Posts etiquetados como ‘garavano’

LA CANDIDATA DE GARAVANO (el Fiscal General de Macri)

Natalia Gambaro: Abogada, impulsora del “Mapa del Delito” de Francisco De Nárvaez (una página web en donde cada uno puede señalar donde se cometió un delito y queda registrado como cierto, muy científico todo) y, también, coordinadora de los equipos técnicos de De Narváez. Abogada con especialización en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora e integrante de Unidos por la Justicia, Asociación Civil en la que participa entre otros el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Garavano. Candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires por UNIÓN PRO (va 10º).
Lo que no publica la gente de Francisco De Nárvaez es que la joven abogada ha sido designada por el Fiscal General Germán Garavano en la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de la Fiscalía General porteña. Pero, y al mejor estilo clientelista que se le adjudica a lo peor de la vieja política, el pulcro Garavano la designó en Planta Permanente mediante Resolución Nº 143/2008 como Secretaria de Fiscalía de Cámara con un sueldo mensual aproximado de $ 12.000.
Además de actuar como Fiscal General, Garavano, resultó ser un gran puntero colocando su gente en la planta permanente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y, después, ubicando a una de las suyas en la lista de Francisco De Nárvaez.

LAS CALLES SON DE MACRI: SI NO LE GUSTA TU MARCHA TE DENUNCIA

Sin siquiera sonrojarse, el macrismo sigue denunciando y criminalizando la protesta social. Con el visto bueno del Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, ahora el Gobierno macrista denunció a los dirigentes de la CTA por por cortar calles durante su movilización y protesta del pasado día miércoles 22.
El Jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la presentación de la denuncia afirmando que “jodieron la vida a un montón de gente” y agregó que “Estamos hartos de que unos pocos invadan el espacio público“.
Una vez más, el macrismo recurre a su antojadiza lectura del Art. 78 del Código Contravencional y de Faltas (”Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.”)repetida hasta el hartazgo por parte de su fiscal estrella, Germán Garavano, que pretende colocar a dicha norma por encima de la misma Constitución Nacional y la de la Ciudad.
No es la primera denuncia, ni la primera vez que los fiscales comandados por Garavano y su adjunto Cevasco festejan ante ello. La misma Fiscalía General informa que ya llevan 760 causas por obstrucción de la vía pública, casi una por día desde que asumió Garavano. La política judicial y criminal de la Fiscalía General se concentra en este tipo de denuncias (recibidas o realizadas por los mismos fiscales) y en la confección de un mapa de la venta ambulante o artesanías en la Ciudad. Rigen su actuación bajo el lema “circular dejarás” pero también se comprueba que “hay piquetes y piquetes“.
La cuestión a dilucidar es por qué algunas marchas son consideradas contravenciones por parte de Macri y Garavano y otras no, al punto que ni siquiera las denuncian. La respuesta es sencilla, si las concentraciones y/o manifestaciones son en contra del Gobierno Nacional no hay denuncias, tal como sucedió durante los cacerolazos en favor del campo. Ahora, si las marchas y/o manifestaciones incluyen cuestionamientos al Gobierno de la Ciudad o a Macri sus organizadores son inmediatamente denunciados.
Parecía ser que la cosa es más o menos así, “si tu marcha no le gusta, te denuncia“. Una postura republicana y democrática del niño Mauricio y sus amigos.

HAY PIQUETES Y PIQUETES

Los cortes de calles en “la Ciudad de la Furia” siempre desatan distintas polémicas, tanto en lo discursivo, como en los hechos concretos.
En el día de hoy conocemos por medio de los medios de comunicación que la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas condenó a siete trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) por manifestarse en la avenida General Paz, en cinco días repartidos entre agosto, septiembre y octubre de 2007. En dicha sentencia se argumentó que los integrantes del grupo (delegación gremial de ATE) “actuaron con dolo directo, buscaban con su accionar la obstaculización de vehículos”. Es decir, que los camaristas contravencionales y de faltas han interpretado que los trabajadores han impedido u obstaculizado intencionalmente y sin causa justificada el tránsito vehicular en la Av. Gral. Paz, pues eso, es dolo directo.
Lo novedoso y peligroso de este fallo es que ya no se trata de una aplicación antojadiza del Artículo 78 del Código Contravencional (Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento), sino que se trata de la realización de una lectura parcial, arbitraria y discrecional del mismo, ya que se omite considerar la segunda oración del mismo. En esa parte se señala expresamente que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención, por lo tanto, no resulta aplicable la figura del dolo intencional, ya que el objetivo principal lo constituye el reclamo sectorial y no la obstrucción de la vía pública. En pocas palabras, lo que ha dicho la Cámara, es que, no importa si salieron a protestar o ejercer un derecho constitucional (el de peticionar ante las autoridades) sino que al salir y marchar sobre una avenida hay sólo intención de obstruir la vía pública.
La judicialización de las manifestaciones callejeras es una de las iniciativas del Fiscal General de la Ciudad, el macrista Germán Garavano. Esta judicialización se transforma en la práctica en la criminalización de la protesta social y política. La condena a la que se hace referencia es el producto de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal (fiscalía) según expresa indicación del Fiscal General.
El que avisa no traiciona, podría decir Garavano. Este blog ya se había echo eco de los anuncios del macrismo y de este Fiscal General allá por enero de 2008. Todo comenzó, cuando diez días después de la asunción de Macri en la Ciudad, la UOCRA realizó 39 cortes de calles simultáneos, como reclamo por más medidas de seguridad contra accidentes en su trabajo, lo que enfureció a Mauricio. Los fiscales denunciaron y la causa judicial derivó en una “probation” (un acuerdo de partes según el cual los organizadores debieron pintar escuelas).
Esto siguió, en junio de 2008, unos 1.000 taxis convocados por el Sindicato de Peones de Taxis de Omar Viviani, cortaron Avenida de Mayo contra el plan de Macri de sumar carriles exclusivos en avenidas. Se concentraron frente al edificio comunal y durante tres horas la zona estuvo completamente colapsada. El Gobierno porteño denunció a Viviani en la Justicia Contravencional que, tras un juicio abreviado condenó al sindicato a realizar tareas comunitarias.
Ahora, si se trata de piquetes y cortes de calle no son lo mismos unos u otros. Ningún Fiscal Contravencional de la Ciudad, ni su Fiscal General, Germán Garavano, ni el Fiscal General Adjunto, Luis Cevasco, salieron a denunciar a los piquetes caceroleros que se manifestaban en apoyo al reclamo sojero de las entidades patronales del campo.
Para Garavano y Macri queda claro que el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad es para criminalizar la protesta social y no para judicializar los cacerolazos y piquetes de Belgrano, Barrio Norte y Recoleta. Es que hay piquetes y piquetes.

FLAGRANTE INFRACCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD


“A la ciudad se la ve sin reglas. Tenemos el desafío de construir, en tres años, una ciudad con reglas. Buenos Aires es una ciudad con altísimos niveles de conflictividad, lo cual acarrea crecientes niveles de violencia. Por eso tenemos que tratar de volver a tener reglas”.

La afirmación le pertenece al Dr. Germán Garavano, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un reportaje concedido al Diario La Nación (Tribuna de Doctrina) el 31 de julio de 2007. También le pertenece la camioneta de la foto que el pasado 13 de noviembre de 2008 estaba mal estacionada delante de un garage (se pueden ver los carteles de Prohibido Estacionar), sobre línea amarilla. La camioneta tiene la patente HKK 131 y esta identificada con el número 2 del Ministerio Público Fiscal.

Raro concepto el del Dr. Garavano, por un lado afirma que la Ciudad no tiene reglas, y más de un año después, él mismo demuestra que la Ciudad no tiene reglas, al menos, el Sr. Fiscal General no las respeta.
Cualquier información puede ser solicitada al 0800-333-fiscal, quizás en ese teléfono alguien responda por qué las reglas no son cumplidas por el Fiscal que persigue pobres, prostitutas, vendedores ambulantes, artesanos, estudiantes secundarios y trabajadores.
La única verdad es la realidad. La Ciudad no tiene reglas, ni el Fiscal General las cumple.

GABRIELA MICHETTI MIENTE. La Vicejefa de Macri miente para justificar la indolente postura PRO frente al conflicto educativo porteño

Una vez más, Mauricio Macri cree que puede solucionar los conflictos sociales mediante denuncias judiciales y solicitando la intervención de los pusilánimes Fiscales Contravencionales de la Ciudad que sólo ejecutan las órdenes del Fiscal General Germán Garavano.
La policía reprimió a un grupo de docentes cuando intentaban instalar una carpa frente a la Jefatura de Gobierno Porteña. La intervención policial se produjo a pedido del gobierno porteño, que hizo la denuncia en la Fiscalía Contravencional de turno.
Los sindicatos docentes comenzaban una nueva modalidad de protesta que denominaron 100 horas de vigilia, por esa razón, iban a instalar una carpa desde donde dar a conocer su reclamo. Pero, tal como nos tienen acostumbrados, Mauricio y Gabriela pidieron al Fiscal Contravencional que ordene la intervención de la Policía con la excusa de defender el espacio público, tal como lo hicieron frente a las tomas de los colegios secundarios al denunciar a los estudiantes como usurpadores.
Luego en conferencia de prensa la Vicejefa, Gabriela Michetti, culpó al gobierno nacional de imponer una traba formal y burocrática para la utilización de 1500 millones de pesos que podrían ser para incrementar los salarios. MIENTE GABRIELA para justificarse.
Esos 1.500 millones corresponden al FOISO (Fondo de Infraestructura Social) y dado que el mismo consiste en un endeudamiento a través de la emisión de bonos de deuda a ser colocados en el mercado financiero internacional es que necesita el aval de la Nación. Pero esos fondos no pueden ser utilizados para aumentarle los salarios a los docentes. Gabriela MIENTE y Macri sonríe.
Mientras el Gobierno de Macri es el Gobierno de mayor subejecución de la historia, y mientras las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación están subejecutadas, y también, mientras hay récord de recaudación por lo que se incrementó el presupuesto de la Ciudad en 1.500 millones de pesos; Gabriela Michetti miente sobre esos fondos y pretende tirar la pelota afuera.
Michetti demuestra interpretar muy bien la enseñanza del propagandista nazi que sostenía “miente, miente que algo quedará“.

EL PRO ESCONDIÓ A GARAVANO. El Fiscal General entró por la puerta de atrás de la Legislatura y salió por la ventana

El Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, finalmente se presentó el viernes 3 de octubre en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Hasta ahí todo suena normal y muy correcto, pero lo cierto es que el Presidente de la Comisión de Justicia no cursó las notificaciones a los Diputados y Diputadas con 48 horas de anticipación, tal como lo establece el Reglamento Interno de la Legislatura.
Obviamente, pocos Legisladores se enteraron de tal convocatoria; es que al no recibir el miércoles ninguna notificación habían descartado que el viernes iba a concurrir el Fiscal General.
Según el especializado portal de noticias de la Ciudad, Noticias Urbanas, ha sido un “horario atípico para una reunión“, lo que demuestra cabalmente la maniobra macrista para ocultar a su Fiscal General.
El macrista Germán Garavano dijo en la soledad del pasado viernes por la mañana a algunos de los Diputados miembros de la Comisión de Justicia que el día del incidente no estaba en el ejercicio de sus funciones, en alusión a los hechos de violencia acaecidos entre agentes de la Policía Federal Argentina y artesanos, el pasado 25 de septiembre en la peatonal Perú entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo, en inmediaciones de la Legislatura. Después de aclarar que no se encontraba en funciones, aclaró que desde la Fiscalía no dieron la orden de secuestrar las artesanías y levantar el acta contravencional.
El macrismo no se hizo cargo de la expresa política de Macri en materia de seguridad. Al esconder a Garavano, su Fiscal General, éste no explicó los fundamentos jurídicos por los cuales criminaliza la protesta social y persigue a pobres, artesanos y estudiantes secundarios.
Todo ha quedado claro.
El PRO no quería exponer a su Fiscal General ante los Diputados y Diputadas, y, mucho menos, ante artesanos perseguidos y estudiantes secundarios penalmente denunciados. Por eso, lo hicieron entrar por la puerta de atrás y veinte minutos después lo sacaron por la ventana.

CIUDAD PRO: SIN PROTESTAS Y SIN POBRES. El Fiscal General las reprime y los persigue


No es la primera vez que desde la asunción del Ing. Macri se observa la obsesión en mantener “el orden” a cualquer precio. Muchas veces parecen actuar bajo los efectos del síndrome “De la Rua”, es decir, con una necesidad de demostrar quién es la autoridad en la Ciudad.
No son hechos aislados. Para demostrar ello, previamente tenemos que recordar que el diseño insitucional de la Ciudad, además de ser novedoso, establece que el Jefe de los fiscales debe ser designado por la Legislatura.
El Artículo 126 de la Constitución de la Ciudad establece: “El Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia“. Y los jueces del Tribunal Superior son designados por designados por el Jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. De esa manera, el bloque de Diputados PRO impuso su mayoría para la designación del Fiscal General Germán Garavano.
A poco de asumir Macri la Jefatura de Gobierno, Germán Garavano anunció su intención de restringir el derecho a la protesta y sancionar a quienes organicen cortes de calle para reclamar sus derechos. Se establecía de esa manera un nuevo mandamiento: Circular dejarás!
Mientras ello sucedía, la “humana y sensible” Gabriela Micheti lanzaba una nueva proclama “El espacio público es innegociable“.
Entonces, el Ministro de Espacio Público, el Fiscal Garavano y la policía desalojaron violentamente a un grupo de cartoneros. Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– en condiciones precarias de vida. Estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano.
Así las cosas, y mientras el Fiscal General de la Ciudad se preocupaba por los grandes temas de la seguridad porteña, los estudiantes secundarios comenzaban a protestar por la reducción de las becas. Asambleas y tomas de los colegios secundarios constituyeron la nueva amenaza según Garavano y Macri.
Confección de listas negras, órdenes a la policía y citación de alumnos y padres a las Fiscalías Contravencionales de la Ciudad. Era la criminalización de la protesta estudiantil. Los y las adolescentes eran el nuevo enemigo elegido por el Fiscal General.
En todo este tiempo, también fueron los artesanos objeto de persecución y hostigamiento por parte de Garavano. Fue así, que el pasado jueves 25 llegó la gota que rebalsó el vaso. A escasos metros de la Legislatura porteña un grupo de policías de civil, la denominada brigada, decidió secuestrar 48 mates (sí, mates) y labrar un acta contravencional contra la artesana que los vendía. En minutos y ante la evidente arbitrariedad de los policías de civil se inició una protesta sobre la calle Perú y muchas personas rodearon un patrullero a fin de evitar que el mismo partiese con los mates.
El titular de la Comisaría 2º decidió devolver los mates y dejar sin efecto el acta contravencional, pesar de lo indicado por la Fiscalía Contravencional, cuando la protesta se transformó en sentada y ante la presencia de medios de comunicación y de Diputados porteños.
Los Diputados y Diputadas porteños decidieron requerir la presencia del Fiscal General en la Legislatura a efectos que de explicaciones relacionadas con la política general que le ha dado al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Garavano concurrirá a la Comisión de Justicia de la Legislatura y deberá decir por qué en esta Ciudad ya existe una Justicia que decidió perseguir a pobres, trabajadores, estudiantes secundarios, artesanos y toda persona que proteste o reclame sus derechos.
En la Ciudad PRO no hay lugar para los pobres.

Circular dejarás! “2″

Signo de los tiempos que corren, en los cuales se habla de “el campo” como un actor social más, desde LA CIUDAD DE LA FURIA reflexionamos sobre el derecho a la libre circulación que tanto Macri, como su Fiscal estrella (Germán Garavano) defendieron con devoción durante los primeros días del año. Circular dejarás!, titulaba este blog.

No será nuestra intención ser originales y desde este humilde lugar reconocemos la lúcida pluma de Mario Wainfeld, quien en su columna dominical del diario Página/12 decía:

Un lock out se nombra con la proletaria expresión “paro”. Un corte de rutas expandido se bautiza “tractorazo”. Se llama “campo” al conjunto de entidades representativas de los productores, excluyendo tácitamente del pronombre colectivo a los castigados asalariados. Hay pactos implícitos entre sectores corporativos y muchos medios de difusión que denotan la imbricación entre el poder y el manejo del lenguaje, como predicaron Lacan y Humpty Dumpty.
Cuando los trabajadores –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, proliferan como hongos los reproches a la falta de imaginación de la protesta y los cálculos a mano alzada sobre los costos económicos de la acción. Cuando obran así corporaciones más presentables, se soslayan. Sin embargo, a ojito, da la impresión que un lock out no es muy inventivo. Y que cortar rutas en la Argentina no es el colmo de la creatividad. Pero son pocos los que registran minucias.
Cuando se levantan los productores se decide que su bronca prueba que tienen razón. No es igual con la crispación de los camioneros o los petroleros de Santa Cruz.
Cuando las entidades agropecuarias limitan la libertad ambulatoria, los diarios de negocios o tribunas de doctrina abandonan su estribillo favorito, aquel que reza que “los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás”.

Durante estos días no habrá ningún Fiscal Federal, que al estilo Garavano, intente procesar a algún dirigente de la paqueta, tradicional y oligárquica Sociedad Rural… el corte de ruta sólo es delito cuando los que las cortan son trabajadores o desocupados.

CIRCULAR DEJARÁS!

Buenos Aires se ve tan susceptible, en sus ojos se ve su destino de furia, pero en enero luce mejor. Menos autos, menos ruidos, menos pasajeros en el subte, más taxis libres y colectivos en los que se puede viajar, hacen que quienes nos quedamos en La Ciudad de la Furia disfrutemos más de nuestro propio entorno.

Quizás, al asomarse por la ventana de su despacho, a Macri se le ocurrió que era una buena idea limitar el constitucional derecho a peticionar ante las autoridades para que los porteños y porteñas podamos seguir disfrutando de nuestra ciudad.

Así las cosas, obediente y solícito, el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaba, días atras, la ofensiva judicial contra el corte de calles, solicitando a los futuros manifestantes que cumplan, a su entender, con lo estipulado en el Artículo 78º del código contravencional.

Previo a todo, es necesario decir que semejante decisión lleva como único objetivo el de limitar la protesta social, encapsularla y limitarla a su mínima expresión. En una lineal y desafortunada lectura de la norma legal se supone que quienes decidan iniciar un reclamo mediante una movilización popular deben dar aviso primero a las autoridades de la Ciudad, y serán aquellas las que le den indicaciones a los organizadores acerca de cómo realizar su protesta.

Una lectura antojadiza y realizada al estilo sastre, es decir a medida de quien lo pide. El texto legal al que hace referencia Garavano es el referente al Artículo 78º del Código Contravencional, que se encuentra en el Título III PROTECCION DEL USO DEL ESPACIO PUBLICO O PRIVADO y reza: “Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.” No habla de movilizaciones, ni de marchas, sino que cualquier persona que impida u obstaculice la circulación, podría ser acostándose en el medio de una calle, debe ser sancionada según la norma transcripta.
El objeto principal de la norma ha sido penar la conducta de obstrucción en la vía púbica y no otra. Además, y de manera categórica, afirma que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención, por lo que excluye de la conducta penada ese ejercicio regular de derechos. Aquí el Legislador dejó a salvo de la pena la protesta social, entendida como el legítimo ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades.
No obstante ello, la misma norma aquí analizada sostiene que debe darse aviso a la autoridad competente y respetar sus indicaciones si las hubiere, pero nada dice de pedir permiso tal como se escuchó en los últimos días.

Entonces, el objeto de la norma es penar la obstrucción de la circulación en la vía pública, es decir, que no nos encontramos frente a un texto legal que apunte a las movilizaciones callejeras ni mucho menos, contrariamente a lo que quiso transmitir el fiscal. A su vez, la norma establece claramente que el ejercicio regular de derechos consitucionales no consituye contravención. Y, finalmente, la norma solicita un aviso a la autoridad competente, por lo que la movilización no está sujeta a autorización alguna.

Pero, ¿Qué se ha argumentado para lanzar con bombos y platillos semejante inciativa? Se ha dicho que se busca contribuir a la convivencia y al diálogo de los porteños. Y en ese punto es dable detenerse. No se contribuye a la convivencia con aquellos que deben protestar para conseguir el beneficio de derechos constitucionales básicos quitándoles la herramienta con la cual, buscan obtener por parte del Estado el reconocimiento del derecho que ellos tienen a gozar de esos derechos, que hoy se les niega.

Para ser más claro, no se contribuye a la convivencia con el trabajador cesanteado impidiéndole manifestarse para obtener su reincorporación, sino que, muy por el contrario, habría una regular convivencia si ese trabajador es reincorporado o no hubiese sido cesanteado. ¿Se entiende? Lo que el Fiscal General de la Ciudad intenta es quitarle la herramienta de la protesta social a aquellos que lo único que tienen hoy es su capacidad de movilización y protesta.

Mediante el ardid de un ambiguo texto legal, el macrismo y su Fiscal estrella buscan socavar el derecho del pueblo a peticionar ante las autoridades; y no debemos olvidar, que lo que aquí está en disputa no es sólo el derecho a protestar, sino el derecho a obtener ciertos bienes constitucionales básicos (alimentación, salud, vivienda) que el derecho a la protesta nos ayuda a proteger, tal como lo ha sostenido el constitucionalista Roberto Gargarella.

Pero como en todas las cosas, siempre hay quien escribe acerca de lo mismo que uno ha escrito con un mejor arte; y habiendo citado al Profesor Gargarella, corresponde invitar a nuestros visitantes y lectores a leerlo en el siguiente link: http://seminariogargarella.blogspot.com/2008/01/un-cuentito-con-la-nacin-y-el-fiscal.html


IMPORTANTE. Los contenidos y/o comentarios vertidos en este servicio son exclusiva responsabilidad de sus autores así como las consecuencias legales derivadas de su publicación. Los mismos no reflejan las opiniones y/o línea editorial de Blogs de la Gente, quien eliminará los contenidos y/o comentarios que violen sus Términos y condiciones. Denunciar contenido.
AgenciaBlog