el campo unitario

La denominación refiere a los grupos que, sin requerir el consentimiento mayoritario, por diferentes motivos ejercen una dosis de autoridad sobre los negocios públicos para acomodarlos a sus intereses particulares y minoritarios.

En su nombre se cometieron atrocidades, como las que registró Osvaldo Bayer, con indiscutible rigor documental, en La Patagonia Rebelde. Durante décadas, la feria anual de la SRA en Palermo fue el tribunal donde los presidentes de la Nación eran sometidos a examen y, a la manera del Coliseo en el Imperio Romano, las tribunas decidían con el aplauso o la rechifla sin someterse a la azarosa fatiga democrática de las urnas, considerada entre muchos de ellos un típico entretenimiento de la chusma. A ese ejercicio ilegal del poder se debe, en buena medida, que el sistema político democrático no tenga hasta hoy un partido conservador serio y competitivo que dispute las mayorías electorales. Durante el siglo XX, las Fuerzas Armadas actuaron como grupos de tareas de los factores de poder.

Es fácil deducir de ese prontuario, expuesto aquí en apretadísima síntesis, que en la cultura de la SRA pueden existir criterios de beneficencia, pero de ningún modo alguna obligación solidaria hacia los que menos tienen ni mucho menos principios de justicia social, a los que considera sonsonetes de la demagogia populista.

Para ir a los bifes, sin más evocaciones históricas, el lunes último la SRA firmó un acuerdo de precios con el Gobierno y los demás participantes en la cadena de producción de carnes, pero a las pocas horas hizo borrón y cuenta nueva. Al parecer, según sus voceros, habían entendido que dicho acuerdo era un ventajoso contrato comercial, por el cual la industria congelaba por un año el precio de unos pocos cortes de consumo masivo y a cambio los ganaderos de la SRA eran beneficiados con el descuento de diez puntos en las retenciones a la exportación de la vaca entera.

Dado que esas retenciones ya fueron absorbidas por la suba de la cotización del dólar y que el precio interno de la carne, desde la devaluación, aumentó más del doble que el índice general, si el acuerdo hubiera sido como quisieron entenderlo resultaba que el Estado nacional, con el dinero de todos, terminaba subsidiando al “factor de poder”. El presidente Néstor Kirchner, ausente en la tribuna examinadora de las ferias rurales, los acusó de avaricia, pero tal vez el término exacto debió ser insaciables, es decir que nada los colma, siempre quieren más.

Ese tipo de conductas, en los primeros años ’70, definían al sector que en los graffiti y consignas populares, sobre todo en los ámbitos juveniles, era nombrado como “la puta oligarquía”. Hay que decir que los radicalizados jóvenes de aquellos años erraron en diversas apreciaciones de la realidad, pero no en todas.

En la víspera, sin renunciar al diálogo, Felisa Miceli, titular de la cartera de Economía, anunció un registro de exportadores (ver página 4) y sugirió algunas otras medidas tendientes a sostener lo que calificó de objetivo irrenunciable: abastecer la canasta promedio de consumo masivo, sobre todo a los sectores de menores ingresos, con productos a precios accesibles.

La carne es uno de ellos ya que apenas la situación mejoró un poco el consumo interno subió de 55 a 65 kilos/persona. Es que si el Gobierno no controla el movimiento de los precios volverá a dispararse la carrera entre inflación y salarios, desbaratando así los equilibrios de la economía nacional, en un cuadro donde todavía hay millones de familias agobiadas por las penurias de la pobreza. Dado que por sus orígenes y naturaleza, el Gobierno y el Estado de la república democrática tienen que velar por el bienestar general si no quieren traicionar su mandato, como hicieron tantos otros en el pasado, no pueden renunciar a este tipo de pulseadas.

La SRA tiene el derecho, por supuesto, a defender sus intereses, pero no como factor de poder sino igual que todos, según manda la Constitución, a través de sus representantes. Tiene la vaca atada, la influencia mediática y, al decir de alguna vocera, la materia gris para formar un partido que represente a esa minoría y busque la adhesión cívica en las próximas elecciones.

El peronismo opositor, el PRO y la UCR los quieren en sus listas El sector más activo en convencer a los líderes del campo de abrazar directamente la pelea política es el duhaldismo.El ex presidente de CRA, Arturo Navarro, intentó acercar a Llambías a la Coalición Cívica, Llambías no tiene una buena relación con Elisa Carrio. Miguens, por su lado, es tentado por el PRO de Mauricio Macri y el peronismo disidente de Alberto Rodríguez Saa. Otro posible candidato, esta vez en La Pampa, podría ser el vice de la Federación Agraria, Ulises “Chito” Forte. Conversa con la UCR, partido del que siempre fue militante. No tendrán el olor a establo del ganadero de linaje, pero tampoco lo tenían Videla ni Onganía y sirvieron lo mismo, aunque es cierto que uno tuvo a Martínez de Hoz y el otro a Krieger Vasena, que arrancaban aplausos en las ferias palermitanas. Dado que no se pueden esperar uniformados serviles, estos civiles podrían, si fuera necesario, elegir el economista adecuado entre la mucha mano de obra que quedó vacante de los años ’90.

Hay otras minorías que merecen la atención de la sociedad, porque se la ganaron a lo largo de treinta años. Al cerrar la última Marcha de la Resistencia encabezada por su agrupación, Hebe de Bonafini expuso su razón: “Estamos obteniendo revoluciones por el voto democrático en toda Sudamérica sin derramar sangre, pero sobre la sangre derramada por miles y millones”. Y arengó: “No dejemos pasar este momento histórico, si no fracasaremos como pueblo”.

Tampoco olvidó la crítica: “Los partidos de izquierda sacan menos votos que Moria Casán”. Hebe, como la llaman todos los que la aprecian, expresó ahí un sentimiento que no les pertenece sólo a ese puñado de Madres de la Plaza, más allá del acuerdo o el disenso con la decisión anunciada. Esa expectativa esperanzada acompaña en este momento al Gobierno: tal vez no tenga la contundencia de un “factor de poder”, porque en otras oportunidades históricas pudo ser burlada o defraudada, pero si el Gobierno no quiere matar su futuro político no podrá ignorarla en la gestión concreta de gobierno.

Esa gestión no sólo está amenazada por la SRA, sino por núcleos de poder más grandes y multinacionales. La disputa por los recursos naturales, en primer lugar las fuentes de energía y el agua, es el principal campo de disputa de esa revolución que imagina la señora de Bonafini. Son áreas que demandan respuestas estratégicas, en las que no se puede improvisar ni probar el método de ensayo y error. Entre otras oportunidades, la ocasión ofrece la posibilidad de un reencuentro entre la tarea de gobierno y la capacidad de elaboración de los centros académicos.

Desde ya que los intereses del mercado son demasiado estrechos para abarcar el tamaño del desafío, pero también la política sola es insuficiente para abordar esos temas, donde se juega no sólo el control de soberanía, de autodeterminación y de riquezas nacionales, sino también la calidad del hábitat humano.

Es increíble, por ejemplo, que en el caso de las papeleras uruguayas y los potenciales riesgos de contaminación, el discurso que excita los sentimientos públicos sea el del gobernador Busti que se desayunó ambientalista el día después de que se bajó de la brigada de gobernadores duhaldistas que miraban a Kirchner con la nariz fruncida. ¿Cómo es posible que la diplomacia integradora, de cooperación solidaria, no haya formado una comisión mixta de especialistas universitarios de ambas orillas para que elaboren un dictamen con bases científicas que pueda servir de insumo al diálogo político?

La política debe servir al pueblo, en lugar de satisfacer sus mezquinos apetitos, pero ese servicio implica, a veces, contener los desbordes emocionales de la comunidad en lugar de incentivarlos para cazar votos, reparar prestigios resquebrajados o linchar adversarios.

La ecología, el medio ambiente, son espacios propicios a los excesos, de un lado por la indiferencia depravada de los negocios y, del otro, por la romántica nostalgia del retorno a la región más transparente, como llamó Carlos Fuentes a su México antes de la cruel polución que hoy lo asedia. No es cuestión de alimentar la creación de nuevas elites oligárquicas en lo que debería ser el campo propicio para el progreso real de la vida. Una aproximación de realismo preocupado, comprometido de verdad, sobre todo si se pretende una “revolución democrática”, pone a prueba los auténticos liderazgos.

Aqui traigo algo interesante del Movimiento Campesino = Mocafor

( otra realidad en mayoria silenciada por los medios )

( gracias que existe otra realidad ,quiero compartirla)

Conversacion telefonica:

-“Al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Buryaile, lo conocemos porque tuvo a trabajadores en negro y en condiciones de esclavitud.

Los mandó traer del Paraguay para hacer desmontes en su estancia; cuando se quisieron ir porque no les pagaban lo que debían ganar, no los dejaron salir.

Tuvimos que ir con la Gendarmería para que pudieran irse”, cuenta Benigno López desde Formosa, del otro lado del teléfono.

El referente del Movimiento Campesino de esa provincia, el Mocafor, se refiere al mismo dirigente ruralista que en la semana de junio se fue de la banquina con un sincericidio: “Si el Congreso ratifica las retenciones debería ser disuelto”.

El vicepresidente de CRA tiene su estancia en aquella provincia del norte del país, donde en estos días está haciendo juicio por desalojo a familias de la zona.

–¿Buryaile es del mismo lugar donde están ustedes?

–Sí, de la zona donde tenemos la central del Mocafor, ahí tiene su estancia. El viene de la familia de los Nicora, que son una familia ganadera. Buryaile era su papá, que ya falleció.

Tienen muchas hectáreas, porque fueron beneficiados con la política de concentración de tierras que se realizó principalmente durante el proceso militar. Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad.

–¿Cuándo sucedió lo de los trabajadores en negro?

–Hace ocho años. Nosotros tuvimos un incidente con él por estas personas que tenía, como le digo, en negro y en estado de esclavitud. Eran ciudadanos paraguayos que fueron traídos a trabajar.

Querían cobrar sus ingresos y no lo podían obtener, y por eso quisieron dejar el trabajo, pero no los dejaron salir. En aquel momento nosotros intervinimos con la Gendamería nacional para que pudieran cobrar y volver a su país.

–¿Para qué tipo de trabajos los habían contratado?

–Hacían desmonte, trabajando a mano.

–¿Cuántas personas eran?

–Creo que ocho, no sé si el número es exacto porque fue hace tiempo. Actualmente tenemos otro incidente, porque Buryaile inició un juicio contra diez familias campesinas de la Colonia Santa Rosa.

Estas familias están asentadas, son dueñas de las tierras desde hace más de 45 años pero no tienen papeles de propiedad privada. Son parientes de los Nicora y pagaron esa tierra con trabajo, pero cuando los Buryaile gestionaron la propiedad de sus tierras incluyeron la de ellos como propias y hoy los quieren expulsar.

–¿Sabe cuántas hectáreas tiene Buryaile?

–Seguro más de 10 mil.

–¿Cómo se pobló Formosa para que se diera esa concentración de la tierra?

–Después de la Guerra de la Triple Alianza se inició un proceso de ocupación del espacio territorial de la provincia por el que se adjudicaron grandes extensiones de tierras a manos privadas, a través de una ley nacional.

Después vinieron campesinos paraguayos e indígenas a trabajar para La Forestal en condiciones de esclavitud. Años más adelante, llegaron desde el oeste salteños y desde el este paraguayos, que terminaron de poblarla.

Estas familias tenían una situación irregular porque carecían de títulos de propiedad. En los ’60 y ’70 se fueron organizando las Ligas Agrarias para reclamar la posesión legal de las tierras, pero el proceso militar nos derrotó e hizo un “ordenamiento” con la intervención de un coronel de apellido López.

Así repartieron grandes extensiones a los amigos del proceso, mientras los campesinos y antiguos pobladores eran expulsados o arrinconados. Hoy la mayoría de esos pequeños productores tienen sólo un título de adjudicación en venta (una constancia de que son pobladores ancestrales), mientras que los estancieros amigos del poder pudieron obtener sus títulos de propiedad.

–Las situaciones de trabajo en negro de las que habló, ¿siguen sucediendo hoy?

–En la provincia, como en todo el país, un alto porcentaje de los trabajadores rurales está en negro. Por lo general, en las grandes estancias trabajan familias que viven en una casa precaria. Trabajan todos, pero el único que cobra es el jefe de familia. Es algo típico de los campos de la Argentina.

–¿Quedó abierta alguna causa en la Justicia contra Buryaile?

–Entiendo que todo se cerró. La gente fue apretada, aquellos trabajadores volvieron al Paraguay y ya no regresaron. En su momento nosotros hicimos la denuncia ante la Gendarmería, pero después… en Formosa no hay causas abiertas contra los dueños de grandes extensiones de tierras.

–¿Formosa está afectada también por el avance, de la soja?

–Sí, nosotros abrimos causas judiciales porque algunas comunidades campesinas del Mocafor fueron fumigadas con glifosato. Se destruyeron cultivos, murieron animales, se enfermaron compañeros nuestros. Aparte, al ampliarse la frontera agropecuaria por la soja hay desmontes y quemas.

–¿Cómo se vive el lockout en la provincia?

–Con problemas de desabastecimiento, porque acá también hubo cortes.

–¿Qué postura tiene el Mocafor?

–Estamos en contra; de entrada, tenemos una historia desgraciada con estas entidades, que en la década del ’70 fueron los que nos expulsaron de las chacras. Aparte, creemos que la medida de las retenciones móviles es acertada, porque el Estado tiene que intervenir en el comercio exterior de la producción del agro.

El Estado tiene que intervenir también en el comercio interno de alimentos. En Formosa hoy hay 10 mil familias de pequeños productores y prácticamente ninguno apoya el lockout.

–En pleno conflicto por las retenciones ustedes crearon el Frente Nacional Campesino. ¿Por qué?

–Porque hay 250 mil familias campesinas en el país que no tienen una entidad nacional que las represente. Siempre lo intentamos, y ahora una vez más estamos tratando de organizarnos en todo el país para llevar nuestros reclamos ante el Estado y proponer medidas que apunten a una nueva política agropecuaria.

–Se reunieron con el Gobierno. ¿Qué resultados hubo?

–Nos reunimos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; con (el secretario general de la Presidencia) Oscar Parrilli, con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Nosotros cuestionamos el modelo agroexportador basado en la soja, la concentración de la tierra y la extranjerización de los recursos naturales. Lo venimos cuestionando hace mucho tiempo; ésta es la oportunidad de rever esa situación.