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Marzo 23, 2009 | Por gandhiargento | Claves: desalojo, mocase, monsanto, santiago del estero, sin tierra | # Enlace permanente
Bajo el tinglado, una langosta avanza a los saltos como si fuera un gigante. Atrás, otras van ocupándolo todo como despreocupadas por seguir andando. Son cientos a la vez, tocándolo todo hasta toparse con otras tendidas como alfombras, resecas y ya muertas. Al comienzo, doña Leticia Luna creyó que iba a poder controlarlas. Que no eran muchas. Que iba a detenerlas. Entonces un día le prendió fuego a un manojo de papel mientras se acercaba, con la llama ardiendo, a las que comían sus tomates bestialmente. Luego, incendió las zanahorias y el perejil. Un día, finalmente se cansó y desistió por lo menos por un tiempo.
Las langostas del lote 38 llegaron a Quimilí, al parecer, hace tres meses, cuando el propietario de un monte localizado a unos siete kilómetros de distancia contrató a una topadora para un desmonte. Con el bosque liberado, las langostas se extendieron primero entre los quebrachos blancos del lugar en procura de su principal alimento. Cuando los árboles quedaron devastados con los troncos pelados como en lo peor del invierno, salieron desesperadas a seguir con el resto. Después del fuego, doña Leticia decidió levantarlas, una por una, a la mañana temprano, cuando todavía estaban duras del frío. Las puso en pequeñas bolsas, bien cerradas, para lanzarlas a un horno de barro y quemarlas como en el infierno. Durante días quemó carretillas completas, pero otra vez se detuvo, atormentada por el olor.
Hasta las últimas podas del monte, no sólo ellas vivían bien lejos. También lo estaban los doscientos huevos que al parecer cada una es capaz de poner. Los del lote 38 están tan convencidos de que esas langostas ponen doscientos huevos justo antes de morirse que ahora no sólo les preocupan las vivas, sino los miles de cadáveres que están por ahí.
–¡Yo no sabía que acá adentro tenía a mi enemigo interno! –dice la vieja Leticia, dirigente campesina al fin, dentro del Mocase y de charla con su marido, que intenta disuadirla justo ahora que se le ocurre hacerles un piquete.
–¿Contra quién? –pregunta él.
–¿¿Cómo?? –dice ella–. ¡¡Contra las langostas!!
–¿Y por qué no se lo hacés a Monsanto?
El desmonte
Entre 2000 y 2004, en Santiago del Estero se desmontaron 837.617 hectáreas, 30 por ciento de todos los desmontes de su historia. Es probable, además, que en los últimos años el proceso de tala se haya expandido todavía más. Según datos de Héctor Lipshitz, un ingeniero agrónomo especializado en el desarrollo de la pequeña producción agropecuaria, en ese lapso la provincia pasó a ser el lugar donde se produce la mitad de la soja del NOA, destinándole nada menos que 85 por ciento de la tierra cultivable. De acuerdo con los números, entre 1995/1996 y 2004/2005 la soja pasó de ocupar 94.500 hectáreas a 630.713, con un crecimiento de 667 por ciento. Desde entonces, la extensión no se frena: ahora son unas 888.000 hectáreas cultivadas con soja, en base al desmonte y a la incorporación de nuevas tierras para el cultivo especialmente en los departamentos de Moreno, donde está Quimilí, Copo, Alberdi, Ibarra, Taboada y Belgrano, en la zona fértil y de lluvias del este y en Jiménez, dentro de la cuña del límite con Tucumán.
En esas condiciones, la expansión de la soja generó distintos efectos, como el desplazamiento de campesinos y de los minifundistas más pobres a tierras marginales y centros urbanos, como sucedió en buena parte del país. “La pelea para ellos es el acceso a los pesticidas, máquinas cosechadoras y semillas, porque no hay una política para tecnificar el campo: ¡y esto no es socialismo! –dice en este caso Antenor Ferreira, un abogado de la APDH de Santiago–. “Esto es pensar cómo hacemos para garantizar que cualquier persona pueda comprar herramientas, si el Estado no le da ni siquiera el préstamo.”
El lote 38 es, sin embargo y en ese contexto, un territorio distinto. Desde hace años, un grupo de familias nucleadas en el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) intenta llevar adelante aquí una suerte de modelo de resistencia, un desarrollo agropecuario alternativo. A la apuesta de la soja descontrolada y de los monocultivos, ellos le oponen la lógica del autoconsumo y de la soberanía alimentaria. Al uso de agroquímicos, la producción libre de químicos, de fertilizantes y la explotación comunitaria de la tierra, que no debería estar cercada.
“De chica no hablé”
En un cuaderno de notas, doña Leticia lleva las cuentas como si sus poco más de 100 hectáreas fueran miles dentro de una fábrica. Llegó al lote 38 hace cuatro años, recién separada y con 12 cabras, a préstamo por un año, y con un chivo reproductor. El préstamo era un especie de crédito, que aún circula, pensado por el Mocase para alentar la producción de subsistencia especialmente para las mujeres. En general, son ellas las que sostienen la cría de los animales y mantienen la casa, mientras el hombre sale a buscar dinero, en las cosechas o la tala, fuera del hogar. Según el cuaderno, doña Leticia llegó a 96 chivas hembras, entre adultas y cabrillas, que están alojadas en la finca; 4 reproductores machos y en los últimos días, 26 de las 96 hembras dieron 35 cabritos, uno de los cuales murió el 1º de abril –descuenta ella–, y sin contar el que vendió el viernes pasado al encargado de una estancia. El resto de las cabras tendrá cría en los próximos meses, dos veces cada trece meses, y así durante diez años.
Leticia se crió de niña en Cejolao, un pueblo vecino, al norte de Quimilí, siempre en el este de Santiago. Vivía con sus padres y tenía tres hermanos vivos y dos muertos; uno, apenas nació, otro a los tres meses de vida. Cuando cumplió los catorce, una de las familias tradicionales del pueblo, de origen radical, le pidió permiso a su padre para llevársela a trabajar cama adentro. Primero estuvo en Santiago y dos años más tarde en Scalabrini Ortiz y Corrientes, de Buenos Aires. “Yo, de chica, no hablaba –dice ella–. Sólo decía que sí o decía que no, pero hacía todo exactamente como me lo pedían para que nadie pudiera decir nada de nada.”
Al igual que su hermana sordomuda, ella dejó de hablar, como si aquel silencio pudiera protegerla. En la capital de Santiago no la había pasado bien y los problemas se repitieron en Buenos Aires. Cierta vez, les pidió a sus patrones un permiso especial para estudiar corte y confección, de siete a diez de la noche, en una nocturna cerca de la casa.
“Me dejaban ir a la escuela con esta condición –advierte ella–: que prepare la cena y que deje la mesa lista antes de irme y cuando volvía tenía que levantarla y lavar los platos hasta las doce o la una, y a las seis de vuelta levantarme.”
Lo que siguió no fue mejor. Tuvo problemas de permisos, visitas prohibidas y retrasos en el pago. Una vez, de paso por un negocio se encontró con un par de chinelas de las que no se pudo olvidar hasta que finalmente juntó todo el dinero para comprarlas. Cuando volvió a la casa, le fue muy mal: su patrona la obligó a devolverlas porque ella se había comprado las mismas. Enseguida escribió a su padre porque quería volver.
“Yo les ponía que me saquen de ahí, pero mientras tanto, ella me obligaba a escribir otras cartas en la que tenía que decirle a mi mami que no quiero volver. Entonces, mis padres tenían dos cartas distintas, las dos escritas por mí.”
Los cabritos
Es de mañana temprano y, todavía dormida, doña Leticia carga el maíz en un jarro y lo descarga entre los gallos y las gallinas que se le meten enloquecidos entre las patas. A varios metros, Antonio atraviesa el campo como si fuera parte de una función en la que sólo él está a cargo de los aplausos. Como hipnotizada, una cabra le sale al encuentro, bamboleando el cencerro que lleva atado en el cuello. Detrás de la cabra guía van llegando las chivas, cabrillas, cabritos y los chivos y se meten en el corral.
–¡Ey, vos! –dice él.
–¿¿Sí??
–¡¡Abriles la puerta!!
Adentro, la vieja se pierde, avanza agachada entre los vientres de las cabras, calzando tres cabritos en los pechos de las madres. En general, no son los cabritos más flacos ni necesitan comida, pero los preparan con alimento extra para el engorde. Atrás, Antonio lanza cabritos al aire como armando una sala de espera. Los deja a un lado, a un costado, esperando por los alimentos. Cuando todo termina, doña Leticia sigue, como siempre. En este caso, ataja con una cadena los dos poderosos cuernos de las cabras para protegerse antes del ordeñe. Ella sabe que así no se hace, que las campesinas más diestras se ponen las cabras entre las piernas para poder ordeñar. Pero no puede. Pone el tacho abajo de una. Aprieta, larga y aprieta. Camino al horno de barro, luego, agarra un frasco de café y sopla con fuerza las cenizas para despertar al fuego que se ha quedado dormido abajo durante toda la noche.
“Cómo puede ser
que mi abuelo…”
“Cómo puede ser que mi abuelo llegó a estas tierras antes que mis patrones –dice ella– y no tuvo un pedazo de hectárea y ellos, todos, han ido a la escuela, y por qué no fuimos a la escuela nosotros. Por qué. No porque seamos vagos, porque seamos puercos, porque eso es lo que te hacen creer.”
De Buenos Aires volvió a Cejolao aunque después tuvo un hijo y se volvió a la Capital. Al comienzo, dejó al niño con la madre como durante buena parte de la vida, pero un tiempo se lo llevó a la gran ciudad. El tenía cuatro años. A Leticia acababan de regalarle un televisor. Así, él se quedaba solo de ocho de la mañana a doce del mediodía, cuando ella volvía corriendo de limpiar una casa a darle la comida. Después, lo llevaba a la guardería, volvía a su trabajo, salía, recogía al niño a las cuatro de la tarde y hasta las ocho limpiaba una zapatería. Cuando el niño cumplió los 14 años, decidió volver a casarse. Estuvo en pareja 16 años, con un dirigente campesino de Cejolao. Por él empezó a acercarse al Mocase, y en la organización encontró las razones para perderlo.
“Todavía me acuerdo –dice ella–. Era la primera toma que hacíamos, como para el año ’97 o ’98, no sé. En el lote 6, unas personas se habían metido con un arsenal de armas para sacar a las tres familias que vivían adentro. El me dijo que ni se me ocurra acercarme y se fue corriendo a decirle a mi madre que yo estaba loca, que iba a un lugar que iba estar lleno de policías, y que iban a matarme. Yo me acuerdo que le dije a mi madre que si pasaba todo eso, que tenía que estar muy contenta, porque ‘yo estoy muy feliz’ y gracias a Dios hice lo que quería.”
Desde sus comienzos, casi veinte años atrás, el Mocase procuró fortalecer entre los campesinos el derecho a la posesión de las tierras. La organización, que surgió alentada en Santiago del Estero por los curas de base de la Iglesia Católica, permaneció enlazada a grupos de los Sin Tierra del Brasil y al zapatismo en México, por lo menos entre quienes forman parte de la Vía Campesina. A lo largo de esos años, el trabajo les permitió empezar a mostrar los “desalojos silenciosos de la tierra”, un proceso masivo alentado por los problemas de la tenencia precaria de las tierras y acentuado en los últimos años por el avance extraordinario de la frontera agraria en la zona.
Según Lipshitz, “los desalojos silenciosos crecieron porque no había conciencia sobre el derecho de posesión veinteañal y, a la vez, porque no estaban dadas las condiciones mínimas de organización para que las presentaciones ante la Justicia o los reclamos ante el poder político tuvieran alguna posibilidad de éxito. En ese sentido, el surgimiento del Mocase resultó un punto de quiebre porque el silencio se convirtió en conciencia del derecho y en acción consecuente, se promovió la organización para la autodefensa, hubo asesoramiento legal, defensa jurídica y se fue logrando más visibilidad política”.
Esa primera etapa de la pelea exclusiva por la tierra para algunos está terminando. No porque crean que hayan concluido los desplazamientos ilegales, ni los alambrados en las tierras campesinas que cada tanto vuelven a dejar fuera a muchas familias. Sino más bien porque, consolidados los primeros derechos sobre la tierra, ahora están pensando en términos de desarrollos productivos más permanentes y en la lógica de una alternativa.
La leche que doña Leticia acaba de sacarles a sus cabras habla de ese proceso. Frente a su predio, y hace dos años, la Unión Europea les dio un subsidio para levantar una fábrica de quesos en el lote. Ahora, allí están, Selva, la vecina de los 60 cabritos, encargada de levantar las temperaturas de la leche a 60 grados centígrados y pasteurizarla; doña Mari, la que tiene los diez hijos en Quimilí y soporta las temperaturas más altas cocinando la leche en medio del campo ahora que no anda la paila; doña Gabi, la más jovencita, encargada de inyectarle unos líquidos a la leche para probar los niveles del ácido, y Leticia, atormentada en estos días por las condiciones materiales de los cuajos. Más cerca del pueblo, en cambio, hay una cooperativa de dulces de la Soberanía Alimentaria y una carnicería, una de las tareas sin embargo más complicadas. Como la mayor parte de los campesinos no tiene vacas sino cabras, no es fácil encontrar las carnes para el surtidor. Cada vaca precisa cinco veces más espacio que una cabra, por eso muchos las tienen como una caja de ahorro y sólo las sacan cuando existe una necesidad.
–¡¡Burrroooo!! –chilla de repente doña Leticia, sentada al lado de un fuego.
–¡¡Burrooooo!! –dice ahora él, acompañándola.
Los Gatos
Antonio es ahora el que atiza el fuego, sentado con una pava desde donde hace correr agua de aljibe caliente, entre mate y mate. Por el camino, llegan los ruidos de un motor. Enseguida se detiene. Un hombre se acerca, bombachas, gorro y faja de la argentinidad del campo. Doña Leticia zurce un parche azul en un pantalón de Antonio. El hombre camina hasta preguntar si saben quién podrá tener en venta unos postes.
El encargado de la estancia Los Gatos pasó por ahí mismo el viernes pasado. Esa vez les compró un cabrito gordito, de tres meses, que ahora falta de las cuentas del cuaderno. Ahora, anda averiguando por los postes, por lo menos unos cien, para cerrar la esquina de la estancia por donde supone que pueden escaparse las vacas. Los Gatos tienen ahora unas 2 mil hectáreas, pero fue cambiando de formas y de dueños al compás de los tiempos. En los ’90, eran 40 mil hectáreas en manos de la clase empresaria mendocina ligada al menemismo, muchos de los cuales se acercaron a Santiago en la época de los Juárez comprando papeles de escrituras más que porciones reales de tierra. Con el tiempo, la estancia quedó dividida en fracciones como ésas, en manos de un empresario cordobés. Ellos son parte de los nuevos propietarios extraprovinciales que se establecieron en Santiago con santafesinos y chaqueños en busca de lugares donde invertir los excedentes de las primeras explotaciones de soja que mantuvieron en otras provincias. Como Antonio no tiene postes, lo manda a buscar por ahí. A lo mejor, le dice, por lo menos se consigue unos 25 en un lugar, otros en otra parte, y así. Hace ya dos años, Antonio está sin trabajo. Llegó a casa de Leticia en ese momento convencido de que nadie podía vivir sin un solo peso en el bolsillo.
–¿Y vos estás libre? –le pregunta ahora el encargado.
–Sí, sí. Así que ya sabe… –le dice él.
–Sí, si hay algo te aviso.
Le dice el otro, antes de irse. “Así que ya sabe”, le vuelve a decir Antonio, una y otra vez, mientras va y viene con ese mate repentinamente incómodo. Porque antes de los cabritos, de los cencerros y de Leticia, Antonio era uno de los hacheros del monte. Pasaba el día “destroncando” árboles desde la raíz, de abajo arriba, hasta dejar el campo pelado. Ahora, podría llegar a cobrar unos 1500 pesos por hectárea, pero el destronque puede tomarle mes y medio, a tiempo completo: mañana, tarde y domingos también. Ese mismo trabajo a la topadora le lleva una fracción de segundos, la misma fracción de segundos con la que en los últimos años buena parte del trabajo manual quedó afuera del monte.
“Es que la topadora no para –dice él–, son dos choferes, doce horas, día y noche, 25 o 30 hectáreas al día y en dos años te dejan sin nada. Cuando empiezan, avanzan, voltean el monte y le mandan fuego a los árboles. Algunos nomás, si son buena gente, dejan entrar a la gente a recoger su leña para hacer el carboncito.”
–¡Burrrro! –se oye. El burro está atado a dos o tres metros de ahí, con la silueta perdida en medio de la noche aunque la luna llena clarea buena parte de la casa. Por la orilla de la finca, el gobierno provincial construyó hace años un canal que acerca agua dulce desde Santiago. El canal, como el monte, ahora está vacío porque dicen que lo están limpiando.
Cuando termina el día, doña Leticia y Antonio se lavan con un tacho de agua estancada pero duermen fresquitos arriba de la cama doble que sacan del tinglado y ponen bajo los árboles.
–Atención con los perros –dice ella antes de dormir. Si ladran de noche, nadie debe bajarse de la cama; las víboras en general nunca llegan a las zonas de las casas, pero nadie sabe cuándo es en general.
–¡¡Burro!!! –vuelve a escucharse, y el burro se refriega contra algo. Alguien dice que a lo mejor busca un poco de agua en el fondo del canal porque las langostas a esta hora parecen dormidas
Marzo 4, 2009 | Por gandhiargento | Claves: desestabilizacion, golpe, media luna, proyecto nacional, sociedad rural, tortura | # Enlace permanente
Luego del arrasador huracán neoliberal que rugió en las décadas del ’80 y especialmente el ’90, en el continente latinoamericano se fueron dando en algunas naciones vigorosos movimientos nacionales y, en otras, gobiernos que se replantearon políticas nacionales, a contrapelo de lo que fuera el neoliberalismo necrófilo.
En este esperanzador proceso algunos movimientos nacionales, siempre con orientación continental latinoamericana de la Patria Grande, sobresalen sobre los demás, dibujando lo que podríamos denominar una avanzada de la liberación latinoamericana. Pertenecen a esta avanzada, sin lugar a dudas, Venezuela, Ecuador y Bolivia, cada uno de estos movimientos con sus características y contradicciones particulares. Para la mirada imperial constituyen un verdadero peligro. Son los “populismos” que vinieron a ocupar el lugar del comunismo.
Con la misma mirada latinoamericana con la que se forjó la independencia del continente por obra de Artigas, San Martín, Bolívar, Martí, otros movimientos latinoamericanos tienen en sus gobiernos claras expresiones de la visión latinoamericana. Aquí se ubican Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. Es precisamente en nuestro país donde, en Mar del Plata, se le hicieron las exequias al ALCA.
Cada país arrastra sus propias contradicciones, sus avances y retrocesos, pero no se pueden negar avances fundamentales como los de Unasur y su decidida intervención para hacer fracasar el sangriento golpe “prefectural” contra el gobierno de Evo Morales y la admisión de Cuba al Grupo Río, por citar dos de los hechos más significativos de este avance hacia la realización de la Patria Grande.
En nuestro país hay un juego de pinzas desestabilizador conformado por los patrones agrarios, los grandes medios de comunicación y la denominada “oposición”. Pero a la pinza le faltaba la fuerza que hiciera realmente tambalear al Gobierno y su proyecto, el imperio. Bueno, en realidad, está presente desde que los patrones agrarios el año pasado hicieron su lockout destituyente, con la IV Flota, pero ahora interviene directamente la CIA.
Leon Panetta, el nuevo jefe, se mostró preocupado porque la crisis que se extiende “particularmente en la Argentina, Ecuador y Venezuela”, podría afectar la estabilidad y la política externa de dichos países. Esto más que un análisis es un anuncio. Estos países deben ser desestabilizados y allí está la CIA, cuya historia en desestabilizaciones es sumamente rica.
Bolivia, Venezuela y Ecuador se encuentran en una situación de fortaleza por la identificación de los movimientos populares con sus respectivos gobiernos, debido a que éstos expresan cabalmente sus intereses. Cuando el pueblo hace suyo el proceso revolucionario, éste se torna poco menos que invencible. Ese y no otro es el secreto de la vigencia de la revolución cubana.
En nuestro caso, la situación es diferente. No contamos con un movimiento popular fuerte que sienta suyo el proceso de transformación que expresa el gobierno kirchnerista. Aquí las contradicciones son más profundas que en los países que llevan la delantera, pero no se puede no ver que en estos momentos se encuentran enfrentados dos proyectos de país, el del país agroexportador y el de la industrialización, el del mercado como agente exclusivo y el que sostiene la necesaria intervención del Estado.
Las reacciones histéricas, descontroladas, llenas de odio, de la denominada “oposición” ante el discurso medido, sustancioso, de la Presidenta, muestran a las claras que lo que prima es la voluntad de “desgaste” del Gobierno, según lo aclarara en su momento Eduardo Buzzi, al mismo tiempo que “se pintaba la cara” y ofrecía la fuerza de choque a la Sociedad Rural y socios.
No nos puede extrañar, pero sí alertar, que la noticia de la escuela de cuadros o como se le llame que funciona por obra de las corporaciones agrarias, en la que fungen de maestros Vicente Massot, conocido reivindicador de la tortura y de la violación sistemática de los derechos humanos, y el singular rabino Bergman, no haya merecido comentarios en los grandes medios de comunicación.
De esta manera la acción de desgaste, cuya meta máxima es el golpe institucional, se acompaña con la debida formación de cuadros. ¿A dónde se quiere llegar? La periodista boliviana Anahí Fernández hace un parangón inquietante entre la “Media Luna” boliviana y su gemela argentina, formada especialmente por la derecha sojera de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Mientras la Media Luna boliviana tiene como ideario no pagar impuestos por las superganancias petroleras, gasíferas y agrícolas, su hermana argentina sostiene lo mismo con la superganancias sojeras.
En su momento habíamos llamado la atención sobre la coincidencia estratégica de las corporaciones agrarias argentinas con la derecha boliviana y la presencia de la IV Flota a la que ahora hay que agregar el accionar de la CIA. ¿O la IV Flota ya se fue? ¿Alguien puede informarnos al respecto? ¿Obama dijo algo? ¿Piensa desactivarla?
El proyecto nacional que en estos momentos expresa Cristina tiene demasiados baches, encierra múltiples contradicciones y deficiencias, pero es el proyecto que la derecha, expresada abierta y agresivamente por los grandes medios de comunicación y especialmente por La Nación y Clarín, quiere derrotar. El enemigo es el gobierno de Cristina en la medida en que expresa ese proyecto y con el enemigo no se dialoga, todo es bueno para desgastarlo hasta, si es posible, hacerlo caer.
Enero 3, 2009 | Por gandhiargento | Claves: buzzi, campo, federacioin agraria, mesa de enlace, sociedad rural, trabajo agrario, trabajo esclavo | # Enlace permanente
La jornada de 8 horas fue adoptada el 3 de diciembre por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que preside el secretario de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo, Alvaro Ruiz, y apoyada por los representantes del Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre). En cambio se pronunciaron en contra los representantes de la Mesa de Enlace de las cámaras patronales: Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro.
Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen la ley 11.544, implantó en 1929 la jornada de 8 horas, pero con la expresa exclusión de los trabajos agrícolas, ganaderos y del servicio doméstico. Ni siquiera el Estatuto del Peón, inspirado en 1944 por el Secretario de Trabajo Juan D. Perón, ni su extensión legislativa de 1947, ni las resoluciones firmadas durante los gobiernos justicialistas de 1974 a 1976 habían llegado tan lejos como la resolución 71/08. Durante el semestre que duraron las deliberaciones los representantes del Estado chocaron con las cámaras patronales, que sólo accedieron a firmar la resolución en la que consta su desacuerdo cuando Ruiz les hizo saber que, en caso contrario, se contemplaría el reemplazo de esas entidades por otras. Las resoluciones se toman por mayoría y no es costumbre que conste cómo votó cada representante. Pero en este caso la nominalidad fue exigida por la Sociedad Rural y el Estado estuvo de acuerdo.
En los momentos críticos del proceso, Ruiz contó con el pleno apoyo del ministro de Trabajo Carlos Tomada.
El Estatuto del Peón fue decisivo en la emergencia del liderazgo político de Perón. Sancionado por decreto 28.169 del presidente de facto Edelmiro Farrell constituyó la primera regulación orgánica para los trabajadores del campo, aunque sólo se refería a los permanentes. De los temporarios o accidentales, retribuidos a destajo, se ocupó la ley 13.020, de 1947, que creó el primer ámbito tripartito entre patrones, trabajadores y Estado para la regulación normativa del sector. Si bien tanto el decreto como la ley establecieron pausas para el descanso y la comida de los trabajadores no llegaron a fijar límites máximos diarios ni semanales. La reforma constitucional de 1957 consagró en el papel todos los derechos del trabajador que el gobierno militar del general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas había eliminado en los hechos: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. Recién al concluir la penúltima dictadura, la Comisión Nacional de Trabajo Rural, como se llamaba entonces, produjo entre 1973 y 1976 numerosas resoluciones que limitaron la jornada de trabajo para los trabajadores no permanentes de las actividades agrarias regionales.
Ni el día de guardar
El régimen nacional de trabajo agrario decretado por el dictador Jorge Videla en 1980 incluyó a todos los trabajadores, permanentes o no, estableció que la duración de la jornada se ajustaría a los usos y costumbres de cada región o a la naturaleza de la explotación. Nada dijo sobre el trabajo nocturno y tampoco contempló el pago de horas extras. Sólo prohibió el trabajo los domingos pero con un régimen tan amplio de excepciones que equivalía a la negación de la norma: abarcaba desde las necesidades de la producción o del mantenimiento hasta la genérica “naturaleza de la actividad”. Sólo estableció a favor del trabajador una pausa interna para la comida y el descanso de entre dos y cuatro horas y media y otra pausa externa de por lo menos diez horas sin interrupciones entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente. Según las distintas combinaciones posibles entre ambas pausas la jornada laboral sería de entre nueve y media y doce horas diarias o entre 57 y 72 horas semanales. En la década actual distintas resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario limitaron a las ocho horas diarias la jornada laboral en diversas provincias y para actividades regionales específicas. Pero hasta ahora no existía un régimen nacional para todos los trabajadores del campo con independencia del tipo de su relación contractual.
De sol a sol
Ruiz sostuvo que la tradición del trabajo de sol a sol carece de todo sentido, no se justifica en motivaciones objetivas de la actividad y “sólo ha respondido a intereses subjetivos patronales ligados principalmente a sus costos laborales y a una inadmisible sumisión del trabajador rural a la discrecionalidad del empleador”. La necesaria organización y dirección del trabajo puede implicar mayores costos empresarios. El trabajo humano no puede ser la única variable, al punto de no fijarle límites diarios ni semanales. Muchos procesos productivos industriales y actividades de servicios o comerciales no admiten interrupciones que alteren su continuidad, pero eso “no puede llevar a sostener como lícita la ausencia de límites legales generales para la jornada; en todo caso harán necesario que se cuente con una mayor dotación de personal”. Estas situaciones, como la falta de recargos salariales por el tiempo extraordinario de trabajo responden a una serie de factores, “desde un abuso de derecho inveterado en perjuicio del trabajador” hasta la reivindicación de una pretendida “cultura rural” diferente a la de otros sectores laborales, que en realidad es “una muestra clara de anacronismo y de lamentables vestigios de un sistema de vasallaje que deben ser combatidos”. Este “mito rural” que pretende mostrar como “inmanente al campo la exigencia de trabajar sin horarios e ilimitadamente” es “insustancial” y contradice la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Convenciones protectoras de los derechos de niños y mujeres.
El director de la Sociedad Rural, Abel Francisco Guerrieri replicó que esas afirmaciones eran “ofensivas y agraviantes” y el director nacional de la Federación Agraria, Guillermo Luis Giannasi, se declaró sorprendido por la celeridad de los representantes del Estado. El representante de CRA, Ricardo Grimau opinó que Alvaro Ruiz había demostrado un acabado manejo de las cuestiones del derecho del trabajo pero que tenía “total desconocimiento” de “la realidad de los productores de las distintas actividades que componen el sector”. Pidió que antes de resolver se remitiera la cuestión a las comisiones regionales. El representante de los trabajadores, Jorge Herrera, descalificó esa táctica dilatoria ya que las comisiones regionales varias veces trataron el tema sin llegar a ningún consenso. El representante de la Secretaría de Agricultura, Mario Burgueño, recordó que cada vez que se trató una resolución similar los representantes patronales en aquellas comisiones votaron en contra alegando que sería perjudicial para las economías regionales, efecto negativo que nunca ha sido demostrado allí donde se limitó la jornada laboral. Grimau calificó de “autoritaria y dictatorial” la limitación del horario sin consultar a las comisiones regionales. A tres semanas de la firma, ninguna de las partes ha difundido la resolución. Las cámaras patronales especulan con la dificultad del control de su cumplimiento, ya que el ingreso de los inspectores del ministerio de Trabajo a enormes establecimientos muy aislados se dificulta por la reticencia u hostilidad de los propietarios. La Uatre agradece en privado la sanción de una conquista apetecida durante décadas, pero su secretario general, Gerónimo Venegas, se enrola en el duhaldismo residual más recalcitrante, que nunca ha ocultado su animosidad contra CFK y Néstor Kirchner, de quienes dice a quien quiera oírlo que “estos no son peronistas”, como si la crisis pidiera carnet de afiliado. En cambio, la parquedad del gobierno requiere de una interpetación que excede la capacidad del autor.
Diciembre 25, 2008 | Por gandhiargento | Claves: campesinos, desalojados, desforestacion, monocultivo, persecucion, resolucion 125 | # Enlace permanente
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
Dario Aranda -Pagina 12
Diciembre 21, 2008 | Por gandhiargento | Claves: agropecuario, blog clarin, golpe, mesa de enlace, nueva derecha, retenciones, soja | # Enlace permanente
Historicamente desde su fundación en 1876, la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresión de una elite agropecuaria integrada hoy por diez mil socios, el 0,02 por ciento del total de la población, fue un “factor de poder”.
La denominación refiere a los grupos que, sin requerir el consentimiento mayoritario, por diferentes motivos ejercen una dosis de autoridad sobre los negocios públicos para acomodarlos a sus intereses particulares y minoritarios.
En su nombre se cometieron atrocidades, como las que registró Osvaldo Bayer, con indiscutible rigor documental, en La Patagonia Rebelde. Durante décadas, la feria anual de la SRA en Palermo fue el tribunal donde los presidentes de la Nación eran sometidos a examen y, a la manera del Coliseo en el Imperio Romano, las tribunas decidían con el aplauso o la rechifla sin someterse a la azarosa fatiga democrática de las urnas, considerada entre muchos de ellos un típico entretenimiento de la chusma. A ese ejercicio ilegal del poder se debe, en buena medida, que el sistema político democrático no tenga hasta hoy un partido conservador serio y competitivo que dispute las mayorías electorales. Durante el siglo XX, las Fuerzas Armadas actuaron como grupos de tareas de los factores de poder.
Es fácil deducir de ese prontuario, expuesto aquí en apretadísima síntesis, que en la cultura de la SRA pueden existir criterios de beneficencia, pero de ningún modo alguna obligación solidaria hacia los que menos tienen ni mucho menos principios de justicia social, a los que considera sonsonetes de la demagogia populista.
Para ir a los bifes, sin más evocaciones históricas, el lunes último la SRA firmó un acuerdo de precios con el Gobierno y los demás participantes en la cadena de producción de carnes, pero a las pocas horas hizo borrón y cuenta nueva. Al parecer, según sus voceros, habían entendido que dicho acuerdo era un ventajoso contrato comercial, por el cual la industria congelaba por un año el precio de unos pocos cortes de consumo masivo y a cambio los ganaderos de la SRA eran beneficiados con el descuento de diez puntos en las retenciones a la exportación de la vaca entera.
Dado que esas retenciones ya fueron absorbidas por la suba de la cotización del dólar y que el precio interno de la carne, desde la devaluación, aumentó más del doble que el índice general, si el acuerdo hubiera sido como quisieron entenderlo resultaba que el Estado nacional, con el dinero de todos, terminaba subsidiando al “factor de poder”. El presidente Néstor Kirchner, ausente en la tribuna examinadora de las ferias rurales, los acusó de avaricia, pero tal vez el término exacto debió ser insaciables, es decir que nada los colma, siempre quieren más.
Ese tipo de conductas, en los primeros años ’70, definían al sector que en los graffiti y consignas populares, sobre todo en los ámbitos juveniles, era nombrado como “la puta oligarquía”. Hay que decir que los radicalizados jóvenes de aquellos años erraron en diversas apreciaciones de la realidad, pero no en todas.
En la víspera, sin renunciar al diálogo, Felisa Miceli, titular de la cartera de Economía, anunció un registro de exportadores (ver página 4) y sugirió algunas otras medidas tendientes a sostener lo que calificó de objetivo irrenunciable: abastecer la canasta promedio de consumo masivo, sobre todo a los sectores de menores ingresos, con productos a precios accesibles.
La carne es uno de ellos ya que apenas la situación mejoró un poco el consumo interno subió de 55 a 65 kilos/persona. Es que si el Gobierno no controla el movimiento de los precios volverá a dispararse la carrera entre inflación y salarios, desbaratando así los equilibrios de la economía nacional, en un cuadro donde todavía hay millones de familias agobiadas por las penurias de la pobreza. Dado que por sus orígenes y naturaleza, el Gobierno y el Estado de la república democrática tienen que velar por el bienestar general si no quieren traicionar su mandato, como hicieron tantos otros en el pasado, no pueden renunciar a este tipo de pulseadas.
La SRA tiene el derecho, por supuesto, a defender sus intereses, pero no como factor de poder sino igual que todos, según manda la Constitución, a través de sus representantes. Tiene la vaca atada, la influencia mediática y, al decir de alguna vocera, la materia gris para formar un partido que represente a esa minoría y busque la adhesión cívica en las próximas elecciones.
El peronismo opositor, el PRO y la UCR los quieren en sus listas El sector más activo en convencer a los líderes del campo de abrazar directamente la pelea política es el duhaldismo.El ex presidente de CRA, Arturo Navarro, intentó acercar a Llambías a la Coalición Cívica, Llambías no tiene una buena relación con Elisa Carrio. Miguens, por su lado, es tentado por el PRO de Mauricio Macri y el peronismo disidente de Alberto Rodríguez Saa. Otro posible candidato, esta vez en La Pampa, podría ser el vice de la Federación Agraria, Ulises “Chito” Forte. Conversa con la UCR, partido del que siempre fue militante. No tendrán el olor a establo del ganadero de linaje, pero tampoco lo tenían Videla ni Onganía y sirvieron lo mismo, aunque es cierto que uno tuvo a Martínez de Hoz y el otro a Krieger Vasena, que arrancaban aplausos en las ferias palermitanas. Dado que no se pueden esperar uniformados serviles, estos civiles podrían, si fuera necesario, elegir el economista adecuado entre la mucha mano de obra que quedó vacante de los años ’90.
Hay otras minorías que merecen la atención de la sociedad, porque se la ganaron a lo largo de treinta años. Al cerrar la última Marcha de la Resistencia encabezada por su agrupación, Hebe de Bonafini expuso su razón: “Estamos obteniendo revoluciones por el voto democrático en toda Sudamérica sin derramar sangre, pero sobre la sangre derramada por miles y millones”. Y arengó: “No dejemos pasar este momento histórico, si no fracasaremos como pueblo”.
Tampoco olvidó la crítica: “Los partidos de izquierda sacan menos votos que Moria Casán”. Hebe, como la llaman todos los que la aprecian, expresó ahí un sentimiento que no les pertenece sólo a ese puñado de Madres de la Plaza, más allá del acuerdo o el disenso con la decisión anunciada. Esa expectativa esperanzada acompaña en este momento al Gobierno: tal vez no tenga la contundencia de un “factor de poder”, porque en otras oportunidades históricas pudo ser burlada o defraudada, pero si el Gobierno no quiere matar su futuro político no podrá ignorarla en la gestión concreta de gobierno.
Esa gestión no sólo está amenazada por la SRA, sino por núcleos de poder más grandes y multinacionales. La disputa por los recursos naturales, en primer lugar las fuentes de energía y el agua, es el principal campo de disputa de esa revolución que imagina la señora de Bonafini. Son áreas que demandan respuestas estratégicas, en las que no se puede improvisar ni probar el método de ensayo y error. Entre otras oportunidades, la ocasión ofrece la posibilidad de un reencuentro entre la tarea de gobierno y la capacidad de elaboración de los centros académicos.
Desde ya que los intereses del mercado son demasiado estrechos para abarcar el tamaño del desafío, pero también la política sola es insuficiente para abordar esos temas, donde se juega no sólo el control de soberanía, de autodeterminación y de riquezas nacionales, sino también la calidad del hábitat humano.
Es increíble, por ejemplo, que en el caso de las papeleras uruguayas y los potenciales riesgos de contaminación, el discurso que excita los sentimientos públicos sea el del gobernador Busti que se desayunó ambientalista el día después de que se bajó de la brigada de gobernadores duhaldistas que miraban a Kirchner con la nariz fruncida. ¿Cómo es posible que la diplomacia integradora, de cooperación solidaria, no haya formado una comisión mixta de especialistas universitarios de ambas orillas para que elaboren un dictamen con bases científicas que pueda servir de insumo al diálogo político?
La política debe servir al pueblo, en lugar de satisfacer sus mezquinos apetitos, pero ese servicio implica, a veces, contener los desbordes emocionales de la comunidad en lugar de incentivarlos para cazar votos, reparar prestigios resquebrajados o linchar adversarios.
La ecología, el medio ambiente, son espacios propicios a los excesos, de un lado por la indiferencia depravada de los negocios y, del otro, por la romántica nostalgia del retorno a la región más transparente, como llamó Carlos Fuentes a su México antes de la cruel polución que hoy lo asedia. No es cuestión de alimentar la creación de nuevas elites oligárquicas en lo que debería ser el campo propicio para el progreso real de la vida. Una aproximación de realismo preocupado, comprometido de verdad, sobre todo si se pretende una “revolución democrática”, pone a prueba los auténticos liderazgos.
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