se componen con un modelo económico nacional autónomo. Es necesario actuar con criterios eficaces en torno a crear opciones económicas democráticas, donde un pragmatismo inmediatista no sustituya un proyecto más profundo de economía distributiva, proteccionismo democrático, urbanismo integrador e inclusivo y ordenamientos normativos que impidan la rapiña de recursos. Esto requeriría de instituciones estatales con capacidad de desplegar políticas públicas, con efectiva llegada a todo el territorio nacional. Pero sabemos que, si entre los méritos del ciclo abierto en el 2003 está el de resituar la importancia del Estado, también es claro que el realmente existente no está a la altura de esa relevancia.

Se han desplegado, sin embargo, considerables apoyos a los compromisos científicos sustantivos, expandiendo la investigación, los presupuestos a ella destinados e incentivando la innovación intelectual en la vida social productiva. En este mismo itinerario, queda pendiente la renovación de las fuentes de la reflexión crítica sobre estas materias, sin esquematismos ni fervores momentáneos que demoren el encuentro de los grandes núcleos de acción intelectual creativa en torno a la ciencia, el arte, el urbanismo, los medios de comunicación, el lenguaje, el diseño y las tecnologías. La creación del Ministerio de Cultura de la Nación, capaz de articularse con el de Ciencia y Tecnología, permitiría pensar la inteligencia y la creatividad sociales en conjunto, no como secciones estancas de acciones nómadas.

Por todo esto, llamamos a ejercer el derecho de crítica autónoma dentro de un gran campo de apoyo a los aspectos realizativos que ha encarnado el gobierno nacional. El momento lo reclama. No somos partisanos de una axiomática y binaria contradicción fundamental, aún cuando reconozcamos que las situaciones críticas conllevan, a nuestro pesar, un borramiento de matices. Debe haber distintas variantes y situaciones para los pensamientos críticos. Pero tampoco el gobierno es ese manojo irreversible de contradicciones obtusas que a diario nos propone la vasta maquinaria mediática que lo envía al patíbulo en miles de minutos diarios de televisión, acudiendo a las doctrinas ubicuas del escándalo y el odio, en uno de los momentos más graves de irracionalismo asustadizo y de no tan encubiertos racismos que haya vivido la sociedad argentina contemporánea. Esa ofensiva de una derecha agromediática que no deja nada por tocar ni ensuciar, que corta rutas y agita conspiraciones, nos persuade de la decisiva importancia que adquiere no solamente la defensa de la legitimidad democrática sino, más hondo y grave, del decisivo entrelazamiento de un proyecto popular con el destino del gobierno. Desatar el nudo que une ambas perspectivas constituye un error cuyo costo puede ser desmesuradamente elevado; imaginar que la caída de lo inaugurado en el 2003 puede ensanchar el horizonte popular y nacional es no sólo una gigantesca quimera sino una perturbadora irresponsabilidad histórica de los que todavía no comprenden el carácter y la dimensión del peligro restaurador.

La restauración tiene sus antenas y tentáculos preparados para aprovechar los deficientes reconocimientos mutuos que hemos tenido entre aquellos que en el pasado compartimos horas decisivas para constituir una fuerza popular transformadora desde distintas vertientes de la historia argentina. Llamamos entonces a que consideren favorablemente estas ideas, precisamente los compañeros de las izquierdas, de las corrientes nacional-populares, de los libertarismos, de los autonomismos y de los socialismos. Es imprescindible que sigan realizando observaciones críticas a las que siempre les otorgamos credibilidad, pero también les proponemos que las integren a un seno común aunque heterogéneo de opiniones situado ante la urgencia de oponerse a la restauración conservadora. Pero no menos imprescindible es que se constituya una gran fuerza autónoma que recorra las diversas experiencias de transformación social y las devuelva a la esfera pública de un modo movilizador, renovado y creíble. Allí radica una de las apuestas sin la que resulta casi inimaginable la profundización popular de un proyecto democrático que vino a renovar las lenguas políticas en un tiempo dominado por las clausuras y las desesperanzas.

Llamamos a actuar contra la restauración conservadora de un modo creativo, inhibiendo su diseminación con argumentos sutiles y masivos, que pongan en evidencia su auténtica impostura, su anacronismo y la amenaza que suponen a cualquier forma de redención social, defendiendo los aspectos progresivos de la actual situación y haciendo explícitas las reservas, a modo de un necesario reencaminamiento de las acciones políticas populares. Llamamos a no dejarnos sorprender por el clima de desprecio que crean los operadores de una crisis anunciada, que es el ensueño de las viejas fuerzas del Orden con pañuelito de seda al cuello, gozando ahora de la masividad mediática con que instalaron el partido del miedo. Llamamos a retirarnos de la quietud y a no quedar atados al comprensible malestar por los enredos que poseen muchos de los recorridos políticos de la hora. Porque la aparente claridad de los restauradores traerá al país los capítulos ya conocidos de la pasividad cívica, el descompromiso con el trabajo colectivo, la mediocridad política y el predominio de los círculos áulicos que operan en el servicialismo a los más oscuros poderes imperiales, cuyo resultado previsible es la multiplicación de la desigualdad, su marca más auténtica.

En estos meses, se desplegará una contienda electoral que tendrá mucho de plebiscito respecto de las políticas gubernamentales, que en algunos casos presentan deficiencias pero que configuran acciones reparatorias para una sociedad dañada. Las rutinas electorales –con sus desfiles de espantajos y sus diatribas mutuas- serían insufladas de otro entusiasmo si se las dota de un carácter programático. De un programa en el que la defensa de los derechos humanos, la consideración de la seguridad sin reduccionismos represivos, políticas de retención de las rentas extraordinarias, estrategias de apoyo a la producción, proyectos educativos que promuevan sujetos autónomos e inclusión social, políticas de salud enraizadas en las vastas necesidades populares, la profundización de la integración regional, la preservación ambiental (incluidos los glaciares) y el debido cumplimiento de las aún pocas leyes existentes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, no puedan ser expurgados ni menoscabados. Por otro lado, también se estará debatiendo una de las más radicales medidas de distribución cultural: una ley que impulsa la democratización del sistema de medios de comunicación. El proyecto, surgido de intercambios y consultas, estará recorriendo los vericuetos del debate en la sociedad civil antes de su trato parlamentario. No serán, no son, tiempos fáciles, portan una nitidez casi dolorosa y exigen renovadas pasiones. Muestran que no hay para el pueblo argentino “salida ordenada” contra la restauración conservadora. ¡Profundicemos los cambios! Ese es nuestro llamado.

Corren tiempos en que es posible percibir que en materia política hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el

sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente. Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna otra-, pero mostró un rumbo propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.

Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agromediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante. Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y que debe ser empalmado con el compromiso con las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.

Hay que advertir que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las fórmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.

No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.

En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.

Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de las fuerzas siempre reconocibles de la reacción conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene. Y que tiene sus deudas con un contexto regional signado por los triunfos electorales de fuerzas progresistas y Estados con diálogos renovados con los movimientos populares. Si Argentina se mueve con fluidez y premura en esta escena compartida, es también porque sabe que cuando las campanas doblan su anuncio nos compete. La situación del pueblo boliviano sometido al ataque de formas nuevas, de formas antepasadas o de las últimas invenciones del racismo, el imperialismo, el golpismo y el separatismo –todo ello por partes o fusionado- obliga a la movilización de todos los recursos políticos, culturales y reflexivos para acompañar al gobierno de Evo Morales.

Los símbolos y las acciones

Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió en estos últimos meses en nuestro país. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del “hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino.

El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento de los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje político exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.

Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva fantasmagorías conservadoras en los sectores medios, para cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.

El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática que juegan entre la admonición moralista y la promoción de una civilización del miedo en los grandes centros urbanos. Y contiene asimismo a las propias marañas de las que las fuerzas populares, sobreponiéndose, deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se esperaba que el agrarismo y sus adyacentes perspectivas comunicacionales, recrearan un lenguaje movilizador en otros tiempos invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por lenguajes eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.

¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas imperiosas que deben resolver los movimientos sociales, ellos sí obligados a resolver una conocida disyuntiva. Ni deben estar cómodos siendo apéndices estatales – y siempre existe la tentación de embargarlos por parte del Estado- o, en contrapartida, convirtiéndose en desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares –lo que también supone que sean expropiados por los lenguajes más vulgares de la compleja espesura de la coalición entre ciertos medios de comunicación y determinados grupos económicos. Éstos dilemas, cuando no consiguen ser resueltos, llegan al paroxismo con personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, o bailando en torneos de televisión con pancartas que mostraban a Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén, volviendo a vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno. Son farsas fáciles de percibir en sus signos de degradación. Pero contienen en germen un problema crucial, por el que la necesidad de arraigo y difusión de los movimientos sociales, no debe ser canjeada por el alistamiento silvestre en las retóricas televisivas.

El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores agromediáticos y los nuevos movilizados, ahora parecían el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.

Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. Pero un laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios comunicacionales y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas.

Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social democrático, expresado en infinidad de variantes de lenguaje y militancia. Fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar en la creación de una genuina base de sustentación popular.

Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Como muchos dicen despreocupadamente, “los pueblos no comen símbolos” pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo. Así, como lo demuestra el laberinto argentino, se lucha especialmente por símbolos, cualquiera sea la explicación profunda que se le de a estas evidencias.

Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias y voluntades no siempre disponibles. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.

Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales y se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal. No se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula. La provocación criminal de la derecha boliviana, el uso de la violencia contra el pueblo que apoya decididamente a su presidente y al proyecto democrático-popular que él encabeza, constituye una señal ominosa que no debe ser pasada por alto, en especial allí donde nos ofrece, en espejo, lo que hoy amenaza en nuestro propio país. Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; que hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.

Crítica y conmemoración

Desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos. Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado. Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación.

No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política de derechos humanos no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.

Es necesario dejar de heredar el país de la dictadura y hay indicios, en las políticas gubernamentales, de una efectiva búsqueda de modos más equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino también se halla, como hilo de Ariadna, la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos sociales y derechos democráticos-, cuyo acoplamiento creativo es motivo central de la crítica y la razón política.

Como todos sabemos, el gobierno ha tenido trazados convocantes y perdurables en estos terrenos, aunque a veces realizados con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras a las segundas. Y del lado del gobierno no se logra totalizar las dimensiones de esa confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales singularidades. Un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos en juego supone no perder de vista los grandes panoramas históricos, nacionales y latinoamericanos, a la vez que se tiene la obligación de no dejar de observar los elementos menudos, precarios o marginales.

Estas relaciones entre lo general y lo particular tienen en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia para forjar alternativas y lenguajes. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y las locuciones con los cuales aprehenderlas a la vez que tratar las memorias sociales en juego, recogerlas del olvido o entretejerlas novedosamente. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica el peligro de paralizar las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual se comenzó a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte de sentimientos colectivos en nombre de nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?

Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasan por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla ocasionalmente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como diría el gran Phillip Marlowe sobre un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Sólo la disuasión, el cloroformo masivo que logró impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.

La renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.

No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.

Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.

Sólo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.

La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda, exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.

No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial ni debe ser fachada de acciones de fuerzas económicas que la mejor tradición democrática de nuestras revoluciones fundadoras hubiera rechazado. Debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.

Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Y especialmente de las escrituras y reescrituras, que suponen que cada escritura es a la vez otra, que permite pensarse nuevamente.

Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte

tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de “el campo” para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre “dos sectores” equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente “marketing”.

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países “serios”, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”. Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? “observatorios” que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:

- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.

- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.

- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.

- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.

- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.

- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.

- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la “libertad de prensa” reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.

Domingo, 07 de Junio de 2009 18:09 Comisión de Economía

La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas con la producción y distribución del excedente

económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.

Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.

Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.

Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.

El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.

Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.

La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.

El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años.. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.

Nociones básicas

El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.

El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.

Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.

No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.

Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.

Heterodoxia

El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.

La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.

El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.

En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.

En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.

Intervención pública

El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.

Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.

Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.

Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.

El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.

La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.

Encrucijada

Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.

Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.

Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.

El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”.

Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.

El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.

Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.

Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.

Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.

economia.carta.abierta@gmail.com

Ya denunciamos en trabajos anteriores los graves peligros de futura desertificación, depredación del suelo y efectos dañinos sobre la salud de la población que la expansión del sistema Sd-sojaRR-glifosato puede producir sobre nuestro país, no ajeno al hecho que sea una multinacional de la guerra la que domine hoy la marcha y progresión de nuestra agricultura y de grandes áreas de Sud América. De hecho en un sentido ecológico clásico el sistema de Siembra Directa con aplicación masiva de herbicidas crecientes no es más que la propagación de un sistema masivo de creación de súper malezas por selección direccional, resistentes a glifosato como ya ocurre con más de 25 especies detectadas. Si a eso se agrega el efecto de la contaminación del gen RR sobre la vegetación natural -como ya parece haber ocurrido con la Colza- la aparición de un nivel de enmalezamiento incontrolable, hará seguramente que la otrora feraz Pampa húmeda sea un recuerdo para las futuras generaciones. Así los EE.UU., habrán suprimido a su principal competidor potencial en granos y carnes, sin necesidad de invadirlo. Lo habrán conseguido gracias a sus agentes y el parasitismo y carácter antinacional endógeno de su clase terrateniente.

Casi al pasar señalamos de los riesgos gravísimos para el futuro de nuestro país que posee el hecho de tener nuestro ambiente invadido pro transgenes, de los cuales desconocemos su efecto a largo plazo sobre la salud y sobre el ecosistema en general, pero para el poder dominante en la Argentina eso es casi una pavada. Es éste el mayor problema a largo plazo dado que la contaminación genética sobre el ecosistema es irreversible produciendo alteraciones endémicas. Los efectos que la transgenia producirá sobre el ecosistema en su conjunto no son investigados, y por lo tanto no existen. No se puede reportar lo que no se investiga. Por otra parte los efectos de una alteración biológica de tamaña magnitud no puede ser investigada en los tiempos de marke ting de los laboratorios, sino que requiere largos períodos de investigación, que las multinacionales no están dispuestas a soportar y mucho menos a financiar. Uno de los rasgos tal vez más terribles de esta etapa de la globalización imperialista es la privatización del conocimiento y el patentamiento de la vida y la salud. De avanzar esta línea de la derecha mundial, el futuro de la humanidad puede ser catastrófico a niveles jamás imaginados.

Ya se ha descubierto en México -centro de origen del Maíz- contaminación genética endémica irreversible de los maíces originales, denunciado en un estudio de la UNAM, el Instituto Politécnico y la Universidad de Berkeley, quienes descubrieron como contaminantes a las toxinas del maíz BT procedente de varias de las empresas que lo producen: De Aventis, Monsanto y Novartis, así como la proteína CP4-EPSPS resistente a Roud-up de Monsanto. (43) Habría también que sumar el costo no incluido de los nutrientes extraídos por el cultivo de so ja y exportado masivamente, no repuesto al suelo. El Dr., Walter Pengue calculó que la masa de nutriente extraída por el total del cultivo supera holgadamente los 1500 millones de dólares anuales. Respecto de los efectos directos de la expansión del monocultivo de soja RR sobre la salud de la población se destaca la grave contaminación, que está produciendo el excesivo uso de plaguicidas en dicho sistema, que se manifiestan en alergias, cáncer y enfermedades auto-inmunes, como ya se han reportado en Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba. Allí se han hallado restos de plaguicidas vinculados al monocultivo de soja RR como Endosulfán, Paraquat, Diquat entre otros, en los tanques de agua de las viviendas, en la tierra de las calles y por ende en el polvo que vuela sobre las casas. Ya se llevan contabilizados más de 200 casos de cáncer, lupus, púrpura y enfermedades similares en la población lindera a las fumigaciones. Los casos de alergia suman cientos, con fumigaciones aéreas directas sobre las casas y los niños que juegan en las calles. Casos similares se han reportado en Loma Sené, en Formosa, Pueblo Italiano, Río Ceballos, Saldán, Alto Alberdi, Jesús María y Colonia Caroy a todos en Córdoba. Lo mismo han reportado pobladores de Santa Fe y Rosario.

En el mismo sentido es necesario señalar los efectos nocivos que puede arrojar el consumo de soja forrajera transgénica para la alimentación de la población carenciada, cuestión señalada como deseable por los grandes productores de soja, quienes en un gesto demagógico e irresponsable, ofrecieron ‘regalar’ soja RR a los comedores populares, para mitigar el hambre de los millones de pobres que el propio monocultivo de soja está expandiendo por la nación. En su momento luego de felicitarlos el gobierno de Duhalde debió emitir un comunicado a través de la Secretaría de Salud de la Nación prohibiendo el uso de soja en la alimentación de niños menores de cinco años y para mujeres embarazadas, advirtiendo sobre los peligros de su uso masivo en la alimentación, ya que la soja forrajera transgénica no es apta para consumo humano. La soja posee un alto contenido de fitoestrógenos (isoflavonas), su ingesta d iaria equivaldría al consumo permanente de pastillas anticonceptivas, hecho tal vez benéfico para las mujeres cuyo ciclo menstrual ha concluido, pero de graves efectos para los niños.

De hecho está produciendo alteraciones en el desarrollo de la sexualidad de los jóvenes alimentados con ’soja solidaria’ adelantando el inicio de la menstruación y la diferenciación sexual en las niñas y produciendo rasgos feminoides en los varones. Pudiendo afectar la capacidad reproductiva de la población en el futuro. La soja afecta también el metabolismo del Calcio y la vitamina D, pudiendo producir raquitismo en niños alimentados exclusivamente con ella, así como osteoporosis en adultos. Se ha reportado también que produce deficiencia de Zinc. Es bueno recordar que en las poblaciones de Oriente de donde la soja es originaria, la misma no es consumida en forma directa, ni de manera frecuente, sino que es fermentada largo tiempo, transformada en subproductos y consumida luego. Recientemente han sido reportados ensayos de laboratorio en Rusia con soja RR con producción de cáncer en ratas.(48)

En síntesis, creemos necesario revertir la política que el Estado ha estado aplicando y que produjo estos resultados. Se requiere cambiar la política del Estado hacia el campo por otra política activa, nacional, que reoriente la producción agropecuaria e industrial en función de las necesidades del país y no de las empresas multinacionales que hoy gobiernan nuestra producción agraria. Volver a pensar en el mercado interno -es decir en nuestro pueblo- como eje de nuestro desarrollo. Eso implica entre otras cuestiones, una política de retenciones diferenciales, precios sostén y compensatorios, la recuperación de la producción petrolera para el país, la protección de producciones mediante subsidios y créditos especiales, la protección del pequeño y mediano productor; la nacionalización, recuperación y entrega de tierras y una política de recolonización agrícola. La defensa y extensión de las tierras de nuestros pueblos originarios hoy amenazados por las multinacionales asociadas a la justicia y la política corruptas de las provincias.

El control y recuperación de los latifundios extranjeros sobre nuestra tierra. La recuperación de una política soberana de semillas y de defensa de la producción de las mismas por el productor, devolviendo al INTA el papel histórico jugado en el desarrollo de una tecnología nacional agropecuaria y el control y secreto sobre sus investigaciones. Es necesario una política activa de defensa de la biodiversidad y la recuperación de nuestra soberanía alimentaria. Hay que decir la palabra maldita, hay que volver a discutir una Reforma Agraria profunda, para terminar con el cáncer latifundista contra el cual se estrellaron todos los intentos de transformación nacional. Tal cual dijera don Arturo Jauretche en 1956: ‘Nos equivocamos les quemamos el Jockey Club, pero no les sacamos los campos.’(49) Es decir volver a ser una nación y dejar de ser una colonia. Y otra vez, como dijera Jauretche en plena Década Infame : ‘Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina Libre.’(49)

** Ingeniero Agrónomo genetista e investigador de temas históricos
30-11-05

El avance del monocultivo está generando una situación que muchos alertamos como preludio de una catástrofe ecológica de grandes magnitudes y no nos referimos sólo al hecho ya constatado de que en el agro sojero ya no hay ni pájaros, ni mariposas, ni lombrices, ni gusanos del suelo, ni gaviotas, y que en los lugares donde se viene haciendo Siembra Directa continuada desde hace más de 10 años, el suelo es un material inerte, sin vida. Nos referimos a las consecuencias catastróficas que tendrán hacia el futuro haber propagado sin control alguno las variedades transgénicas y haber difundido un sistema de Labranza Cero que hoy por hoy -es decir con uso creciente de herbicidas y agrotóxicos masivos en su evolución en el tiempo- destruye la vida en el suelo. A un sistema que piensa una agricultura sin agricultores le corresponde casi matemáticamente una agricultura sin vida biológica, es decir sin vida. Las multinacionales ansían, un mundo de su exclusiva propiedad y lo que no sirva para ellas no debe existir. Tal como hoy están haciendo con el planeta en su conjunto -y con África en particular-, aun cuando en esa depredación ellas mismas desaparezcan. Pero esa es la lógica del capitalismo que posee la naturaleza del escorpión y tiende a la autodestrucción. Particularmente si su tasa de ganancia disminuye. Sin embargo más allá de nuestra mirada estructural del sistema capitalista global, que puede molestar a algunos, hay exclusivamente desde la mirada agropecuaria voces muy claras de alarma que el gobierno debería escuchar. El investigador de la JICA Dr. Kiroku Kobayashi, que colabora con el INTA, fue terminante respecto de los efectos del monocultivo de soja a largo plazo: ‘En la Argentina, con un cultivo centrado en la región pampeana, tradicionalmente se aplicaba el sistema de rotación de la agricultura con la ganadería.

Se trataba de un sistema de cultivo ideal porque promovía al reciclaje de los recursos e incluso ay udaba al mejoramiento del suelo por medio de los crecientes abonos orgánicos que, en consecuencia, limitaban los daños causados por las enfermedades y los insectos: desde hace treinta años el monocultivo de soja y la plantación alternada con la soja y el trigo se han convertido en una práctica común, y en la actualidad ‘la sojización’ se expande de una manera sorprendente. El monocultivo provoca el aumento y la expansión de los patógenos en el suelo. Al mismo tiempo, el exceso de riego causa erosión y problemas de salinidad. Como consecuencia se agravan las condiciones del suelo. El uso abusivo de agroquímicos incluso acelera el proceso.(..) las investigaciones(..) demuestran que en muchas zonas de la Argentina se observan signos de deterioro a causa del uso excesivo de pesticidas, funguicidas y fertilizantes e indican que se tiende a una situación preocupante en un futuro cercano.(..) Cada vez es mayor la cantidad de gente que opta por el sistema de siembra directa. Este si stema de cultivo es muy eficiente a la hora de evitar la erosión del suelo, pero no es un buen método cuando se trata de la protección de las plantas.

La siembra directa en caso de soja, provoca el resurgimiento de las enfermedades, ya que deja las raíces y los tallos infectados con hongos patógenos dentro del suelo hasta el año siguiente, por lo que los productores deben acudir a una mayor cantidad de pesticidas y funguicidas para combatirlos. Si se persiste con este sistema de cultivo, no sólo se encontrará con la constante amenaza de las enfermedades del suelo, sino que también existirá la posibilidad de enfrentar el deterioro de las tierras y la destrucción del medio ambiente. (..) Hace cuatro años, visité los campos de cultivo de soja en el noreste de China. Recuerdo haberme horrorizado de las extensas tierras áridas, donde se veía claramente la desertización, como resultado del deterioro del suelo a causa del monocultivo. Esta situación obligó a China a tratar el tema a nivel nacional, y desarrollar un programa para frenar la expansión de los daños causados por el monocultivo de la soja’.(36) El economista agrario norteamericano Charles Benbrook, ha advertido: ‘la historia enseña que una excesiva insistencia en una única estrategia de control de malezas o de insectos fracasará en el largo plazo, en el aspecto de las respuestas ecológica y genética.(..) La Argentina enfrenta graves problemas agronómicos para los cuales no tiene ni los recursos ni los expertos para resolverlos. El país ha adoptado la tecnología de los OGM más rápidamente y más radicalmente que ningún otro país en el mundo. No tomó las debidas precauciones de manejo de la resistencia y de protección de la fertilidad de sus suelos. Basada en el extendido uso de la tecnología RR no creo que su agricultura sea sustentable por más que un par de años.’(35)

10.- ¿Y el Estado? Ausente dejando hacer ‘al mercado’.

Demasiado tardíamente el INTA manifestó su preocupación por esta política. Carlos Senigalesi director de proyectos de investigación del INTA manifestó en 2004 que es la tendencia de los productores a cultivar nada más que soja, más que la prevalescencia de los cultivos genéticamente modificados (OGM) lo que se encuentra en la raíz del problema. “La monocultura no es buena para los suelos o para la biodiversidad y el gobierno debería empujar a los chacareros a retornar a la rotación de cultivos (..)Pero aquí todo fue dejado al mercado. Los productores no tienen una apropiada orientación por parte de las autoridades. No hay subsidios, ni precios sostén. Pienso que debemos ser el único país del mundo, donde las autoridades no tienen un plan apropiado para la agricultura, sino que lo dejan todo a las fuerzas del mercado.”(32) También con retraso la dirección del INTA expresó en diciembre de 2003 su preocupación por la situ ación creada, por la propagación del monocultivo de soja RR al señalar “el desordenado proceso de desarrollo de la agricultura”, y que “dado que no hay señales de mercado asociadas con las dimensiones social y medioambiental, estas son generalmente ignoradas en el proceso decisorio, generándose distintos desequilibrios.

El restablecimiento de los mismos requiere la incorporación de estos costos adicionales de manera de garantizar la sustentabilidad tanto de recursos naturales como la del tejido social que integra los sistemas de producción.(..) si nada se hace, la declinación de la producción sería inevitable y que el stock de recursos naturales del país sufriría una degradación -posiblemente irreversible- tanto en cantidad como en calidad”. Reclamó cambios en las prácticas agrícolas en la pradera pampeana, señalando que “la combinación de siembra directa con el monocultivo de soja no era compatible con la sustentabilidad de la agricultura.”(33) Inicialmente la introducci ón del cultivo de soja en los tempranos años sesenta tenía por objetivo agregar una oleaginosa fijadora de Nitrógeno, que se podía intercalar en la rotación trigo-maíz por entonces dominante en nuestra agricultura y bastante expoliadora del suelo en nutrientes y estructura. De allí que la soja no sólo aportaba eficiencia económica -agregaba un tercer cultivo en un ciclo de casi 2 años- sino que además restauraba algo del Nitrógeno quitado principalmente por el maíz. Con el devenir de los años y de la crisis estructural argentina, producida por la desindustrialización forzada de la nación, la destrucción del Estado nacional, unida al inicio de una nueva etapa de la globalización imperialista, la soja -sólo que ahora forrajera y transgénica- se fue propagando de manera explosiva adquiriendo el carácter de monocultivo, con rasgos depredatorios sobre los aspectos ambientales, sociales y estructurales de la economía nacional que describimos más arriba.

Hoy por hoy es imposible salir del sistema del monocultivo, por esencia dependiente, sin una política de Estado que así lo determine y oriente. Retenciones, precios diferenciales, restauración de la JNG, la JNC, precio especial para el gas oil -dejado de producir por Repsol, que prefiere exportar petróleo crudo a valor dólar e importar gas oil- y una política de estricto apoyo y estímulo para la pequeña y mediana producción agrícola, Hoy es más necesario que en los ’70 discutir el régimen de tenencia de la tierra y la necesidad de expropiar y limitar latifundios para permitir la inserción de gran parte de la masa poblacional excluida de la sociedad. Es un despropósito de carácter planetario que el pueblo argentino pase hambre con la mitad de la tierra en manos de apenas 6900 familias-empresas, produciendo la mayor tasa de alimentos por habitante del planeta. También hay que acabar con la política de impundidad con que las empresas y pools sojeros depredan el medio ambiente fumigando glifosato sobre productores indefensos, para apropiarse luego de sus tierras. El Estado debe aplicar las leyes existentes y vigentes, protegiendo la producción de los alimentos que han sido erradicados por la expansión del monocultivo y que aumentan el valor de los comestibles.

La expansión del monocultivo de soja ha permitido que se haya reducido más del 44,1 % la superficie cultivada de arroz, más del 26,2 % la de maíz, más de 34.2 % la de girasol, más del 6 % de trigo, 12 veces la superficie de algodón (de casi 1 millón de has a menos de 70.000 Has), que hayan cerrado el 27.3% de los tambos(37)(38) Zonas como San Pedro en la provincia de Buenos Aires hayan perdido el 50% de los montes frutales y plantaciones de vivero para ser reemplazadas por cultivos de soja RR, con la aparición del hambre y el desempleo desconocido hasta entonces(39). La desaparición de alimentos tradicionales agravan el problema. De la misma manera sólo entre 1998 y 2002 el área forestal se redujo en más de 5 10.000 has(40), aun cuando un informe reciente señala una reducción sólo para Santiago del Estero de 2.768.000 has hasta el 2004.(41) En un triple proceso: desaparición de los productores básicos de los alimentos primarios -horticultores, granjas familiares, cinturones verdes, fruticultores-, junto a la producción masiva de un grano forrajero transgénico no comestible, unido a la brutal concentración de la cadena de comercialización de alimentos en los hipermercados luego de la política depredatoria de los ’90, produce la mayor tasa de hambre e indigencia que conociera nuestra sociedad, una verdadera catástrofe social. La pérdida de la soberanía alimentaria de la nación, de la mano de la propagación desenfrenada del monocultivo de soja.

A lo largo de su historia el pueblo argentino no conoció un hambre masivo de tamaña magnitud. Pese a que las políticas regresivas implementadas luego de 1955, produjeran importantes bolsones de pobreza regionales, es posible señalar sin embargo, que en el largo período histórico de 1945 a 1990 el pueblo argentino desconocía el hambre generalizado. Hoy la situación es irreconocible: la Argentina el otrora ‘granero del mundo’, el país de la ‘mejor carne del mundo’, posee a su población hambrienta, mal alimentada y con altos índices de indigencia. Entre 18 y 20.000.000 de personas (el 50% de una población de 38.000.000) se encuentran bajo el nivel de pobreza; de 4.500.000 a 6.000.000 son indigentes (es decir que pasan hambre extremo) y cerca de 4.5000.000 están desempleados. La Argentina produce la mayor tasa de alimentos por habitante del mundo con sus más de 75 millones de toneladas de granos, sus 46 millones de cabezas de ganado bovino, una cifra similar de ovinos, otra mayor de porcinos, una importante producción láctea. Sin embargo tal masa de productos alimenticios es testigo del mayor hambre y genocidio social de nuestra historia. Hoy y en forma ininterrumpida desde 1990, en la Argentina se asiste a un verdadero genocidio social: 55 niños, 35 adultos y 15 personas mayores mueren diariamente por razones o enfermedades vinculadas al hambre(9). Lo que arroja la escalofriante cifra de 450.000 personas muertas por causas vinculadas al hambre entre 1990 y 2003. Un verdadero genocidio social que profundiza el realizado por el terrorismo de Estado con sus 30.000 detenidos-desparecidos.

Al mismo tiempo la degradación de las condiciones del trabajo y del empleo a que hicimos referencia, ha producido una pérdida marcada de los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores en más de un siglo de luchas, sumando a los trabajadores a la miseria. Si los salarios están por debajo de la línea de pobreza, cada nuevo puesto de trabajo crea un nuevo pobre. Agravando la situación según cifras del ministerio de Trabajo el 47% del empleo en el país es informal. Estas cifras de pobreza e indigencia se multiplicaron y estabilizaron en tamaña magnitud de catástrofe social, en el mismo período en que la soja transgénica RR se instalara como cultivo principal de la Argentina, aun cuando no constituya su única razón sino su emergente. Este hecho incontrastable desmiente los argumentos de Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont y demás corporaciones dueñas de la producción de semillas transgénicas en el mundo, en el sentido que los cultivos OGM servirán para resolver el hambre en el mundo. El ejemplo de la Argentina tan rica, llena de transgénicos y con su escasa población para tan inmenso territorio, hambreada y empobrecida demuestra la falacia sostenida por los vendedores de semillas transgénicas.

11.- Sojización: por esencia dependiente.

Ha sido esta política de Estado la que ha permitido que la Argentina dejara de producir la ‘mejor carne del mundo’ criada a campo y con pastoreo a cielo abierto, permitiendo con la rotación agrícola ganadera la restauración natural de la fertilidad, produciendo esencialmente alimentos y promoviendo la mediana y pequeña producción agrícola, con un bajísimo nivel de contaminación -el más bajo delos países productores de alimentos- y por ende de alta sustentabilidad. En lugar de prepararnos para abastecer y ganar posiciones en el gigantesco mercado asiático emergente y en expansión, que alberga más de la mitad de la población mundial, nos transformáramos en proveedores de forraje barato (‘pasto-soja’) para quienes se preparan a abastecer dichos mercados con ganado criado con ‘commodities’ producidos en nuestras pampas.(47) Hoy los EE.UU., China y la Unión Europea exportan carne a dichos mercados mientras nosotros producimos soja transgé nica forrajera para alimentarles el ganado.(47) No sólo eso: cuando la enfermedad de la ‘vaca loca’ arrasara la producción bovina europea, nuestros funcionarios, movidos por la misma mentalidad colonial que nos gobierna desde 1976, corrieron presurosos a auxiliar a nuestros competidores con semen y reproductores de nuestros mejores planteles ganaderos, en lugar de aprovechar nosotros el mercado europeo y oriental.

Es parte del mismo pensamiento haber dejado de producir uno de los maíces de mayor tenor proteico del mundo y al mismo tiempo adaptado a nuestras condiciones ecológicas y de gran rusticidad, para producir maíces híbridos de bajísima rusticidad casi por definición, pero que son producidos por multinacionales y por ende acrecientan nuestra dependencia y someten al productor a los dueños del ‘mercado’. Mientras que nuestros maíces -y demás germoplasma nacional- mejorados durante décadas por el INTA, nuestros técnicos, las Facultades de Agronomía y los productores fu eron entregados a las multinacionales, en medio de la devastación nacional de los ’90 a las multinacionales en un acto más de traición a la Patria del trío Carlitos-Cavallo-Solá. Así no sólo perdimos mercados sino principalmente independencia económica, soberanía nacional y soberanía alimentaria. También biodiversidad, que por suerte nuestros productores -fieles a la histórica resistencia hispanoamericana- están recuperando por las suyas, en un importante movimiento agroecólogico que se difunde por el país y entre otras cosas recupera semillas dejadas de lado por los dueños del mercado, es decir las multinacionales. Junto con este movimiento retorna también para espanto de la Sociedad Rural la demanda de tierra. La palabra Reforma Agraria sacada de nuestro idioma a fuerza de picana, desaparecidos y vuelos de la muerte retornó al vocabulario después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, donde el velo del terror implantado comenzó a descorrerse.

Mágicamente luego de la furia popular apreció de vuelta la palabrita maldita de nuestra historia -la que le costara al vida a Moreno, a Castelli, el vacío a Belgrano, la traición a Artigas, a Güemes, el asesinato a Dorrego, el exilio a San Martín y la derrota a Bolívar-, la Reforma Agraria vuelve tímidamente a instalarse en una parte del movimiento popular. Y está muy bien que junto con la recuperación de semillas y técnicas de producción simples, naturales y milenarias se recupere la idea del derecho a la distribución democrática de la tierra, al libre acceso a la misma como forma de construir una nación más justa y feliz para todos, no sólo para los 6900 propietarios de la mitad de la tierra cultivable del país.

Es de hecho, la materialización de la expresión realizada por José Alfredo Martínez de Hoz que precede la desindustrialización de la nación: ‘si la Argentina va a producir acero o galletitas, lo va a decidir el mercado.’(44) La nación argentina abandonó su desarrollo industrial, tecnológico, energético, científico y de producción nacional de alimentos y materias primas agro-industriales para su mercado interno, para terminar produciendo ya en condiciones de monocultivo, un commoditie transgénico forrajero, utilizado por otros países -con verdaderos planes de desarrollo, como China y la UE- para criar ganado y producir carne. Es decir abandonamos nuestro desarrollo industrial independiente, para volver a producir materias primas no elaboradas demandadas por las multinacionales -el llamado ‘mercado mundial’- que lograron parasitar y comandar nuestra economía. A partir de 1955, y en los sucesivos golpes militares se llevó a cabo una política sin descanso de devolución de la renta agraria a la oligarquía y de desmonte de los mecanismos de regulación estructural de la economía que habían impulsado la industrialización y el desarrollo estructural del país.

Esto es: retenciones, JNG, JNC, Bodegas Giol, Frigorífico Lisandro de La Torre, juntas reguladoras regionales, etc. Se abandonó el manejo por el Estado de la comercialización de granos y carnes, base de la renta agraria diferencial. Se dejó de lado el impulso, protección y estímulo de las economías regionales; la protección de los arrendatarios mediante contratos largos y de bajo costo -con lo que Perón eludió una ley de Reforma Agraria-; las leyes de protección del trabajo rural y toda intervención beneficiosa del Estado en la política agraria. Se abandonó al INTA, se entregó el germoplasma nacional a las multinacionales, que han patentado semillas con nuestro material genét ico desarrollado por décadas por nuestros técnicos. Esta política fue a su vez causa y efecto de una brutal concentración de la tierra. Entre 1966 y 2001 desaparecieron alrededor de 280.000 productores agropecuarios. Fue el Ing.,. Ingaramo, miembro del equipo de Domingo Cavallo, quien señalara en 1990: ‘en la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por ineficientes.’ Casi lo logra: entre 1990 y 2001 desaparecieron 180.000 productores, el 35% de ellos en la pradera pampeana. Este proceso sólo se revirtió levemente en el período 1973-74 del Tercer gobierno peronista., pero la escasa duración del Plan Gelbard no alcanzó a incidir en la marcha de la tendencia general. En cifras de 2002 (37) el 49.7 % de la tierra cultivable está en manos de 6900 familias o empresas, cifra que prorrateada a una familia tipo manifiesta que menos de 28.000 personas son propietarias de la mitad de las tierras cultivables de la nación.

Por su parte la política económica de apertura absoluta de la economía, soslayando leyes y disposiciones constitucionales vigentes ha permitido enajenar mas de 20.000.000 de has a compañías y grupos extranjeros. Sólo el grupo Benetton posee 900.000 has y Soros 350.000 has. Algunos grupos o propietarios se han apoderado de cursos de aguas, de áreas fronterizas o de Parques Nacionales situaciones explícitamente prohibidas por la Constitución Nacional. La concentración también se expresa en que la enorme riqueza que el 3 a 1 -valor del dólar- está derramando sobre el sector sojero -sin considerar los costos sociales y ambientales- sólo beneficia a una parte mínima de la población. Hoy sólo el 10 % de la población nacional pertenece de alguna manera al sector agropecuario, y si a ello sumamos la concentración a que hacíamos referencia, es claro que la enorme masa de dinero que el monocultivo está ‘derramando’ sólo beneficia a un sector minoritario que históricamente se caracterizó por su carácter parasitario y su ntuario. Así junto a formas extremas del lujo y la ostentación, se puede ver hoy en la zona sojera enclaves de miseria e indigencia en los propios pueblos y localidades pequeñas del campo, donde la ‘sojización’ no sólo expulsa al pequeño productor, sino que simultáneamente depreda y destruye mano de obra y trabajo rural.

Por primera vez hay desempleo en los pequeños pueblos del campo pues como reconoció el propio subsecretario de política Agropecuaria de la nación, Claudio Sabsay ‘por cada 500 has que se incorporan a la superficie sembrada con soja, se agrega sólo un empleado.’ (34). La razón de esta verdadera catástrofe se encuentra en el nuevo modelo tecnológico que involucra el sistema de Siembra Directa-semilla RR-no labranza-barbecho químico con glifosato y demás herbicidas a dosis crecientes- que utiliza 4 / 5 partes del trabajo utilizado en el sistema de labranza tradicional, como lo demuestra un trabajo de los Dres., G. Botta y D. Selis de la UNLP que muestra además las conexiones existentes entre la primera contrarrevolución de las Pampas y esta segunda.(31) Según los autores, el paquete tecnológico de referencia vinculado al cultivo de soja RR, está produciendo: una fuerte disminución del trabajo agrícola permanente y por ende del número de trabajadores rurales; un aumento de los trabajadores agrícolas temporarios; una fuerte concentración de la tierra; una disminución del número de explotaciones agrícolas; un marcado aumento de la pobreza; de la marginalidad; de la precarización laboral y el hecho novedoso consecuencia de los dos primeros factores, cual es la expulsión del proletariado rural de los campos y su localización como población marginal y miserable, no sólo en las grandes ciudades sino ya en las propias aldeas o poblados rurales.

Proletariado que no puede ser absorbido por una industria devastada, constituyendo así un nuevo núcleo de desplazados y hambrientos en la masa de desocupados que pueblan la Argentina y que se observan en la mayoría de las ciudades y pueblos del país y en particular en la distribución de los planes Jefes y Jefas de Hogar. Los autores señalan un hecho estructural de la técnica de la Siembra Directa como causante de esta tragedia social (que algunos llaman progreso o más cínicamente como ‘costos del progreso’ y que los técnicos del BM, del FMI o de la Escuela de Chicago denominan ‘tasa de sufrimiento -pain rate- del ajuste estructural’). La desaparición de labores y preparación del suelo durante todo el año que la nueva técnica trae aparejada se observa en que el Tiempo Operativo de la Labranza Tradicional era de 3hs-Hombre-Ha, en la Siembra directa es de: 40Minutos-Hombre-Ha. Esta reducción implica la pérdida de 4 de cada 5 puestos de trabajo en la agricultura bajo el régimen de Soja RR-SD-glifosato. (31) Ellos señalan que los principales sectores sociales perjudicados por este proceso son el proletariado rural y los pequeños y medianos productores que tiende n a desaparecer cediendo su tierra a los pools de siembra o a propietarios mayores. Advierten a su vez que la situación es de tal gravedad que el INTA Marcos Juárez -el mayor difusor de la SD- ha advertido recientemente que no son viables las producciones rurales menores a 190 has.(31)

De alguna manera la SD está repitiendo una tasa de desempleo similar a la que que provocara la aparición de la robotización y la automatización a partir de los ‘80, -también costos del progreso al decir de Bill Gates- también allí la tasa de desempleo era de 4 cada 5 puestos de trabajo, lo cual generó la grave crisis social que aun aqueja a 2/3 partes de la humanidad provocando cifras de hambre, desnutrición y mortandad que habían sido superados luego de la Segunda Guerra Mundial. Dichos saltos tecnológicos son sin embargo comparables al gran desarrollo producido por la ciencia y la técnica entre 1945 y 1975. Período donde la revolución científico-técnica actual comenzó su expansión. Sin embargo ese período de 1945-1975, ‘los 30 dorados’-, posee los índices sociales más altos y benéficos de la historia conocida de la humanidad, ya que la los índices del hambre, de empleo, de mortandad, de desarrollo social, de distribución del ingreso, de longevidad, de salud, de educación de desaparición de enfermedades endémicas, etc., son los mejores de la historia. Es decir que entre 1945 a 1975 el enorme salto tecnológico producido no produjo desempleo sino todo lo contrario, pleno empleo. ¿Por qué? Porque, es en ese período cuando la jornada de trabajo soporta la mayor reducción de la historia: en 1939 cuando comienza la II Guerra Mundial la jornada de trabajo legal orillaba las 12 horas diarias; a partir de mayo de 1945 cuando el nazismo fue derrotado y la bandera del Ejército Rojo flameó sobre el Reichstag la jornada laboral legal disminuyó a 8 horas diarias, produciendo la mayor tasa de empleo y bienestar social de la historia conocida del capitalismo, originando la etapa conocida como Estado de Bienestar.

Es decir que la historia muestra que el avance técnico -en el sentido que la Siembra Directa pueda serlo- no tiene porqué generar desempleo si se incluye en la ecuación el aumento del bienestar de la población como la primera condición económica a cumplir, en el sentido de hacer feliz al mayor número de habitantes de que hablaba Mariano Moreno. Pero en el marco del retorno al País-Granja, el ‘progreso’ de tan pocos dueños sólo sirve para fines suntuarios. La renovación anual de maquinaria altamente sofisticada -300.000 USS por una cosechadora norteamericana último modelo-, 40-50.000 USS por una camioneta 4×4, la importación descontrolada de insumos agrícolas y agrotóxicos, así como los altos gastos suntuarios del pool sojero, no han repercutido -ni repercutirán mientras subsista esta matriz estructural- en un aumento de las condiciones de vida de la población nacional en su conjunto. Por el contrario sí lo hará en la expansión de la pobreza, el desempleo, la concentración de la riqueza, la indigencia y en desmedro del desarrollo industrial y estructural del país.

8.- Pensamiento colonial.

Con el avance desmedido e irracional -‘Así lo decidió el mercado. Es lo que decidieron los productores.’Campos dixit(30)- de la monocultura de la soja transgénica forrajera, el proceso de concentración de la tierra y por ende de expulsión de chacareros y horticultores, se ha potenciado de manera exponencial. Por lo pronto Martínez y Dougnac (31) trabajando con las cifras de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 1999 para el partido de Pergamino, comprueban que la expulsión de productores llevada a cabo por el sistema Siembra Directa-semilla soja RR-glifosato sólo cesa cuando la explotación alcanza las 500 has. Es decir por debajo de las 500 has los productores están obligados a vender o arrendar sus tierras si son propietarios o abandonarlas si son arrendatarios. Esto no incluye los horticultores, floricultores o productores familiares de granja que son expulsados a granel por el uso irracional e impune de las fumigaciones del herbicida glifosato, de las que han sido reportadas efectos de deriva de hasta 800 m, registrándose una perdurabilidad en el suelo de 1 a 3 años.(31) Esto produce y agrava -unido a la proliferación desenfrenada de súper-híper y cadenas de minimercados- la desaparición y encarecimiento de fuentes tradicionales de alimentos baratos para la población tales como batata, papa, lenteja, arveja, haba, frutales, carne de cordero, miel a bajo costo, etc.

Esta situación se manifiesta en el hecho que si hasta los ‘80 la superficie promedio pampeana orillaba las 257 Has (el promedio nacional subía a 421 Has), en la actualidad la misma ha crecido a las 538 Has.(31) Aspecto que ilustra desde el panorama agropecuario a la política de revanchismo social y distribución regresiva de la Renta Nacional a la que hiciéramos referencia. (31) Si comparamos con la situación en los EE.UU., o en la UE la situación es absolutamente diferente. En los EE.UU., la superficie promedio allí es menor a 250 has y en la Unión Europea la misma orilla las 10 has. (33) Si bien hoy está en marcha un proceso de concentración de la tierra vinculado al avance de las multinacionales de la alimentación y la biotecnología, también sobre la pequeña propiedad en los EE.UU., y en la UE. Sin embargo ninguno de ellos repite nuestra amarga experiencia. Ambos poseen subsidios para defender a sus productores y políticas de Estado para orientar la producción: los EE.UU., creadores de la soja transgénica sólo producen un 40% de la misma en su producción de soja total, y lo hacen regulando el precio de la semilla RR y el precio del herbicida. La UE ha prohibido la producción de OGM en su territorio pese a las enormes presiones de las multinacionales. Sin embargo saben que para ‘conejillos de Indias’ están los países del Tercer Mundo como el nuestro, donde las políticas de Estado para el sector agropecuario fueron puestas absolutamente al servicio del deseo de las multinacionales, y a las necesidades de jun tar divisas para pagar deuda externa.

El gobierno agita demagógicamente el tema de los subsidios europeos y norteamericanos como forma de defender nuestra producción. Creemos que es exactamente al revés. Si pensáramos la política agraria como parte de una política de desarrollo integral necesitaríamos subsidios, retenciones y precios diferenciales para promover tal producción y controlar tal otra. Eso es lo que hacen los países ‘capitalistas en serio’, como gusta decir nuestro Presidente. Vale la pena recordar que en tiempos de la dictadura, un secretario de Agricultura de Videla reclamó al gobierno conservador francés de entonces, contra los subsidios agrícolas. El funcionario galo espetó al funcionario de facto: ‘los campesinos franceses no son los indios argentinos que ustedes masacraron por decenas de miles. Los campesinos franceses son el alma de Francia. Si desaparecen sus campesinos desaparece Francia. Así que nosotros protegemos nuestra producción agropecuaria tras ladando recursos de otras partes de la economía hacia el campo para que nuestro campesinos puedan seguir existiendo.’ (45) Francia también prohíbe la instalación de híper y supermercados en el centro de las ciudades y sólo permite hacerlo en las periferias para proteger al pequeño comercio, que también son parte del pueblo francés, es decir también son el ‘alma de Francia.’

Los mismos producen la liquidación de las fuerzas que impulsaban un modelo de nación autosuficiente, independiente, soberano, no endeudada y centrada en el aprovechamiento de sus recursos para el bienestar de nuestro pueblo. Línea que Mariano Moreno había explicitado en su Plan de Operaciones en cuanto a que ‘el mejor gobierno es aquel que hace feliz a mayor número de individuos’(1) es decir todo lo contrario al tan mentado, ‘que quieren que haga pobres hubo siempre’ expresado reiteradamente por el infame traidor a la Patria nacido en Anillaco. Pero Moreno también proponía medidas para hacer feliz al mayor número de individuos. En su Plan Revolucionario -la pieza fundante de nuestra nación- es muy claro al respecto y no lo proponía para lo que hoy es la Argentina, sino para la América española compre ndida desde Panamá hasta el Cabo de Hornos. Propiciaba además sublevar a los esclavos brasileños para sumar enormes extensiones del Brasil esclavista a la Revolución y poder constituir una enorme potencia americana. Moreno, nuestro Padre fundante, es muy claro sobre el plan a seguir, ‘las medidas a adoptar consistían en expropiar quinientos o seiscientos millones de pesos en poder de cinco o seis mil individuos, expropiación que beneficiaría a ochenta o cien mil habitantes. Esa enorme suma de dinero en manos de una minoría, “no puede dar el fruto ni fomento de un estado, que darían puestos en diferentes giros en el medio de un centro facilitando fábricas, ingenios, aumento de la agricultura, etc.(..)

En esta virtud, luego de hacerse entender más claramente mi proyecto, se verá que una cantidad de doscientos o trescientos millones de pesos, puestos en el centro del estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etc., producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes, no hablando de aquellas manufacturas que siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que pesan; pero como esta materia no sea de este tratado, paso a exponer los medios que deben adoptarse para el aumento de los fondos públicos’.(..) Moreno encara el problema básico de la Revolución: poner en movimiento y transformar en generadoras de trabajo, bienestar general y riqueza colectiva las cuantiosas fortunas atesoradas por la minoría de monopolistas y usureros.

De este modo la agricultura, la manufactura y la navegación podrían desarrollarse y el país se independizaría del comercio extranjero’ (8) Estas medidas son acompañadas en forma concreta por Castelli y Belgrano -el brazo armado de la Revolución- entregando tierras a los pueblos indios del Alto Perú y de las Misiones Guaraníes. (Reglamentos Provisionales de Castelli y Belgrano a nombre del gobierno Revolucionario). Suprimían taxativamente el sistema de servidumbre y esclavitud de obrajes y encomiendas. Belgrano llega a sancionar hasta un Reglamento de Trabajo para los Guaraníes contra la explotación de que eran objeto, fijando salarios y horas de trabajo. Belgrano también expropiará y repartirá riquezas de los terratenientes realistas de Jujuy, Salta y Tucumán. Derrotada la Revolución, será San Martín quien expropie riquezas y distribuya tierras en Cuyo y Perú. Güemes lo hará en Salta y por eso será asesinado por la oligarquía salteña. Pero será principalmente José Artigas quien dicte la Ley de Tierras en 1815: ‘se trataba de establecer un nuevo orden rural, recuperar la ganadería, poblar y distribuir la propiedad con el criterio de que “los más infelices sean los más priviliegiados.” Las tierras no ocupadas y las confiscadas a “los ma los europeos -españoles.AJL- y peores americanos” debían repartirse en suertes de estancia a los solicitantes con carácter de donación, dando preferencia a los negros, zambos, indios y criollos pobres.’ (24) No en vano la oligarquía porteño-británica compró a Pancho Ramírez y a E. López haciendo perseguir a Artigas con la orden de impedirle cualquier contacto con la población india, gaucha o pobre, la chuzma y acorralarlo hasta la muerte.

Cosa que el Supremo Entrerriano cumplió a rajatabla enterrando al Protector de los Pueblos Libres -nuestro Padre Artigas- en el Paraguay. Bebería luego el ‘Supremo Entrerriano’ su misma bebida, dado que Roma no paga traidores. Su cabeza descansaría sobre el escritorio del otro comprado por el oro de Sarratea: Don Estanislao López el fundador del federalismo estanciero. No casualmente no hubo monumento a Artigas en Buenos Aires hasta 1980. Y bastante escondido está por cierto. Pero el Gran Oriental la tenía clara. Cuando en 1835 ya fundado el Estado tapón-factoría británico de la República Oriental del Uruguay, Lavalleja -que ya había invadido y exterminado a los bravos Charrúas, ejercitando la limpieza étnica de los unitarios liberales- envía a buscar a Artigas al Paraguay. El Padre Artigas ya anciano responde: ‘El Uruguay no es mi Patria. Yo ya no tengo Patria.’.Claro él hablaba de la Patria Grande Americana derrotada por el proyecto porteño-británico triunfante. Para dejar más claras las cosas al morir dejó expresado en su testamento: ‘Yo Don José Gervasio de Artigas, argentino de la Banda Oriental…’(25)

5.- Granja Británica: Patria chica.

De tal forma que el Gran Moreno descansa en algún ignoto lugar del fondo del Atlántico frente a la costa brasileña de Santa Catarina. Lo mismo pasaría luego con otros revolucionarios argentinos, mientras el modelo por él propuesto se estrelló contra la estrategia Británica. La gran nación americana, la Patria Grande, aún espera, retomada en cada momento de triunfo de las causas populares. Retornó con Yrigoyen, luego con Perón, con el Che y ahora retorna resurgida de sus cenizas gracias a la Gran revolución Bolivariana de Venezuela. Triunfó en su lugar el modelo de granja británica de la patria chica. Es bueno aclarar que lo ocurrido en nuestro país se repitió por entonces -segunda mitad del siglo XIX- en otras regiones del globo. Genocidios similares ocurrieron en el Oeste norteamericano, en las praderas del Canadá, en Australia, en Rhodesia, en Nigeria, en Sud África, en el Congo, en China, Nueva Zelanda, India, Armenia, Oriente Medio, Bengala. La matanza de 50 a 70 millones de pobladores originarios del Tercer Mundo, según señala Alcira Argumedo(9), produjo la limpieza o vaciamiento de enormes regiones del globo, en pleno apogeo de la globalización británica que sucedía a la española-portuguesa en el dominio del mundo.

Esas áreas vaciadas debían ser ocupadas por la población sobrante europea, que estaba siendo expulsada por millones de sus trabajos y tierras por la crisis del capitalismo europeo. Crisis generada por la segunda Revolución Industrial. Cuatro de cada cinco europeos perdía su trabajo. Eran población sobrante absoluta, como lo son hoy los dos tercios de la humanidad que el capitalismo post URSS no está dispuesto a sumar al empleo. Es decir a la inclusión, es decir a la sociedad. No está dispuesto, como no lo estuvo entonces, a afectar su tasa de ganancia decreciente. Decreciente sobre todo en períodos de aceleración de cambio tecnológico, que hace más grave la caída de dicha tas a de ganancia. Era necesario distribuir esa población europea por el mundo para evitar que se sublevara contra el orden vigente. Marx explicó con claridad el problema: ‘la marcha al Oeste diluye la lucha de clases en Europa’, dijo con bronca, o más claro aun ‘América impide la revolución en Europa.’(10). De tal forma nuestras pampas y praderas patagónicas, fueron pobladas por ingleses, escoceses e irlandeses que venían a ocupar el territorio despejado por los genocidios fundantes de la nación liberal. Primera revolución de las Pampas suele llamar el publicista de Monsanto y socio de H. Kissinger, el Ing. Héctor Huergo -director de Clarín Rural-, a este proceso tan parecido a la Segunda Revolución de las Pampas -según Huergo- que estamos atravesando.

Otros millones de campesinos pobres y obreros desempleados italianos, españoles, vascos, gallegos, árabes, judíos, rusos y alemanes se desparramaron por dichos territorios sin tener la suerte de acceder directamente a la propiedad de la tierra como los súbditos de su majestad británica, verdaderos dueños del country argentino por entonces. Más de cincuenta millones de europeos se desparramaron por los territorios del Tercer Mundo y los EE.UU., en las tierras que las tropas británicas o sus fuerzas cipayas -como el ejército de Mitre, de Roca o de la India cipaya- o tropas imperiales -como las yanquis- habían despejado salvando al capital europeo de una posible expropiación revolucionaria, propagando al mismo tiempo una recolonización europea de nuevo cuño, de casi todo el globo. Recolonización de flema británica, en pleno apogeo de la globalización inglesa que reemplazaba a la previa española, que había hecho el trabajo sucio del genocidio primigenio eliminando 78 millones de pobladores americanos.

El mayor genocidio de la historia de la humanidad, abriendo el ‘siglo de las luces y el iluminismo”, “la iluminación” de Europa. En Europa la sangre de los pueblos oprimidos y masacrados -inmediatamente se agregarían 50 millones de africanos arrancados como esclavos para reemplazar a los indios desaparecidos-, la sangre decíamos, en Europa produjo luz, lujo y brillo. Eso dicen los iluministas, positivistas y progresistas de toda laya que aun parasitan nuestro pensamiento y en particular nuestras universidades. Pero debajo de todo el oro, el brillo, el lujo, los oropeles, el boato de la vieja Europa -y hoy de los EE.UU.-, solo hay sangre, llanto, dolor, muerte, genocidio de los más. ‘Lodo y sangre, formaron el capital originario del capitalismo’ dijo Marx(18) . La rebelión de los jóvenes del Tercer Mundo insertos en el primero, raleados del sistema por su color de piel, en Francia o España, están respondiendo a la misma lógica imperial. Sangre, mucha sangre construyó el brillo y la cultura europea, la expansión del capitalismo por el mundo.

6.- Mantener la granja tenía sus problemas.

En principio no se puede crecer si solo se quiere ser una granja. No se puede educar a la gente si solo quiero que cuiden vacas. No se puede crecer porque para tener población hay que distribuir la tierra. EEUU., que distribuyó democráticamente la tierra -hasta Reagan- tiene casi 300 millones de habitantes. Nosotros con condiciones ecológicas superiores no llegamos aun a los 40 millones. Todo parecía ir bien mientras el Imperio Británico tiraba manteca al techo, pero cuando Alemania, Japón y los EEUU comenzaron a disputarle mercados, la crisis golpeó al Imperio. Eso afectó decididamente a la economía argentina que ya venía sufriendo crisis cíclicas desde 1873, por la insistencia en un modelo cuyo único basamento era el flujo continuo de riquezas, bienes, trabajo, capital y divisas hacia Londres y Europa. Con el endeudamiento perpetuo como modelo económico. En algún momento debía hacer eclosión. El modelo ya deja de crecer cuando Yrigoyen accede al gobierno en 1916, el Peludo no expropia el latifundio y no pone la renta agraria al servicio de la reformulación de la economía nacional. No podrá afectar en mayor manera el modelo agro-exportador, aunque hará avances en sentido contrario al sistema del coloniaje británico. Pero Alvear desandará el camino y consolidará la granja británica. Ya queda claro que por ese camino el país no puede crecer. Los sueños de llegar a los 100 millones de habitantes prometidos por Roca en 1900 empiezan a ser claramente utópicos.

Pero lo peor llega con la crisis de1929, donde Londres intenta golpear al capitalismo norteamericano con su capital financiero, pero no puede menos que comenzar a replegar el imperio. Aquí la oligarquía argentina muestra toda su ineptitud histórica, su pequeñez de concepción. ‘El problema de la Argentina es su extensión’, lloriquea Sarmiento en el Facundo, dando origen a la primera zoncera de Jauretche. ¿Alguien conoce algún dirigente de algún país que se queje de que su país fuera demasiado grande?. Su incapacidad para pensar una nación en crecimiento y desarrollo permanente, demuestra que hacía tiempo que la burguesía terrateniente emergente de Caseros-Pavón, había dejado de ser una clase nacional, sí es que alguna vez lo había sido. Dos países de modelo similar al nuestro de entonces, estos verdaderas colonias británicas, aprovecharon la crisis de 1930 para abandonar el camino agroexportador y el laissez faire, comenzando el proceso de industrialización independiente, aun siendo colonias británicas. Australia y Canadá abandonaron en los ‘30 el modelo de la Granja Británica y hoy son países industriales autosuficientes del Primer Mundo.

La oligarquía argentina que había usado la descomunal renta diferencial de la Pampa Húmeda para hacer palacetes, castillos en sus estancias, tener la mayor cantidad de prostitutas del mundo, viajar a Europa con la vaca atada, vivir en París cerrando cabarets, tirando manteca al techo, descubrió de golpe que podía perder su lugar. En lugar de pensar otro modelo de desarrollo ya que Gran Bretaña, ya no podría seguir comprando indiscriminadamente a la Argentina, fue a pedir de rodillas a Inglaterra ser mas colonia que antes. A cualquier precio. Se firmó el Pacto Roca-Runciman al costo de suprimir cualquier desarrollo. Uno de los acompañantes de Roca(h) fue explícito en cuanto al nacionalismo de nuestra oligarquía. Dijo don Guillermo Leguizamón: ‘La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su Graciosa Majestad.’(50) Jauretche explicó la tragedia de esos días no en vano llamados Década Infame: “Nosotros eso lo vinculábamos al tratado Roca-Runciman y a la serie de leyes que venían impuestas, porque el tratado Roca-Runciman le dio una cuota a la ganadería argentina a cambio de la cual la ganadería argentina entregaba una serie de concesiones en detrimento del desarrollo del país. Es decir el tratado R-R y lo que yo llamo el Estatuto Legal de Coloniaje, trataron de cristalizar e inmovilizar al país para que siguiera siendo exclusivamente el país agropecuario.

Lo que pasó es que las dos grandes guerras y la crisis rompieron el esquema británico de la política del río de la Plata y el país tuvo que hacer su proceso de industrialización porque tuvo que abastecerse.”(26) Pero eso sería más tarde, todavía eran los tiempos en que Roca(h) al firmar el pacto R-R -el Estatuto Legal del Coloniaje- vergonzosamente expresaba: ‘La Argentina es, por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido.’(51) La entrega era tan descarada que un diputado británico señaló que ‘la Argentina debía ser incorporada al Commonwealth’,(52) viejo anhelo de nuestros patricios bosteros.

Comienzan entonces a hablar los Barones de la tierra respecto de que ‘la nación no debía crecer, que no podíamos tener más de 6 millones de habitantes’, para ser más precisos: ‘1 habitante por cada 4 vacas’, para no afectar el modelo de país estancia. Las palabras de los sucesivos presidentes de la SRA, tal cual denunciara don Arturo Jauretche, profundizan esta línea: ‘En 1956 el Dr. Ernesto Hueyo, ex ministro de la Década Infame y personaje representante de su clase sostiene en un artículo de la Prensa, que el país tiene exceso de población y sólo se le ocurre una solución: que emigre el excedente de argentinos innecesario para la economía pastoril. En 1966 el presidente de la SRA, Sr. Faustino Fano -un nuevo incorporado a la alta clase- expresa el sentimiento de la misma diciendo en el habitual banquete de la prensa extranjera -donde los primates del país van a dar examen de buena conducta e higiene mental- que la población conveniente de la república está en r elación 4 vacunos por cada hombre. Ajustándonos al cálculo(..) hoy no deberíamos tener más de 12 millones de habitantes. Si tenemos 25 millones nos hemos excedido en el 100%. !A esto ha llegado la élite que se dice continuadora de la que jugaba a los 100 millones de habitantes.’(16) Palabras similares expresaría el tristemente célebre José A. Martínez de Hoz quien acusaría al gobierno peronista de haber derrochado en exceso carnes y granos para alimentar a la población nacional en lugar de aumentar los saldos exportables, dando la razón a J. J. Hernández Arregui, cuando denunciaba: ‘esa clase parásita e infecunda, siempre que el pueblo comió, vio demagogia.’(19)