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LEY DE MEDIOS: LA CORTE Y UNA RESPUESTA A MEDIAS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo dividido, resolvió en el expediente “Grupo Clarín y otros s/ medidas cautelares” en la cual el Juez Federal en lo Civil y Comercial de esta Capital Federal, Edmundo Carbone, había hecho lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación del Artículo 161 de la Ley de Medios (obligación de desinversión) respecto del Grupo Clarín, medida que ya había sido ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
El fallo es presentado como un aval al Grupo Clarín en su lucha por no desprenderse de ninguna de sus empresas de medios audiovisuales. Pero también es presentado como un aval a la plena vigencia y legitimidad de la Ley Nº 26.522 (Ley de Medios).
¿Cómo es posible?
Porque el fallo de la Corte hace las dos cosas. Respetando su tradicional y anquilosada jurisprudencia en relación a que las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del Artículo 14 de la Ley 48 que prevé la actuación del máximo Tribunal, no emite juicio respecto de la validez de la medida cautelar que suspende la aplicación del Artículo 161 respecto del Grupo Clarín. En definitiva, la Corte rechazó el recurso interpuesto por el Estado Nacional.
Pero, también la Corte, y en el mismo fallo, ha ratificado lo resuelto en el caso “Thomas, Enrique c/ Estado Nacional s/ amparo” el pasado día 15 de junio de 2010 afirmando que no se encuentra afectada de ningún modo la aplicación general de la Ley Nº 26.522 y, mucho más importante, que la medida cautelar no ha cuestionado la validez de la desinversión forzada sino el plazo de un año para cumplir con esa desinversión. Por ello, este fallo de la Corte Suprema no puede ser presentado como un aval a la ilegitimidad, invalidez o inconstitucionalidad del Artículo 161, sino como una impugnación a la brevedad del plazo establecido en dicho artículo.
La Corte Suprema también se ha pronunciado sosteniendo que debe fijarse un plazo razonable para la vigencia de la medida cautelar a efectos de evitar su desmesurada extensión temporal. De esa manera busca evitar la prolongación indefinida en el tiempo de una medida cautelar que desnaturalice el proceso y beneficie a un grupo empresario de manera indeterminada en el tiempo. Establece que ese plazo razonable debe ser fijado por el Juez de Primera Instancia de oficio o a pedido de parte, afirmando que de no establecerse el mismo, el Estado Nacional podrá recurrir a las instancias superiores incluida la propia Corte Suprema.
¿Cuál es el plazo razonable de vigencia de una medida cautelar?
No está expresamente fijado en ninguna norma. Sin embargo, es de suponer que el mismo es de dos añosde acuerdo a criterios jurídicos y a antecedentes jurisprudenciales respecto de “plazo razonable”. Entonces, el Grupo Clarín no tendrá obligación de desprenderse su sus numerosas y prácticamente monopólicas licencias de medios audiovisuales hasta el 7 de diciembre de 2011, ya que debe computarse el plazo desde el dictado de la medida cautelar por el Juez de Primera Instancia.
Ley de Medios vigente para casi todos es el sabor amargo que queda.
Sin lugar a dudas, este fallo puede ser leído como un triunfo del Grupo Clarín ya que gana tiempo y concentra todos sus esfuerzos y sus medios de comunicación en el objetivo mayor: las elecciones presidenciales de 2011. Para Magnetto la prioridad es el armado de un conglomerado opositor que pueda ganar las próximas elecciones. Clarín aportará sus medios y sus “periodistas-empleados” para tamaña empresa. El candidato opositor beneficiado por el buen trato que le dispensará el grupo monopólico se comprometerá a modificar la Ley de Medios.
La Corte dijo que en ese partido no juega, ese el es partido de “la oposición más Clarín” contra el Gobierno Nacional. Sepa el pueblo votar.

 

 
 
 
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LEY DE MEDIOS: SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES QUE FRENAN SU APLICACIÓN

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó una medida cautelar que había suspendido la aplicación de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual. La resolución lleva la firma de los camaristas Roberto Loutayf Ranea, Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Jorge Villada, y deja sin efecto la medida dictada por el juez de primera instancia Miguel Medina, que suspendía la aplicación de la totalidad de la norma.
Cabe recordar que la acción judicial fue iniciada por la Diputada Nacional Zulema Daher, del peronismo disidente, aliada de Duhalde, De Narváez, Solá y otros, al igual que el Diputado Thomas que se presentó en la provincia de Mendoza.
La Cámara Federal de Salta siguió así el precedente de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de junio cuando sostuvo que los jueces no pueden suspender leyes de modo general, y que un diputado no tiene legitimación para reeditar en sede judicial un debate que perdió en el Congreso.
Seguramente, en los próximos días, la Corte ratificará lo resuelto por la Justicia Federal de Salta y termine por confirmar el fallo que ahora revocó aquella suspensión, y por lo tanto, finalmente la LEY DE MEDIOS recupere su vigencia.
Lo que no van a decir los grandes medios de comunicación, ni el diario del “monopolio”, es que resulta absolutamente saludable para la REPÚBLICA que la Corte Suprema de Justicia le ponga un claro freno a inescrupulosos políticos (no por casualidad son dirigentes de tercera o cuarta línea, desconocidos para el gran público) reafirmando que no se puede acudir a la Justicia cuando se pierden los debates en la arena política. La Justicia le está diciendo al variopinto conglomerado opositor que no dejará que se judicialice la política. Pese a los augurios opositores las instituciones republicanas gozan de buena salud.
En Democracia, no serán los jueces de la República quienes se constituyan en legisladores o gobernantes al servicio de los intereses de minoritarios grupos que buscan en la complicidad de magistrados lo que no obtienen mediante los votos del pueblo. Eso, de por sí solo, es una buena noticia.
Se caen las causas judiciales que frenan la aplicación de la LEY DE MEDIOS, y eso también es una buena noticia.
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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RATIFICÓ LA VIGENCIA DE LA LEY DE MEDIOS

La Corte Suprema de Justicia más independiente de la historia de nuestro país ratificó la vigencia de la LEY DE MEDIOS de la Democracia. Los jueces del máximo tribunal resolvieron dar marcha atrás con una de las medidas que había paralizado la aplicación de la norma. Dijo la Corte que los magistrados no pueden frenar una ley por pedido de un diputado que “perdió la votación”.
Del fallo de los supremos resulta oportuno destacar que ha dilucidado la cuestión de cuándo un Diputado Nacional puede presentarse ante los estrados judiciales para reclamar judicialmente la invalidez de una ley. En este sentido, recordemos que el diputado Enrique Thomas reclamó en su carácter de miembro integrante de la Cámara de Diputados de la Nación. La Corte señaló que el diputado nacional fue electo para representar a los ciudadanos en el ámbito del Poder Legislativo, pero no puede ir a la justicia cuando lo que trae a consideración es la reedición de un debate que se ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas.
Por el contrario, dicha legitimación podría eventualmente resultar admisible cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto. Resulta evidente que en este caso no están en discusión los derechos, inmunidades y prerrogativas que le asisten a Thomas en su condición de legislador, ni está demostrado que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador, por lo que la Corte señaló que no hay legtimación (capacidad para reclamar en la Justicia) por parte del Diputado. En consecuencia, el magistrado no tiene caso en el que expedirse.
En cuanto al alcance de la medida cautelar que suspende de manera general los efectos de la ley de medios, la Corte señala que no puede una medida cautelar tener efectos generales y “ese poder no lo confiere la Constitución Nacional a ningún juez ni tribunal de la Nación…”. La declaración de inconstitucionalidad de una ley la puede hacer cualquier juez pero con efectos exclusivamente aplicables al caso, es decir, que no tiene efectos generales sino que sólo afecta a las partes, por lo que dicha declaración sólo tiene efectos ante quien reclamó la inconstitucionalidad. Lo que debería haber dicho la Justicia de Mendoza es que la ley de medios no es aplicable para Thomas, pero, de ninguna manera, puede decidir que una ley no es aplicable para el conjunto de los habitantes de la República.
En un fallo ejemplar la Corte Suprema ha reafirmado la división de poderes y la plena vigencia de las instituciones republicanas. Ahora todas las voces van a ser escuchadas.
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CLARÍN SIEMPRE MINTIÓ

Mucha tinta ha corrido desde que el poderoso grupo multimediático la emprendió contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas tapas de “el Gran Diario Argentino” para denostar a la Presidenta y al ex Presidente Néstor Kirchner se han sucedido. Crecimos escuchando que nadie resiste tres tapas de Clarín en contra, y, acá estamos.
Muy a pesar de los profetas del odio y de alguna que otra pitonisa, no ha sido el peronismo el primero en denunciar las mentiras que se escriben para desgastar a un gobierno. Tampoco han sido muy originales los que bautizaron a TN como “Todo Negativo”. Hubo antes un gran Presidente y un gran democráta (según las palabras del periodismo todo) que hace ya varios años lo denunció. Vean:

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YA TENEMOS UNA LEY DE MEDIOS DE LA DEMOCRACIA

Después del 28 de junio pocos creían que esta gesta era posible. Propios y extraños aseguraban, sin dudas, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no enviaría el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso Nacional. Nos espetaban que se venían tiempos en los que “los Kirchner” iban a tratar de asegurarse la gobernabilidad, que iban a recostarse sobre los sectores más conservadores, que el único objetivo del Gobierno Nacional iba a ser acordar una transición ordenada para cuidarse las espaldas y garantizarse impunidad para los años que venían.

Por todo ello, no iban a confrontar con los grandes medios de comunicación, ni con los grupos más concentrados de la economía.
Pues nada de ello sucedió. Más bien todo lo contrario. Contra el augurio de que estábamos frente a un gobierno en retirada y sin iniciativa política, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la Cámara de Diputados de la Nación.
Ahora tenemos una nueva LEY DE MEDIOS, una ley de la democracia que permitirá la desconcentración empresaria en los medios de comunicación, que permitirá la participación de universidades nacionales en radios y canales de televisión así como de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Coinciden artistas, sindicalistas, guionistas, libretistas y pequeños y medianos empresarios de medios en que la ley generará nuevas y mayores fuentes de trabajo y que, a raíz de ellos, se fomentará la producción artística nacional. Todas buenas noticias y buenas razones para festejar su sanción.
No pudieron frenarla los monopolios y oligopolios, no pudieron los profetas del odio disfrazados de corderos (el cardenal Bergoglio y el rabino Bergman, entre otros). Tampoco pudo la derecha que se disfrazó de defensora de la libertad de expresión -cuando ésta nunca estuvo en riesgo- al solo efecto de defender los intereses económicos de Clarín y del Grupo Vila-Manzano. Hubiera sido muy gracioso sino fuera por lo patético, ver a Rodríguez Saá defender la libertad de expresión o ver como los radicales Cobos, Morales y Sanz reniegan del legado alfonsinista al defender la concentración monopólica de los medios comunicación, tal como lo negaron a Alfonsín al defender los intereses de la Sociedad Rural y la patria sojera hace menos de un año.
Nos sobran los motivos para festejar. El proyecto ya es la Ley Nº 26.522, LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. También tenemos el derecho a sentirnos orgullosos por tener una Presidenta que nos demuestra que no es necesario hacer concesiones a los poderosos grupos multimediáticos para gobernar y transformar el país. Orgullo de no tenerle miedo a las “tapas de Clarín”.
Ya tenemos una LEY DE MEDIOS DE LA DEMOCRACIA. Es momento de ir por más.

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Eric Calcagno y Luis Tonelli desmitifican los argumentos en contra de la nueva Ley de Medios

Una conversación entre el Senador Nacional Eric Calcagno y el futuro Director de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, Luis Tonelli, en la que desmitifican los argumentos en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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Ley de Medios de Comunicación Audiovisual: MEDIA SANCIÓN

Durante esta madrugada y con una holgada mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación le dió media sanción al Proyecto de Ley de Medios. Consenso, diálogo, modificaciones, sirven para graficar la actuación del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria y del Poder Ejecutivo. El apoyo provino de los bloques de centro izquierda, como el SI (Macaluse, Raimundi y María América González), Proyecto Sur (el sector de Pino Solanas y Claudio Lozano) y Encuentro Popular y Social (Ariel Basteiro) , y por el Partido Socialista (cuyo referente es Hermes Binner).
El consenso al que se arribó posibilitó la introducción de varias modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, siendo la más importante la exclusión de las empresas telefónicas de la posibilidad de operar sistemas de cable.
El diálogo político en Diputados, trajó como consecuencia una ardua negociación que produjo los siguientes resultados:
  • En el inciso a) del artículo 3, que dice “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas” se agregó “sin censura”.
  • El artículo 4, en el caso de las emisoras comunitarias, aclara que “en ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.
  • Sobre la Autoridad de Aplicación, el artículo 10 dice que “créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Autoridad de Aplicación de la presente ley”.
  • El artículo 11 refiere que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual “deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación en cada localidad de más de 500.000 habitantes”.
  • Sobre las misiones y funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 12 agrega que “será objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación” y que “es obligación permanente e inexcusable del Directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de personal y contrataciones.
  • En el artículo 14, el Directorio estará formado por siete miembros y no cinco como en el anterior proyecto, conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
  • En el artículo 18 la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual podrá “remover por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al Defensor del Público mediante el voto de los dos tercios del total de sus integrantes”. El Defensor del Público “será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras”, según agregó el artículo 20.
  • En cuanto a los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, el artículo 24 añadió que “las personas de existencia visible en cuanto socios de las personas de existencia ideal con fines de lucro y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal sin fines de lucro deberán acreditar el origen de los fondos en tanto comprometan inversiones a titulo personal”.
  • Sobre las condiciones de admisibilidad para las personas de existencia ideal, el incido d) del artículo 25 indica “no ser titular o accionista que posea el diez por ciento o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”.
  • Sobre el Régimen especial para emisoras de baja potencia, el artículo 49 refiere que “la Autoridad de Aplicación establecerá mecanismos de adjudicación directa para los servicios de comunicación audiovisual abierta de muy baja potencia, cuyo alcance corresponde a las definiciones previstas en la norma técnica de servicio, con carácter de excepción, en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social, y/o de escasa densidad demográfica y siempre que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social”.
  • El artículo 62 señala que “no podrán constituirse redes de radio y/o televisión entre licenciatarios con una misma área de prestación, salvo que se tratase de localidades de hasta cincuenta mil habitantes, y siempre que se trate de retransmisión de contenidos locales”.
  • En el artículo 63 “para la transmisión de acontecimientos de interés relevante, se permite sin limitaciones la constitución de redes de radio y televisión abiertas”.
  • En cuanto a los contenidos, el artículo 65 indica que “los servicios de radiodifusión televisiva abierta “deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (antes 20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes” y “cuando se encuentren localizados en poblaciones de mas de 600.000 habitantes, deberán emitir un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras localizaciones”.
  • El artículo 67 precisa que “los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho películas (antes seis) de largometraje nacionales”.
  • En cuanto a la conformación de “Radio y Televisión Argentina Sociedad del estado”, el artículo 131 amplía de cinco a siete los miembros del Directorio, con un presidente y un director designado por el poder ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera.

El caminó empezó a despejarse, falta.

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Para terminar con el monopolio: NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Ciudad de la Furia, más precisamente el Congreso Nacional, fue el escenario en el que Víctor Hugo ofreciera una clase magistral acerca de los monopolios en los medios de comunicación audiovisual, su conformación, los intereses que defienden y con un toque de humor prestado, el derecho inalienable que defienden. Por supuesto que no estamos frente a una cátedra dictada por el poeta y novelista romántico francés del siglo XIX, sin embargo, podríamos parafrasearlo en este momento y viendo a los dirigentes opositores reunidos con el Vicepresidente Cobos y leyendo las noticias de “el gran diario argentino”, decir que: “Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien“.
La clase magistral a la que hacemos referencia la dictó un periodista, relator deportivo, locutor, conductor y escritor nacido en la República Oriental del Uruguay, tan argentino como Gardel y Enzo Francescoli. Hablamos de Víctor Hugo Morales y a continuación, su exposición en la última jornada de las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación para debatir el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audivisuales…

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LA OBJETIVIDAD DE T N y DE CLARÍN ¿PERIODISMO INDEPENDIENTE?

INDEPENDIENTE: 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo. 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena.
AUTÓNOMO: 1. adj. Que tiene autonomía. 2. adj. Que trabaja por cuenta propia.
¿Alguien, en su sano juicio, puede afirmar que los periodistas del canal de noticias TN o del diario Clarín le caben los adjetivos de independiente o autónomo cuando hablan del proyecto de ley de servicios audiovisuales?
¿Es independiente o autónomo de sus propios intereses empresariales o económicos el titular de Clarín del pasado 28 de agosto?
Más aún, una de las princiales referentes de la oposición nos clarifica al respecto, la Dra. Carrió dijo: “No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión“. Está claro que la oposición defiende a los grupos económicos y, como bien dice Víctor Hugo Morales, usan a la libertad de expresión como excusa.
Así tituló Clarín y así titula TN:


Una demostración perfecta de como no se debe hacer periodismo.

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Para la libertad: NUEVA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Como ya se mencionara en este blog, la nueva LEY, que ya se debatió en todos los rincones de la Argentina, se va a denominar “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y, según anunció la Presidenta Cristina Fernández, el “objetivo es que todas la voces puedan ser escuchadas y que en materia de libertad de expresión nadie se quede con la ñata contra el vidrio”. Lo nuevo es que el Poder Ejecutivo Nacional remitirá la semana que viene al Congreso el proyecto oficial de servicios de comunicación audiovisual que en caso de aprobarse, reemplazará a la Ley de Radiodifusión.
De aprobarse la nueva LEY DE MEDIOS, se garantizaría el derecho humano al derecho a la información y a la libertad de expresión. Asimismo, el Estado Nacional, las provincias y los municipios tendrán asignadas frecuencias de radio y televisión; y las Universidades Nacionales podrán tener emisoras sin restricciones ni oblilgaciones de constituir sociedades comerciales, impidiendo que se formen monopolios u oligopolios al limitar la cantidad de licencias que podrán obtener los distintos grupos económicos. Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios audiovisuales abiertos. Por primera vez, habría control parlamentario para evaluar el funcionamiento y contenido de los medios de comunicación audiovisuales y las licencias se otorgarán o se renovarán previa audiencia pública. Cada dos años se revisarán si hay licencias que fueron liberadas por sus dueños (es decir, se las vendieron a otro grupo económico) para reasignarlas.
¿Por qué se opone el Grupo Clarín? Porque el proyecto de ley promueve importantes limitaciones al principal grupo de medios de la Argentina (Grupo Clarín), como la imposibilidad de tener más del 35% de los abonados de cable del país (hoy tiene el 48%) y la prohibición de operar un canal de aire y una red de cable en la misma localidad, lo que lo obligaría a vender Canal 13 para quedarse con Cablevisión-Multicanal o viceversa. Entonces, si se aprueba la nueva LEY DE MEDIOS Clarín deberá vender lo que le sobra.
Mucho se habla de la tergiversación de los hechos que el grupo Clarín da como noticias objetivas o de la forma maniquea en que titula el Diario, por ejemplo, es bueno recordar que cuando se produjo el Golpe de Estado de 1976, Clarín tituló en su tapa: “Total normalidad: Las fuerzas armadas ejercen el gobierno. Pero es momento de resaltar dos hechos que ponen al desnudo el cinismo de quienes manejan y de quienes son empleados del Grupo Clarín. El primero fue la medida cautelar solicitada por Clarín para que el blog “Qué te pasa Clarín”, en la que la Justicia Argentina sentenció al blog a dejar de publicar sus posts o, en su defecto, a que el blog pague 500 pesos diarios por cada día que siga abierto como medida cautelar hasta tanto la Justicia decida por sobre el fondo de la cuestión planteada. Clarín plantea que la marca Clarín le pertenece y, entonces, el blog le pertenece…
El Grupo Clarín se ha transformado ya en un censor activo, utilizando a la Justicia para hacer callar al blog. El segundo hecho es la discusión entre Ernesto Tenembaum (el empleado del mes del Grupo Clarín) y el Diputado Nacional Agustín Rossi. Tenenbaum se descontroló cuando Rossi le espetó “Mire, con absoluta franqueza le digo, me parece que usted está molesto por lo que pasó con el fútbol. Y usted está defendiendo los intereses de una empresa que perdió un negocio fenomenal como es el negocio del fútbol y está atacando al Gobierno por otro lado“. El audio de la entrevista es la prueba irrefutable del descontrol del periodista y de su trato irrepestuoso y grosero hacia el Presidente del Bloque Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación. Es menester señalar que, incluso el nivel del audio de Tenembaum es mucho mayor al de Rossi como para que el Diputado ni siquiera se pueda defender. El audio:
Sin embargo, está bueno que Tenembaum diga que es opositor y que insulte a Agustín Rossi ya que esa acción echa por tierra todo intento del Grupo Clarín y de sus emplados por mostrarse independientes y objetivos. ¿Es demonizar al periodismo denunciar lo que hace el Grupo Clarín? Claro que no y es un buen momento para expresar la solidaridad de este blog para con el blog “que te pasa clarín”

Para la libertad, para que los monopolios u oligopolios no manejen la opinión pública, para saber quien nos habla y quien nos informa, una nueva ley de medios es imprescindible.

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