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MACRI VA A NECESITAR MÁS ABOGADOS QUE MINISTROS

No le van a quedar más excusas a Mauricio Macri porque ya no es una causa penal en la que está procesado por un Juez polémico, ahora, es otra causa penal en la que intervino otro Juez, en la que otra Sala de otra Cámara de otro fuero… En efecto, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos en la licitación del mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución lleva la firma de los camaristas Mario Filozof, Gustavo Bruzzone y Marcelo Lucini, quienes además resolvieron apartar de la causa al juez Facundo Cubas, quien instruía el proceso y quien había sostenido que Macri era inocente. Según esta resolución judicial el que tenía un amigo Juez y manipulaba la Justicia a su favor era “el niño Mauricio”.
Como ya mencionáramos acá la licitación del mobiliario urbano llevaba ya ocho años de atraso y se trata de un gran negocio. ¿Qué es el mobiliario urbano? Se trata de la fabricación, instalación y mantenimiento de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y pantallas publicitarias que reemplazarán a las actuales, bancos y bicicleteros y, además incluye el codiciado negocio de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública, que representa un ingreso de 300 millones de pesos anuales, por diez años.
Macri favoreció de manera ilegal a sus amigos empresarios. Se trata de la empresa Publicidad Sarmiento, propiedad de los empresarios mendocinos Eduardo y Orlando Terranova. Resulta oportuno recordar que el corredor de rally Orly Terranova (hijo de Orlando) fue candidato a concejal por el PRO en la ciudad de Mendoza, en marzo de este año. Además, Publicidad Sarmiento está vinculada con el Multimedio mendocino propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.
En síntesis, lo que hay que destacar es que el fallo habla de administración fraudulenta e involucra a empresarios privados y a altos funcionarios del gobierno porteño, quienes habrían favorecido a un grupo empresarial ‘amigo’ en una licitación millonaria. Simple.
Como siga todo así, Macri va a necesitar más abogados que ministros.

EL PRO ESCONDIÓ A GARAVANO. El Fiscal General entró por la puerta de atrás de la Legislatura y salió por la ventana

El Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, finalmente se presentó el viernes 3 de octubre en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Hasta ahí todo suena normal y muy correcto, pero lo cierto es que el Presidente de la Comisión de Justicia no cursó las notificaciones a los Diputados y Diputadas con 48 horas de anticipación, tal como lo establece el Reglamento Interno de la Legislatura.
Obviamente, pocos Legisladores se enteraron de tal convocatoria; es que al no recibir el miércoles ninguna notificación habían descartado que el viernes iba a concurrir el Fiscal General.
Según el especializado portal de noticias de la Ciudad, Noticias Urbanas, ha sido un “horario atípico para una reunión“, lo que demuestra cabalmente la maniobra macrista para ocultar a su Fiscal General.
El macrista Germán Garavano dijo en la soledad del pasado viernes por la mañana a algunos de los Diputados miembros de la Comisión de Justicia que el día del incidente no estaba en el ejercicio de sus funciones, en alusión a los hechos de violencia acaecidos entre agentes de la Policía Federal Argentina y artesanos, el pasado 25 de septiembre en la peatonal Perú entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo, en inmediaciones de la Legislatura. Después de aclarar que no se encontraba en funciones, aclaró que desde la Fiscalía no dieron la orden de secuestrar las artesanías y levantar el acta contravencional.
El macrismo no se hizo cargo de la expresa política de Macri en materia de seguridad. Al esconder a Garavano, su Fiscal General, éste no explicó los fundamentos jurídicos por los cuales criminaliza la protesta social y persigue a pobres, artesanos y estudiantes secundarios.
Todo ha quedado claro.
El PRO no quería exponer a su Fiscal General ante los Diputados y Diputadas, y, mucho menos, ante artesanos perseguidos y estudiantes secundarios penalmente denunciados. Por eso, lo hicieron entrar por la puerta de atrás y veinte minutos después lo sacaron por la ventana.

¿Propuesta republicana? Qué tiene de republicano el PRO???

Frente a un nuevo suceso de intolerancia y una nueva muestra de autoritarismos por parte del Gobierno macrista, La Ciudad de la Furia se ve obligada a refexionar acerca de la “independencia de la Justicia”.
En ese sentido, es dable recordar que la razón fundamental para que existiera la independencia del sistema judicial frente al resto de los poderes fue para que los gobernantes no pudieran utilizarlo para perseguir a sus enemigos o para defender los intereses de sus amigos. Fue por ello que se introdujeron mecanismos que buscaban impedir que magistrados y jueces fueran nombrados por el Poder Ejecutivo, acudiendo en algunos casos a los nombramientos vitalicios de la Corte Suprema, a la carrera judicial y, en otros, a la intervención del Poder Legislativo para neutralizar el Poder Ejecutivo.
Pues esta breve y sencilla reflexión parece ser desconocida por Macri y su gobierno. Que Macri no es abogado ya lo sabemos, pero que el Procurador General de la Ciudad, que sí es abogado, desconozca uno de los principios rectores del Estado de Derecho y del sistema republicano de gobierno es demasiado.
¿Que sucedió? El Gobierno de la Ciudad presentó más de trescientas recusaciones contra el Juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado ya que es parte del fuero contencioso administrativo de la Ciudad y en todos sus expedientes el Estado de la Ciudad es parte. ¿Que quiere decir recusar? La recusación implica el hecho de impedir legítimamente la actuación de un Tribunal, Juez, o Perito en un juicio. ¿Cuándo se puede recusar a un Juez? Cuando concurre una causa susceptible de poner en entredicho la debida imparcialidad judicial.
¿Qué hizo el Juez Gallardo para que Macri diera la orden de recusarlo en todos los juicios? Gallardo, según el relato de Página/12, convocó a una audiencia al Jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que dieran explicaciones acerca de por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica las 24 horas en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias, ya que en ese lugar había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo. Debido a la inasistencia de Macri, Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía. Interviene en esa misma causa la Asesora Tutelar General de la Ciudad, Laura Musa.
A Macri no le gusta que la Justicia lo investigue, y, mucho menos que lo interrogue. Macri quisiera tener jueces amigos como en la época de Menem, en la que zafó de una causa por contrabando. No es la primera vez que desafía a la independencia de los jueces, ya en el verano se dijo acá que “respetar la Justicia no es Pro“.
A Mauricio no le gusta la Justicia y por eso, de nuevo, La Ciudad de la Furia contempla absorta un triste e irreal conflicto de poderes, ya que el Poder Judicial está para controlar los actos de gobierno y ordenar el respeto al Estado de Derecho.

PRISIÓN PERPETUA AL GENOCIDA LLORÓN


Señores este no intenta ser un post complaciente, ni siquiera intenta justificarse. La inmensa alegría de ver a ese genocida intentando dar pena y recibiendo la condena que la Justicia le estaba leyendo es mayor aún cuando hay señoras que intentan justificar la negra noche de la Dictadura. Él fue amo y señor de Tucumán, así como otros lo fueron de la Patria. En los estrados de la Justicia, lloró, imploró, tembló… y espero pronto se pudra en la cárcel.
Seguramente irritará a alguno o alguna que entre tantos, uno más, este servidor, traiga el recuerdo de lo sucedido. Pero hoy, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se persiguen a chicos de entre 13 y 17 años y se los denuncia penalmente, vale la pena recordar lo sucedido.
No hay palabras, pero los Korol y Copani han hecho un gran resumen que fue subido a youtube por Daniel Vanderhoeven y que, estimo, importante compartir:

ASÍ HABLA LA JUSTICIA

En La Ciudad de la Furia sólo se habla de la instalación de las carpas. El presente será un intento de abordar el mismo tema pero desde el ámbito jurídico. Mas no será un análisis concienzudo de producción propia, sino que será una transcripción de lo dicho por la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Facultad de Derecho nos hartamos de escuchar que los Jueces hablan a través de sus sentencias y que de esa manera se manifiesta la Justicia.
Pues la Justicia se ha manifestado en el EXP 29882 /1, según sentencia suscripta por el Dr. Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de nuestra Ciudad.
Antes de transcribir los puntos salientes de tan honrosa pieza jurídica, me encuentro en la obligación de recordar que el Juez que dictó la sentencia es el mismo que multó a funcionarios del Gobierno de la Ciudad por no respetar los Derechos Sociales de los porteños, que multó a Anibal Ibarra con la quita de un porcentaje de su sueldo, que lo mismo hizo con funcionarios de Telerman. Es decir, un Juez que se encuentra muy lejos de casarse con el poder.
Realizadas que han sido las aclaraciones de rigor, va lo que dijo la Justicia respecto a las carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos por militantes Kirchneristas:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Junio de 2008. VISTOS: I .- La presente acción es iniciada por el Sr. DIEGO GABRIEL KRAVETZ, el día 23/06/2008 a las 5,06 hs. PM, en virtud de lo cual fue presentada ante el Juzgado Contravencional y de Faltas nº 22, cuya titular lo remitiera al Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, por considerar que era competencia de dicho fuero (fs.9). Sorteado el expediente, el mismo es radicado en el Tribunal del suscripto (fs.10). El objeto de la pretensión es que “..dicte medida cautelar tendiente a asegurar el libre ejercicio de los derechos constitucionalmente garantidos de peticionar ante las autoridades y de manifestación, los que se ven arbitrariamente violentados por el accionar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto ha ordenado desalojar a los manifestantes que se encontraban ejerciendo los derechos aludidos en la Plaza de los Dos Congresos, solicitando que en forma inmediata conmine al GCBA al cese de su ilegítimo accionar” (sic) … Agrega que “..los manifestantes realizaron una presentación ante las autoridades pertinentes del Gobierno de la Ciudad a los efectos de poner en su conocimiento el accionar aludido, solicitando la pertinente autorización”. En virtud de lo expuesto solicita que “….se dicte con carecer urgente esta medida cautelar autónoma tendiente a dejar sin efecto la resolución mediante la cual se impide el derecho de estos manifestantes de proclamar sus ideas, de reunirse y de peticionar ante las autoridades, todos amparados expresamente tanto en la Constitución Nacional como en su par local, con expresa y ejemplar imposición de las costas procesales que el presente devengue.” … CONSIDERANDO: Que las medidas cautelares han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende (arg. art. 177 C.C.A.y T; Cám. Cont. Adm. Tributario, Sala I, in re “Rubio Adriana Delia y otros c/ GCBA s/amparo” expte Nº 7 del 28/12/00)… En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado que es necesario “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (11/7/96 in re “ Milano Daniel c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, y en igual sentido, CNFed. Cont. Adm. sala V 3/3/97, y sala II 28/5/96, como así también, CNFed. Cont. Adm. Sal II, 19-08-99, L.L.1999-E, 624 –DJ,1999-3-903). (lo resaltado me pertenece) … La cuestión traída a consideración no puede ser resuelta sin tener presente el contexto político social en que se verifican los hechos. El juez no puede resolver en términos de autismo o ignorancia de la realidad. Lo concreto es que en los últimos tres meses la sociedad argentina ha sido protagonista de un conflicto de proporciones considerables y lo concreto también es que en la última semana dicho conflicto ha reducido significativamente su intensidad luego de la decisión Presidencial de elevación parlamentaria. En ese contexto, es dable esperar que los sectores antagónicos expresen libremente sus ideas. También es deseable que lo hagan generando el menor impacto posible en la cotidianeidad del resto de los ciudadanos. Es decir, al momento de resolver he de tener presente que a la luz de lo acontecido en el pasado inmediato (corte generalizado de rutas y desabastecimiento), el nivel expresivo de la actual manifestación política, en la que prima facie no aparece comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche. No significa esto que el Gobierno local carezca de poder de policía, ni tampoco que los manifestantes, resulten de la extracción política que fuere, no deban cumplir con la normativa vigente. Lo que si colijo es que ese poder de policía debe ser ejercido, en forma racional y prudente, atendiendo a la particulares circunstancias de cada caso. En el actual marco socio político, llevar a cabo el desalojo de los manifestantes no haría sino exacerbar los ánimos que con tino se intenta calmar desde el poder público Federal. Además, es de rutina en la gestión judicial y también en la administrativa, la verificación de ciertos pasos progresivos antes de la toma de decisión del desalojo compulsivo (inspección, intimación, corrección, etc). La mesura en pro de la paz debe primar en la decisión de quienes tienen el alto mandato de hacer cumplir la constitución. Es decir, la decisión judicial, debe, teniendo en cuenta el marco socio político imperante, lograr un equilibrio entre la seguridad pública y el derecho de expresión de los manifestantes, todo ello en aras de contribuir a la pacífica y democrática resolución de los diferendos suscitados. He de considerar muy especialmente, el criterio sustentado por el actual Jefe de Gobierno en ocasión del mega evento realizado por la iglesia evangélica en fechas 14 y 15 de marzo de 2008 (Buena Música y Buenas Noticias – Pastor Luis Palau) y que mereciera la autorización oficial en un expediente de rápida resolución (Dec. 185/08). En dicha resolución el actual mandatario local, dispuso que la entidad organizadora …”será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daño o accidentes que pudieran surgir como consecuencia de la totalidad de las tareas y/o actividades que antes, durante o una vez finalizado el evento sean ejecutadas con el objetivo de llevar adelante la celebración del mismo, debiendo en cada caso contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente…” y además determinó que “…será responsable de la seguridad, conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo en que se extienda la actividad a realizarse. Al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y limpieza…” Nótese que en el caso que menciono, el Gobierno de la Ciudad, autorizó el emplazamiento de un gigantesco escenario sobre la Plaza de la República y permitió la interrupción de la circulación vehicular total y parcialmente según los horarios y las jornadas, desde el día 6 de marzo y hasta varios días después de finalizado el evento, con las consiguientes afectaciones de derechos de los ciudadanos porteños. De eso se trata pues cuando se gestiona el espacio público, de lograr un adecuado equilibrio entre los derechos en pugna. Manteniendo, obviamente un trato igualitario. En el caso que nos ocupa, no se verifican ninguna de las situaciones apuntadas: No existe hasta el momento interrupción en la circulación automotor ni se ha impedido la circulación peatonal, conforme surgiría de las constancias anejadas. Es decir que, con un criterio de razonabilidad, podría colegirse que las mismas premisas permisivas y las delegaciones de responsabilidad efectivizadas en el caso traído a ejemplo, podrían válidamente trasladarse al sub lite, máxime cuando las afectaciones que esta expresión pública genera, parecen a primera vista de mucho menor impacto que la referida supra. Por último no escapa al tribunal que si bien la normativa de la resolución 361(SSMA-04) establece ciertos plazos de anticipación para la presentación de las autorizaciones, no es menos cierto que la dinámica política y la necesidad de la expresión pública hacen muchas veces inaplicable a rajatabla dicha norma. Sin ir mas lejos, y dentro del mismo marco político de autos, en los últimos días se han producido, como es de dominio público, varios cortes de arterias en la Ciudad de Buenos Aires, originadas en sectores conocidos como “caceroleros”, impidiendo el tránsito ciudadano y la libre circulación peatonal y vehicular, y no se tiene noticia que el Gobierno de la Ciudad haya denunciado policialmente dicha circunstancia y pretendido el desalojo forzado de los manifestantes. En ese supuesto, el Gobierno si ha tenido en claro lo espontáneo de la dinámica política y ha actuado con debido tino al no solicitar su represión. De lo que se trata es justamente de igual trato. Así las cosas, habré de hacer lugar a la tutela judicial solicitada, no sin ordenar en forma paralela la inmediata intervención del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina, a fin de que se sirvan inspeccionar las estructuras emplazadas y determinar la seguridad de las mismas a fin de evitar situaciones accidentales que pudieran derivar en daños para las cosas o las personas. Dicho cuerpo deberá informar al tribunal dentro de las 24 hs. lo constatado y en su caso las recomendaciones que efectuara a los titulares de los emplazamientos ubicados en la Plaza de los Dos Congresos, frente al edificio del Congreso de la Nación, sobre la Avenida Entre Ríos entre las Avenidas Rivadavia e Hipólito Irigoyen. Por lo hasta aquí expuesto y en función de lo que establecen los arts. 10 y 14 de la CCABA, y 179 y ss del CCAyT, RESUELVO: HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, se abstenga de aplicar la Disposición . Nro. 4089-DGOEP-08, y/o cualquier otra homóloga que la reemplace o sustituya y que tenga idéntico objeto que la citada. PONER EN CONOCIMIENTO DE LO RESUELTO al Señor Jefe de la Policía Federal Argentina. ORDENAR a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal que releve la totalidad de las estructuras (carpas) ubicadas en la Plaza de los Dos Congresos e informe dentro de las 24 hs. sobre la seguridad de las mismas y los eventuales riesgos que los emplazamientos pudieran presentar, efectuando en su caso las recomendaciones técnicas que resulten menester… Oportunamente archívese. . .”

¿CON JUSTICIA o CON INJUSTICIA?



La coyuntura no nos da tregua. Por más que entendamos que existen otros temas puntuales que afectan a LA CIUDAD DE LA FURIA, no podemos, en función de lo aquí dicho, abstraernos de los últimos acontencimientos producidos.

Una vez más, la Jueza Liberatori se pronuncia, sólo como se pronuncia la Justicia, a través de un fallo, esta vez polémico. En el día de hoy le ordenó al Gobierno de la Ciudad “el mantenimiento de la prestación de servicios del personal ‘contratado’ de la Ciudad de Buenos Aires -en sus diversas modalidades- al 31.12.07, con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que ese personal desarrollaba hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes, hasta tanto se resuelva en definitiva“. “Es un disparate”, espetó el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.

Los “Malos Aires en La Ciudad de la Furia” ya fueron anunciados en el momento en que el gobierno PRO anunciaba, con satisfacción, el despido de 2.300 trabajadores contratados. La intervención de la ObSBA fue una inteligente maniobra para tapar el verdadero conflicto en la Ciudad, y fue una manera de mostrarse como el paladín de la Justicia frente a los vetustos e intocables caciques sindicales. Macri lograba de esa manera que no se hable de los despidos masivos. Hasta forzó una tregua con el jefe del SUTECBA en las oficinas del contratista Nicolás Caputo. Luego la Jueza haría lo suyo…

La Ciudad de la Furia ya tomaba conocimiento de que “Respetar la Justicia, NO ES PRO“, pero no imaginaba que frente a una concreta decisión judicial Macri y su Gobierno irían más allá del desafío verbal. Llegó el momento. Ante un recurso de amparo realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jueza Liberatori determinó que el gobierno porteño reincorpore a los más de dos mil empleados cesanteados. Frente a esto, el Jefe de Gobierno afirmó que “es un disparate” y que es “casi impracticable”.

Diversos voceros del Macrismo sostuvieron que una Jueza no puede dar órdenes al Jefe de Gobierno, y que se avasallaron las facultades del Poder Ejecutivo, y los más osados, que la resolución no es de cumplimiento obligatorio. El verdadero disparate lo consituyeron dichas afirmaciones.

Una primera aclaración jurídica: la medida cautelar de no innovar encuentra justificación en las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de igualdad ante la ley. No obstante lo cual, el presitgioso jurista Podetti, afirma que “también halla fundamento en el principio de moralidad o en la buena fe con la cual deben proceder los litigantes. Sería contrario a un mínimo de buena fe procesal -agrega- que mientras por un lado se busca que los jueces resuelvan el litigio, reconociendo o declarando las cuestiones controvertidas, por otro se modifique el status jurídico o de hecho de los bienes discutidos, procurando obtener una ventaja de esta actitud“. En este caso, que mientras se discute la condición de trabajadores de los despedidos, ellos pierdan su condición de trabajadores. Por otro lado, para que la viabilidad de la medida precautoria prospere, los tribunales han exigido la acreditación “prima facie” de la arbitrariedad del acto cuya descalificación se persigue, o la violación de la ley, a fin de hacer caer la presunción de legalidad de que goza y, por lo tanto, suspender la ejecutoriedad del acto. La afirmación de que son todos ñoquis como única justificación, sin la previa realización de un censo de trabajadores demuestra la arbitrariedad de la medida. Y es de cumplimiento obligatorio hasta tanto un tribunal superior se pronuncie al respecto.

Que hará Mauricio? Ya lo anunció. Desconocer el fallo y seguir adelante.

La Ciudad de la Furia contemplará absorta un triste e irreal conflicto de poderes, ya que el Poder Judicial está para controlar los actos de gobierno y ordenar el respeto al Estado de Derecho. Los habitantes de la Ciudad, los políticos, los mismos jueces y el mismo Poder Ejecutivo de la Ciudad, somos justiciables y por ende, somos pasibles de que la Justicia nos ordene hacer determinadas cosas.

Respetar la Justicia, NO ES PRO



Durante las campañas electorales los candidatos y las candidatas suelen decir las cosas que la gente quiere escuchar, y cuanto más vagamente se hagan anuncios o planes de gobierno, pues, mucho mejor. Es decir, la campaña electoral se trata de decir cosas que no les hagan perder votos y que, a la vez, no los comprometa demasiado.

Así ha sido la campaña porteña para elegir Jefe de Gobierno.

Hoy, a más de un mes de andar, Macri, pese a su vaga y ambigua verba electoral, ya ha mostrado las uñas y ha contradicho su pretendido Plan de Gobierno. Se adjetiva como pretendido, ya que no es más que un listado de frases hechas y lugares comunes. Sin embargo, adentrándonos en su propuesta, observamos que para la JUSTICIA el macrismo describía en 11 puntos su accionar, y no es casual que el “asegurar la independencia de la Justicia” recién lo encontremos en el noveno lugar.

Aún así, suponemos que los “equipos PRO” nos estaban diciendo, en campaña claro, que el respetar y asegurar la independencia de la Justicia implicaba el respeto de los fallos judiciales y el reproche a toda práctica patoteril de avasallamiento de la misma y que ello, era PRO, es decir, la Propuesta Republicana para los porteños.

No obstante ser una Propuesta Republicana, ni bien se conoció el fallo de la Jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, se escucharon las primeras amenazas contra la misma. El Diputado Martín Borrelli y el Procurador General de la Ciudad afirmaron que estaban estudiando el inicio del juicio político a la Dra. Liberatori.

Nadie podrá suponer que se trató de una reacción “en caliente”, ya que luego de conocerse el segundo fallo de la Jueza Liberatori, el Gobierno de la Ciudad advierte también que la jueza incurrió en un “atropello contra el Gobierno, contra los vecinos y contra los trabajadores al no haber dado vista del pedido de medida cautelar de su resolución y concluir con un fallo que es jurídicamente insostenible”, según lo reseña el portal de noticias de la Ciudad, Noticias Urbanas.

Y no se trata sólo de no respetar un fallo adverso de la Justicia de la Ciudad, sino de respetar la letra y espíritu de la Constitución de la Ciudad, ya que previamente, y como se sostuvo en este blog, los legisladores porteños de Macri acordaron con los legisladores de Carrió la sanción de una LEY que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir la Obra Social, en una pretendida gambeta a efectos de ignorar el fallo que dejaba sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia que disponía la intervención. En rigor de verdad, la Jueza también ha omitido la letra y espíritu de la Constitución. Más allá, de los argumentos jurídicos del fallo referido a los limitados alcances de la Ley aprobada el jueves último, es justo afirmar, que para el dictado de la cautelar la Jueza no ha tenido presente el sencillo y concreto texto constitucional, que respecto a la Legislatura en su Artículo 84 reza: “La Legislatura no puede delegar sus atribuciones”.

Nos encontramos frente a una moderna y remixada versión del menemismo de los 90, si los jueces o juezas no nos gustan los amenazamos con “juicio político” y no respetamos sus decisiones.

Ha llegado el momento de que el niño Mauricio se de cuenta que no debe manejarse en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como se manejaba en las empresas de papá Franco. En la Ciudad hay instituciones que respetar, leyes que respetar, y decisiones que respetar, no se puede andar manejando con caprichos que luego son consentidos por papá.


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