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Entre el debate y la movilización social

EL PAIS › ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES POR LA CONSTITUYENTE SOCIAL DE LA CTA


Más de dos mil jóvenes de cuatrocientas organizaciones de todo el país se reúnen en Córdoba para debatir sobre la construcción de un nuevo movimiento vinculado con la CTA. Campesinos, estudiantes, comunidades originarias, militantes políticos. Sus historias.

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Por Alejandra Dandan

Desde Embalse Río Tercero

Los viejos hoteles sindicales levantados en los años ’50 alrededor del Embalse Río Tercero parecieron por algunas horas sacudirse de la modorra de sus antiguos fantasmas. Entre polleras con lentejuelas brillantes de las murgas del conurbano bonaerense, rastas y aros artesanales aparecieron las banderas rojas, las de estrellas de cinco puntas y consignas que vivaban a Evo Morales, que clamaban contra la desigualdad social. Más de dos mil jóvenes de cuatrocientas organizaciones de centroizquierda de todo el país, agrupaciones territoriales, sociales y políticas, llegaron a Córdoba convocados por la CTA que encabeza desde hace años la apuesta por la construcción de un movimiento de masas anclado en un proceso político inédito al que llaman de la Constituyente Social.

Antonio fue de los primeros en llegar. Tenía ocho años cuando los dueños del campo en el que vivía su familia los desalojaron de forma violenta, le cuenta temprano a Página/12. Los propietarios cercaron las cincuenta hectáreas de terreno donde vivían, con sus padres adentro; ellos aguantaron un tiempo hasta que no pudieron más y terminaron yéndose a buscar trabajo de peones a otros lugares. Ahora él, veinte años más tarde, encabeza una de las organizaciones campesinas de Chaco que pelea por la tierra, inspirada en el modelo de las Ligas Agrarias. La organización lleva el nombre de Poriajhú, una palabra de origen guaraní que significa “Unión de los campesinos pobres”.

“En ese entonces mis padres estaban aislados –dice Antonio–, no tenían contactos con otras familias ni conocían las formas de organizarse.” Y eso a él no le volvió a pasar. Cuando llegaron a una reserva de la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, en las puertas del postergado Impenetrable, conocieron a las familias campesinas de ahí, muchos inmigrantes algodoneros que habían llegado de las provincias vecinas y de los países limítrofes y que habían empezado a organizarse a fines de la década del ’90, cuando existió uno de los más fuertes intentos de desalojo.

Hace años, ellos fueron una de las primeras organizaciones campesinas y de originarios que firmaron la adhesión a la propuesta de la CTA convocando a una Constituyente Social. Y aquella firma dio paso luego a otras firmas. De Chaco llegó el Grupo Universitario Estudiantil, un grupo de estudiantes que se plantea ser la conexión entre el afuera y el adentro de la academia y donde militan profesores de matemática, ingenieros industriales o ingenieros químicos que van a dar clases a las escuelas o los barrios. También llegó Fabio Zerpa, de los cadetes y mensajeros del Chaco, una agrupación que tras organizarse gremialmente recibió despidos de parte de las empresas y ahora pelea por el trabajo en blanco. O llegó Carlos Arenales, integrante de una comunidad originaria del pueblo toba, cuya organización hace años se quejaba porque los corrían las balas, dijo, y ahora porque los corren los capitalistas. Detrás de ellos, hubo representantes de todas las provincias.

Embalse Río Tercero es para la CTA la primera convocatoria a un encuentro nacional de jóvenes. El contexto es la Constituyente Social, un espacio que nació en el año 2002 en Mar del Plata, durante un plenario de trabajadores que se propuso impulsar un movimiento político, social y cultural de liberación en medio de la crisis y del estallido de los partidos políticos. En esa coyuntura, se aprobó la consigna de darles el poder a los representados. El primer gran encuentro nacional se hizo en octubre del año pasado en Jujuy, con más de 30 mil personas y más de 680 organizaciones. Los jóvenes se reúnen en Córdoba para preparar ahora el encuentro de noviembre que esta vez será en Neuquén, pero eso es sólo una formalidad.

Porque la Constituyente se propone “dar vuelta como un guante” ese “minué de las elecciones que se repiten cada cuatro o cinco años”, dijo Juan Carlos Giuliani, secretario de medios de CTA en la apertura del encuentro. “Los que tienen la sartén por el mango siguen decidiendo hora a hora el resto de las vidas, ahí están los golpistas, los que intentan ahora acabar con Honduras”, En esa “derecha cipaya y oligárquica” que, dijo, “no está escrito en ninguna parte que va a volver”, que todo este proceso termine en una “restauración conservadora”. Y agregó, mientras los que llegaban lo ovacionaban con los cantos de la liberación de los años ’70, “ahí está el faro de Cuba, ahí está Ecuador, Bolivia, Venezuela y el año que viene vamos a estar con ellos nosotros desde la Constituyente Social que se haga en el Bicentenario”.

En la sala, en tanto, mientras se preparan los jóvenes para empezar el encuentro que va a tener talleres durante todo el día de hoy para discutir acciones, estaban los que llegaban de otras provincias. Ernesto Cincotta de San Juan empezó a militar en Proyecto Sur después de las peleas por el boleto estudiantil y ahora trabaja con Celia Beron, una estudiante de una organización misionera de religiosidad popular llamada Antuen, con la que bregan en esa provincia contra la instalación de las políticas mineras, y del gobierno provincial. “Te camuflan todo”, dice Celia. “La información es escasa y absurda, y la propaganda incoherente: dicen que la minería te da educación y trabajo, y combate la pobreza, y realmente no pasa por ahí”. Y estaba Vanesa Guajardo, Laila y Gustavo, que no venían de ninguna organización y lo decían con ganas. Son autoconvocados, parte de los miles de vecinos de una de las asambleas que nacieron en el valle mendocino de Uco contra la instalación de otros proyectos mineros y la ley de los glaciares.

Y ellos no son todos sino una parte. Hay expresiones de los partidos políticos de centroizquierda como Proyecto Sur, Partido Comunista o Quebracho. Adrián, un cordobés, estudiante de física, intentaba explicarlo de esta manera: la Constituyente es la forma que está tomando un movimiento de masas, con una fuerza que estaba, que existía y que la CTA entendió cómo tenía que articularla. No es transversal la propuesta porque no la lideran los kirchneristas, y en medio de los discursos, las críticas van también hacia el Gobierno. “Pero acá están todos”, decía Gustavo Giusti, de Quebracho. “Los kirchneristas como los Túpac Amaru de Jujuy y nosotros, que somos completamente antikirchneristas.”

En uno de los rincones, a la tardecita ya, Rosa Portillo ensayaba unos pasos al ritmo del redoblante, vestida de blanco brillante y lentejuelas. Saltaba delante de un carromato anaranjado, una especie de gran trailer rodante, en el que viajaron desde Buenos Aires más de cincuenta integrantes de la agrupación Culebrón Timbal. Rosa tiene veinte años, es de Cuartel V, una de las barriadas más pobres y violentas de Moreno, donde los pibes se mueren en la calle, y las calles quedan regadas de santuarios con las cruces de los muertos. Hace siete meses se sumó a la organización, ahora hace percusión, estudia edición de video y produce un programa de radio comunitaria donde las noticias incluyen informaciones del barrio. “Para los pibes es importante venir a mostrar lo que pasa en los barrios”, dice Víctor Risso de Culebrón Timbal. “Nosotros trabajamos por la lógica de la democracia participativa versus la democracia representativa y nuestro trabajo en los barrios es como una semilla que sentimos que tiene que ir por ahí.”

El Culebrón nació en 1997 como una banda de rock que buscaba a través de la música rescatar los valores populares del Gran Buenos Aires con sus mestizajes suburbanos. De los flogger que viven al lado de una ruta donde se venera al Gauchito Gil, dice Víctor, o adonde los barrios mezclan los ruidos del chamamé con la cumbia villera. El centro de trabajo de Culebrón estuvo en esos barrios, donde empezaron a tejer redes con las organizaciones locales, desde la Iglesia hasta las sociedades de fomento y centros de jubilados al lado de un escenario de este otro rock mestizo y de color.

Córdoba empieza a mezclar también todo eso.

Restauración conservadora o profundización del cambio.

Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra,

nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje. El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.

Ellos realizan sus rápidos cálculos de reposición del viejo orden. Alegan pureza institucional, pero se han abstenido de hacer gala de ella cada vez que les tocó actuar en tareas de responsabilidad. Esgrimen que se han superado los límites tolerables en materia de seguridad, pero en vez de pensar los abismos sociales que sólo se remedian con políticas democráticas y con el desafío aún pendiente de una nueva distribución del ingreso, expanden un miedo difuso preparando futuras agencias y formas regresivas de control poblacional. Vigilar y castigar parecen ser sus recursos privilegiados, el núcleo primero y último de la brutal simplificación de la anomia que subyace a una sociedad desquiciada por la implantación, desde los años de la dictadura videlista, de un proyecto de país fundado en la exclusión, la marginalidad y la miseria creciente de aquellos mismos que acabarán convertidos en carne de prisión o de gatillo fácil.

Si es el caso, no vacilan en aceptar pigmentos de “izquierda” para presentar un proyecto que pertenece a las fantasías recónditas de una nueva derecha mundial. Desenfadados, anuncian que todo lo que harán no será contradictorio con la asunción de “la política de derechos humanos”. El neo-conservadorismo argentino ha aprendido a no ser literal como sus ancestros. Puede ser también, si lo apuran, un “progresismo de derecha”, imbuido de los miles de fragmentos sueltos que vagan por los lenguajes políticos. Todo vale. Pueden tomar las premisas de una lengua que hace poco pertenecía a los movimientos sociales de transformación. O pueden sonreír por lo bajo pues alguien sustituyéndolos reclamará magnas puniciones y pronunciará el supremo veredicto: “pena de muerte”. Será la forma sublimada de indicar el rumbo de la reingeniería de una “sociedad turbada”, una Argentina que reclamaría la pastoral de la seguridad, que en vez de considerarse un grave problema que debe convocar imaginativas soluciones económicas, democráticas, laborales y pedagógicas, es visto como una peste medieval que exige periódicos exorcismos de punitivas sacerdotisas y ávidos prelados.

Junto a la complicidad con quienes exigen un cadalso público como forma de una nueva razón disciplinadora, los mundos políticos de la restauración conservadora extienden bruscamente ante sí el descuartizado mapa de las ideologías argentinas. Unos buscando “patas peronistas”, otros “patas liberales” y otros “patas radicales” para lo que creen que son sus baches a ser rellenados con cuadrillas políticas nocturnas de urgencia. Confunden política con pavimentación. Se entrecruzan en el complaciente intercambio de figuritas sobre el vacío que se atribuyen a sí mismos. Comienzan por reconocerse carentes, vivir en el socavón de su propia escasez. No sorprende que la decadencia de las grandes ideas de cambio social haya traído aparejada la decadencia del lenguaje político. Las viejas corrientes políticas, que supieron ser corrientes de ideas, son ahora partes de un pensamiento rápido, aleatorio, que se arrastra por el piso como un mueble que desgastó sus soportes. La nueva derecha, forjada en los lenguajes massmediáticos, carece de escrúpulos a la hora de arrojar por la borda ideas y principios o de adherirse a los restos tumefactos de tradiciones antagónicas; lo único que le importa es conquistar, por la vía de la simplificación y el vaciamiento ideológico, a una ciudadanía apresada en las matrices heredadas de los noventa menemistas. Pretenden organizar las filas del individualismo atemorizado pero si triunfan no gobernarán como estrategas de la concordia social sino como artífices de una implacable revancha represiva.

Los representantes de la restauración han memorizado así archisabidos preceptos, míseras cartillas para refundar el Orden Conservador, pero se sienten vivados por los abstractos públicos presentados como momentánea platea popular sustituta. Saben que actúan en medio de poblaciones estremecidas por los diversos planos de una crisis civilizatoria de la que dicen no tiene conclusión visible, pero la suelen ver como parte de un oscuro deseo de que esa crisis llegue pronto a la Argentina como “gran electora catastrófica”. La crisis mundial sería la prestidigitadora de una devastación. Desarticularía previsiones, refutaría políticas públicas y esparciría desempleo, inestabilidad o pánico. Y les daría votos. La conciencia invisible del conservador se mueve en todos los rubros de la lengua movilizadora, pues sabe que hay un público difuso extendido en todo el país que lo escucha y que proviene de muchos legados políticos destrozados. Se parte del anhelo de que la crisis venga ya. Que irrumpa por fin esa crisis mundial y derrote a los esfuerzos que se hacen por conjurarla, a veces buenos, otras improvisados sobre el vértigo que la crisis impone, no siempre efectivos.

En el inconciente colectivo de la restauración se halla emplazado el pensamiento de que la “llegada visible de la crisis” equivaldría a una admonición mesiánica que se encargaría de derrotar a los frágiles gobiernos a martillazos del Dow Jones y drásticos patrullajes del Nasdaq. Ninguna conciencia parecen tener de que esas catástrofes en el centro del mundo se han llevado consigo los paradigmas sobre los que construyeron sus capitales político-intelectuales. Más que paradigmas, son sofismas que no cesan de repetir a despecho de las evidencias. Eluden dar cuenta de la gravedad mundial de la crisis para menoscabar las medidas que atenúan sus ondas expansivas más duras. No se atreven a reconocer que la demora y cierta “suavidad” relativa de la crisis en Argentina se vincula con las políticas gubernamentales de moderada desconexión de las lógicas financieras del capitalismo contemporáneo. Los restauradores repiten sus axiomas ya fallidos y no trepidan en solicitar el fin de la desconexión: volver al seno del FMI es ya una consigna de batalla.

Los líderes del “partido del orden”, mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria? Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque “enlazado” que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una derechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector..

Los restauradores anuncian que están frente a una impostura histórica pero llaman impostura a novedades introducidas por un juego democrático que sin duda es desprolijo pero vital; anuncian que están frente a manifestaciones de locura y tilinguería, pero no se privan de reclutar en sus filas a toda clase de comediantes que postulan el regreso a una normalidad administrada desde antiguos retablos ajustistas. Anuncian también que están frente a un gobierno errático, peligrosamente estatista –si son liberales-, e insensible a lo social –si asumen aires ocasionales de izquierda. La impostura de la que acusan al gobierno atraviesa de lado a lado su lenguaje, en especial cuando recurren a antiguas y venerables simbologías populares en nombre de intereses antagónicos de esas tradiciones.

Este tema es necesario recorrerlo claramente. El gobierno se halla en medio de una tormenta social y política –local e internacional- acerca de la cual, tanto como no se puede aceptar que la haya provocado en lo que tiene de incierta, tampoco es posible dejar de ver en sus medidas más atrevidas el origen de las hirientes esquirlas que recibe como respuesta y debe afrontar. Estas medidas ya se conocen, y van desde los primeros gestos en relación a fuertes reparaciones simbólicas que desataron nudos asfixiantes de la historia hasta el pasaje de las existencias de las AFJP al patrimonio público bajo administración estatal o el profundo y necesario proyecto de ley de medios audiovisuales, sin dejar en un segundo plano la recuperación de una perspectiva latinoamericana que abandonó el paradigma de las “relaciones carnales” para encontrarse con irredentas pertenencias histórico-culturales. Con sus diferencias y particularidades, los procesos boliviano, venezolano, brasileño, ecuatoriano, cubano, uruguayo, chileno, paraguayo, nicaragüense, salvadoreño, no nos dejan pensar que esta hora latinoamericana va a ceder su horizonte de realizaciones ante la agresión mancomunada de las nigromantes y los hechiceros del retroceso. Y sabemos que la difícil encrucijada económica y social no puede sortearse sin la composición de tramas políticas, económicas y culturales de alcance regional.

El ciclo abierto en el 2003, no sin titubeos, produjo una diferencia con las formas de gobernabilidad anteriores, diferencia surgida de la lectura de los acontecimientos de 2001, cuando el protagonismo popular sancionó el fin de aquellas formas. Diferencia que se percibe en sus intentos democratizadores (que van desde la modificación virtuosa de la Corte Suprema hasta la afirmación de una política de derechos humanos que retoma los reclamos de los grupos organizados por su defensa), en el tipo de encuentro que propició con los movimientos sociales (entrecruzamiento de diálogos y no de medidas represivas), en el planteo de núcleos centrales para una sociedad justa (desde la enunciación de una pendiente redistribución del ingreso hasta la extensión de los derechos jubilatorios y la reposición de la movilidad de los haberes), desde la innovación en políticas de defensa hasta la decisión de no rendir ante el altar de la crisis los sacrificios tradicionales del trabajo y del salario.

Se conocen también sus deficiencias. Existe un gran contraste entre acciones innovadoras en campos sensibles de la vida social y apoyaturas que arrastran estilos rígidos, no decididamente democráticos, de organización política. Nos referimos a una escasa renovación en los sostenes oficiales del gobierno, cuando no a un chato horizonte de conveniencias sectoriales –encarnadas por lo general en porciones extensas del Partido Justicialista- y específicamente en el profundo error que se comete con alianzas como las de Catamarca, donde se marchó junto a la figura que gobernaba la provincia cuando sacudía al país el caso María Soledad y con las huestes de un confeso ladrón. También lo que implica la cercanía con Aldo Rico en San Miguel, para mencionar sólo los casos que más hieren. No sólo por lo que componen, también por la ausencia que revelan de otra construcción política capaz de efectuar una interpelación popular, convocar a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los desocupados, a los que estudian y los que crean, a apoyar y expandir una diferencia que efectivamente existe en ciertos actos y se opaca en la rutina de las antiguallas partidarias. No es casual que en las entretelas de estas alianzas de ocasión con personajes sin moral y sin conciencia, que han navegado los últimos veinte años de vida política, haya tomado cuerpo la “idea” de una “salida ordenada” del kirchnerismo, manejando figuras como el cáustico sojero fórmula 1. Esa salida –engalanada con prefijo post- dejaría al pueblo como rehén. Se trata, en realidad, de la restauración conservadora con la misma soja al cuello pero con Hugo del Carril en la vitrola. El gobierno se recuesta sobre una estructura partidaria que parece garantizarle un piso electoral imprescindible, sin transitar por sendas en las que se podría vislumbrar un horizonte distinto. Comprender la carencia no significa aceptar la solución como la única posible. Es, más bien, anticipar los costos a pagar.

Son temas que es necesario revisar. La dignidad de un proyecto social de cambios requiere que sus apoyos surjan convencidamente de llamados a las vertientes sociales, productivas y culturales que esperan participar en un movimiento que pueda gobernar en medio de desafíos fundamentales y vencerlos innovadoramente. Ese llamado aún no ha ocurrido aunque, como debe brotar de los pliegues críticos de la sociedad, es necesario encontrar en la sociedad civil el lenguaje y los argumentos para concretarlo. Un lenguaje sensible a una sociedad que se ha transformado y cuyas disidencias internas, sus polémicas públicas, no pueden ser explicadas sólo con la cartilla de las anteriores lecturas nacional-populares. El desafío es apropiarse de aquellas lecturas pero entramadas en una nueva y compleja realidad; de reencontrarse con los afluentes de una memoria de la justicia y la igualdad en el contexto de inéditos saltos al vacío del capitalismo actual. Es bajo esta perspectiva que reconocemos la trascendencia de lo abierto en mayo del 2003 y que no olvidamos las enormes dificultades que existían y que todavía persisten para construir un proyecto democrático y popular. Algunas izquierdas, como lo han hecho repetidamente, no atinan a dar cuenta de la singularidad de los acontecimientos. Es hora de entrelazar miradas, perspectivas, tradiciones y biografías diversas que comparten el ideal emancipatorio, intuyendo que la hora argentina reclama una fuerte toma de partido que sea capaz de enfrentar la restauración conservadora.

No queda mucho tiempo para ello. Pero reconocer las dificultades no implica bajar los brazos. Las consecuencias de un triunfo de la coalición conservadora pueden ser graves, pero este documento quiere ser de esperanza y de reagrupamiento en la lucha. Veamos: en la Ciudad de Buenos Aires está en curso una experiencia. La gobierna una derecha que con remozada gestualidad despliega destructivos ataques a las instituciones públicas de la ciudad, rastrilla las calles con anteojeras represivas y no desdeña ocasión de borrar aquello que otros pensamientos políticos habían inscripto en la vida estatal. Gobierna esa derecha por su capacidad de seducir a un electorado dispuesto al festejo de fórmulas abstractas que (ilusoriamente) resolverían problemas complejos. Pero el progresismo porteño aún merece una revisión crítica y el gobierno nacional el cuestionamiento de su escasa reflexión sobre la peculiar sensibilidad cultural y política de la ciudad. Cuando algo permanece intratado, cuando no se lo considera en su especificidad, es arrojado a un trato consignista, abstracto, reactivo. Campo fértil para las derechas, con sus maniqueísmos excluyentes. Por eso, se arriesga demasiado cuando se trata con categorías desdeñosas a una ciudadanía que puede ser complaciente y superficial, pero en ocasiones, además, díscola y crítica. También el riesgo es altísimo cuando se renuncia a considerar ciertos temas, como el de seguridad, por lo que arrastran de amenaza. Las grandes ciudades argentinas, escenarios y protagonistas de luchas emblemáticas de la historia nacional (desde las huelgas de la Semana Trágica o la Reforma universitaria hasta el Cordobazo; desde el 17 de octubre o la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre hasta las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001), esas mismas ciudades han sido permeables al discurso neoliberal. Pero las ciudades anteriores persisten.

Tradiciones culturales y memorias comunitarias subyacen a la espera de una invocación política que las reavive y contenga. Nadie es dueño de la conciencia de los millones que viven, sueñan y despotrican en estas urbes. La crisis puede ser oportunidad de reabrir esa historia y para considerar los núcleos potentes de las luchas urbanas actuales: la confrontación contra la precarización del trabajo y el desempleo, el enfrentamiento contra las añejas pero actualizadas formas de opresión a las mujeres, para nombrar sólo algunas. No damos por perdida esa apuesta por arrebatar las ciudades de sus cautiverios mediáticos y sus temblores restauradores.

Cuestiones vitales como el modelo energético, el régimen de entidades financieras, el transporte ferroviario y fluvial, la explotación minera, requieren formas de desarrollo viables que no acepten fáciles composiciones con empresas transnacionales que no tienen hipótesis de preservación ambiental ni se componen con un modelo económico nacional autónomo. Es necesario actuar con criterios eficaces en torno a crear opciones económicas democráticas, donde un pragmatismo inmediatista no sustituya un proyecto más profundo de economía distributiva, proteccionismo democrático, urbanismo integrador e inclusivo y ordenamientos normativos que impidan la rapiña de recursos. Esto requeriría de instituciones estatales con capacidad de desplegar políticas públicas, con efectiva llegada a todo el territorio nacional. Pero sabemos que, si entre los méritos del ciclo abierto en el 2003 está el de resituar la importancia del Estado, también es claro que el realmente existente no está a la altura de esa relevancia.

Se han desplegado, sin embargo, considerables apoyos a los compromisos científicos sustantivos, expandiendo la investigación, los presupuestos a ella destinados e incentivando la innovación intelectual en la vida social productiva. En este mismo itinerario, queda pendiente la renovación de las fuentes de la reflexión crítica sobre estas materias, sin esquematismos ni fervores momentáneos que demoren el encuentro de los grandes núcleos de acción intelectual creativa en torno a la ciencia, el arte, el urbanismo, los medios de comunicación, el lenguaje, el diseño y las tecnologías. La creación del Ministerio de Cultura de la Nación, capaz de articularse con el de Ciencia y Tecnología, permitiría pensar la inteligencia y la creatividad sociales en conjunto, no como secciones estancas de acciones nómadas.

Por todo esto, llamamos a ejercer el derecho de crítica autónoma dentro de un gran campo de apoyo a los aspectos realizativos que ha encarnado el gobierno nacional. El momento lo reclama. No somos partisanos de una axiomática y binaria contradicción fundamental, aún cuando reconozcamos que las situaciones críticas conllevan, a nuestro pesar, un borramiento de matices. Debe haber distintas variantes y situaciones para los pensamientos críticos. Pero tampoco el gobierno es ese manojo irreversible de contradicciones obtusas que a diario nos propone la vasta maquinaria mediática que lo envía al patíbulo en miles de minutos diarios de televisión, acudiendo a las doctrinas ubicuas del escándalo y el odio, en uno de los momentos más graves de irracionalismo asustadizo y de no tan encubiertos racismos que haya vivido la sociedad argentina contemporánea. Esa ofensiva de una derecha agromediática que no deja nada por tocar ni ensuciar, que corta rutas y agita conspiraciones, nos persuade de la decisiva importancia que adquiere no solamente la defensa de la legitimidad democrática sino, más hondo y grave, del decisivo entrelazamiento de un proyecto popular con el destino del gobierno. Desatar el nudo que une ambas perspectivas constituye un error cuyo costo puede ser desmesuradamente elevado; imaginar que la caída de lo inaugurado en el 2003 puede ensanchar el horizonte popular y nacional es no sólo una gigantesca quimera sino una perturbadora irresponsabilidad histórica de los que todavía no comprenden el carácter y la dimensión del peligro restaurador.

La restauración tiene sus antenas y tentáculos preparados para aprovechar los deficientes reconocimientos mutuos que hemos tenido entre aquellos que en el pasado compartimos horas decisivas para constituir una fuerza popular transformadora desde distintas vertientes de la historia argentina. Llamamos entonces a que consideren favorablemente estas ideas, precisamente los compañeros de las izquierdas, de las corrientes nacional-populares, de los libertarismos, de los autonomismos y de los socialismos. Es imprescindible que sigan realizando observaciones críticas a las que siempre les otorgamos credibilidad, pero también les proponemos que las integren a un seno común aunque heterogéneo de opiniones situado ante la urgencia de oponerse a la restauración conservadora. Pero no menos imprescindible es que se constituya una gran fuerza autónoma que recorra las diversas experiencias de transformación social y las devuelva a la esfera pública de un modo movilizador, renovado y creíble. Allí radica una de las apuestas sin la que resulta casi inimaginable la profundización popular de un proyecto democrático que vino a renovar las lenguas políticas en un tiempo dominado por las clausuras y las desesperanzas.

Llamamos a actuar contra la restauración conservadora de un modo creativo, inhibiendo su diseminación con argumentos sutiles y masivos, que pongan en evidencia su auténtica impostura, su anacronismo y la amenaza que suponen a cualquier forma de redención social, defendiendo los aspectos progresivos de la actual situación y haciendo explícitas las reservas, a modo de un necesario reencaminamiento de las acciones políticas populares. Llamamos a no dejarnos sorprender por el clima de desprecio que crean los operadores de una crisis anunciada, que es el ensueño de las viejas fuerzas del Orden con pañuelito de seda al cuello, gozando ahora de la masividad mediática con que instalaron el partido del miedo. Llamamos a retirarnos de la quietud y a no quedar atados al comprensible malestar por los enredos que poseen muchos de los recorridos políticos de la hora. Porque la aparente claridad de los restauradores traerá al país los capítulos ya conocidos de la pasividad cívica, el descompromiso con el trabajo colectivo, la mediocridad política y el predominio de los círculos áulicos que operan en el servicialismo a los más oscuros poderes imperiales, cuyo resultado previsible es la multiplicación de la desigualdad, su marca más auténtica.

En estos meses, se desplegará una contienda electoral que tendrá mucho de plebiscito respecto de las políticas gubernamentales, que en algunos casos presentan deficiencias pero que configuran acciones reparatorias para una sociedad dañada. Las rutinas electorales –con sus desfiles de espantajos y sus diatribas mutuas- serían insufladas de otro entusiasmo si se las dota de un carácter programático. De un programa en el que la defensa de los derechos humanos, la consideración de la seguridad sin reduccionismos represivos, políticas de retención de las rentas extraordinarias, estrategias de apoyo a la producción, proyectos educativos que promuevan sujetos autónomos e inclusión social, políticas de salud enraizadas en las vastas necesidades populares, la profundización de la integración regional, la preservación ambiental (incluidos los glaciares) y el debido cumplimiento de las aún pocas leyes existentes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, no puedan ser expurgados ni menoscabados. Por otro lado, también se estará debatiendo una de las más radicales medidas de distribución cultural: una ley que impulsa la democratización del sistema de medios de comunicación. El proyecto, surgido de intercambios y consultas, estará recorriendo los vericuetos del debate en la sociedad civil antes de su trato parlamentario. No serán, no son, tiempos fáciles, portan una nitidez casi dolorosa y exigen renovadas pasiones. Muestran que no hay para el pueblo argentino “salida ordenada” contra la restauración conservadora. ¡Profundicemos los cambios! Ese es nuestro llamado.

El laberinto argentino. La excepcionalidad.

Corren tiempos en que es posible percibir que en materia política hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el

sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente. Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna otra-, pero mostró un rumbo propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.

Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agromediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante. Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y que debe ser empalmado con el compromiso con las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.

Hay que advertir que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las fórmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.

No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.

En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.

Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de las fuerzas siempre reconocibles de la reacción conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene. Y que tiene sus deudas con un contexto regional signado por los triunfos electorales de fuerzas progresistas y Estados con diálogos renovados con los movimientos populares. Si Argentina se mueve con fluidez y premura en esta escena compartida, es también porque sabe que cuando las campanas doblan su anuncio nos compete. La situación del pueblo boliviano sometido al ataque de formas nuevas, de formas antepasadas o de las últimas invenciones del racismo, el imperialismo, el golpismo y el separatismo –todo ello por partes o fusionado- obliga a la movilización de todos los recursos políticos, culturales y reflexivos para acompañar al gobierno de Evo Morales.

Los símbolos y las acciones

Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió en estos últimos meses en nuestro país. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del “hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino.

El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento de los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje político exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.

Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva fantasmagorías conservadoras en los sectores medios, para cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.

El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática que juegan entre la admonición moralista y la promoción de una civilización del miedo en los grandes centros urbanos. Y contiene asimismo a las propias marañas de las que las fuerzas populares, sobreponiéndose, deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se esperaba que el agrarismo y sus adyacentes perspectivas comunicacionales, recrearan un lenguaje movilizador en otros tiempos invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por lenguajes eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.

¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas imperiosas que deben resolver los movimientos sociales, ellos sí obligados a resolver una conocida disyuntiva. Ni deben estar cómodos siendo apéndices estatales – y siempre existe la tentación de embargarlos por parte del Estado- o, en contrapartida, convirtiéndose en desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares –lo que también supone que sean expropiados por los lenguajes más vulgares de la compleja espesura de la coalición entre ciertos medios de comunicación y determinados grupos económicos. Éstos dilemas, cuando no consiguen ser resueltos, llegan al paroxismo con personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, o bailando en torneos de televisión con pancartas que mostraban a Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén, volviendo a vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno. Son farsas fáciles de percibir en sus signos de degradación. Pero contienen en germen un problema crucial, por el que la necesidad de arraigo y difusión de los movimientos sociales, no debe ser canjeada por el alistamiento silvestre en las retóricas televisivas.

El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores agromediáticos y los nuevos movilizados, ahora parecían el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.

Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. Pero un laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios comunicacionales y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas.

Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social democrático, expresado en infinidad de variantes de lenguaje y militancia. Fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar en la creación de una genuina base de sustentación popular.

Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Como muchos dicen despreocupadamente, “los pueblos no comen símbolos” pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo. Así, como lo demuestra el laberinto argentino, se lucha especialmente por símbolos, cualquiera sea la explicación profunda que se le de a estas evidencias.

Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias y voluntades no siempre disponibles. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.

Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales y se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal. No se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula. La provocación criminal de la derecha boliviana, el uso de la violencia contra el pueblo que apoya decididamente a su presidente y al proyecto democrático-popular que él encabeza, constituye una señal ominosa que no debe ser pasada por alto, en especial allí donde nos ofrece, en espejo, lo que hoy amenaza en nuestro propio país. Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; que hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.

Crítica y conmemoración

Desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos. Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado. Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación.

No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política de derechos humanos no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.

Es necesario dejar de heredar el país de la dictadura y hay indicios, en las políticas gubernamentales, de una efectiva búsqueda de modos más equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino también se halla, como hilo de Ariadna, la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos sociales y derechos democráticos-, cuyo acoplamiento creativo es motivo central de la crítica y la razón política.

Como todos sabemos, el gobierno ha tenido trazados convocantes y perdurables en estos terrenos, aunque a veces realizados con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras a las segundas. Y del lado del gobierno no se logra totalizar las dimensiones de esa confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales singularidades. Un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos en juego supone no perder de vista los grandes panoramas históricos, nacionales y latinoamericanos, a la vez que se tiene la obligación de no dejar de observar los elementos menudos, precarios o marginales.

Estas relaciones entre lo general y lo particular tienen en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia para forjar alternativas y lenguajes. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y las locuciones con los cuales aprehenderlas a la vez que tratar las memorias sociales en juego, recogerlas del olvido o entretejerlas novedosamente. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica el peligro de paralizar las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual se comenzó a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte de sentimientos colectivos en nombre de nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?

Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasan por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla ocasionalmente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como diría el gran Phillip Marlowe sobre un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Sólo la disuasión, el cloroformo masivo que logró impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.

La renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.

No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.

Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.

Sólo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.

La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda, exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.

No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial ni debe ser fachada de acciones de fuerzas económicas que la mejor tradición democrática de nuestras revoluciones fundadoras hubiera rechazado. Debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.

Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Y especialmente de las escrituras y reescrituras, que suponen que cada escritura es a la vez otra, que permite pensarse nuevamente.

Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.

La nueva derecha en la Argentina.

La nueva derecha en la Argentina. ¿Cómo se puede reclamar la nacionalización del petróleo cuando la lucha que se despliega es contra una medida progresiva de índole impositiva? ¿Cómo se puede llamar a la lucha contra la pobreza con aliados que expresan las capas más tradicionales de las clases dominantes? Algo ha sucedido en los vínculos entre las palabras y los hechos: un disloque. Los símbolos han quedado librados a nuevas capturas, a articulaciones contradictorias, a emergencias inadecuadas. Ningún actor político puede declararse eximido de haber contribuido a esa separación. Las situaciones críticas obligan a preguntarse qué palabras le corresponden a los nuevos hechos. Entre las batallas pendientes en la cultura y la política argentina, está la de nombrar lo que ocurre con actos fundados en una lengua crítica y sustentable. Sin embargo, hoy las palabras heredadas suelen pronunciarse como un acto de confiscación. Cualquier cosa que ahora se diga vacila en aportar pruebas de su enraizamiento en expectativas sociales reales. Parece haber triunfado la “operación” sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje. “Clima destituyente” hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión sustituyó la confianza colectiva. “Nueva derecha” decimos ahora. Lo decimos para nombrar una serie de posiciones que se caracterizan por pensarse contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes. Una derecha que reclama eficiencia y no ideología, que alega más gestión que valores –y puede coquetear con todo valor-, que invoca la defensa de las jerarquías existentes aunque se inviste miméticamente de formas y procedimientos asamblearios y voces sacadas de las napas prestigiosas de las militancias de ciclos anteriores. Esa derecha impugna la política como gasto superfluo y como enmascaramiento, pero es cierto que la impugna con más dureza cuando la política pretende intervenir sobre la trama social. Tiene distintas inflexiones: desde la ilusoria eficiencia empresarial del macrismo hasta el intercambio directo de dones y rentas imaginado en Gualeguaychú, sin Estado ni partidos, sólo con golpes de transparencia contra lo que llaman obstáculos. Transparencia social imposible, como no sea bajo un régimen coercitivo, que expresa su desprecio hacia la política como capacidad transformadora, como intervención activa sobre la vida en común. De ese vaciamiento son responsables, también, los profesionales de la política que priorizaron sus propios intereses mientras sostenían un discurso de lo público. Demasiado tiempo vino degradándose el lenguaje político como para que no surgieran mesianismos vicarios y vaticinios salvadores que en vez de redimir el conocimiento político son el complemento milenarista del espontaneísmo soez. La nueva derecha viene a decir que eso no está mal y que se debe llevar a sus últimas consecuencias, disolviendo la instancia misma de la política. Es fundamentalmente destituyente: vacía a los acontecimientos de sentido, a los hechos de su historicidad, a la vida de sus memorias. Por eso, atraviesa fronteras para buscar terminologías en sus antípodas. Es una nueva derecha porque a diferencia de las antiguas derechas, no es literal con su propio legado, sino que puede recubrirse, mimética, con las consignas de la movilización social. La nueva derecha puede agitar florilegios de izquierdas recreadas a último momento como préstamo de urgencia o anunciar compromisos caros a las luchas sociales de la historia nacional, sea Grito de Alcorta, sea la gesta de Paso de los Libres en 1933, sean las asambleas del 2001. Es una nueva derecha veteada de retazos perdidos pero no olvidados de antiguas lenguas movilizadoras. Condena el vínculo vivo de las personas y las sociedades con el pasado, llamando a un ilusorio puro presente que podría desprenderse de esas capas anteriores. Lo hace, incluso, cuando trae símbolos de ese pasado sujetándolos a relaciones que los niegan o vacían. Cita al pasado como una efemérides al paso. Será jauretcheana si cuadra, aplaudirá a Madres de Plaza de Mayo si lo ve oportuno, dirá que adhiere a Evo Morales si se la apura, y no le faltará impulso para aludir a los mayos y los octubres de la historia. Mimetismo bendecido, tolerado: es la nueva derecha que ensaya el lenguaje total de la movilización con palabras prestadas. Procede por expurgación y despojo: restándole a la realidad algunas de las capas que la constituyen y presentando en una supuesta lisura la vida en común. En ella no hay espesor, diferencias, desigualdades, violencias ni explotación; ella habla del “campo” trazándonos un dibujo bucólico de pioneros esforzados de la misma manera que considera la pobreza y el hambre como desgracias naturales o como penurias redescubiertas para sostener una mala conciencia de escuderos novedosos de los poderes agrarios tradicionales. En la nueva derecha reina lo abstracto pero con la lengua presunta de lo concreto: precisamente la que hablan los medios de comunicación. A la trama moral de las acciones la tornan escándalo moral, denuncismo de sabuesos que dejan saber que las sospechas generalizadas sobre la vida política son instrumentos que pueden sustituir un pensar real. En ella se trata de reivindicar la honestidad de los ciudadanos-consumidores, su espontaneidad expresiva ante las manipulaciones de la vieja política; transparentar es su grito, mostrar un supuesto lenguaje sin espesura es su lema. Sin obstáculos, sin pliegues. Sus lenguajes apuntan a vaciar de contenido historias y memorias de la misma manera que buscan desmontar cualquier relación entre universo reflexivo-crítico y política transformadora. Devastación del mundo de la palabra en nombre de la brutalización massmediática; simplificación de la escena cultural de acuerdo a la continua mutilación de la densidad de los conflictos sociales y políticos. La nueva derecha es ahora un conjunto de procedimientos y de prácticas que se difunden peligrosamente en las más diversas alternativas políticas. La aceptación de que la escena la construyen los medios de comunicación lleva a un tipo de intervención pública tan respetuosa de ese poder como sumisa respecto de las palabras hegemónicas. Hace tiempo que los estilos comunicaciones habituales recurren al intercambio de denuncias como una cifra moral, que parece menos un proyecto compartible de refundar la política en la autoconciencia pública emancipada que en la circulación de un nuevo “dinero” basado en un control de la política por la vía de un moralismo del ciudadano atrincherado, temeroso, ausente de los grandes panoramas históricos. Moralismo de estrechez domiciliaria, pertrechada, víctima de miedos construidos y de oscuros deseos de resarcimiento. Es un viaje que parece no tener retorno hacia la espectacularización de una conciencia difusa de represalia. Es un recelo que va quedando despojado de contenidos, como no sean los parapetos medrosos de un pensamiento consignatario. Todo lo que implica la misma incapacidad para descubrir que lo que llaman “opinión pública”, que en ciertos momentos de la historia, es un acatamiento a lo que habla por ella más de lo que ella balbucea de sí misma. La nueva derecha se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta. Un intenso intercambio simbólico viene a sellar así la alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el “sentido común” más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales del que tampoco es ajeno un mundo popular permanentemente hostigado por esas discursividades dominantes. Lo que sucede en Bolivia, quizás el escenario más complejo de la región, debe alertarnos. No porque sean equivalentes los fenómenos sociales y políticos, sino porque el tipo de confrontación que las derechas bolivianas despliegan advierten sobre cuánto se puede decidir no respetar la voluntad popular, aun apelando a frenesís plebiscitarios. En Argentina no estamos ante un escenario de esa índole pero sí asistiendo a la emergencia de nuevos fenómenos políticos reactivos y conservadores, que atraviesan partidos políticos populares y organizaciones sociales. Todo trastabilla ante la cuerda subterránea que tienden las nuevas derechas. La señora cansada del conflicto, el locutor de la noche harto de la refriega, el pequeño rentista fastidiado de las listas electorales que había votado. Las nuevas derechas ejercen su señorío como una forma de desencanto, llamando al desapego generalizado. El ser social por fin saturado de las dificultades de una época, llama bajo su forma reactiva, a no pensar la dificultad sino a refugiarse en la desafección política, en el módico mesianismo al borde de las rutas. Proclaman que actúan por dignidad cuando son economicistas y son economicistas cuando demuestran que esa es la nueva forma de la dignidad. Atraviesan así toda la materia sensible de este momento de la historia nacional. Su frase predilecta, “no me metan la mano en el bolsillo”, hace de los actos legítimos de regulación de las rentas extraordinarias de la tierra, una ignominiosa expropiación. Trata un bien nacional, como la productividad del suelo, como cosa meramente privada. Otras frases reiteran: “está loca”, e incluso se ha escuchado en la televisión de la noche de los domingos: “es satánico”. Se interpreta la intervención del Estado en el mercado en la clave de una psiquiatría obtusa de revista de peluquería, de chistoso de calesita o de pitonisa de boudoir. Menos se dice “hay que matarlos”, pero aparece en los añadidos que publican algunos periódicos cuando termina la redacción de sus propios artículos y comienza la carnicería opinativa en un anonimato electrónico sediento de desquite. ¿Ante quién? ¿para qué? No le importan las respuestas a una nueva derecha que recobra el linaje de las más impiadosas que tuvo el país. Ha soltado la lengua, pero aprendió a decir primero “armonía” y diálogo” mientras no ocultan la sonrisa sobradora cuando escuchan que se les dice “y pegue, y pegue!”. Se considera una redención el uso del lenguaje más incivil del que se tenga memoria en las luchas sociales argentinas. Con impunidad lo han tomado, con rápido gesto de arrebatadores, del desván de los recuerdos y de las historias de gestas desplegadas en nombre de un ideal más igualitario. En un sorprendente movimiento de apropiación para travestirla en su beneficio, han movilizado la memoria de los oprimidos en función de sostener el privilegio de unos pocos, vaciando, hacia atrás, todo sentido genuino, buscando inutilizar una tradición indispensable a la hora de reestablecer el vínculo entre las generaciones pasadas y los nuevos ideales emancipatorios. Es una operación a partir de la cual se definen las lógicas emergentes de esa nueva derecha que no duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos. Lo han hecho en otros momentos cruciales de la historia nacional. La nueva derecha inversionista ha comenzado por invertir el significado de las palabras. ¿Por qué no lo harían ahora? Ante eso, es necesario recuperar otra idea de política, otro vínculo entre la política y las clases populares, y otra hilación entre hechos y símbolos. Si la nueva derecha reina en una sociedad mediatizada, una política que la confronte debe surgir de la distancia crítica con los procedimientos mediáticos. Si la nueva derecha no temió enarbolar la amenaza del hambre (como consecuencia de su desabastecedor plan de lucha), otra política debe situar al hambre, realidad dramática en la Argentina, como problema de máxima envergadura y desafío a resolver. Es cierto que, visiblemente, hoy no son muchos los que aceptan enarbolar blasones de derecha. Hay que buscarla en todos los lenguajes disponibles, en todos los partidos existentes, en todas las conductas públicas que puedan imaginarse. Los pendones que la conmueven pueden ser frases como éstas: la “nueva nación agraria como reserva moral de la nación”. Es el viejo tema de las nuevas derechas y la identificación, también antigua, de patria y propiedad, de nación y posesión de la tierra. Es el concepto de reserva moral como liturgia última que sanciona tanto el “fin del conflicto”, como un tinglado modernizante que no vacila en expropiar los temas del progresismo, pero para desmantelar lugares y memorias. Es una gauchesca de bolsa de cereales como acorde poético junto al horizonte del nuevo empresariado político. Podrán leer a la ida el Martín Fierro y a la vuelta los consejos de Berlusconi. Los nuevos hombres “laboriosos”, persignados fisiócratas, se indignan porque hay Estado y hay vida colectiva que se resiste a vulnerar la vieja atadura entre las palabras y las cosas. Pero esto ocurre porque la materia ideológica, con sus venerables arabescos y citas célebres, ha quedado deshilvanada, reutilizada en rápidos collages de la nuevas estancias conservadoras del lenguaje. ¿Cómo descubrirlas? Su localización es la ausencia de nervadura social, pues se trata de desplegar para la Argentina futura una nueva cultura social con un único territorio, el de las rentas extraordinarias que desea percibir una nueva clase interpretando estrechamente las graves necesidades alimentarias del mundo. Parecen campesinos, parecen chacareros, parecen pequeños propietarios, parecen hombres de campo protagonizando una gesta. Pero no son ilusiones estas nuevas creaciones políticas de indesmentible base social nueva. Sin los tractores embanderados, brusca señalización del paisaje que atrae por la carencia de todo matiz, de todo signo mediador. La nueva clase teatraliza una rebelión campesina pero traza un nuevo destino conservador para la Argentina. Marcha con vocablos fuera de su eje, en una combinación entremezclada que pone en escena la fusión entre formas morales de revancha y captura jocosa de los símbolos del progresismo social. Asistimos a un remate general de conceptos. Nociones tan complejas como la de “patria agraria”, “Argentina profunda”, “nuevo federalismo”, han resurgido de un arcón honorable de vocablos, cuando significaron algo precioso para miles y miles de argentinos para salir hoy a luz como mendrugo de astucia y oportunismo. Como en los posmodernismos ya transcurridos, vivimos la sensación que en el reino de los discursos políticos e ideológicos, “todo es posible de darse”. Las palabras parecen las mismas, pero se han dislocado bajo una matriz teleteatral y un recetario de cruces de saltimbanqui, legalizados por la escena primordial de cámaras que infunden irrealidad y deserción de la historia en sus recolecciones vertiginosas. Un nuevo estado moral de derecha surge del neoconservadurismo que reordena los valores en juego, luego de que ha tramitado un liberalismo reaccionario y un modernismo que propone conceptos de la sociedad de la información para hacerlos marchar hacia un nuevo consenso disciplinador y desinformante. Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada “sociedad del conocimiento” y esta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar “fuera de la política” pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta “falsa conciencia” de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico. Una república agroconservadora despliega entonces sus banderas de “nuevo movimiento social”. Tienen todo el derecho a expresarse pero el examen democrático del gigantesco operativo que han emprendido debe ser también interpretado. Se trata de sustituir un pueblo que consideran inadecuado con otro vestido con galas de revolución conservadora. Hay suficientes ejemplos en la historia del país y en las memorias constructoras de justicia para decir que no lo lograrán.

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte

tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de “el campo” para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre “dos sectores” equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente “marketing”.

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países “serios”, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”. Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? “observatorios” que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:

- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.

- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.

- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.

- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.

- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.

- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.

- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la “libertad de prensa” reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.


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